Sobre las virtudes ciudadanas

Es difícil negar la importancia de los medios de comunicación. Idealmente, la información que proporcionan sirve para que el ciudadano pueda guiarse por los laberintos políticos, económicos, culturales, y de otra naturaleza, que toda sociedad compleja no deja de generar. Esa guía, también idealmente, proporcionaría al lector/ciudadano las herramientas conceptuales necesarias para hacerse una idea sobre sus preferencias políticas y, llegado el momento, para decidir su voto. En la práctica, el asunto es bastante diferente, y me remito a las numerosas entradas que he escrito al respecto y a la ingente bibliografía que existe sobre los medios de comunicación y la esfera pública.

No obstante lo anterior, a veces es necesario un distanciamiento con respecto al ruido y a la furia que nos transmiten los medios. Al igual que cuando se le quita el sonido a la televisión, los personajes del escenario político se perciben de otra manera. Las palabras dejan de encubrir los actos, y éstos se muestran desnudos, no tal como son (no hay esencia a la que podamos acceder), pero sí diferentes. La palabra sirve para informar, para comunicar y para dialogar. También, como sabemos, para manipular, mentir y engañar. Una ciudad solitaria de mañana de domingo lluvioso nos proporciona una información distinta a la que podemos obtener del ajetreo y bullicio propios de los días laborables. Ninguna es la verdadera, ninguna es la misma por separado.

En todo caso, el ciudadano que mantenga la ilusión de estar informado está expuesto a todo tipo de opiniones e informaciones no sólo contradictorias, sino, en numerosas ocasiones, sesgadas. El liberal optimista concluye que de dicho entrecruzamiento puede extraerse algo parecido a la verdad, cinismos aparte. Yo más bien tiendo a pensar que sin duda no es malo informarse de fuentes diversas, pero que es probable que leer muchos periódicos no nos beneficie gran cosa, al igual que oír muchas tertulias en la radio o ver debates en la televisión. Quizá las lecturas, y la atención en general, deban enfocarse no tanto en la cantidad como en la calidad. No será por falta de monografías de fundado prestigio en cualquier rama del saber. Esto no presupone una determinada ideología, sino la apertura a exposiciones razonadas, la apreciación de la fortaleza de los argumentos, seguidos de la obligada reflexión personal y la extracción de conclusiones a posteriori sobre ellos. La comprensión social y política es un proceso cognitivo e intelectual, y apelar a la tradición, cuando no resignarse al conformismo o sufrir algún tipo de dominación no pueden ser alternativas aceptables en una democracia. 

Así pues, debemos de encontrar y fomentar en nosotros mismos reflexividad crítica, voluntad de aprendizaje y esfuerzo intelectual. Con esas virtudes, podemos abordar la información proveniente de los medios de comunicación con principios y conceptos con los que aquellos puedan sernos, de algún modo, útiles: separar el grano de la paja, cuando sea posible; detectar la desinformación; neutralizar la mentira. 

Sólo con la incorporación de esas características, que me he atrevido a denominar virtudes, considero que puedan tener éxito procesos deliberativos que aspiren a profundizar en la democracia existente (o, si nos atenemos a un concepto de democracia más restrictivo, a iniciar la transición de un sistema meramente representativo a uno que incorpore la democracia en su seno). Democracia entendida como gobierno del demos, producto del cual surge una legislación que el demos se da a sí mismo. Democracia que no está reñida con parte del andamiaje liberal de separación de poderes y carta de derechos fundamentales. Una democracia que rebaje el peso de la delegación o representación, sobre todo cuando se monopoliza dicha representación por los partidos políticos, y aumente el de la participación popular. Un sistema político que, en definitiva, promueva la autonomía personal y el autogobierno colectivo.

 No pretendo, en todo caso, deslizar de contrabando una especie de paternalismo político al señalar estas virtudes como necesarias en una ciudadanía que se pretenda deliberativa y democrática, sino solamente señalar que frente a la inundación diaria de informaciones de la miríada de esclusas de información no es difícil llegar a conclusiones precipitadas y tajantes sobre fruslerías mientras que permanecemos en la inopia sobre asuntos de capital importancia. La esfera pública está oligopolizada por unos pocos conglomerados empresariales, propietarios de los medios de mayor influencia y alcance, que no dudan en ejercer su poder cuando ven amenazados sus intereses o cuando quieren ponerse al servicio de proyectos que consideran beneficioso para ellos. Ser consciente de esta situación es el primer paso para abandonar la ignorancia, para que, parafraseando a Kant, tengamos valor para servirnos de nuestro propio entendimiento.

Tampoco pretendo hacer mía, ni mucho menos, la objeción de la ignorancia pública, por la que se justifica el alejamiento de la ciudadanía de la toma de decisiones políticas alegando su ignorancia o su apatía, sino promover su empoderamiento. Al igual que no puede haber verdadera democracia en una sociedad con gran desigualdad económica, tampoco la puede haber en una con gran desigualdad educativa. No hay que justificar la dominación política sobre la base de la disparidad en riqueza o en educación, sino promover la democracia reduciendo al mínimo las desigualdades que la minan. Uno sabe, grosso modo, de qué pasta política está hecho cada cual cuando se opta por defender la primera o la segunda posición.

Ya ven, uno comienza reflexionando acerca de los medios de comunicación y de la deplorable esfera pública en la que nos comunicamos y recibimos información, y acabamos criticando la mala salud de nuestro sistema político. Lo peor, sin embargo, es de lo que no hablamos, de la sociedad civil adormecida, de sus potenciales agentes democratizadores desactivados, de la ciudadanía que permanece impertérrita. Siempre hay excepciones, por supuesto, y a ellas nos aferramos los que aún mantenemos la esperanza.

La esfera pública sucedánea

Para aquellos que, de repente, nos damos cuenta de que nos encontramos en la madurez vital, resulta sorprendente, a la vez que catalizador de una gran melancolía, constatar cuán equivocados estábamos sobre tantas cosas. En ocasiones, tenemos la impresión de que hemos llegado demasiado tarde a demasiadas cosas, y en otras, en las que quizás fuimos pioneros, la frustración de lo prematuro las ha arrojado a los márgenes de nuestra memoria.

Permítanme una precisión: este no es un blog filosófico, muchos menos histórico: más bien tiene algo de agitador de conciencias (comenzando por la mía) y un poco de no dejar pasar de largo. Es un blog, en realidad, para acusarme, para acusarnos, por nuestra inacción como ciudadanos, de nuestra parálisis como comunidad, de nuestra falta de entusiasmo por la justicia y de nuestra ignorancia democrática.

Sírvanos lo anterior para hacer un ejercicio, que me gustaría colectivo, de penitencia social: salvo excepciones, como quizá pudo ser (en algunos sitios más que otros) la protesta ciudadana contra las catas petrolíferas hace no demasiado tiempo, o el Salvar Veneguera (que parece en retrospectiva la edad dorada del movimiento ecologista en nuestra Comunidad) la sociedad civil en los diferentes microesferas sociales isleñas se ha caracterizado por su apatía, por su conformismo y por su atomismo (que diría Charles Taylor). 

Hablemos de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante LPGC), la ciudad con el nombre más largo e incómodo que conozco. En un pasado reciente, se han perpetrado en ella decisiones políticas de largo alcance, de dudosa gestión y de resultados comprometedores para la ciudadanía sin que nos hayamos inmutado. Es posible que esta ciudadanía, en nuestra isla, en nuestra ciudad o pueblo, sólo se sienta impelida a salir a la calle cuando ha visto antes por la televisión una manifestación similar en Madrid o Barcelona. Así somos, orgullosos de lo de fuera. Por otro lado, y aquí reconozco mi posible ceguera, es posible que en ocasiones haya surgido el disenso e incluso protestas públicas, pero, por lo que se refiere a los medios de información locales, da la impresión de que existe un consenso de fondo, tácito, asumido, por el que los grandes proyectos aprobados por el gobierno conjunto de políticos y empresarios cuentan con toda la aprobación necesaria: la de los representantes públicos y la de los creadores de riqueza. Se ve que el concepto de democracia como el de la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas es un concepto decimonónico y extranjero. No forma parte de aquello que se suele incluir como "lo nuestro". Veamos:

a) Se privatiza la empresa municipal de agua en LPGC en 1993 bajo mandato municipal socialista. Un monopolio natural que no se ajusta a las leyes del mercado en lo que se refiere a la competencia: parece lógico que no pueda haber varias empresas suministradoras de agua corriente. Se privatiza en un marco político e ideológico proclive a la entrega al mercado de esferas y sectores de los que se ocupaba hasta entonces el Estado por buenas razones. Razones que siguen siendo las mismas: una empresa pública gestiona un bien público para satisfacer una necesidad ciudadana. En cambio, una empresa gestiona un bien público para obtener beneficios. A veces, demasiadas, dichos beneficios priman sobre la satisfacción de la necesidad ciudadana, y ejemplos hay para todo el que quiera molestarse en informarse. Pero ya se sabe, la ideología dictaba que la empresa privada gestiona mejor que la pública porque persigue beneficios. Parece contraintuitivo, y lo es, pero ha pasado a formar parte del sentido común. Suele denominarse zombi a una idea que ya ha sido refutada, pero que sigue siendo dominante. Nuestra esfera pública vive todo un apocalipsis zombi.

