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viernes, 10 de octubre de 2014

Sentido de Estado

No seré el primero en señalar que, en las Comunidades Autónomas y en las provincias, los partidos políticos, las diferentes élites locales en su ámbito de influencia y las plataformas ciudadanas rara vez proponen un proyecto político que abarque España entera. Lo común es que dichos proyectos se circunscriban a su ámbito geográfico, o bien que nacionalidad se entienda en clave nacionalista o independentista respecto de España. Situándonos en el primer caso, me pregunto si no estamos asumiendo acríticamente que esos proyectos regeneradores, reformadores o rupturistas de orden político son cosa de "los de Madrid". Como si las élites de la capital del Estado fueran y debieran ser las encargadas de idearlos, plantearlos y ejecutarlos, y nos quedara al resto de ciudadanos habitantes de las demás comunidades asistir en calidad de meros espectadores, con la carga de pasividad intrínseca que comporta representar tal papel. 


He hecho mis pinitos en eso de la democracia deliberativa.
Ignoro si en estos momentos en los que parecen percibirse cambios en la autocomprensión política e histórica de nuestro país, disponemos en Canarias de políticos con perspectiva estatal, no sólo preocupados por su puesto en la lista electoral local y su ámbito de influencia clientelar; si contamos con intelectuales para realizar análisis y diagnósticos políticos no mediados por intereses espurios y que, además, se atrevan a formular propuestas normativas, aportes teóricos que contribuyeran a desarrollar nuestra democracia, que parece vieja por mor del exagerado paternalismo político que hemos padecido y de la delirante mitificación de su génesis, que ha devenido en su parálisis; si, además, ha florecido una sociedad civil pujante que, independiente del Estado, de los partidos políticos y  de confederaciones empresariales y financieras varias (todos empeñados en convencernos de que saben lo que más nos conviene a pesar de nosotros mismos), esté comprometida con la democratización de los diferentes ámbitos de nuestra sociedad: la democracia como punto de partida, no como punto de llegada; proceso inconcluso e inconcluible.



¿Intelectuales en Canarias? No me lo creo.

Ahí radica la duda. O, si somos de natural pesimistas, más bien algo cercano a la certeza: los políticos locales no parecen contar entre la ciudadanía con demasiado predicamento. Su singular concepción de la cercanía (que se limita a la aparición casi diaria en los medios de comunicación), la incompetencia reconocida de muchos y la indigencia moral de otros, además de la larga lista de imputados y de la algo más corta de condenados por la Justicia, se combinan para que se pueda afirmar sin esperar excesiva contradicción que es general el desprecio ciudadano por la clase política canaria. Por otro lado, afirmar que existan intelectuales en nuestra Comunidad resulta aventurado. Al menos, si no los identificamos con los "líderes de opinión" o los columnistas de a destajo, cuya multiplicidad de esfuerzos es encomiable, ya que no la complejidad de sus análisis ni el altruismo de sus fines. Si atendemos a una definición, mucho más exigente, como la de Axel Honneth, la tarea se complica, pues éste introduce una distinción entre intelectuales normalizados y lo que denomina crítica de la sociedad:


"Mientras el intelectual  normativo está ligado al consenso político que se puede considerar expresión de todas las convicciones morales en las que se superponen las visiones del mundo plurales, la crítica de la sociedad está exenta de tales limitaciones porque pretende precisamente cuestionar las convicciones de fondo de ese consenso. Mientras que la crítica de la sociedad puede permitirse exageraciones y parcializaciones éticas, el intelectual de hoy se ve obligado a neutralizar todo lo que pueda sus vínculos ideológicos porque dentro de lo posible tiene que encontrar aprobación en el espacio público político. (...) el intelectual tiene que publicitar su opinión con argumentos hábiles, mientras que el crítico de la sociedad puede intentar convencernos de lo cuestionable que resulta la praxis establecida haciendo uso de una teoría impregnada de ética"(1) 

En este sentido, en nuestra Comunidad ni siquiera nos sobran intelectuales normalizados. Al menos, no aparecen en los medios de comunicación locales, mucho más propensos a proporcionar espacio a los ya mencionados "líderes de opinión" o a los expertos de turno. Ambos, al igual que el intelectual normalizado o mediático, jamás ponen en cuestión el marco  en el que se generan las polémicas del momento. Céteris páribus, encontrarnos a un crítico de la sociedad resulta, por tanto, improbable. 



"Ya estamos en el mapa mundial de..." (y añádase lo que proceda).

