Nostálgicos e inclusivos

(Este artículo fue escrito conjuntamente con Javier Moreno Barreto y se publicó en el periódico Canarias7 el pasado miércoles 3 de agosto.)

La esfera pública canaria se ha visto levemente agitada por la última polémica relacionada con el Festival de Música. El debate ha surgido por la intención del actual director de hacer una programación no sólo más austera sino también más enfocada a la ejecución musical local. En otras palabras, en línea con los recortes presupuestarios, la programación hace de la necesidad, virtud, y pasa a proclamar la excelencia de lo nuestro frente al glamour de lo de fuera.

Como en toda disputa, hay al menos dos bandos. En este caso, al bando de los que protestan por esta programación y añoran los tiempos de abundancia  en los que se invitaba a orquestas y solistas de prestigio mundial, lo llamaremos el de los nostálgicos. Al otro, que apoya al actual director y su política de programación en la que predomina la participación de bandas, orquestas y solistas de la tierra, lo denominaremos el de los inclusivos.

Cada bando tiene sus razones: para los nostálgicos, cuyo argumentario ha sido hegemónico desde la creación del Festival, ambas capitales, y Canarias, por extensión, merecen la presencia de lo más lustroso y granado del panorama sinfónico internacional. Además, el coste de la programación, por muy desorbitado que pareciera a los menos melómanos o a los no interesados por la música en absoluto, valía la pena porque, por citar algunas razones, pondría al Festival en el circuito internacional de la música clásica, situaría a las capitales en el mapa mundial y aficionados de todo el mundo acudirían al Festival, con la consiguiente repercusión en hoteles, restaurantes, taxis y lo que a uno se le ocurriera. Por no hablar de que la Cultura con mayúsculas, desde los respectivos auditorios, saldría a nuestro encuentro y nos haría mejores y más cohesionados. Hablar de dinero, dado el beneficio de los intangibles, era injustificado, impertinente e, incluso, de mal gusto. Tan de mal gusto que casi nunca se revelaban de manera oficial los honorarios de los artistas, al parecer protegidos por cláusulas de confidencialidad.

Para los inclusivos, sin embargo, la fuerza de un festival de música no radica en un repertorio dirigido por grandes estrellas o prestigiosas orquestas, sino en convertirse en centro receptor y núcleo irradiador de los compositores y artistas locales, lo que, además, conviene dado el menguado presupuesto que desde el Gobierno de Canarias y cabildos se destina desde el comienzo de la crisis a esta actividad cultural. Si el afán de los nostálgicos era disfrutar de la excelencia, y su inclusión en ella aunque fuera físicamente, al coste que fuera, el de los inclusivos es el de la conversión a la cultura musical de la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque, como todo el mundo sabe, la música, como la Cultura en general, es muy buena. El para qué ya importa menos.

Podremos simpatizar con unos más que con otros, buscar razones intermedias e introducir matices a los argumentos que de manera breve hemos mostrado. Sin embargo, hay algo en lo que deberíamos reparar: por muy enfrentadas que parezcan las posturas, ninguna pone en tela de juicio el marco del discurso. Es decir, ambas asumen que la Administración debe sufragar un festival de música. Este cuestionamiento tan elemental simplemente se deja de lado. Para los miembros de ambos grupos, es evidente por sí mismo que el Estado, encarnado en una institución u otra, debe encargarse de satisfacer las aficiones de un tipo u otro de la población. Aunque, en su opinión, algunas como la música son, evidentemente, mejores que otras.

No obstante, deberíamos preguntarnos por qué tiene el Gobierno de Canarias que encargarse de mis apetencias musicales; por qué el Cabildo ha de subvencionar a equipos deportivos profesionales o por qué el ayuntamiento de turno siente cierta motivación por que mueva el esqueleto al son de ritmos étnicos. En una comunidad en la que todo el mundo tuviera un mínimo de recursos indispensables para llevar a cabo un proyecto de vida más o menos libre e independiente y en la que no hubiera grandes desigualdades, podríamos estar de acuerdo en que el sobrante del erario, una vez optimizada la sanidad, la educación, la vivienda, el alcantarillado, las carreteras, el equipamiento urbano y rural, etc., podría destinarse a actividades lúdicas y recreativas. Y sin embargo, incluso en tal idílico entorno, uno debería preguntarse por qué debería ser el Estado quien las sufragara y programara.

Resulta, en cambio, que todos los parámetros económicos y sociales sitúan a Canarias a la cola del bienestar en España, que a su vez está en la cola de Europa. Tenemos de todo: abandono escolar, paro, precariedad, desigualdad, criminalidad, violencia de género, etc. Quizá sea, como algunos señalan, demagogia, y de la fácil. No obstante, la miseria está ahí para quien quiera verla y tenga conciencia, en especial, pero no en exclusiva, desde las instancias políticas de decisión. En el fondo de esta polémica subyace, sin duda, aunque ni los nostálgicos ni los inclusivos lo quieran plantear, un dilema moral y político de primera magnitud que nada tiene que ver, ni remotamente, con la frivolidad de tener que elegir entre Richard Wagner y Juan Hidalgo.

La Cultura, entre el veto y la miseria

Pasadas las elecciones del 26 de junio, en las que parece haberse demostrado que la denominada "mayoría social" no le pertenece a nadie y que ser politólogo no es garantía de clarividencia política, nos encontramos de nuevo con la España cotidiana. Una España que hace cola en los comedores de Cáritas mientras otra España la hace ante las taquillas de los recintos públicos destinados a actividades culturales; una España sumergida en la precariedad y otra ocupada en acumular experiencias para su autorrealización. Una España pobre y otra que aspira a no serlo ni en medios de subsistencia ni en el gusto. Hay otra España, la rica, pero esa sólo asoma, cobrando, en las revistas como el ¡Hola!

Vamos a centrarnos, de un modo no del todo caprichoso, en esa España ávida de espectáculos, conciertos y representaciones. En nuestro país, la inmensa mayoría de los recintos destinados a éstos son de titularidad pública: ayuntamientos, sobre todo. Con el supuesto motivo, explícito, de hacer llegar la Cultura (como quiera que se entienda) a todas las personas, independientemente de su condición social, las administraciones públicas contratan a diferentes artistas, compañías y productoras para satisfacer la demanda de ocio y cultura de la población. Nadie, a estas alturas, duda de que tras este motivo, yace, también o sobre todo, el deseo de explotar electoralmente la esperada satisfacción de una ciudadanía que se ha acostumbrado a delegar en los poderes públicos la gestión y disfrute de su tiempo libre. Aunque, aparentemente, han pasado ya los años de cachés desorbitados y comisiones millonarias, dichas administraciones siguen siendo las principales instancias suministradoras de ingresos para la industria cultural. No es extraño, por tanto, que esa dependencia haya dividido a muchos artistas en grupos de "afines al PP", "simpatizantes del PSOE" y, últimamente, "militantes de Podemos". El resto, por lo general, procura no manifestarse políticamente, dada la tradicional costumbre patria de elaborar listas negras, esas que, no existiendo, existen. 

Hace algún tiempo, el cantautor Albert Pla sacudió la pudibunda esfera pública con unas declaraciones en las que afirmaba sentir asco por ser español. El consistorio de Gijón, titular del recinto donde iba a actuar el artista, y por aquel entonces gobernado en su concejalía de Cultura por el PP, rescindió el contrato por, según ellos, "insultar a los gijoneses". Sin embargo, el argumento clave del ayuntamiento, para lo que nos interesa, es el siguiente: "no es de recibo" que un teatro municipal que pagan "todos los ciudadanos dé cabida a la actuación de quien demuestra una absoluta falta de respeto hacia los gijoneses y españoles". Es decir, la institución pública ejercía discrecionalmente su derecho a rescindir un contrato basándose en la supuesta falta de respeto que el artista había infligido a la ciudadanía, erigiéndose así por cuenta propia en portavoz de ésta. Años antes, por citar otro ejemplo de los que debe de haber a miles, en 2003, Juan Luis Galiardo acusó a la entonces concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de haberlo vetado porque se había manifestado contra la entrada de España en la guerra de Irak, junto con otros artistas, en el Congreso. Al parecer, la concejala (posteriormente, alcaldesa) le había expresado su intención de "no invitar a quien viene a molestar".