b) Se construye un Auditorio en LPGC (a cargo del Gobierno de Canarias y otras entidades públicas) que viene a costar unos 5.000 millones de pesetas. En la capital tinerfeña, se construye otro que cuesta finalmente 12.000 millones (¡Calatrava, un beso!). Era el precio de la Cultura. El precio que las élites de ambas islas estaban dispuestas a pagar por sus gustos con el dinero de todos, incluidos de aquellos a los que ese concepto de Cultura no les decía nada o que habrían preferido subordinarlo a otras prioridades. Eran los buenos tiempos, claro, y no había pobres ni gran desigualdad, según cuentan las crónicas palaciegas. Además, se construyeron auditorios, palacios de congresos, museos, galerías, etc., todo a cuenta del erario. Hasta Teror construyó su auditorio, que se creen. Tenemos, no lo olvidemos nunca, un Festival de Música que nos pone en el mapa planetario del buen gusto musical (menos en la próxima edición, según el bando de los nostálgicos). Traemos a orquestas e intérpretes de talla mundial. Lo que haga falta. Ya se sabe que cuando la ciudadanía demanda Cultura, no para hasta que lo consigue. Era la famosa burbuja cultural: toda España se enladrilló de lo que algunos llaman contenedores culturales, todos los gobiernos autonómicos, todos los ayuntamientos se sumaron a la orgía del caché desmesurado. El resultado está a la vista:  no hay nadie que no se haya vuelto más culto, incluso parados, desahuciados, jubilados, inmigrantes y siervos de la gleba. Es la transversalidad de la Cultura.

c) Una biblioteca del Estado que se construye en un espacio cedido por el Ayuntamiento de LPGC, en 2002. Por lo visto, se requería la elaboración de un plan especial que no se hizo (maldita burocracia). Los tribunales sentencian que se derruya. El Ayuntamiento se resiste legalmente una y otra vez y al final logra que permanezca incólume: el Ayuntamiento como héroe; la ciudadanía como damisela rescatada en el último momento. Unos edificios de altura desvergonzada situadas en el solar del antiguo canódromo en el que al parecer tampoco podían construirse. Parcelas que se permutan, dinero público que se va y nunca vuelve: total, el dinero de todos no es el dinero de nadie. El cielo es el límite.

d) En la misma línea de merecemos lo mejor porque lo valemos se buscó dinero hasta debajo de las piedras para acometer la ansiada reforma del Teatro Pérez Galdós en LPGC (2004-2007). Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento... Hasta el ministerio del ramo (Cultura) puso pasta. El coste total, unos 30 millones de nada. Además, esa primera temporada costó 8 millones, ya que escatimar era de lo más inapropiado. Era la época en la que España aspiraba a la Champions League de las economías y nuestra ciudad a figurar en todo mapa que se blandiera, por absurdo que fuera. No como ahora, claro. De esto hace ya tres alcaldes y una alcaldesa, que nunca entendió cómo no fue reelegida. Si sólo hay que tener memoria. Memoria cultural, se sobreentiende. Para reinaugurar el teatro, se programó nada más y nada menos que la Tetralogía del Anillo, que para los entendidos de la ópera es un asunto muy serio y, para algunos menos refinados sólo nos recuerda a Gollum. Tiempo más tarde, a un periodista-directivo se le ocurrió endosar a las cuentas públicas su capricho artístico. Resultado, una ópera justificadora de la conquista castellana de las islas que costó varios millones de euros. Asistió al estreno el presidente del Gobierno de Canarias, de supuesta ideología nacionalista. No consta que saliera exultante del teatro y se la recomendara a sus amigos.

e) Entramos en el periodo de crisis  (2010) y nuestro amadísimo y culto alcalde de LPGC decreta que la ciudad necesita una seña de identidad, un icono. Él, claro, conoce la solución: una escultura a la entrada de la ciudad desde el sur. Exordio, el Tritón costará al Ayuntamiento, es decir, a todos sus vecinos, unos 300.000 euros. Al parecer, había crisis, pero no pobreza. O había pobreza, pero no importaba. En una conversación por facebook, el artista-escultor justificaba el gasto porque eso daba de comer a muchas familias (operarios y tal, además de a él mismo) y por ende la ciudad contaría a partir de entonces con una seña de identidad. Al parecer, el asunto icono-seña de identidad era un asunto que, otra cosa no, pero que tenía la virtud de enardecer a las masas. Al dichoso icono hubo que ponerle una peana más grande después de la inauguración porque los turistas que venían en guagua no lo veían. El tritón no daba la talla, podría decirse. Hoy en día la zona parece que se ha convertido en un picadero. No, caballos no hay.

f) Ya atravesada la crisis financiera por la que había que salvar cajas y bancos porque si no se colapsaba la Economía, y transformada a posteriori en crisis de deuda de hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades, el Cabildo de Gran Canaria decidió gastar a lo grande, no en Cultura esta vez, sino en Deportes (2014). Y nada mejor que un pabellón casi en exclusiva para el club profesional de baloncesto sufragado también por el Cabildo, o lo que es lo mismo, por la ciudadanía grancanaria. ¿Gasto? Casi 70 millones de euros. Añadamos que el Cabildo también se encarga de los gastos del estadio de fútbol ocupado en exclusiva por un club de fútbol profesional. Dicen que el club paga el alquiler. Una ciudadanía mínimamente preocupada por sus semejantes más desgraciados habría hecho salir de la isla en helicóptero al presidente de entonces. Una ciudadanía como la nuestra se felicitó por la suerte de tener un pabellón (y un marcador NBA de cerca de 1 millón) que nos pondría en el mapa mundial del tiro a canasta y falta personal. Y hacia el infinito y más allá.

g) Un castillo propiedad del Ayuntamiento de LPGC que se cede a una Fundación de un artista todavía vivo para que exponga sus obras, con la oposición de los vecinos del barrio (La Isleta), que preferían un local social (2014). Hay que señalar que las obras irradiadoras de Cultura, Arte y demás palabras con mayúscula las cede el artista, pero el Ayuntamiento se compromete a gastar 100.000 euros al año en ir adquiriéndolas. No vaya a ser que nos acostumbrásemos a ver de gorrilla la obra del gran artista todavía vivo. Aparte, el Ayuntamiento cubre los gastos de la Fundación para su personal, conferencias y cosillas de la cultura que promueva, y también el mantenimiento del edificio. Este artista, todavía vivo, y también llamado "de las rotondas" por razones obvias, suele quejarse del escaso reconocimiento que suscita en sus paisanos. En mi opinión, una ciudadanía que reconociera el valor de lo público lo habría hecho salir también en helicóptero. O mejor, en submarino.

h) Un empresario septentrional afincado en nuestras islas y generador de mucha riqueza, creador de puestos de trabajo y dinamizador en general de la economía pide suelo en el Puerto de Las Palmas para construir un Acuario. La Autoridad Portuaria se lo cede, y el Ayuntamiento de LPGC se compromete a hacer cuantas obras sean necesarias para permitir el fácil acceso de la ciudadanía convulsionada por esa oportunidad y de las miríadas de turistas que acudirán en masa en cruceros de lujo o de semilujo, que lo mismo da. Al cabo del tiempo, pide también que se le permita construir un hotel junto al acuario, pero que dicha iniciativa (la de construir el hotel) "debe provenir del Ayuntamiento". Uno se pregunta si ese empresario debería tener más reconocimiento que el artista ya mencionado, pues esa "locomotora de la economía local" como predijo, en un rapto de regocijo el anterior alcalde, casi no le va a costar un euro. 