Por último, si hay un momento en que la sociedad civil, vía asociaciones ecologistas, plataformas ciudadanas y oenegés de diverso tipo, por ejemplo, estén desempeñando un papel activo y visible (sobre todo, desde el 15-M) es ahora. Otro asunto, sin embargo, es que tal fermento reivindicatorio de la sociedad civil sea trasladable a la mayoría de la ciudadanía canaria, que, como sabemos, fue al igual que la del resto de España instigada a abrazar valores individualistas y consumistas, en sintonía con el credo economicista y neoliberal (con sus valores, entre otros, de competencia, meritocracia y sospecha del Estado social) en estas décadas de democracia constitucional. A falta de comprobación empírica al respecto, tengo la impresión de que la proliferación de protestas por la crisis económica y por asuntos de ámbito más circunscrito como las prospecciones petrolíferas han generado mayor grado de conciencia de la política, en lo que parece haber sido una consecuencia positiva, que no es poco, de aquella crisis.

Me pregunto, en fin, si desde nuestras peculiaridades culturales, históricas y geográficas, si desde nuestra posición periférica política, somos capaces de imaginar nuevas posibilidades de convivencia, de desarrollar nuevos diseños democráticos, de plantear herramientas deliberativas aplicables en una multiplicidad de ámbitos, no solamente institucionales, que puedan tener dimensión nacional. Es posible que para dar una respuesta afirmativa a estas preguntas sea necesario reconfigurar de un modo radical nuestra visión personal y colectiva de la política: formación, participación, deliberación, compromiso. No son sólo los políticos los que deben tener sentido de Estado.


(1) "La idiosincrasia como medio de conocimiento. La crítica de la sociedad en la era del intelectual normalizado", en HONNETH, A. Patologías de la razón. Historia y actualidad de la teoría crítica, Madrid: Katz, 2009. 

martes, 22 de julio de 2014

El caballo de Troya en los medios de comunicación


Al menos un dilema de carácter moral debe formularse de entrada todo aquel que aspire a participar en la esfera pública en calidad de experto o de intelectual. Un dilema que surge, sobre todo, cuando pretende participar de modo regular en uno o más medios de comunicación. ¿Debe cobrar por participar en un debate o tertulia en un medio comercial o, por el contrario, debe limitarse a exponer su visión de la sociedad y su -en el caso de que la haya- crítica, despreciando todo tipo de remuneración? 

Por un lado, el medio de comunicación comercial, es decir, no público, con accionariado privado y, al menos en teoría, independiente tiene varios objetivos no excluyentes: ganar dinero para retribuir la inversión de sus accionistas y asegurarse su supervivencia, conquistar una posición influyente en la esfera pública que le otorgue capacidad negociadora con el gobierno de turno (este objetivo no es obligatorio, pero sí común entre los grandes medios, que suelen pertenecer a grandes holdings) y propagar una cierta visión del mundo de acuerdo con sus intereses o su ideología (la de los dueños). Es una empresa con ánimo de lucro y que, por tanto, opera con la lógica competitiva que le es propia. Por otro lado, y ya introduciéndonos en la retribución monetaria de empleados y colaboradores, no es extraño que en la parrilla de programación de una radio, por ejemplo, el conductor de un programa cobre un "extra" por gestionar la publicidad que se emita en él. Así, el periodista cobra, los técnicos cobran (salvo los becarios en su nueva modalidad de indigencia) y la empresa gana dinero (al menos, idealmente), pero quien aporta un  diferencial, quien en este caso ya sea experto o intelectual aporta un contenido más allá de la mera opinión, suele ser el único que no cobra, a pesar del enorme costo y esfuerzo que dicha formación ha supuesto a lo largo de la vida. 
(Nota: en el nuevo paradigma económico-mediático, no es raro encontrar a periodistas que no cobren, o que cobren por debajo del salario mínimo.)


Los presentes griegos no pasan de moda (Foto: Wikipedia)