Aquí, de inmediato sale a relucir el problema de la legitimidad de las decisiones: que la ideología del grupo político que en ese momento tenga la alcaldía del ayuntamiento o la presidencia de la Comunidad de turno promueva el veto o la contratación de un artista u otro, sin que intervengan, más que de refilón, criterios artísticos. La última noticia sobre veto a artistas es la cancelación en Gijón (sí, otra vez) en el Teatro Jovellanos (de titularidad municipal) del concierto del mítico cantante Francisco. El motivo son los insultos en Facebook (por los que posteriormente pediría perdón) que el cantante dedicó a una política valenciana, Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat.  El ayuntamiento gijonés, en manos del Foro Asturias, sostiene, al parecer en serio, que las declaraciones del cantante podrían "activar desórdenes públicos y enfrentamientos que podrían poner en riesgo la normal celebración de su concierto, la propia seguridad del artista y también la de los espectadores que acudieran al recinto".

El problema, avanzamos, puede provenir de algo más profundo, es decir, de por qué una institución pública debe no sólo sufragar, sino también programar actividades culturales y artísticas dirigidas al ocio (e instrucción) ciudadano. Encontramos aquí, en principio, el dilema entre elegir el Estado o el mercado. Si dejamos que las preferencias de los ciudadanos y la oferta de los productores culturales decidan qué espectáculos y actividades culturales se ofrezcan en función de su proyectada rentabilidad, con la consiguiente limitación del tipo, cantidad y calidad de los espectáculos y del acceso a ellos por según qué sectores de la población o, si dejamos que el Estado, con su marcado sesgo paternalista, por un lado, y por intromisión en los contenidos, por otro, decida qué ofrece a la ciudadanía, muchas veces sin reparar en gastos. Dado que el Estado, desde la llegada del PSOE al Gobierno en 1982 hasta hoy, ha optado por el planeamiento cultural y la intervención directa en instalaciones, asignación de recursos y programaciones, nos encontramos con una situación en que la legitimidad de las decisiones públicas de contratación, así como las de cancelación, se da por supuesta. Sin embargo, si bien es cierto que los políticos elegidos representan a los ciudadanos en las instituciones, no lo es que cada una de sus decisiones cuenten con dicha legitimidad. Porque, ¿desde qué presupuestos morales puede ser legítima la decisión de cancelar una actuación o rescindir un contrato por motivos ideológicos o por haberse expresado una opinión (por insultante que sea) en la esfera pública? ¿Y quién decide qué o a quién se contrata, con qué criterios? El sesgo autoritario puede prevenir desde partidos políticamente tradicionalmente asociados a la derecha como a la izquierda. La intolerancia no es patrimonio exclusivo de los grupos políticos denominados conservadores. Una institución pública, pues, no puede esgrimir razones privadas para contratar sino en función de su interés público. Asimismo, para cancelar debería ocurrir otro tanto de lo mismo. Sin embargo, ¿hasta qué punto puede reclamarse como portavoz del público o de la ciudadanía para contratar o anular una actuación o vetar a un artista sin preguntarle a aquella?

Así las cosas, sería importante hacer una reflexión que busque romper el falso dilema entre Estado o mercado para la creación y recepción artístico-cultural. La sociedad hace cultura en sus interacciones diarias. La cultura no es producto, simplemente, de especialistas a tiempo completo. Si bien la producción artística está inmersa en un escenario económico capitalista y de mercado, nada obliga a que el artista le ponga un precio a su obra ni que tenga que vivir de ella. Es una opción vital tan legítima someterse a la oferta y a la demanda como no hacerlo. El problema es que, queriendo vivir de su obra, no encuentre un público dispuesto a pagar por ella o en la medida que el autor considera adecuada. Es entonces, cuando surgen las voces reclamando que el Estado apoye al artista, es decir, a la Cultura, o viceversa. Amparados en criterios morales (la cultura nos hace mejores), metafísicos (la Cultura nos eleva sobre la vil corporeidad) o economicistas (la industria cultural representa el X % del PIB), artistas, intermediarios y productores reclaman un trato especial por las instituciones públicas, dado que el mercado no los recompensa lo suficiente. Sin embargo, como vemos, el Estado, en su circunstancia de cooptación de hecho por los partidos políticos, no es una instancia que sea capaz de no inmiscuirse en contenidos ni de contenerse en juicios políticos. 

Es necesario, dada también la incapacidad del mercado de proveer bienes que no sean mensurables en precios, pero valorados por la sociedad, encontrar medios e idear formas para la expresión cultural sin que suponga una merma para el erario. En caso contrario, seguiremos asistiendo al gasto de dinero público en Cultura mientras, en paralelo, los ciudadanos empobrecidos hacen colas cada vez más largas a la puerta de instituciones privadas para su asistencia en recursos de primera necesidad; otros pierden su empleo y se quedan sin su casa, algunos se quitan la vida, desesperados por la miseria y la humillación. Seguiremos, asimismo, aunque sea un problema de menor importancia, viendo cómo se promociona a unos artistas en detrimento de otros, cómo se censura a unos y se ensalza a otros desde unas instituciones públicas que mejor harían en resolver los problemas colectivos de manera más eficaz de lo que vienen haciendo hasta ahora. Para decirlo con mayor claridad,  el problema básico de la relación del Estado con la promoción de la Cultura apunta a algo más serio que a la subvenciones y al patronazgo arbitrario. Es hora de que nos demos cuenta, sobre todo aquellas personas y colectivos que se consideran de izquierdas, de que es, en realidad, un problema de justicia social y, también, de compasión por nuestros semejantes.

Vota, pero vota

Estimados lectores:

Dada la cercanía de las elecciones generales, las consiguientes discusiones a voz en cuello comienzan a proliferar por bares, comidas en casa de la suegra y salas de espera del dentista, por no hablar de los análisis (o lo que sea) de nuestros queridos amigos, los periodistas todólogos, que se multiplican por cadenas de televisión, emisoras de radio y periódicos e Internet con una ubicuidad que ya querría el Espíritu Santo. Ante  tal situación, me he atrevido a relacionar unos cuantos términos que, espero, les serán útiles en estas lides y puedan esgrimir algo más que el "antes había líderes de verdad", "con Aznar/González/Zapatero se vivía mejor", "en Suecia sí que saben" o "como aquí no se vive en ningún sitio".  

La democracia: Es ya un lugar común la crítica a la democracia meramente procedimental, es decir, aquella que se define por la celebración de elecciones competitivas, libres y periódicas mediante las cuales la ciudadanía decide mediante voto secreto qué partido gobernará el país durante los próximos cuatro años. La crítica consiste, sobre todo, en el orillamiento de la ciudadanía en la participación política hasta las próximas elecciones, dejándose la gestión y la decisión en las políticas a esos representantes (especialistas/profesionales de la política) cuya legitimidad reside, precisamente, en haber resultado elegidos en las elecciones. Para otros, en cambio, la crítica no tiene sentido, pues las dimensiones demográficas de cualquier país y así como la complejidad en la naturaleza de los asuntos con los que debe tratar día a día el gobierno hace que dicha gestión deba caer en manos de un reducido número de personas competentes. La conocida, teóricamente al menos, crisis de la representación consiste en la creciente sensación de distancia que los ciudadanos perciben entre sus problemas y la actividad de los políticos. La sensación (o la constatación) de dicha falta de representación, que fue uno de los leitmotivs del 15-M ("No nos representan"), está extendida por toda la Europa liberal-representativa. Esto no provoca que aumente de manera significativa la abstención, al menos en España, pero sí la llamada volatilidad electoral, es decir, el cuantioso  trasvase de votos de un partido a otro a cada elección que se celebra.