Algunos se han atrevido a denominar a operaciones como las anteriores (lista no exhaustiva, ni mucho menos) como "gasto público, beneficio empresarial". En los medios de información locales, lo más habitual ha sido el elogio desmesurado, el ditirambo de tintes casi esperpénticos de cualquier iniciativa empresarial que invariablemente debía ir acompañada de subvención pública, de exención de impuestos o de eliminación de la burocracia. A pesar de que en dichos medios impera la ley del consenso, no deja de aparecer de vez en cuando algún artículo de opinión de algún periodista de raza cargando contra los noístas, "los del no a todo", quienes, a su parecer, se oponen al progreso, a la riqueza y a las locomotoras. Saña desproporcionada, sin duda, dada la nula oposición ciudadana a tanto derroche, lujo, pretenciosidad y beneficios empresariales. Viva la lluvia fina.

En todo caso, a una ciudadanía desmovilizada se le añade una esfera pública de bajo nivel, por no decir, sucedánea. Algunas iniciativas digitales intentan, más tímidamente que en la Península, sacudirse el peso de la presión política y empresarial. Sin embargo, en mi opinión, a veces el nivel informativo, loable, sin duda, que alcanza en ciertos momentos, no se corresponde con algo parecido en el espacio de la opinión. Espacio que, a tenor de lo que se publica de forma periódica en los medios tradicionales, no debería tener mayor dificultad en tener mayor protagonismo e influencia con un mínimo esfuerzo en la argumentación y en las lecturas previas. En todo caso, y dada esa situación de mínimo histórico que padecemos, necesitamos mejorar tanto en la implicación individual y colectiva en los asuntos públicos como en elevar el nivel del debate en la esfera pública. En eso estamos.

Más democrático, menos representativo

Desde la celebración de las últimas elecciones generales en España hasta hoy, la esfera pública política (el parlamento nacional, principalmente) y la esfera pública de los medios de comunicación más o menos masivos han colaborado de forma estrecha en trasladar a la ciudadanía un drama político cuyo desenlace todavía se presenta como abierto, en su doble sentido de estar inconcluso y de estar a la vista de todos. Sin embargo, y dada la relación de fuerzas políticas digamos pro-sistema y pro-reforma debería resultar evidente que, independientemente del nombre del futuro presidente, el resultado final ya está decantado.

Por otro lado, no olvidemos que todos estos análisis, por llamarlos así, suelen omitir a otros actores que ejercen fuerte influencia en la toma de decisiones políticas, aunque formalmente no estén legitimados como tales, por lo que es explicable su ausencia casi absoluta en los medios de comunicación o en las declaraciones de los portavoces de los partidos. Si bien las grandes empresas, los bancos y, sí, los mercados, son mencionados de vez en cuando como elementos espurios de presión fáctica en la acción de los partidos políticos o del gobierno, y en la conformación final del poder, aquellos actores como las potencias extranjeras  resultan invisibles, algo llamativo cuando, desde hace siglos, su papel en la política interna (y externa) de nuestro país ha resultado importante, cuando no determinante, en las decisiones gubernamentales, por no hablar de la ascendencia, nada disimulada, de ciertos organismos internacionales sobre el rumbo de las decisiones estatales.

No obstante todo lo anterior, aun siendo importante, lo que se escenifica con afán explicativo totalizador es el combate dialéctico entre representantes de grandes sectores ideológicos de la ciudadanía. Me explico: en un sistema liberal-representativo como el nuestro, los ciudadanos eligen a unos representantes políticos, que serán quienes legislen y formen gobierno (dado que el partido mayoritario en la cámara casi siempre es el que gobierna, el Parlamento se ha convertido en la práctica en a) una instancia cuasi administrativa que ratifica las iniciativas legislativas del gobierno y b) retórica, en la que los portavoces y líderes simulan intercambiar argumentos, pero, en realidad, se dirigen a la opinión pública). Como ya se ha señalado hasta la saciedad, los representantes no son ni una traslación mimética del cuerpo social, ni su presencia es proporcional a la pluralidad social, ni, es lo más importante, son delegados de la ciudadanía. Los representantes, así pues, no representan en concreto sino en abstracto y, por lo tanto, representan a todos. Como también sabemos, el mandato imperativo está específicamente prohibido, por lo que se supone que el representante es independiente de las directrices de los representados, por ejemplo, de la circunscripción electoral. La evolución del sistema de partidos, la cartelización de éstos y la dependencia casi absoluta del representante respecto del partido del que forma parte hacen pensar, sin embargo, que el mandato imperativo existe, aunque desde otro lugar, que es la cúpula del partido o la voluntad del líder. Una constatación más siniestra, a la luz de la corrupción, con trazas de sistémica, que parece omnipresente en el cuerpo político representativo a todos los niveles de la Administración, es que dicho mandato imperativo a veces proviene, también, de lobbies y empresas.

La función de la representación consiste, como ya señaló Madison (quien, por cierto, abominaba de los partidos o facciones), en afinar y ampliar la opinión pública al pasarla por el tamiz "de un grupo escogido de ciudadanos, cuya prudencia puede discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor a la justicia no estará dispuesto a sacrificarlo ante consideraciones parciales o de orden temporal. Con este sistema, es muy posible que la voz pública, expresada por los representantes del pueblo, este más en consonancia con el bien público que si la expresara el pueblo mismo, convocado con ese fin". Así pues, el sufrido ciudadano que, aguijoneado por un encomiable interés por la política, se convierta en público de debates parlamentarios o sesiones de investidura deberá tener en cuenta que esos representantes a quienes ve y oye por televisión o cuyas opiniones lee en los diarios no están, ni más ni menos, que convirtiendo en buenas decisiones y en buenas políticas, guiados solo por el interés general, o si queremos, del país, la materia bruta de la que está conformada la opinión pública, compuesta de muchos como él.

El espíritu que guiaba la opinión de los republicanos como Madison en la gestación de la Constitución de los Estados Unidos era el evitar la supuesta tiranía de las mayorías, que, por naturaleza, se supone que son tumultuosas, que se dejan arrastrar por la pasión del momento y, por tanto, también fáciles de manipular. En sus diversas encarnaciones históricas, esa ha sido la idea motriz de los regímenes que se han venido en llamar, sobre todo en el siglo XX, democráticos (Madison explícitamente rechazaba la Democracia contraponiendo sus defectos a las virtudes de la República) y que con más propiedad deberíamos llamar liberal-representativos o constitucionales. Es decir, compuestos por una carta o código de derechos (fundamentales) que suelen muy protegidas de su eventual derogación por una mayoría parlamentaria, el imperio de la ley, y un sistema por sufragio universal de elección de representantes de la ciudadanía, en elecciones periódicas, libres y competitivas. Mayor participación se ha considerado, en general, más perjudicial que beneficiosa para la estabilidad del sistema.

Esta idea motriz viene reforzada por la supuesta complejidad de los asuntos políticos, en sus casi infinitos matices de consecuencias, beneficios y perjuicios, que implica la especialización en ellos, ya sea por la dificultad de la materia como por el consumo de tiempo necesario para su abordaje. Tal concepción de la división del trabajo, por la que unos elegidos se convierten en profesionales de la política y expertos en ella, se refuerza con la tesis de la ignorancia pública, o, más bien, de la ignorancia del público, por la que se considera que la gran mayoría de los ciudadanos o bien no se interesan por la política o bien son incompetentes en ella. En realidad, se piensan ambas cosas. A estos efectos, los partidos políticos tienen la función de empaquetar conjuntos de propuestas y una cierta visión ideológica de la sociedad. Ésta última se afila en época electoral y se vuelve roma el resto del tiempo, cuando se gestan pactos de estado o de gobernabilidad. Son de alguna manera un atajo cognitivo para esos ciudadanos que, implicados de lleno en sus actividades privadas, poco tiempo y ganas tienen para aprender las sutilezas de la política y de la gestión de los asuntos públicos.

Todo este extenso preámbulo viene a cuenta de que en esta época convulsa de crisis económica, de crisis de los partidos, de crisis de las instituciones, en la que se ha producido un desbordamiento ciudadano de los canales habituales de participación política, en la que las demandas de la ciudadanía han sido tan apremiantes y numerosas que no podían ser satisfechas o aplacadas de un modo u otro por las instituciones, concurrían las circunstancias necesarias para que produjera de manera efectiva no sólo un mayor control y fiscalización de lo público por los ciudadanos sino un incremento significativo de la participación de éstos en las decisiones políticas. Fenómenos como el 15-M, nuevas asociaciones ciudadanas reivindicativas como la PAH o las Mareas, el surgimiento de nuevos partidos que en su estreno mediático proponían un nuevo proceso constituyente, la propagación de procedimientos de elección de líderes por los que se invitaba a votar a la militancia y a la ciudadanía en general, y la promesa de mayor participación ciudadana en los diferentes estratos de la administración pública, auguraban un futuro cercano más democrático y menos representativo. Sin embargo, la inteligencia aplicada a la manipulación nunca deja de sorprender. Por ejemplo, las primarias en los partidos tradicionales han sustituido a la elección colegiada del líder o a la designación discrecional del heredero en el cargo, pero han devenido en impúdicos pastoreos de votos o en una sofisticada y digital ilusión de pluralidad que sólo ha permitido a efectos prácticos la ratificación plebiscitaria, y las consultas a la ciudadanía han desaparecido del argumentario de los partidos, incluso, lo que es más llamativo, de los emergentes.

