Madison y Pericles

Según algunos comentaristas de periódicos nacionales, de nuevo un fantasma recorre Europa: el fantasma del populismo. Dicho término, aplicado en nuestro país en los últimos años, parece la prevención político-periodística ante una enfermedad cuyos síntomas, al menos de momento, no se han evidenciado de manera conspicua a ojos de este observador. Además, tal y como se viene empleando, populismo se ha convertido en uno de esos conceptos-comodín cuyo proliferación es proporcional a la ambigüedad o amplitud de su significado. En general, se usa de modo despectivo, y viene a denostar toda aquella medida que iniciativa que esté en contra de los propios intereses o convicciones y se aprecie que puede suscitar apoyo popular. 

Así, no es de extrañar que los políticos de todas las tendencias acusen a los de las contrarias de incurrir en el dichoso populismo. Además, cuando se utiliza como improperio, viene a acompañar muy a menudo a otro sustantivo triunfante: demagogo, y el correspondiente adjetivo demagógico. Como adjetivo y sustantivo, son intercambiables, además, lo que facilita su empleo en tertulias, columnas de opinión, charletas de café, tweets, etc. por líderes de opinión y caudillos mediáticos varios, por no hablar, claro, de nuestra clase política: Zapatero acusó a Rajoy de populista; y viceversa. Aguirre, a la presidenta de Argentina, una ex secretaria de Estado y ex ministra a Aguirre, el PSOE a un ministro y muchos más por el estilo, fácilmente encontrables a golpe de Google. También es muy recurrente el empleo de utópico o utopía. Una tríada de conceptos casi imbatible.

Acusada y acusadora de populismo. Según ella, liberal (foto: diarioprogresista).

Lo que se manifiesta en todas estas acusaciones es la desconfianza, nada nueva, de los partidos políticos y sus dirigentes respecto de todo lo que suponga conexión, consulta o escucha a la ciudadanía. La mala conciencia que les suponemos está fundada por su poca costumbre en prestar atención a los problemas de aquella, salvo en sondeos de coyuntura o en periodos electorales, en los que las promesas, golpes de pecho y propósitos de enmienda resultan habituales. Es por eso por lo que su apelación al pueblo emerge como estrambótica y estentórea. Consultas y referendos son tildados de manera sistemática como populistas, y sus promotores, demagogos. En el caso de los últimos referéndums propuestos (Cataluña y Canarias), no deja de parecer razonable la acusación de "oportunismo" político a quienes los han promovido. No obstante, no deja de ser una obviedad, pues las decisiones políticas siempre obedecen a cuestiones de oportunidad, además de otras razones. Que tanto el presidente de la Generalitat como del Gobierno de Canarias aboguen por consultas ciudadanas no debería, en cualquier caso, ser motivo de polémica ni de reproche jurídico positivista, pues en principio nada parece más democrático que la ciudadanía tenga voz y voto en cuestiones importantes para su Comunidad. Que aparte de los motivos puramente consultivos intervengan otros factores políticos (como la cercanía de unas elecciones, consolidación del poder dentro del partido, etc.) es algo que no podemos rechazar a priori, pero que no debería deslegitimar aquellas consultas. Además, quienes se pusieron de acuerdo en 24 horas para cambiar la Constitución e introducir en ella la prioridad del pago de la deuda externa no deberían insistir tanto en que tal o cual modalidad de referéndum no es constitucional/legal. Ya sabemos que sólo es cuestión de voluntad política, y otros cambios, quizá más pertinentes, contribuirán a rasgar el velo del templo de la Carta Magna.

No obstante, y como ya señale en mi último post (El Día de la Deliberación), un referéndum al uso es insuficiente porque se limita a reflejar la opinión del ciudadano, no a valorar su reflexión, alimentada por datos técnicos, aportaciones de expertos, interpelaciones ciudadanas a los políticos, debates entre los que postulan una postura con los que están en contra, etc. Es decir, ya que la institución política de turno ha convocado un referéndum, debería también esforzarse por suministrar la máxima información posible a los potenciales votantes, al igual que estos también deberían tomarse la molestia de analizarla. La cuestión debería consistir no tanto en votar lo que se piensa en un momento dado (en muchas ocasiones, ni siquiera se tiene opinión al respecto) sino en lo que se votaría si se tuviese la mayor información posible. 