El voto secreto: Es conveniente darnos cuenta de la importancia que tiene el voto secreto. En los primeros momentos del sufragio universal, la compra de votos y las represalias eran algo habitual, por lo que, en determinado momento, para evitarlo se instauró el sufragio secreto. Respetar la autonomía del votante y que los resultados fueran fieles a la voluntad del electorado fueron razones clave. Que hoy siga siendo una necesidad constituye una prueba de que tanto no hemos evolucionado democráticamente. Más bien, en una sociedad libre de coacción, el voto debería ser público y que públicamente se argumentara por qué se ha votado una opción y no otra. Resulta del todo evidente que es un ideal contrafáctico. Al igual que en ciertos procesos deliberativos, a veces es necesario el secreto o el refugio a salvo de la exposición pública para que se pueda expresar la voluntad sincera del deliberante y, en su caso, llegar a acuerdos entre las partes.
Así las cosas, parece que actualmente lo que llega a los medios de comunicación es la compra de votos, que puede resultar determinante en los pueblos por su reducida población o en aquellos lugares en los que se prevé gran igualdad. Se puede venir desde casa con la papeleta metida en el sobre, lo que facilita mucho la operación de compra, el aprovechamiento del estado mental de algunas personas o la autoridad familiar. Sin embargo, mi intuición es que la inmensa mayoría de la personas acuden a votar libremente, y que en ese voto se mezcla un sentimiento de deber político con otro expresivista. Estamos, pues, ante un acto político puntual y ante una manifestación identitaria y de filiación ideológica. Tampoco hay que descartar la posibilidad de que algunos ciudadanos voten por la formación política que creen que va a gobernar mejor el país en su conjunto, lo que no es incompatible del todo con las dos primeras razones.

El voto útil: Otro lugar común es la apelación al voto útil. y que es una respuesta al tipo de sistema electoral vigente, con circunscripciones provinciales con reducido número de diputados y senadores, y muchos partidos. Voto útil, claro está, dependiendo de para quién. Normalmente está asociado a los grandes partidos que han polarizado las elecciones según su ideología y su genealogía. Históricamente, y a grandes rasgos, el PP para los liberales-representativos-católicos y el PSOE para los socialdemócratas-redistribucionistas-progresistas. Hoy en día, con el surgimiento de dos nuevos partidos con capacidad para conquistar gran parte del electorado (Podemos y Ciudadanos), la apelación al voto útil está más repartida y es más discutible.

El voto en conciencia: No dejan de ser recurrentes, a la par que paradójicas, las solemnes declaraciones, sobre todo por los jefes políticos, respecto de votar en conciencia. El voto, sacralizado como máxima expresión de la participación política (algo que no es ingenuo, tal y como señalamos en el primer apartado) debe, entonces, responder a la reflexión seria y profunda del ciudadano. Algo que coexiste, según vemos en múltiples ocasiones, con a) la apelación al voto útil: es decir, no vote por el partido que quiera o considere mejor, sino por aquel que tenga posibilidades de gobernar: y b) el constante recordatorio a que se vote lo que se quiera, pero que se vote, como si lo importante en este caso fuese el acto de votar (con implicaciones, claro está, para la legitimidad del sistema político) y no el partido al que destinar el voto. En ambos casos, parece claro que no se anima a que la conciencia desempeñe un papel rector en la decisión final.

La abstención: Como hemos señalado en el apartado anterior, la abstención (no el voto en blanco) es demonizada por los partidos, que nos animan, a veces con irritante insistencia, a votar. Sin embargo, los representantes de los partidos no son del todo sinceros. Según la literatura especializada, a los políticos les preocupa la abstención, sí, pero sólo la que afecta a su propio partido. La abstención que daña las perspectivas electorales de sus rivales políticos les trae, como pueden imaginar, sin cuidado, cuando no la incentivan de modo más o menos sutil. Asimismo, frente a lo que afirman los jefes políticos y periodistas diplomados en gráficos de barras, la abstención puede significar no sólo apatía, desinterés o pereza: puede constituir también un acto político. Una de las maneras más sencillas de no querer legitimar, por las razones que sean, el sistema político vigente es negarse a votar. Pretender que esa posibilidad no existe es una manera sibilina de negar otras formas de construir lo político, entendido esto como la manera que tiene una comunidad de plantear, resolver y ejecutar proyectos colectivos.


P.D. Respecto de las discusiones sobre política, he topado con una frase que define perfectamente el estado de ánimo que me embargó durante una de ellas (la última), hace ya unos cuantos meses: "Una punzada en el corazón y un desánimo en el espíritu". Los caminos de la lectura son inescrutables, tal es el rostro de la divinidad.

Mientras Vds. se empeñan en ver debates, yo sigo leyendo (2)

Aquí estamos de nuevo, a algo más de dos semanas aproximadamente de otra nueva fiesta de la democracia. España es la Ibiza de la política representativa, en la que el jolgorio no acaba nunca, ni siquiera cuando la resaca comienza a hacer estragos en las prioridades. Hay en este espectáculo, en esta fanfarria incesante de declaraciones, golpes en el pecho y desafíos a la historia, también palcos, asientos en primera fila, patio de butacas, platea y gallinero. No hace falta que diga cuáles son los asientos (sin reservar) para el ciudadano corriente.

No hace tanto tiempo, apenas 3 meses, de ese post en que escribí mi lista de libros que había leído mientras Vds. atendían debates. Algunos piensan que los debates entre políticos proporcionan información valiosa sobre los líderes y los programas: respetémoslos. Sin embargo, para los que, como yo, piensan que la información política (y económica, y social, e histórica, etc.) se encuentra en cualquier lugar menos en los debates de los caudillos políticos en los medios de comunicación o en los debates de los líderes mediáticos en los mismos medios de comunicación, aquí les presento otra lista de libros que he leído en el ínterin. No son novedades todos los títulos que relaciono, ni mucho menos, pero es que no pretendo imitar a los suplementos culturales de periódicos que promocionan libros de las editoriales que pertenecen a la empresa madre (del periódico y de las editoriales). Sólo pretendo, en fin, compartir algunos de los títulos que me han resultado iluminadores en estos tres meses. Que les esplendan, también.

-Media, Concentration and Democracy, de C. Edwin Baker. El autor sostiene la tesis de que una excesiva concentración de medios resulta perniciosa para la democracia. Más aún, si la empresa dueña de los medios no es en sí una empresa de comunicación. La cantidad y la calidad de la información se resienten, y el ciudadano no encuentra en los medios la necesaria guía para orientarse entre partidos, ideologías, problemas sociales y las propuestas para afrontarlos. En España sabemos algo de eso. Ah, no, que aquí son independientes.

-The Myth of the Digital Democracy, de Mathew Hindman. Cuando se teoriza sobre Internet, se corre el riesgo de que al cabo de poco tiempo lo dicho o escrito haya envejecido de manera cruel. Sin embargo, ya con varias décadas con la Red entre nosotros, Hindman señala la inconsistencia de ciertos tópicos que han calado sobre su relación con la democracia. Vamos aviados, viene a decir, si pensamos que Internet va a resolver por sí sola el problema que potencialmente supone para la esfera pública la concentración de plataformas mediáticas. Puede que cualquiera pueda disponer de su propio blog (como éste) pero sólo una docena de ellos (por ejemplo, de temática política) concentran mayor número de lectores que cientos (o miles) de otros blogs. Puede que haya muchos más medios de comunicación on-line, pero la mayoría de los lectores buscan en la Red las mismas cabeceras periodísticas que en el mundo real. Aunque los gastos de distribución bajen casi a cero, el gasto fijo por crear el producto sigue siendo elevado, por lo que cuantos más recursos se dispongan tanto para crear el medio como para publicitarlo, más predominante será su posición para atraer lectores (y consumidores). Si tienen un blog propio, no se desanimen. O quizá sí.