Podrá decirse, a modo de defensa, que no es esta buena época, precisamente, para experimentos democráticos, ya que las circunstancias económicas son tan graves que se precisa de una jerarquía consolidada en la toma de decisiones (el consenso político, sin ironía, considera que dicha cadena jerárquica comienza en Bruselas) que, parafraseando a Madison, no se deje llevar por las tornadizas pasiones de la opinión pública. No puedo resistirme a señalar, no obstante, que fue nuestro sistema político el que posibilitó (con su marco legal, con su sistema electoral, y con la influencia, por lo que se ve, desmedida de los partidos, que cooptaron de hecho las instituciones públicas) que fuera posible elegir a aquellos representantes que medraron con aquellas prácticas y que han conducido a nuestro país a la situación actual. No resulta descabellado pensar que habría que cambiar el sistema, y no sólo a los representantes, de tal modo que se crearan procedimientos e instituciones que, dado el fracaso político y moral de aquellos, posibilitaran la participación de la ciudadanía, aun sabiendo que es un proceso a medio plazo, no un resultado que se obtiene de inmediato. Panaceas políticas no hay, pero, sin duda, la legitimidad de un sistema que no aliene a la mayoría de la población de la toma de decisiones, por difícil que sea el periodo de aprendizaje de valores y procedimientos democráticos, sólo puede incrementarse. Al fin y al cabo, la democracia es la participación de los ciudadanos, considerados como libres e iguales, en la toma de decisiones que afecten a la colectividad. Lo demás lo podrán llamar como quieran, pero es otra cosa.

Tarea para septiembre

Pretendía dejar pasar agosto, con sus nimbos despanzurrados, el bochorno de media tarde y esa sensación de tiempo a cámara lenta, sin escribir en este espacio, tan personal y tan público a la vez. Sin embargo, esa misma sensación de estanque comunal, de aire petrificado entre telarañas, ha hecho surgir en mí un deseo inconsistente de ruptura, espasmódica rebeldía, que se ha plasmado en las siguientes reflexiones:

Como si uno despertara de un enamoramiento tan incontrolado como fugaz, tras el cual el objeto de ese sentimiento aparece no tal y como es en realidad, pues a esa realidad no se puede acceder tal cual es, sino de modo aún peor, ya que reparamos en rasgos que incitan, ahora, a la hostilidad o al asco, así me ha ocurrido con lo político. Los usos, modos y costumbres de los partidos tradicionales han acentuado su ranciedad, aun vistiéndose alguno de ellos con ropajes de marketing anglosajón. No cambiarán. Ni siquiera podrían, aunque algún líder clarividente así lo pretendiera. Su imbricación con el sistema político y económico es tan fuerte, al igual que sus prácticas de clientelismo social, que no es posible imaginar que una renovación democrática igualitaria provenga de ellos. Por otro lado, los partidos emergentes siguen siendo una incógnita en cuanto a su gestión de gobierno, al menos en Canarias. En su funcionamiento interno, ya he hablado en artículos anteriores, por lo que sólo me cabe recomendarles su lectura para no repetirme.

En Las Palmas de Gran Canaria, el gobierno municipal formado por un tripartito progresista (PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias) ha demostrado, en sus escasos dos meses, un continuismo político total con respecto al gobierno anterior (PP). Cuando digo "continuismo" no me refiero a que se limiten a prorrogar o renovar las partidas presupuestarias, no, sino a que su concepción de la política, la economía y la sociedad es, en esencia, idéntica. Lo mismo podría decirse del otro pacto progresista, el del Cabildo insular de Gran Canaria (en este caso, Nueva Canarias, PSOE y Podemos). Es más, hasta los miembros del partido que podía suponerse, a priori, más contestatario, declaran su "orgullo" por formar parte del consejo de administración de instituciones deportivas o culturales propiedad de la institución pública.

En ambos casos, Ayuntamiento y Cabildo, los partidos nuevos, hasta el momento, han evidenciado únicamente que la satisfacción por canalizar las expectativas de renovación y democratización de las instituciones de gran parte de la ciudadanía se ven colmadas con la ocupación del poder (o parte de él). Hasta el momento, las promesas de participación ciudadana se han evaporado tras los calores de los festejos electorales, y todo el repertorio de medidas simbólicas se ha reducido a no aceptar entradas gratis para los eventos culturales y deportivos. A este respecto, es justo señalar que tanto PSOE como NC han sido exquisitamente coherentes con su trayectoria histórica y con su concepción de las jerarquías sociales y en ningún momento han considerado conveniente hacer lo mismo.

Es un lugar común señalar que cuantas mayores sean las expectativas, más profunda será la decepción. Por lo tanto, parecería razonable no esperar demasiado de estos  grupos de gobierno y optar por refugiarnos de nuevo en la apatía política, cuando no en el desdén o en el cinismo. Sin embargo, no deberíamos volvernos coextensivos con las siestas de verano sino, en cambio, procurar mantener en alerta nuestra capacidad reflexiva y la conciencia crítica. No parece inteligente dejarlas en manos de nadie, ni de los partidos viejos ni de los nuevos. Éstos últimos no han demostrado nada todavía, y ni siquiera en el caso de que lo hicieran deberíamos delegar en ellos ni la responsabilidad ni la disposición a pensar las múltiples posibilidades de transformación democrática. Incluso, me atrevería a decir, sería un error cederles por completo la iniciativa, pues es dudoso que estén a la altura intelectual de la tarea y también que, en su caso, dispongan de la valentía política requerible. Necesitamos que los actores de la sociedad civil comprometidos con principios y valores democráticos y los ciudadanos que, tanto en la charla informal en la cafetería como en su particular tribuna en blogs como éste o por cualquier otro medio, muestran su interés por cómo se plantean, articulan y ejecutan decisiones que afectan a la colectividad no cejen en su actividad comunicativa de problematización, denuncia, protesta y visibilización. Sin ellos, tanto con partidos viejos como nuevos, con think tanks de derechas o de izquierdas, con sociólogos orgánicos de un lado o de otro, jamás conseguiremos hacer una sociedad más justa y más igualitaria, si es que es eso lo que queremos.

Por otro lado, no es descabellado pensar que salvo dos o tres colectivos prominentes, nuestra sociedad civil, la canaria, en particular, carece de la fuerza movilizadora necesaria para influir de manera significativa en las instituciones políticas. Más convincente es concebir nuestro espacio público como ocupado por grupos de interés, que, como tales, enfocan su actividad a sus propósitos particulares, a despecho o sin tener en cuenta el interés general. La concepción de una esfera pública en el que intereses egoístas dirimen sus fuerzas es quizá la que intuitivamente nos resulta más familiar. Grupos empresariales y partidos políticos, en interesadas, fluidas y sinérgicas relaciones con los medios de comunicación, acaparan los espacios de expresión. Los altavoces más potentes están a su disposición, las columnas de opinión se ocupan, de modo peculiar, de sus batallas, a veces en términos tales que resultan enigmáticos o incomprensibles para el lector ingenuo. Economía, política y comunicación se funden en una cópula asimoviana por la que se conciben leviatanes mucho más despiadados que el hobbesiano.

Como conclusión, si tenemos una sociedad civil en general desmovilizada, una esfera pública ocupada por empresas y partidos políticos y unas instituciones políticas representativas que consideran que la legitimidad periódica de las urnas es toda la que necesitan para ejercer su labor, el panorama que se nos presenta resulta desalentador, y la tarea para transformarlo, hercúlea.
Ya tienen tarea para septiembre.