Es evidente que no toda remuneración ha de ser monetaria. Hay otras retribuciones intangibles que también cuentan: la visibilidad en la esfera mediático-pública y los contactos con otros expertos, políticos y periodistas, sobre todo. Pero, ¿cuál es el fin, en todo caso, del intelectual que participa en la esfera pública? ¿No es, acaso, poner en duda el mismo marco político en el que actúa políticamente, el mismo marco comunicativo en el que interviene? No, si aceptamos la diferenciación que hace el filósofo Axel Honneth entre intelectual y crítico social. Resumiendo, el primero se encargaría de opinar sobre temas de actualidad, más o menos acuciantes, sobre los que se le pide su opinión ya en calidad de técnico experto, ya en calidad de su prestigio académico sociológico o periodístico. Es, en todo caso, una crítica en el sistema. El segundo bien puede hacer lo mismo, pero está más preocupado por poner en cuestión los mismos fundamentos del sistema en que se ha generado dicha polémica o asunto. Intenta hacer visibles, y así los pone en el disparadero, los valores, pensamientos y hábitos inconscientes sobre los que elaboramos nuestros juicios, ese habitus del que hablaba Bordieu.  Si hablamos, entonces, del crítico social, ¿no debería llevar a cabo su actividad crítica de modo, si no altruista, sí despreocupado por la remuneración y cualesquiera otros beneficios de tipo personal que pudieran derivarse de esa intervención en la esfera pública? 

La posibilidad de ser un caballo de Troya que, desde el interior de los medios, pudiera reventar el sistema aparece como una posibilidad tentadora, aunque quizá un tanto megalómana, por la dificultad de la empresa, sobre todo para una sola persona. Además, ¿acaso el percibir una remuneración por una actividad intelectual crítica es en sí mismo una mancha en el prestigio del crítico social o del mensaje que se intenta transmitir? Se podría pensar, por un lado, que si dicho crítico social cobra de un medio por participar, no es ilógico pensar que su discurso podría resultar sesgado o manipulado. Sin embargo, eso que puede ocurrir con un empleado de la empresa o incluso para un intelectual de la casa no rige para alguien a quien se le paga precisamente para que dé una opinión como sólo el crítico social puede dar. Por otro lado, también podría justificarse la aceptación del pago por la doble ironía que ejercería ese crítico: ¡no sólo procura dinamitar el sistema desde dentro sino que cobra por ello!


Intelectuales, críticos sociales... ¡No son lo mismo! (Wikipedia)

Sea como fuere, a nadie se le escapa que la actual eclosión de debates y tertulias políticas en los medios de comunicación responde, por un lado, a la difícil situación de nuestro país en todas las áreas y, por otro, a la gestión mediática que del conflicto ideológico se hace, en forma de espectáculo. Los debates tienen audiencia y, por tanto, terceras empresas están dispuestas a pagar por insertar sus anuncios. Salvo que se disponga de un medio de comunicación propio o, al menos, de un programa, el intelectual y el crítico social se acomodan al marco mediático existente, sobre el que no tienen control ni dirección algunos, salvo en los momentos en que se les concede la palabra. Por ello, de alguna manera, por muy caballo de Troya que uno pretenda ser, de algún modo está colaborando en el mantenimiento del statu quo. Su misma presencia -crítica incluida- tiene esa doble faz.


Ni consenso ni nada: democracia agonística.
¿Cuál es entonces la alternativa? Una posibilidad que debe introducirse en las discusiones es la de facilitar a la sociedad civil los instrumentos comunicativos básicos para que ciudadanos particulares y colectivos tuvieran también oportunidad de exponer sus ideas y reivindicaciones. Eso podría hacerse mediante la creación de plataformas de comunicación públicas, pero sin intervención estatal de contenidos (salvo, quizá, las atentatorias contra los derechos humanos o manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales de la Carta Magna) en el que los colectivos más invisibilizados tuvieran presencia; espacios en los que ciudadanos competentes en su materia pudieran también hacerse oír. Que todo ciudadano preocupado por la política pudiera, en definitiva, expresarse y ser escuchado. El panorama actual es que sólo unos pocos pueden participar en la esfera pública y ejercer cierta influencia. Se da el caso que los mismos que tienen tribuna propia, como los directores de periódicos, además disfrutan de la posibilidad de participar en otros medios como en las radios y en las televisiones. Además, los columnistas de a diario nos sermonean desde sus púlpitos, y los así llamados líderes mediáticos pontifican de todo sin posibilidad de ser cuestionados.

En un sistema democrático-deliberativo, sin ninguna aspiración a llegar a un consenso político definitivo, pero precisamente por ello, resulta indispensable no circunscribir el debate a unos cuantos elegidos. La aportación de voces, visiones, conocimientos y valores hasta ahora fuera de la esfera pública no puede sino tener por consecuencia un enriquecimiento de la democracia. Dicho sistema tendría una doble vertiente epistémica y moral que lo  legitimaría de un modo que nuestro actual sistema liberal representativa nunca alcanzará. Quizá entonces, la discusión de cobrar o no cobrar carecerá de sentido.