-Civil Society and Democracy, de Gideon Baker. Una extensa y crítica relación de teorías, definiciones y autores sobre la sociedad civil. Baker nos lleva desde la Europa del Este comunista hasta la Latinoamérica gobernada por los militares para explicarnos qué concepto de la sociedad civil y de la democracia empleaban los disidentes y opositores a los regímenes dictatoriales de sus países, en la lucha por democratizar el sistema político y la sociedad. Democratización que, según el autor, no debería detenerse tras la transición a un régimen liberal-representativo, como si éste fuera lo máximo a lo que se puede aspirar. Un libro fecundo, que insinúa más de lo que se atreve a decir.

-De la democracia de masas a la democracia deliberativa, de Hugo Aznar y Jordi Pérez Llavador (editores). Para que no me acusen de no defender lo nuestro, incluyo aquí una obra colectiva en español en la que, desde diversos ángulos, se habla de democracia deliberativa, medios de comunicación, Internet y opinión pública. Para el lector no especializado quizá sea un alivio saber que hay en nuestro país intelectuales que no son periodistas (o viceversa), y que hay más filósofos que Ortega y Gasset, aunque ambas cosas parezcan casi inconcebibles.

-La incertidumbre democrática, de Claude Lefort. Es un libro viejuno, sí, y no está de moda en las columnas de opinión de los periódicos ni en el centro irradiador emergente. Sin embargo, este conjunto de artículos (y transcripciones de conferencias) en los que se reflexiona sobre democracia, derechos, poder y totalitarismo merece una lectura atenta (que, a veces, es mucho pedir). En realidad, si uno quiere saber y luego hablar de totalitarismo, tiene que leer a Lefort. Que no digan que nos les avisé.

¡Eres tú, estúpido!

Cuando uno decide escribir sobre los asuntos que le interesan o de los que es experto (no siempre coinciden), siempre tiene la preocupación de no escribir estupideces. Al menos, de no parecer evidentemente estúpido. Así, salvo que el texto sea de carácter expresivo, en cuyo caso, poca crítica hay que hacer, a menos que tenga pretensiones artísticas, uno tiene el deber de informarse de manera profusa, de buscar fuentes, de aclarar pensamientos y de asegurarse de la lógica de sus proposiciones: algo tan simple, en principio, como que las conclusiones se puedan derivar de las premisas y de que la argumentación no recurra a falacias para asegurarse la supervivencia. Así, es sobre todo el miedo a parecer estúpido al lector que sepa tanto o más que uno lo que nos induciría a ser cuidadosos en el proceso de la escritura. Evitemos los tópicos, los pensamientos trillados, los lugares comunes, los verbos con adverbio incorporado, los nombres con adjetivo adosado. Y más: rompamos la burbuja de la costumbre y del consenso, tiremos a la basura el traje de la respetabilidad del sentido común. Hasta la misma búsqueda de la originalidad la podemos dejar de lado como otra moda, propia de nuestra época, pero sin porvenir (¿qué nos importa el porvenir?). Tradición y originalidad, costumbre e innovación, palabras y mentiras. Simplemente, hagámonos respetar, procuremos no demostrar nuestra estupidez. Pero hoy, ayer, mañana,  el mismo concepto de respeto es una noria que gira bajo un volcán.

No obstante, lo reconozco, es difícil. Cómo evitar la palabra que siempre aparece y que ya no significa nada, como evitar que el texto sea un palimpsesto más o menos inconsciente, más o menos vanidoso; cómo evitar que le hablen a uno, como diría Bourdieu; cómo evitar la cita de autoridad que demuestra al lector que uno ha leído, cómo evitar que por pura vanagloria uno reniegue de su propia cita y se injurie por ella, y así hasta el infinito... Y por qué queremos convencer al lector de nada: dejémoslos tranquilo con sus propias miserias y no le contaminemos con las nuestras, tan aferradas a nosotros que son ellas más nosotros que nosotros mismos. Así, todo texto no es más que el trasunto de impotencias sin reconocer, de frases balbuceadas de ambiguo sentido que quieren significar, pero que se evaporan como sangre quemada. Oh, la imposibilidad de la comunicación de verdad; oh, la deconstrucción de los textos; oh, la hermenéutica oh, oh, oh, oh, oh.

La esfera pública es un vertedero a donde arrojamos el pensamiento hecho picadillo. La trituradora de la socialización y los matarifes de los medios de comunicación ejecutan la labor de descuartizamiento con obsesiva sistematicidad. ¡Un brindis por las élites del pensamiento que acunan a las del poder! Por otro lado, ¿qué se puede esperar de la propia opinión, si conocemos lo miserables que somos, si somos conscientes hasta el asco de nuestro cinismo, de nuestra angustia, de nuestro miedo y  de nuestro egoísmo? Y no se salva nadie. ¿Qué podemos esperar, pues, de los demás, encerrados en sus jaulas de soledad y locura, alimentados por valores que los envenenan (sí, a nosotros también)? Vivimos en un continuo desguace, entre chirridos de metales y ladridos de perros encadenados. Si hubiera algo de vergüenza en este mundo, los periódicos amanecerían mañana en blanco, salvo las esquelas. Los que más sufren son los que menos hablan, pero el continuo cacareo de los canallas ahoga el sonido del llanto, y hasta la desdicha se convierte en anuncio de televisión.

Cómo evitar ser estúpido o, al menos, parecerlo. Uno debería planteárselo en serio, cada vez que comienza a escribir. Y sin embargo.

La nueva izquierda y el Gran Hotel Abismo

Unas nuevas elecciones (que no una repetición de las anteriores) se celebran dentro de apenas un mes. A estas alturas, hacer pronósticos políticos sobre el resultado de las elecciones no sólo conduciría al hastío propio y de mis lectores, sino que lo igualaría uno a esos columnistas de batín y zapatillas que pueblan los medios de comunicación (otros prefieren llamarlos líderes o caudillos mediáticos) y parasitan la sociedad en general. Menos aún, ejercer de consejero áulico y exponer por qué un partido debe pactar con otro o cómo hacer para ganar las elecciones, o más escaños, etc., etc. ad nauseam. Dejemos eso, en todo caso, para los momentos dipsomaníacos en los que el mundo parece poder ser diseñado a impulsos de la voluntad.

Mi propósito en este espacio es, más bien, ejercer una mirada crítica a la política, y pasar por encima (eso se lo podemos dejar a los periódicos) de los conflictos por las listas,  del redondeo de votos en el sistema electoral o de la propagación ridícula de los argumentarios por concejales perplejos. Prefiero hacer una llamada de atención sobre el modo en que se desenvuelve este ritual político que, por rutinario, damos por sentado. Incluso el partido emergente, cuyos líderes se llenaban la boca, hasta hace poco, de participación popular y proceso constituyente, se ha integrado de forma plena en el sistema político representativo y utiliza, sin mayor cargo de conciencia, los procedimientos y usos habituales, teniendo en cuenta a la ciudadanía sólo a base de encuestas.  Hay que señalar, al respecto, que al menos los principales partidos (entendiendo por "principales" lo que han tenido hasta ahora mayores cuotas de poder, número de votos y de diputados) insisten en pretender encarnar en ellos ciertas esencias ideológicas, en una especie de transubstanciación de los pretendidos valores (liberales, socialdemócratas, etc., aun en su casi infinita variedad). Así, los ciudadanos, más o menos seguros, más o menos vacilantes, de sus convicciones sobre cómo es el mundo y sobre cómo debería ser (combinando una evaluación descriptiva con otra normativa) estarían abocados a identificarse con unos u otros. Nada nuevo, sin duda. 