Hacia otro modelo de medios de comunicación

No se puede  negar que el subtítulo de este blog haya tenido poco que ver con su contenido: salvo alguna excepción, la mayoría de los posts  han versado sobre política y sobre medios de comunicación. O, para ser más exactos, sobre política y medios de comunicación. Si bien estoy abierto a hablar de todo lo que me parezca, mis preocupaciones y mis lecturas me han llevado, de manera indefectible, a hablar sólo de lo que conozco un poco. Mi conocimiento de los asuntos que he tratado dista de ser exhaustivo, pero, al menos, creo que he contribuido, sin ser tampoco demasiado original o clarividente, a poner palabras a algunas de las intuiciones de mis lectores. Todo sea, en definitiva, por contribuir al debate en la esfera pública y a poner en práctica cierto ideal de civilidad y de ciudadanía, por el que me siento impelido a poner de manifiesto mis ideas en asuntos que considero son de interés de todos. El famoso ideal del bien público, puesto en cuestión de modo continuado por liberales y procedimentalistas políticos, que comparten una visión del mundo que privilegia el atomismo social y la persecución individual de los objetivos,  se resiste a desaparecer.

¡Las razones públicas son lo mío!

Sin duda, uno de los elementos constitutivos de la mentada esfera pública lo forman los medios de comunicación. Desde un punto de vista normativo, contribuirían a filtrar tanto por calidad como por pertinencia los asuntos de trascendencia política. Así, los medios realizarían esa traducción de los contenidos informales de aquellas discusiones y problematizaciones planteadas por los ciudadanos de tal modo que fueran recabados por aquellas instancias de discusión política formales, como los parlamentos. Del mismo modo, los medios no sólo ejercerían esa labor traductora, sino que ellos mismos, y desde la atalaya privilegiada que les proporciona su prestigio, visibilidad  o ubicuidad ejercerían aquellas críticas y reflexiones inherentes a cualquier sociedad plural y democrática. Asimismo, prestarían ese mismo espacio a aquellas personas o colectivos que, por fuerza de tradiciones o prejuicios hasta entonces incuestionados, se encontrasen marginados o invisibilizados y requiriesen de una plataforma desde la cual propugnar cambios sociales y políticos que los situaran en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía. Dentro de un marco sólido de protección a los derechos individuales, propio de cualquier sistema liberal, podrían de este modo fomentar el desarrollo de valores democráticos, entre ellos el de la participación ciudadana en el gobierno de los asuntos públicos.  Esta última afirmación es discutible, no obstante. Muchos podrían contentarse con la primera parte (marco de derechos y libertades individuales) sin entusiasmarse por la segunda (participación en los asuntos públicos). 

Es por ello por lo que centro la atención en los medios de comunicación. Si consideramos que los debate, las discusiones, las problematizaciones y las polémicas que se generan de manera informal en la sociedad resultan fundamentales para que las instancias más formales de legislación y ejecución se centren en los problemas de sus representados, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental, a modo de nodos distributivos de información sin los cuales la comunicación entre los ciudadanos y sus representantes políticos sería harto más problemática. Hasta aquí, sin embargo, el deber-ser. El es se presenta en conflicto con el ideal normativo de un modo que debería eliminar la condescendencia o resignación que se suelen mostrar cuando se compara la realidad con el ideal.

¿Se ven bien los libros..? (foto: Reuters)

Me explico: en épocas inestables como la actual, tanto a izquierda como a derecha, es decir, bien los partidos que representan valores políticos liberales (con sesgos tradicionalistas o sin ellos), bien los socialdemócratas (que enarbolan como bandera la preocupación social, con sinceridad o sin ella),  suele ser tendencia la postura que aboga por limitar los derechos de manifestación y expresión públicas, ya sea la manifestación callejera, ya sea el control más o menos evidente de los medios de comunicación. En este último caso, la historia de nuestro país muestra a las claras el papel central del Estado (y, por tanto, el del partido político que ocupa el Ejecutivo) ya no sólo en la repartición de frecuencias de radio y televisión sino la intromisión más o menos sutil en su gestión.  Así, los medios afines se empeñan en propagar los mensajes de arriba abajo, desde el poder estatal (y empresarial) a la ciudadanía. Son cómplices no sólo de políticas determinadas del gobierno de turno, sino de una concepción de la sociedad que dista mucho de ser justa e igualitaria. A su vez, aquellos medios dominados por la oposición política han desempeñado un papel de acoso y hostigamiento al gobierno no siempre fundamentado en buenas razones sino en perspectivas estratégicas de asalto al poder. 

Una de las explicaciones de este estado de cosas es que los grandes medios de comunicación, al ser intensivos en cuanto a capital son inevitablemente propiedad de grandes empresarios o de enormes e, incluso, transnacionales conglomerados corporativos cuyo interés es de modo primordial el beneficio económico y la influencia política, en cuanto esta última tiene de repercusión sobre el primero. El bien público, el interés general y la democracia son conceptos ajenos a la lógica empresarial y, en demasiadas ocasiones, a la partidista. El interés económico y la búsqueda de poder son objetivos de suma importancia, en aras de los cuales casi todo lo demás es sacrificable, según marquen las circunstancias y la conveniencia.

¡Oh, el poder!¡Oh, los medios..!

A este respecto, y a modo de contrapunto, es digna de señalar la proliferación de periódicos y radios digitales. La red evita esa enorme inversión de capital, con lo que hasta cierto punto se democratiza la comunicación periodística, entendiendo este proceso como una más amplia accesibilidad de ciudadanos en general y periodistas en particular a la fundación de medios de comunicación y a la creación de plataformas de expresión no sujetas a las imposiciones empresariales o políticas. No obstante, aunque menor, la inversión resulta siempre imprescindible. Además, la potencia de ese amplificador que es el medio de comunicación en Internet resulta, por el momento, mucho menor que la de los periódicos o radios tradicionales. Por otro lado, es difícil refutar aquella afirmación que sostiene que los nuevos medios no están interesados en hacer un periodismo nuevo, sino que perpetúan los clichés y los prejuicios de los tradicionales, pero en otro formato. Lo que se gana en pluralidad, se estanca en la visión del mundo, de la política y del periodismo. Siguen siendo excipientes de las riñas inter o intrapartidos y mantienen la búsqueda de espectacularidad por encima de otras perspectivas.

Con esto no quiero decir que haya una forma de interpretar el bien común. Distintas concepciones del mundo y diferentes valores, propios de las sociedades pluralistas, hacen imposible el consenso, y menos de manera permanente. Aun como referente normativo, resulta difícil imaginar esa situación ideal del diálogo habermasiano  y todavía menos ese consenso final obtenido por la prevalencia del mejor argumento, aunque le atribuyamos esa naturaleza falible a la que alude el filósofo alemán. Más intuitiva resulta la concepción agonística de la esfera pública, a la manera explicitada, por ejemplo, por Chantal Mouffè. Sin embargo, cada uno desde sus posiciones, sí que debería ser posible que hubiese un acuerdo de principios sobre los fines: la salvaguarda del bien común mediante una suerte de consenso traslapado o entretejido sobre los medios o procedimientos para ello. En fin, de igual modo se podría argüir que el debate podría comenzar un paso más atrás: ni siquiera el marco constitucional está libre, y con razón, de la polémica, por lo que parece que en primer lugar habría que llegar a un acuerdo sobre él. Acuerdo que no debería gestarse sólo en los despachos de los partidos políticos porque, de lo contrario, obtendríamos otra versión del mismo sistema que ha demostrado su insuficiencia.

Así las cosas, parece necesario replantear en gran medida el paradigma actual de los medios de comunicación. Es posible que su reforma o su creación sobre la base de principios bien diferentes se impongan como imprescindibles para salir de la confusión política existente, invertir la tendencia de desafección ciudadana hacia las instituciones y cuestionar las prioridades económicas que, en gran medida, explican las dos primeras.

Más allá del voluntarismo

No sin razón, se me podría atribuir, por los diferentes posts que he venido escribiendo durante estos meses, de cierta propensión al voluntarismo político. Me explico: mis llamadas al lector a que actúe como ciudadano demócrata animándole a ejercer su derecho de expresión en la esfera pública podrían dar a entender que la cuestión de la democratización es un asunto que podría resolverse con que un número suficiente de personas ejerciéramos la presión necesaria para que los partidos políticos y, por ende, el Legislativo y el Ejecutivo se pusieran manos a la obra. El asunto no es tan sencillo, claro está. A continuación, trataré de bosquejar el dilema de los estados liberales que han engendrado, en sus diversas variantes, lo que se conoce como Estado del Bienestar.

Presos de contradicciones estamos...