Sin embargo, debo recordar, aun a riesgo de expresar lo obvio, que los partidos políticos, a pesar de sus pretensiones metafísicas, no son más que minorías organizadas. Es decir, un grupo de personas, que cuentan con una mayor o menor capacidad para intentar convencer a la mayoría atomizada de que hará bien en dejarse gobernar por ellos. Esta visión está privilegiada por la tradición liberal y, más concretamente, por las diversas constituciones de este cariz que en el mundo han sido. El archiconocido artículo 6 de la Constitución reza así: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos" (la cursiva es mía). Es en este sentido en el que, desde la perspectiva liberal, la participación política legítima está canalizada principalmente (fundamentalmente) por los partidos políticos que concurren en elecciones periódicas, libres y competitivas. De hecho, en estas décadas hemos asistido a la sistemática cooptación de asociaciones y movimientos ciudadanos de todo tipo por los partidos políticos. Esta tendencia, a pesar de haber sido desafiada a partir, sobre todo, del 15-M, se ha revigorizado con la asunción selectiva por el partido emergente de los principios movilizadores de gran parte de los colectivos ciudadanos que desde aquel momento se constituyeron.

El asunto, no obstante, no es baladí: la ciudadanía no tiene por qué dar por sentado nada de lo que otros hayan decidido. Es normal la instauración de procedimientos y mecanismos para la ulterior resolución de problemas que afecten a la colectividad. Lo que es discutible es que ninguno de ellos haya sido sometido al debate ciudadano. En España lo habitual es que la participación ciudadana se entienda como legitimación plebiscitaria, algo a lo que no ha escapado, tampoco, el partido emergente. Quizá sea el momento de que los partidos tengan el espacio que merecen, que, a tenor de su infiltración en las instituciones y la patrimonialización del Estado a su cuenta, debería ser mucho menor que el ocupado hasta ahora. Quizá lo sea, también, de que la ciudadanía amplíe su capacidad problematizadora y decisoria. Es posible que consideremos que muchos ciudadanos son estúpidos e ignorantes, y sin duda no nos equivocaremos. No obstante, muchos políticos también lo son, y apenas se discute su legitimidad para tomar decisiones al haber resultado elegidos. La participación ciudadana no sólo contribuye a reforzar la legitimidad de las decisiones (previo debate) sino que es muy probable que contribuya a aumentar la calidad epistémica de ellas dado que, al fin y al cabo, por simple cuestión de probabilidad, hay más gente comprometida, justa, inteligente y experta fuera de las instituciones que dentro. Aclaro que considero que no hay que exigir un ciudadano heroico, todo el tiempo coherente entre valores públicamente declarados y acciones privadamente realizadas, ni entregado en cuerpo y alma a la búsqueda de información política o movilizado sin desmayo por una causa u otra. Es más sencillo pedir y reforzar una actitud crítica, sin que importe de dónde venga el llamamiento a la conformidad y a la sumisión. Necesitamos una ciudadanía crítica con el Estado, crítica con los partidos, crítica con las empresas, crítica con la sociedad civil y, finalmente, crítica consigo misma, con el oído aguzado a las injusticias, sensible a la desigualdades.

Es lógico que los partidos tradicionales sospechen del empoderamiento político ciudadano, que es tanto proceso como resultado de mayor implicación en la política: de hecho, llevan gestionando el poder desde hace décadas casi sin oposición, dado el consenso, eficazmente construido vía medios de comunicación, que existía sobre el crucial papel de los partidos. Lo llamativo en este, si se puede llamar así, nuevo ciclo político es que el partido emergente, tanto en su funcionamiento interno como en su acción en las instituciones en las que ha alcanzado cuotas de poder, ha mostrado un continuismo que calificaría de flagrante, por su contradicción con el espíritu que decía animarle (a tenor de las declaraciones de sus portavoces más conspicuos). Continuismo porque no se ha apartado de las prácticas de los otros partidos por las que, en el ámbito interno, se prima la cohesión a expensas de la pluralidad; continuismo porque en el ámbito externo adolece del paternalismo característico de los partidos tradicionales, por el que suele manifestarse que conoce mejor los intereses de los ciudadanos que ellos mismos. Al fin y al cabo, la legitimidad que se obtiene al haber sido democráticamente elegidos, por los procedimientos sancionados por las leyes, los habilita, según se desprende de su acción política, para fundirse en un solo cuerpo con la ciudadanía y así poder dirigirla -o sancionarla- cuando sea menester. Además, el partido emergente sufre de la mayor intolerancia hacia la crítica. Mayor, en mi opinión, que los partidos clásicos, ya anclados desde hace tiempo en el cinismo y en el ensimismamiento. Dado que según sus simpatizantes este nuevo partido representa a la izquierda de verdad (y más aún tras su coalición electoral con IU), cuando no es un partido transversal, según sus líderes, cualquier crítica hacia él se toma no como una oportunidad de enmendar errores y mejorar sus planteamientos, sino como un ataque a su supuesta actividad emancipadora y democratizadora. En definitiva, el crítico se convierte en un huésped del Hotel Gran Abismo donde rumia su envidia y masculla su frustración mientras otros, estos sí clarividentes, se empeñan en cambiar el mundo.

Más democrático, menos representativo

Desde la celebración de las últimas elecciones generales en España hasta hoy, la esfera pública política (el parlamento nacional, principalmente) y la esfera pública de los medios de comunicación más o menos masivos han colaborado de forma estrecha en trasladar a la ciudadanía un drama político cuyo desenlace todavía se presenta como abierto, en su doble sentido de estar inconcluso y de estar a la vista de todos. Sin embargo, y dada la relación de fuerzas políticas digamos pro-sistema y pro-reforma debería resultar evidente que, independientemente del nombre del futuro presidente, el resultado final ya está decantado.

Por otro lado, no olvidemos que todos estos análisis, por llamarlos así, suelen omitir a otros actores que ejercen fuerte influencia en la toma de decisiones políticas, aunque formalmente no estén legitimados como tales, por lo que es explicable su ausencia casi absoluta en los medios de comunicación o en las declaraciones de los portavoces de los partidos. Si bien las grandes empresas, los bancos y, sí, los mercados, son mencionados de vez en cuando como elementos espurios de presión fáctica en la acción de los partidos políticos o del gobierno, y en la conformación final del poder, aquellos actores como las potencias extranjeras  resultan invisibles, algo llamativo cuando, desde hace siglos, su papel en la política interna (y externa) de nuestro país ha resultado importante, cuando no determinante, en las decisiones gubernamentales, por no hablar de la ascendencia, nada disimulada, de ciertos organismos internacionales sobre el rumbo de las decisiones estatales.

No obstante todo lo anterior, aun siendo importante, lo que se escenifica con afán explicativo totalizador es el combate dialéctico entre representantes de grandes sectores ideológicos de la ciudadanía. Me explico: en un sistema liberal-representativo como el nuestro, los ciudadanos eligen a unos representantes políticos, que serán quienes legislen y formen gobierno (dado que el partido mayoritario en la cámara casi siempre es el que gobierna, el Parlamento se ha convertido en la práctica en a) una instancia cuasi administrativa que ratifica las iniciativas legislativas del gobierno y b) retórica, en la que los portavoces y líderes simulan intercambiar argumentos, pero, en realidad, se dirigen a la opinión pública). Como ya se ha señalado hasta la saciedad, los representantes no son ni una traslación mimética del cuerpo social, ni su presencia es proporcional a la pluralidad social, ni, es lo más importante, son delegados de la ciudadanía. Los representantes, así pues, no representan en concreto sino en abstracto y, por lo tanto, representan a todos. Como también sabemos, el mandato imperativo está específicamente prohibido, por lo que se supone que el representante es independiente de las directrices de los representados, por ejemplo, de la circunscripción electoral. La evolución del sistema de partidos, la cartelización de éstos y la dependencia casi absoluta del representante respecto del partido del que forma parte hacen pensar, sin embargo, que el mandato imperativo existe, aunque desde otro lugar, que es la cúpula del partido o la voluntad del líder. Una constatación más siniestra, a la luz de la corrupción, con trazas de sistémica, que parece omnipresente en el cuerpo político representativo a todos los niveles de la Administración, es que dicho mandato imperativo a veces proviene, también, de lobbies y empresas.