Los estados liberal-democráticos actuales, inmersos en y sostenedores de la forma de producción capitalista y de sistema de mercado, se mueven, hablando de manera esquemática, entre dos polos: a) economía y b) legitimación política. El Estado debe, para su propia supervivencia, proteger la esfera económica y alentar su crecimiento. Esto se entiende fácilmente, pues, aparte de que la economía capitalista necesita del Estado para amortiguar sus ciclos de crisis y depresión, sólo así podrá ejercer aquél una actividad recaudatoria que le permita atender las demandas sociales y, como consecuencia, generar el apoyo o, al menos, la incuestionabilidad del sistema en su conjunto. Dejamos aparte en este análisis el fomento  de la ideología adecuada para reforzar dicho apoyo, aunque no cabe duda que desempeña un papel importante. 


Como se ha expuesto en la literatura filosófica y económica de los últimos cincuenta años, ambos objetivos no son complementarios, sino contrapuestos. Sólo en economías de elevado crecimiento, como en la Europa del periodo posterior a la II Guerra Mundial hasta mediados de los años 70 del siglo pasado, las discordancias y contradicciones del denominado Estado del Bienestar pudieron acomodarse con éxito. Los representantes del capital y del trabajo veían que el juego de negociaciones de demandas y concesiones arrojaba, para ambas partes, un saldo positivo. En épocas de crisis como la del petróleo o como la actual en Europa meridional, la crisis económica y su consiguiente crisis fiscal hacen resurgir las críticas a dicho modelo de Estado y favorece las medidas que propicien el crecimiento económico a costa del otro (la legitimación popular). Es decir, un juego de suma cero.

Es en ese contexto como se explican tanto las medidas como el discurso (en esa especie de neo-lengua) de nuestro actual gobierno. Así, tenemos los recortes ("reformas") en las áreas de atención social, por las que se prepara (Educación), se cuida (Sanidad) y se mantiene (prestación por desempleo y otras) a la futura, actual y sobrante mano de obra, y se legisla para obtener la  "confianza de los mercados", como la vertiginosa reforma constitucional para el pago prioritario de la Deuda Pública, la facilitación del despido ("flexibilización del mercado laboral"), o la amnistía fiscal ("regularización de activos ocultos"), etc. La intención es clara: evitar la fuga de capitales y, en la medida de lo posible, atraerlos. De hecho, la dependencia del Estado es tan manifiesta (y aquí parafraseo al sociólogo alemán Claus Öffe) que las grandes corporaciones, las empresas transnacionales, las entidades financieras, etc., ejercen de hecho una suerte de veto a las iniciativas estatales. Ese veto se traduce en la no inversión o en la salida del capital. La disminución, o eliminación, según se trate, de prestaciones sociales de diversa índole no puede por menos que suscitar la retirada del apoyo de gran proporción de la ciudadanía al gobierno de turno, a los partidos políticos y, finalmente, al Estado. Como señalan algunos autores, la pregunta no es tanto cuál es la solución para que el sistema siga funcionando sino cómo es posible que a pesar de su contradicción sistémica haya durado tanto.

De voluntarista, nada

Por otro lado, no todo brilla en el paraíso del Estado del Bienestar. La cara oculta de las prestaciones sociales es la invasión del Estado en el área privada de la ciudadanía, el paternalismo ciego a matices y la desactivación política de los ciudadanos, convertidos en clientes de servicios, lo que entronca con la crítica conservadora respecto del carácter ilimitado de las demandas ciudadanas, que provocan el crecimiento del aparato administrativo estatal y del correspondiente volumen de gasto. El coste de la satisfacción de tales demandas es siempre creciente, lo que obliga al Estado a buscar nuevas formas de recaudación, porque la vuelta atrás anulando aquellas medidas provoca la desafección popular. Como se ve, un círculo vicioso.

No obstante lo anterior, no propongo compensar mi voluntarismo, al que podría acusársele en cierta medida de  ingenuo,  con un quietismo conformista. Busco con este artículo, de modo básico, proporcionar contexto a las aspiraciones democráticas de parte de la ciudadanía. Es posible explorar nuevas maneras de asegurar la vida de todos los ciudadanos que no supongan esa sobrecarga fiscal del Estado, pero no la imagino si no viene de la mano de la descentralización y democratización de las instituciones públicas políticas y administrativas y en gran medida de las económicas. Es necesaria una sociedad civil fuerte, autolimitada en cuanto a la posibilidad de ocupar el poder político, pero pujante en cuanto a su propia democratización y exigente en cuanto a ésta en las esferas política y económica (hasta ese punto en que no interfiera con su eficiencia). Esa democratización debe consolidarse como una opción realista entre las distopías de una sociedad regulada de manera exclusiva por el mercado o una en la que la sociedad civil se haya fundido con el Estado, que tiene como consecuencia la desaparición de la primera, tal y como sucedió con los regímenes comunistas o repúblicas populares.

Sin duda, cualquiera de los puntos que he tocado en esta ocasión son merecedores de mayor atención y requieren una explicación más extensa, por no hablar de aquellos (referentes a la cultura, a los valores, a la ideología, etc.) que ni siquiera he mencionado. En todo caso, me doy por satisfecho si he incitado a la reflexión del lector sobre estos asuntos que estamos viviendo todos en primera persona. No es otro mi objetivo.

La mayoría silenciosa

Si bien es cierto que mis posts no pretenden seguir la actualidad de manera estricta, también lo es que ésta resulta una fuente continua de estímulos para la reflexión. Por ejemplo, numerosas han sido las noticias, declaraciones y opiniones de todo tipo que durante los últimos días han copado el tiempo y el espacio de la mayoría de los medios de lo comunicación como consecuencia de la Diada y de la cadena humana independentista, que, al parecer, gozó de considerable apoyo popular. Sin embargo, de lo que a continuación hablaré no es del independentismo catalán en sí, asunto que da para mucho más que mil palabras. Hablaré, en cambio, de un término que surge de manera intermitente desde las instancias gubernamentales respecto de este y otros asuntos: la mayoría silenciosa.

A este respecto, una portavoz del gobierno español, interpelada por su opinión sobre dicha cadena humana y demás manifestaciones independentistas, declaró: "Escuchamos a todos, también a la mayoría silenciosa", con el evidente sentido de que el Gobierno atendía y velaba por los derechos de los que se quedaron en casa ese día en Cataluña y que, interpretaba, no eran proclives a la causa independentista. Anteriormente, en septiembre del año pasado, tras las movilizaciones y manifestaciones contra los recortes presupuestarios, el presidente del Gobierno prestó, de palabra, un homenaje "a la inmensa mayoría de los españoles que no se manifiesta". Aún hace más tiempo, un presidente de una comunidad autonómica  indicaba, a raíz de una presentación por colectivos ecologistas de 30.000 firmas para paralizar un proyecto urbanístico, que eran muchos más los que no habían firmado. 

La Diada: fiesta oficial de Cataluña. ¿Alguien no lo sabía?

En todos estos casos, los representantes del poder político y administrativo han intentado contrarrestar el éxito de movilización y de publicidad en la esfera pública de grupos que consideran hostiles o, al menos, contrarios a sus políticas, ya sean rivales ideológicos, partidistas o provenientes de la sociedad civil. Precisamente, los ciudadanos y colectivos que intervienen en la esfera pública pretenden influir en el Legislativo y en el Ejecutivo, pues la participación en democracia no se limita a ejercer el voto en las fechas señaladas. El esfuerzo de los portavoces de los partidos o del Ejecutivo por deslegitimar la intervención en la esfera pública de aquella parte de la ciudadanía que va en su contra se manifiesta, entre otras maneras, por atribuirse en exclusiva la acción política al haber resultado elegidos en unas elecciones o, en el caso que nos ocupa, por erigirse en portavoces exclusivos de la otra parte de la ciudadanía que no participa ni se manifiesta en el espacio público. Sin embargo, la falacia salta a la vista cuando no puede asegurarse de manera absoluta que la opinión o las simpatías de los que no participan son idénticas a la del poder político contra el que se ha alzado la voz en la calle. Resulta algo más que descabellado pensar que los que por diversas razones se reservan su opinión o no muestran su apoyo o rechazo de manera explícita conforman un bloque homogéneo, una especie de macrosujeto,  al que se le pueda, entonces, atribuir una posición en un sentido u otro.

Ni oír, ni hablar, ni ver (Wikipedia).