La función de la representación consiste, como ya señaló Madison (quien, por cierto, abominaba de los partidos o facciones), en afinar y ampliar la opinión pública al pasarla por el tamiz "de un grupo escogido de ciudadanos, cuya prudencia puede discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor a la justicia no estará dispuesto a sacrificarlo ante consideraciones parciales o de orden temporal. Con este sistema, es muy posible que la voz pública, expresada por los representantes del pueblo, este más en consonancia con el bien público que si la expresara el pueblo mismo, convocado con ese fin". Así pues, el sufrido ciudadano que, aguijoneado por un encomiable interés por la política, se convierta en público de debates parlamentarios o sesiones de investidura deberá tener en cuenta que esos representantes a quienes ve y oye por televisión o cuyas opiniones lee en los diarios no están, ni más ni menos, que convirtiendo en buenas decisiones y en buenas políticas, guiados solo por el interés general, o si queremos, del país, la materia bruta de la que está conformada la opinión pública, compuesta de muchos como él.

El espíritu que guiaba la opinión de los republicanos como Madison en la gestación de la Constitución de los Estados Unidos era el evitar la supuesta tiranía de las mayorías, que, por naturaleza, se supone que son tumultuosas, que se dejan arrastrar por la pasión del momento y, por tanto, también fáciles de manipular. En sus diversas encarnaciones históricas, esa ha sido la idea motriz de los regímenes que se han venido en llamar, sobre todo en el siglo XX, democráticos (Madison explícitamente rechazaba la Democracia contraponiendo sus defectos a las virtudes de la República) y que con más propiedad deberíamos llamar liberal-representativos o constitucionales. Es decir, compuestos por una carta o código de derechos (fundamentales) que suelen muy protegidas de su eventual derogación por una mayoría parlamentaria, el imperio de la ley, y un sistema por sufragio universal de elección de representantes de la ciudadanía, en elecciones periódicas, libres y competitivas. Mayor participación se ha considerado, en general, más perjudicial que beneficiosa para la estabilidad del sistema.

Esta idea motriz viene reforzada por la supuesta complejidad de los asuntos políticos, en sus casi infinitos matices de consecuencias, beneficios y perjuicios, que implica la especialización en ellos, ya sea por la dificultad de la materia como por el consumo de tiempo necesario para su abordaje. Tal concepción de la división del trabajo, por la que unos elegidos se convierten en profesionales de la política y expertos en ella, se refuerza con la tesis de la ignorancia pública, o, más bien, de la ignorancia del público, por la que se considera que la gran mayoría de los ciudadanos o bien no se interesan por la política o bien son incompetentes en ella. En realidad, se piensan ambas cosas. A estos efectos, los partidos políticos tienen la función de empaquetar conjuntos de propuestas y una cierta visión ideológica de la sociedad. Ésta última se afila en época electoral y se vuelve roma el resto del tiempo, cuando se gestan pactos de estado o de gobernabilidad. Son de alguna manera un atajo cognitivo para esos ciudadanos que, implicados de lleno en sus actividades privadas, poco tiempo y ganas tienen para aprender las sutilezas de la política y de la gestión de los asuntos públicos.

Todo este extenso preámbulo viene a cuenta de que en esta época convulsa de crisis económica, de crisis de los partidos, de crisis de las instituciones, en la que se ha producido un desbordamiento ciudadano de los canales habituales de participación política, en la que las demandas de la ciudadanía han sido tan apremiantes y numerosas que no podían ser satisfechas o aplacadas de un modo u otro por las instituciones, concurrían las circunstancias necesarias para que produjera de manera efectiva no sólo un mayor control y fiscalización de lo público por los ciudadanos sino un incremento significativo de la participación de éstos en las decisiones políticas. Fenómenos como el 15-M, nuevas asociaciones ciudadanas reivindicativas como la PAH o las Mareas, el surgimiento de nuevos partidos que en su estreno mediático proponían un nuevo proceso constituyente, la propagación de procedimientos de elección de líderes por los que se invitaba a votar a la militancia y a la ciudadanía en general, y la promesa de mayor participación ciudadana en los diferentes estratos de la administración pública, auguraban un futuro cercano más democrático y menos representativo. Sin embargo, la inteligencia aplicada a la manipulación nunca deja de sorprender. Por ejemplo, las primarias en los partidos tradicionales han sustituido a la elección colegiada del líder o a la designación discrecional del heredero en el cargo, pero han devenido en impúdicos pastoreos de votos o en una sofisticada y digital ilusión de pluralidad que sólo ha permitido a efectos prácticos la ratificación plebiscitaria, y las consultas a la ciudadanía han desaparecido del argumentario de los partidos, incluso, lo que es más llamativo, de los emergentes.

Podrá decirse, a modo de defensa, que no es esta buena época, precisamente, para experimentos democráticos, ya que las circunstancias económicas son tan graves que se precisa de una jerarquía consolidada en la toma de decisiones (el consenso político, sin ironía, considera que dicha cadena jerárquica comienza en Bruselas) que, parafraseando a Madison, no se deje llevar por las tornadizas pasiones de la opinión pública. No puedo resistirme a señalar, no obstante, que fue nuestro sistema político el que posibilitó (con su marco legal, con su sistema electoral, y con la influencia, por lo que se ve, desmedida de los partidos, que cooptaron de hecho las instituciones públicas) que fuera posible elegir a aquellos representantes que medraron con aquellas prácticas y que han conducido a nuestro país a la situación actual. No resulta descabellado pensar que habría que cambiar el sistema, y no sólo a los representantes, de tal modo que se crearan procedimientos e instituciones que, dado el fracaso político y moral de aquellos, posibilitaran la participación de la ciudadanía, aun sabiendo que es un proceso a medio plazo, no un resultado que se obtiene de inmediato. Panaceas políticas no hay, pero, sin duda, la legitimidad de un sistema que no aliene a la mayoría de la población de la toma de decisiones, por difícil que sea el periodo de aprendizaje de valores y procedimientos democráticos, sólo puede incrementarse. Al fin y al cabo, la democracia es la participación de los ciudadanos, considerados como libres e iguales, en la toma de decisiones que afecten a la colectividad. Lo demás lo podrán llamar como quieran, pero es otra cosa.

Mientras Vds. veían debates, yo leía: mi lista de 2015

Estimados lectores, como el primero de mis buenos propósitos, les escribo a continuación la lista de los 10 mejores libros que recuerdo haber leído este año. No están en orden de importancia: simplemente son los que me han ido viniendo a la memoria. Espero que, si se animan, tras su lectura no aspiren a resolver las complejidades de la política sólo a base de podcasts o de debates televisivos. Los libros cuestan dinero, pero no muerden.

-Challenging Codes.Collective Action in the Information Age, de Alberto Melucci.

No es un libro seminal, ni el más citado, pero si quieren saber algo sobre movimientos sociales, éste es uno de los libros que hay que leer. Es ameno, profundo y presenta una extensísima bibliografía. Después no se quejen si la visión que les da la tele sobre revueltas y desórdenes públicos la encuentran un poco distorsionada cuando ponen un pie en la calle.

-El PCE y el PSOE en (la) transición, de Juan Andrade Blanco. 

Para saber más de las miserias (muchas) y grandezas (pocas) de estos partidos durante la modélica Transición. Este libro no les hará morir de aburrimiento: les sorprenderá (parece imposible) la tortuosidad y la doblez del comportamiento de los políticos. Y eso que creían saber mucho viendo los telediarios.

-En deuda. Una historia alternativa de la economía, de David Graeber.

Un sorprendente recorrido histórico de los (posibles) orígenes de la deuda desde los grandes imperios agrarios (de Babilonia en adelante) pasando por la Conquista/Descubrimiento de América hasta llegar a la actualidad. Como dirían en los suplementos de cultura, "imprescindible". 

-CeroCeroCero, de Roberto Saviano.

Después de leer este libro, uno se siente obligado a no consumir ni mucho menos comerciar con sustancias estupefacientes ilegales. Pero no tanto por razones médicas o legales, que también, sino por todas las barbaridades (y Saviano cuenta muchas) que se cometen por las riquezas multimillonarias que generan. Tremendo, no: lo siguiente.

-Constructing the Political Spectacle, de Murray Edelman.

No es un libro nuevo (1988), pero es bibliografía básica para comprender cómo se construye la opinión pública política en los medios. Hay traducción al español, para que no haya excusa. Si pretenden saberlo todo de política viendo debates electorales o siguiendo a líderes de opinión, este no es su libro: dañaría su ego.

-Sociofobia, de César Renduelles. 

Un jarro de ácido sobre las cabezas de los ciberutópicos y de todos aquellos que piensan que Internet es la solución a los problemas de la democracia participativa. Renduelles traza, por el contrario, un paralelismo entre las formas de colaboración en la Red: copyleft, crowdsourcing, mente colmena, etc., con las prácticas del neoliberalismo. Es un buen complemento (por lo opuesto) o antídoto al libro de Víctor Sampedro El cuarto poder en red, mucho más entusiasta con las posibilidades democratizadoras de Internet.

-Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva, de R. Wilkinson y K. Pickett.

Que la desigualdad deje de ser un concepto vacío que se blande con bravura en las discusiones de barra de bar y se convierta en otro útil para explicar muchas de las patologías sociales puede conseguirse con la lectura de este libro. Sencillo en la forma y complejo en sus implicaciones, Desigualdad tiene su hueco en la estantería para los que quieran ejercer de cuñao comprometido.

-Olygarchy, de Jeffrey Winters.

Este libro es importante porque nos recuerda (ay, Aristóteles) lo que quizá nunca deberíamos haber olvidado: la lucha social de fondo es la de los ricos contra todos los demás. No está en español, pero así es la vida de caprichosa.

-The Origins of Capitalism and "the rise of the West", de E. H. Mielants.

El título explica bien el contenido, pero no que su lectura es de lo más interesante. Otro libro clave para entender cómo es que el mundo es lo que es. La tesis del autor sobre cómo las ciudades-estado italianas primero, y los Países Bajos y el resto de países europeos después dominaron comercialmente el mundo resulta sugestiva. 

-Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica, de Ha-Joon Chang.

No tiene nada que ver con Wittgenstein, así que no corran, malditos. Este economista surcoreano nos explica sin tapujos el porqué de la insistencia de los países más poderosos en acabar con el proteccionismo y las barreras aduaneras de los demás. Un recorrido histórico sobre la supremacía económica. Sencillo, interesante y demoledor. No hace falta haber estudiado Económicas, ni mucho menos, para comprenderlo. Es una obra muy citada en tertulias radiofónicas de izquierda, por lo que siempre viene bien para apabullar al neoliberal de turno.

El movimiento ciudadano: crónica de una transformación

En una época en que los columnistas y caudillos mediáticos de variado pelaje multiplican sus esfuerzos por analizar todo lo imaginable a golpe de suceso de actualidad y de oportunidad política, tiendo a pensar que mis aportaciones a la esfera pública, extemporáneas e impredecibles, se diluyen sin remedio en este torrente de opiniones, frases y tópicos. Mi natural pudor a escribir sin tener una mínima competencia me impele al silencio y me impediría alcanzar, si así lo quisiera, un ritmo de publicación mensual, mucho menos semanal ni, líbrenme los dioses, diario.

Quizá el fenómeno político más llamativo de los últimos meses ha sido la constatación de que un movimiento ciudadano que pretende convertirse en un partido político es devorado por esa última identidad. Si el medio de regulación de un movimiento social es la comunicación, tanto entre sus miembros como en la relación del movimiento con el resto de la sociedad, como partido político el objetivo de sus esfuerzos y la misma manera de relacionarse con otros actores políticos y sociales es el poder. De la incompatibilidad entre los dos medios de integración resulta en un plano sociológico la decepción, el desánimo y el abandono de aquellos miembros del movimiento social que no han sido capaces o no han querido incorporarse al partido político transmutado. Por otro lado, gran parte de simpatizantes del movimiento, que en un primer momento devinieron potenciales votantes del nuevo partido, al cabo del tiempo comprueban que las exigencias de la lucha política, y, más en concreto, de las contiendas electorales obligan a un así llamado pragmatismo y a una moderación política que traicionan los principios y objetivos de aquel movimiento ciudadano.

 Ese nuevo partido político ya no aspira a convencer a los ciudadanos mediante la incorporación a la esfera pública de un nuevo discurso, con nuevos relatos y nuevos conceptos, la visibilización de asuntos hasta ahora opacados por consenso político y la inclusión de sujetos o grupos sociales secularmente marginados por su posición en la estructura económica o social. El nuevo partido aspira ahora a gustar al votante común. La diferencia resulta evidente: en el primer caso se aspira a un cambio cognitivo e, incluso, moral, transformando la visión del mundo del ciudadano y, por tanto, también sus preferencias e intereses. En el segundo caso, quien se transforma es el propio partido (si esta transformación es meramente asunto de propaganda es otro asunto) que pretende acomodarse a las opiniones del votante medio. Votante medio que, según se entiende, se encuentra en el centro político, que es el espacio político mayoritario. Así, el otrora movimiento ciudadano se ha convertido en un partido político cazavotos, es decir, en un partido que para ganar unas elecciones, según el manual estándar de ciencia política, debe deshacerse del lastre ideológico (el que sea) que pueda asustar al votante de centro, al que se le supone moderado. Por otro lado, aunque también merecería una entrada propia para hablar de su funcionamiento y de sus características estructurales, un partido al uso suele ser jerárquico, con un núcleo irradiador del que emana un líder, que en la tónica personalista de la política será sobre el que se centrarán los mensajes con los que se pretenda cautivar al electorado. Los movimientos ciudadanos suelen ser, por el contrario, asamblearios y deliberativos, con una dirección informal y horizontal (aunque no es una condición necesaria y en algunos casos no es así). 

Precisamente, la renuncia a conquistar el poder político es lo que caracteriza a los movimientos sociales. Más allá de que puedan ser movimientos de uno o más objetivos o reivindicaciones, dicha autolimitación les posibilita la crítica más allá de los límites de un consenso político establecido por las élites. Su independencia  del favor de una mayoría política le permite atacar tanto los conceptos como la práctica dimanantes de un sentido común que puede estar reñido con valores de justicia o de solidaridad, entre otros. En teoría, si se resisten a la cooptación por un partido político o por las instituciones del poder estatal, el movimiento puede influir de manera poderosa en la esfera pública y crear un nuevo estado de opinión. Los métodos que deba utilizar para conseguirlo serían materia de otro artículo, pero atraer la atención de los medios de comunicación masivos se encuentran entre ellos, así como también desde hace algo más de década y media la presencia en Internet con la creación de sus propia páginas o la inserción de perfiles en las redes sociales más populares; también es habitual la práctica de entablar demandas judiciales o las manifestaciones callejeras.