 Además, resulta cuando menos fascinante hacerse cargo de la posibilidad de que, de repente, el Gobierno (estatal o de una Comunidad) se haya convertido en el portavoz de los que hasta entonces no eran visibles ni audibles. Claro está que el matiz con el que se prende zanjar el debate es el de la superioridad de la "mayoría" contra la minoría problematizadora, reformadora o rebelde. La paradoja consiste en que se pretende silenciar a los ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse y expresarse apelando a su supuesta condición de minoría, como si eso fuera un argumento en sí mismo. Es singular, a este propósito, que la fuerza y la insistencia con la que los políticos nos animan a votar a las elecciones es inversamente proporcional a su interés por que nos manifestemos y expresemos nuestras opiniones críticas en la esfera pública en el interregno entre aquellas, salvo que sea mediante el inofensivo procedimiento de las encuestas. 

Por otro lado, la lucha en la arena política se libra en demasiadas ocasiones con una estrechez de miras y de conceptos que perjudica a la misma democracia. No resulta difícil imaginar que pueden blandirse buenos argumentos a favor y en contra de la independencia de Cataluña, tanto conceptuales a priori como evaluadores de las consecuencias políticas, económicas y sociales a posteriori. Igual que respecto de las medidas económicas con las que se pretende sortear la crisis, o con las decisiones más concretas como las de instalar un complejo gigante de casinos en la capital del Estado, o la de cambiar un terreno rústico a urbanizable. No obstante, la presencia de esos buenos argumentos suele ser escasa, y, al menos en los medios de comunicación y en las tribunas políticas, ceden terreno con facilidad al palabrerío, a la soflama, a la consigna y la retórica mal entendida, ejercida ésta como instrumento manipulador de mentes y voluntades. 

Algunos creen explicar la sociedad con la teoría de juegos

En este sentido, todos los actores que de manera estratégica juegan sus bazas en la esfera pública y aspiran a ser conformadores de opinión deberían encontrarse con una ciudadanía que hubiera interiorizado de manera fuerte no sólo los derechos de los modernos sino también de los antiguos, con los que no sólo aspiremos a que el Estado no se inmiscuya en nuestros asuntos privados sino a participar en los asuntos políticos de modo activo, en la promoción de los valores democráticos y en el ejercicio de la crítica. Pues es esa crítica como característica primordial en la acción de los ciudadanos, que no son sólo los receptores de las Leyes, sino el origen de su legitimidad, la que enriquece a la democracia y a la sociedad en su conjunto: gracias a ella, en particular, cuestionamos tradiciones que han dejado de sernos útiles o que ahora consideramos discriminatorias e injustas; visibilizamos grupos marginados y ayudamos a potenciar su dignidad y autonomía, mejoramos los procedimientos de toma de decisiones, luchamos por una mayor representatividad política, abogamos por la redistribución de la riqueza y evitamos polaridades sociales injustas, etc. Porque una sociedad democrática, como recuerda el filósofo John Dryzek, es en muchos aspectos importantes aquella que se esfuerza continuamente por mejorar la democracia misma, más que considerar esta un orden de cosas fijado de manera definitiva.

Concluyo señalando que si se cercena la posibilidad de que la ciudadanía exprese sus críticas, dejando la esfera pública como coto de los lobbies económicos y del poder político, si, además, no se posibilita una mínima transparencia de la administración pública y de partidos y sindicatos, y, finalmente, si no se ejerce un control de riesgos de la actividad de entidades financieras, bancos, grandes empresas y corporaciones transnacionales, podrán algunos voceros alardear todo lo que quieran de nuestro sistema político e, incluso, enumerar una larga lista de sus bondades, pero lo que de verdad no será nunca es una democracia.

Sondeo, luego existo

En  relación con los recientes acontecimientos que pugnan por atraer nuestra atención ciudadana,  ya sea la fallida tentativa de varias instituciones públicas por conseguir que Madrid fuera sede de los Juegos Olímpicos, ya la supuesta erosión de la confianza en el gobierno del país y del partido que lo sustenta o, incluso, el caso Bárcenas, un elemento omnipresente en la noticia es la presencia de la encuesta o sondeo de opinión. Empezando desde la más rudimentaria, en el sentido de una menor rigurosidad, casi cada periódico (al menos en su versión digital) pregunta diariamente a sus lectores sobre algún asunto de actualidad. No es infrecuente que nos encontremos con la pregunta: "¿Está Vd. a favor de ..? Sí/No". Incluso de asuntos que por su complejidad es difícil que pudieran tener una respuesta sensata de una persona no experta.

O, en el caso de las televisiones, esos programas cuyos reporteros salen a la calle, abordan a cualquier viandante y le preguntan cuál es su opinión sobre la noticia de turno en ese momento. Luego, se presentan esas opiniones como "la voz de la calle". La cadena "le toma el pulso" a la actualidad, etc., etc. Gracias al medio de comunicación, conocemos entonces, la "verdadera opinión" de la ciudadanía. En ambos casos, tanto la pregunta del diario digital como la grabación en la calle no está sujeta a ningún tipo de control mínimo con el que se pueda certificar la validez de la encuesta o, al menos, las condiciones en que se han planteado las preguntas. No se debería hacer pasar por la opinión de la ciudadanía lo que no son sino respuestas seleccionadas a preguntas a bocajarro. 

En segundo lugar, respecto de los sondeos serios, es decir, de los realizados por agencias especializadas, siempre nos queda la duda, en la mayoría de los casos, de conocer los datos relevantes en cuanto a su elaboración: quién la ha encargado, cuál es la metodología, qué características tienen los encuestados, qué se pretende con ella en realidad. Por ejemplo, la alcaldesa de Madrid en los días previos a la elección de la sede olímpica, manifestó que el 91% de los españoles estaban a favor de que Madrid se postulara. La mayoría de los medios repitieron sus palabras, y sólo en uno pude encontrar la empresa encargada de hacer el sondeo. Todo hay que decirlo, esa encuesta estaba encargada por la entidad que gestionaba la candidatura madrileña, por lo cual no es difícil suponer que su intención era reforzar la impresión de unanimidad que, a marchas forzadas y a última hora, debía suscitar en España dicha aspiración olímpica. Encuesta que, además, se sumaba al bombardeo de elogios en la televisión pública y en algunos periódicos de tirada nacional. No deja de ser significativa la nula cobertura de las opiniones en contra. De alguna manera, el ciudadano volvía a ser rehén de las consignas emanadas desde las instituciones y se limitaba, una vez más, a ser agente pasivo y mudo sorbedor de información sesgada, como es corriente.

La alcaldesa de Madrid (Wikipedia).

Por otro lado, entre filósofos, sociólogos y politólogos, los sondeos tienen una importancia relativa. Me explico: tienen un valor constatativo de opinión, a lo sumo; pero carecen de peso argumentativo. Con ello, quiero decir que al sondeado no se le confronta con sus propias opiniones, no se le exige argumentarlas, proceso mediante el cual podría verse impulsado a cambiarlas o a matizarlas. No obstante, los medios de comunicación y los políticos favorecidos en su caso por ellos tienden a considerarlas en calidad de juicios absolutos, como representativas. Así, en muchos casos se piden incluso dimisiones políticas, como si los procedimientos democráticos al uso, por insuficientes que podamos pensar que sean, debieran ceder paso a las encuestas hechas en tal o cual coyuntura.

De nuevo, la esfera pública es invadida por gabinetes de comunicación y especialistas en marketing que, en alianza con algunos medios informativos, pretenden constituir una opinión pública ad hoc que, en realidad, no representa a nadie, salvo a ellos mismos. Entonces, ¿qué peso debería tener todo este abigarrado conjunto de datos, barras, columnas y gráficos de colores varios en la esfera pública? Poco, aparte de aportar cifras cuyas interpretaciones  suelen ser muy variopintas (y pintorescas), y más si se entiende aquella esfera como el lugar donde debería producirse el entrecruzamiento y la competencia de argumentos. Y es que la encuesta refleja, en la gran mayoría de los casos, el momento prerreflexivo, a veces irracional, en el que predomina la intuición, la sensación o el simple capricho antes que la ponderación de argumentos y de buenas razones. 

¡A mí también me revientan los sondeos!

Además, no nos cansaremos de repetir que la esfera pública de un país con un régimen político democrático no debe ser cooptada por los partidos políticos ni abandonada al interés empresarial de los medios de comunicación o de otros conglomerados económicos, salvo que queramos arriesgarnos a que el impulso crítico y reformador que proviene de la problematización de los asuntos de diversa índole por parte de los ciudadanos quede ahogado y que, como consecuencia, la misma sociedad languidezca. Por otro lado, es posible que lo que se reprime en su espacio natural -la libre e igualitaria expresión de opiniones en la esfera pública-, bulla y rebose en otros ámbitos menos apropiados para ello. El peligro de querer controlar el espacio público puede tener  así el paradójico efecto de golpear la estabilidad del sistema. La famosa estabilidad de la que tanto hablan los políticos, y  en cuya defensa suelen enarbolarse las banderas de la unanimidad plebiscitaria y de la conformidad inducida, pone en peligro la esencia misma de la democracia, entendida esta como un régimen en el que los ciudadanos son libres e iguales.  Planteémonos, si no, la pregunta de cómo podríamos defender los derechos protegidos en la Constitución y en las leyes si tuviéramos vedado el acceso a un espacio público donde reivindicarlos o denunciar su vulneración. Es fácil prever que los derechos quedarían reducidos a una nominalidad inane, pues en la práctica se los podría atropellar con impunidad.

Para terminar: sin un espacio donde plantear demandas e inquietudes, sin un foro público donde el ciudadano pueda exponer sus razones en pie de igualdad con las grandes corporaciones, partidos políticos y demás lobbies, la democracia pierde su razón de ser. 

La sociedad civil

Como habrán advertido mis lectores, el asunto al que más tiempo y espacio  dedico en mis artículos es el de la esfera pública y dos de los actores que pretenden hacerla suya: políticos y medios de comunicación. Si los primeros la utilizan para transmitir su discurso, conseguir visibilidad y adquirir status de líderes, para los segundos es su campo de actuación intrínseco. Autoproclamados como los controladores del poder político, los medios se arrogan, en virtud del deficiente y cuestionado sistema de representación político actual, la verdadera representación de los ciudadanos. Gracias a ellos, dicen, la voz del ciudadano de a pie es escuchada, y de forma permanente. Mientras los partidos políticos que ocupen el poder necesitan la legitimación ciudadana, parece que los medios no necesitan ninguna. 

Soy la voz del pueblo.

Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Los medios de comunicación son, salvo la radio y televisión estatales o las diversas autonómicas (estos son en muchos casos, la vía por la que el poder político pretende desembarazarse de la presión de los medios de comunicación privados, al tener el suyo propio y librarse así, al menos en parte, de las exigencias de aquellos), empresas de comunicación privadas cuyo objetivos son, además de la comunicación en sí, la búsqueda de beneficio económico, el prestigio y la influencia para la buena marcha del negocio. En este sentido, sería ingenuo creer que los medios están guiados de manera exclusiva  por dar voz al ciudadano o criticar al poder político (y muchos menos al económico). Su connivencia con el partido político afín o con el más oportuno en cada momento es vital para la buena marcha de la empresa. Ya sea por la publicidad institucional, ya sea por las concesiones estatales para frecuencias de radio o televisión y demás negocios colaterales, muchos medios ejercen, en efecto, una vigilancia sobre los partidos y sobre el ejecutivo, pero no la que proclaman cada vez que tienen ocasión: profundización de la democracia, coto a los excesos del poder, expresión de la ciudadanía, etc., sino la más sibilina y menos altruista de calcular el efecto de la acción de aquellos sobre la buena marcha de los negocios propios. No creo que a nadie le asombre comprobar que las medios dan espacio a quien quieren, cuando quieren y respecto de los asuntos que quieren, y nunca rinden cuentas de sus decisiones. Por no hablar de la figura del "caudillo mediático" (en expresión del sociólogo Félix Ortega), normalmente periodista y supuesto líder de opinión, que dice saber cómo piensa la ciudadanía (así, en general, como si ésta fuera un ente homogéneo y singular y no una pluralidad de individuos y grupos con diferentes visiones del mundo) o, directamente, se erige en su portavoz natural. En muchas ocasiones da la impresión de que los medios consideran una pérdida de tiempo y de recursos manipular o moldear a la opinión pública. Es más sencillo considerarse la opinión pública, que así queda construida según sus propios intereses. El perjudicado, claro está, es el ciudadano, relegado a un papel pasivo tanto por los políticos como por los medios de comunicación: más consumidor y cliente que ciudadano.

¡A mí no me tose ningún caudillo mediático!

En numerosos casos,  además, y no creo que sorprenda a nadie al decirlo, se producen verdaderas coaliciones político-mediáticas con el objetivo de producir sinergias mutuamente beneficiosas. El político, los partidos, necesitan en la sociedad actual de los medios de comunicación no para recoger las inquietudes ciudadanas, sino más bien para fabricarse una imagen que les invista de carisma o, al menos, les proporcione una aureola de competencia que convenza a los ciudadanos a votarle en su momento. Además, cómo no, de inducir a la ciudadanía a que acepten determinadas decisiones en los diversos ámbitos de su competencia: la conocida impartición de consignas desde arriba hacia abajo. En todo caso, esta dependencia de los medios de comunicación se traduce en las herramientas que deben utilizar los políticos: modos, usos y reglas que no pertenecen a la política, sino a los medios de comunicación. La escenificación, los tiempos, la forma deben ser las adecuadas para su óptima difusión a través de los medios. Sin éstos, no hay proclama, mensaje o consigna que valga.

Por otro lado, partimos de que la concepción de la democracia de la mayoría de los partidos políticos (sobre todo los mayoritarios) y de sus militantes es la elitista o procedimental. En ella, las élites se turnan en el ejercicio del poder y la única posibilidad de acción política que se concede a la ciudadanía es el voto. El programa, las líneas maestras, los argumentos políticos, en suma, se rebajan a un nivel que sea aceptable ideológicamente y comprensible para la mayoría de la población (el famoso centro político). Por tanto, lo que queda es un núcleo de ideas básicas, de directrices (que a nada obligan) con el que la mayoría pueda estar de acuerdo (es decir, un programa, en esencia, conservador). Queda, además, la imagen. Esto quiere decir que a los ciudadanos se les hurta el debate sobre ideas y se les ofrece en cambio, estética. El dirigente político, o líder, intenta proyectar una determinada imagen con la que los ciudadanos puedan identificarse. Priman la emoción y las sensaciones sin razonamientos. Así, diluidas las ideas y  emborronados los argumentos, los gabinetes de comunicación y los medios de comunicación explotan el lado humano de los políticos. Como si fuera interesante para los proyectos en común de nuestra sociedad que a tal ministro le guste jugar al dominó, a cual vicepresidente, Mahler; o a nuestro alcalde ir a la playa.

En España me hizo famoso un político.

Es aquí cuando debe surgir el elemento fundamental de una esfera pública fiel a su nombre: la sociedad civil. Ese conjunto de asociaciones, agrupaciones, movimientos, etc., cuyo interés no está guiado por la lógica del mercado ni por el deseo de acaparar poder político. La génesis de su existencia es el propósito  de defender intereses ciudadanos o visibilizar colectivos arrinconados por el poder político y ninguneados por los medios. Es en ese espacio  informal, la esfera pública, donde la sociedad civil ha de hacer valer su capacidad de movilización y, sobre todo, de exponer toda esa panoplia de ideas y argumentos que, después de ser discutidos y refinados, tengan que ser tenidos en cuenta, tarde o temprano, por el legislativo y el ejecutivo, vía, más vale tarde que nunca, medios de comunicación. Claro que esa sociedad civil, al mismo tiempo que problematiza pautas de acción, formas de pensar, costumbres o instituciones que hasta ese momento se tenían por aceptables, debe ser en sí misma un ejemplo de institucionalización democrática de la exposición de argumentos (democracia deliberativa a pequeña escala), donde no se excluya ni se reprima a nadie afectado y que tenga algo que decir. La sociedad civil, aunque florece de manera óptima en sociedades con democracias consolidadas y valores democráticos arraigados, puede ser la esperanza de regeneración democrática en nuestro país, aunque es dudoso que este cuente con lo primero y menos con lo segundo. Por supuesto, tal sociedad civil debe constar de ciudadanos comprometidos con la defensa de aquellos valores, con valentía (a esto hemos llegado) para dar a oír su voz y con capacidad de aprendizaje permanente, tanto de aquellos con visiones del mundo diferentes (una sociedad democrática es una sociedad plural) como en su propia formación personal. En definitiva, la legitimación institucional de los representantes políticos no tiene por qué ponerse en duda, así como tampoco el foro legislativo (Parlamento) en donde toman forma legal las futuras leyes, pero sin que ello signifique que el sujeto de la soberanía popular, esto es, nosotros, los ciudadanos, tengamos que conformarnos con las iniciativas de aquellos ni tampoco aceptar la representación vicaria de los medios de comunicación. La capacidad de expresión, reivindicación y crítica de los ciudadanos debe ejercitarse siempre que estos lo consideren necesario, sin aceptar exclusiones ni amenazas. Es así cómo se consolida una democracia, y no quedándonos en casa como una mayoría silenciosa.