Así, en el caso del que hablamos, el antiguo movimiento ciudadano, trocado en partido político y con la vista puesta en las próximas elecciones, ha pasado de desafiar el relato fundacional de la democracia española como es el de la modélica Transición, de poner en tela de juicio prominentes instituciones como la Jefatura del Estado o de prometer la intervención en escenarios económico-sociales como el de los medios de comunicación a admitirlos como males menores. La pregunta que puede uno hacerse es que si la conversión de movimiento ciudadano a partido político obedecía a la cuestión de llevar a cabo, con el poder que confiere el control de las instituciones estatales, aquellos primeros objetivos, pero para poder ganar las elecciones y ocupar el poder ese partido debe renunciar a tales objetivos, ¿qué sentido tiene dicha conversión? Ya tenemos suficientes partidos posibilistas, que renuncian a profundizar en la democratización de la sociedad y de la Administración, que se resisten también a plantear una alternativa al sistema de mercado y al capitalismo tal y como están hoy establecidos, que tampoco confían en reformar las reglas del sistema político para hacerlo más inclusivo y participativo, y que se limitan a gestionar el estrecho ámbito que las reglas de funcionamiento económico mundial y el statu quo político internacional (OTAN y UE, por ejemplo) permiten. En ese sentido, el nuevo partido político no aporta nada nuevo o, al menos, nada que desafíe la deriva del actual sistema democrático-liberal, que se muestra incapaz, si no perpetúa, las desigualdades sociales y económicas, que tienen asimismo su reflejo en la menor capacidad de acción política de aquellas personas y colectivos que más las sufren. En cambio, da la impresión de que aquellas reivindicaciones del entonces movimiento ciudadano que despertaron a gran parte de la ciudadanía del sopor político de decádas de consenso entre los partidos tradicionales se han perdido por el camino. 

La valentía política es un concepto que suele malinterpretarse, confundiéndolo con hablar con voz atronadora y mostrar el ceño fruncido delante de una cámara o blandir el puño en alto rodeado de correligionarios. A mi entender, consiste más bien en tomar decisiones que ayuden a los más desfavorecidos, que contribuyan a la igualdad social, que promuevan la participación política de los grupos marginados aun a sabiendas que dichas medidas suscitarán la ira de los sectores más poderosos que no quieren que nada cambie si no es en su beneficio. En definitiva, valentía política es atreverse a hacer lo posible por crear una sociedad más justa.

Tarea para septiembre

Pretendía dejar pasar agosto, con sus nimbos despanzurrados, el bochorno de media tarde y esa sensación de tiempo a cámara lenta, sin escribir en este espacio, tan personal y tan público a la vez. Sin embargo, esa misma sensación de estanque comunal, de aire petrificado entre telarañas, ha hecho surgir en mí un deseo inconsistente de ruptura, espasmódica rebeldía, que se ha plasmado en las siguientes reflexiones:

Como si uno despertara de un enamoramiento tan incontrolado como fugaz, tras el cual el objeto de ese sentimiento aparece no tal y como es en realidad, pues a esa realidad no se puede acceder tal cual es, sino de modo aún peor, ya que reparamos en rasgos que incitan, ahora, a la hostilidad o al asco, así me ha ocurrido con lo político. Los usos, modos y costumbres de los partidos tradicionales han acentuado su ranciedad, aun vistiéndose alguno de ellos con ropajes de marketing anglosajón. No cambiarán. Ni siquiera podrían, aunque algún líder clarividente así lo pretendiera. Su imbricación con el sistema político y económico es tan fuerte, al igual que sus prácticas de clientelismo social, que no es posible imaginar que una renovación democrática igualitaria provenga de ellos. Por otro lado, los partidos emergentes siguen siendo una incógnita en cuanto a su gestión de gobierno, al menos en Canarias. En su funcionamiento interno, ya he hablado en artículos anteriores, por lo que sólo me cabe recomendarles su lectura para no repetirme.

En Las Palmas de Gran Canaria, el gobierno municipal formado por un tripartito progresista (PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias) ha demostrado, en sus escasos dos meses, un continuismo político total con respecto al gobierno anterior (PP). Cuando digo "continuismo" no me refiero a que se limiten a prorrogar o renovar las partidas presupuestarias, no, sino a que su concepción de la política, la economía y la sociedad es, en esencia, idéntica. Lo mismo podría decirse del otro pacto progresista, el del Cabildo insular de Gran Canaria (en este caso, Nueva Canarias, PSOE y Podemos). Es más, hasta los miembros del partido que podía suponerse, a priori, más contestatario, declaran su "orgullo" por formar parte del consejo de administración de instituciones deportivas o culturales propiedad de la institución pública.

En ambos casos, Ayuntamiento y Cabildo, los partidos nuevos, hasta el momento, han evidenciado únicamente que la satisfacción por canalizar las expectativas de renovación y democratización de las instituciones de gran parte de la ciudadanía se ven colmadas con la ocupación del poder (o parte de él). Hasta el momento, las promesas de participación ciudadana se han evaporado tras los calores de los festejos electorales, y todo el repertorio de medidas simbólicas se ha reducido a no aceptar entradas gratis para los eventos culturales y deportivos. A este respecto, es justo señalar que tanto PSOE como NC han sido exquisitamente coherentes con su trayectoria histórica y con su concepción de las jerarquías sociales y en ningún momento han considerado conveniente hacer lo mismo.

Es un lugar común señalar que cuantas mayores sean las expectativas, más profunda será la decepción. Por lo tanto, parecería razonable no esperar demasiado de estos  grupos de gobierno y optar por refugiarnos de nuevo en la apatía política, cuando no en el desdén o en el cinismo. Sin embargo, no deberíamos volvernos coextensivos con las siestas de verano sino, en cambio, procurar mantener en alerta nuestra capacidad reflexiva y la conciencia crítica. No parece inteligente dejarlas en manos de nadie, ni de los partidos viejos ni de los nuevos. Éstos últimos no han demostrado nada todavía, y ni siquiera en el caso de que lo hicieran deberíamos delegar en ellos ni la responsabilidad ni la disposición a pensar las múltiples posibilidades de transformación democrática. Incluso, me atrevería a decir, sería un error cederles por completo la iniciativa, pues es dudoso que estén a la altura intelectual de la tarea y también que, en su caso, dispongan de la valentía política requerible. Necesitamos que los actores de la sociedad civil comprometidos con principios y valores democráticos y los ciudadanos que, tanto en la charla informal en la cafetería como en su particular tribuna en blogs como éste o por cualquier otro medio, muestran su interés por cómo se plantean, articulan y ejecutan decisiones que afectan a la colectividad no cejen en su actividad comunicativa de problematización, denuncia, protesta y visibilización. Sin ellos, tanto con partidos viejos como nuevos, con think tanks de derechas o de izquierdas, con sociólogos orgánicos de un lado o de otro, jamás conseguiremos hacer una sociedad más justa y más igualitaria, si es que es eso lo que queremos.

Por otro lado, no es descabellado pensar que salvo dos o tres colectivos prominentes, nuestra sociedad civil, la canaria, en particular, carece de la fuerza movilizadora necesaria para influir de manera significativa en las instituciones políticas. Más convincente es concebir nuestro espacio público como ocupado por grupos de interés, que, como tales, enfocan su actividad a sus propósitos particulares, a despecho o sin tener en cuenta el interés general. La concepción de una esfera pública en el que intereses egoístas dirimen sus fuerzas es quizá la que intuitivamente nos resulta más familiar. Grupos empresariales y partidos políticos, en interesadas, fluidas y sinérgicas relaciones con los medios de comunicación, acaparan los espacios de expresión. Los altavoces más potentes están a su disposición, las columnas de opinión se ocupan, de modo peculiar, de sus batallas, a veces en términos tales que resultan enigmáticos o incomprensibles para el lector ingenuo. Economía, política y comunicación se funden en una cópula asimoviana por la que se conciben leviatanes mucho más despiadados que el hobbesiano.

Como conclusión, si tenemos una sociedad civil en general desmovilizada, una esfera pública ocupada por empresas y partidos políticos y unas instituciones políticas representativas que consideran que la legitimidad periódica de las urnas es toda la que necesitan para ejercer su labor, el panorama que se nos presenta resulta desalentador, y la tarea para transformarlo, hercúlea.
Ya tienen tarea para septiembre.