¡Cuidado con la tiranía de la mayoría! (Wikipedia)

No olvidemos, por otro lado, que la democracia representativa de la que disfrutamos ha arrinconado a otras formas más deliberativas, no sólo por el problema que representa el número (cómo hacer deliberar en el mismo espacio a miles, millones de personas y tomar una decisión), sino por la profunda desconfianza que han sentido siempre las élites políticas hacia la participación masiva del pueblo. La tesis de que unos representantes filtrarían las opiniones del pueblo y las refinarían debatiendo entre ellos es, en su variante de sistema de partidos, la que ha perdurado y ha llegado hasta nosotros. Recordemos, además, que en la época de James Madison (uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos) y tras la Revolución Francesa, lo que llamamos ahora democracia representativa se consideraba un sistema diferente a la democracia, entendida como democracia directa. En rigor, la primera se denominaba República, y la segunda, Democracia. La posterior ampliación del derecho a voto, lo que finalmente devendría como sufragio universal, y el progresivo prestigio del término democracia, convergieron para denominar al sistema de representación como democracia representativa, que es la que rige en actualidad en España y en la mayoría de los países de tradición liberal-capitalista. Así, en la república (ya sea presidencial o monárquico-constitucional) nunca ha gobernado el pueblo, sino sus representantes, que ni son el pueblo ni actúan por delegación, sino que son autónomos respecto a aquél (otro asunto es la sujeción a la disciplina de partido). El discurso fúnebre de Pericles (véase Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides) es un texto fundamental de la democracia que la mayoría de nuestros políticos (los que lo conocen) preferirían pasar por alto. Además, basta echar un vistazo a muchos de nuestros diputados y senadores para darnos cuenta de que ellos mismos no pasarían un filtro de sabiduría o raciocinio mínimos. Muchos se limitan, de hecho, a aplaudir o a dar voces de apoyo, tal como aquellos entrañables animales de Rebelión en la Granja.

Estoy de moda en el socialismo español.

Es, por lo tanto, dudoso que gocemos de verdadera libertad política, si la entendemos a la manera de Hannah Arendt, quien señalaba en su obra Sobre la revolución: "O la libertad política, en su acepción más amplia, significa el derecho "a participar en el gobierno" o no significa nada". Podemos imaginar un régimen en el que estén recogidos en una constitución y protegidos los derechos civiles, pero que, al mismo tiempo, la inmensa mayoría de la ciudadanía no participe en la esfera política, que no participe en las decisiones de carácter público. ¿Llamaríamos a este régimen demócrata? Decía, en un artículo reciente, el politólogo Fernando Vallespín que la esencia de la democracia era poder optar entre candidaturas. Ni rastro de la participación de la ciudadanía, ni de la deliberación, ni de la difusión de valores democráticos. Por supuesto, también es posible imaginar una oligarquía cuyos miembros disputasen entre sí la ocupación de los cargos institucionales mediante elección popular. Es posible que dicha opción entre candidatos sea una condición necesaria, pero no suficiente para aceptarla como sinónima de democracia.

Con frecuencia me pregunto cuál será el pecado original del pueblo para que sea objeto de tanto desprecio.

El Gran Embuste

No deja de resultar llamativo que, en medio de todo tipo de noticias, reportajes y explicaciones técnicas proferidas en los medios de comunicación por los expertos respecto de la crisis económica, dos asuntos de casi exclusivo valor simbólico hayan atraído por algún tiempo los focos y las portadas de aquellos, y, por ende, de gran parte de la opinión pública que todavía confía en que le estructuren la realidad. Estos dos asuntos, como ya habrán imaginado, son el contencioso de Gibraltar, tomando como excusa un asunto de menor enjundia, de tipo local, y lo que en mi ardor de bloguero he denominado la guerra de las banderas.

El dichoso peñón, ni más ni menos (Wikipedia).

Mi intención, no es en absoluto, en el primer caso, pretender mostrarme como lo que no soy, otro experto en asuntos internacionales o de pesca de bajura ni, en el segundo, hacer una defensa de símbolos patrios. Me explico: en realidad, lo que me interesa es poner de relieve el poder de arrastre de asuntos que, a pesar de vulnerar presuntamente costumbres o derechos unos ciudadanos, no poseen una dimensión tan extraordinaria como la que pretenden hacernos creer el Gobierno y los medios de comunicación. Sin embargo, es cierto que muchas personas sí sentirán una carga emocional considerable: en ambos casos, aquellas que posean como características constitutivas de su identidad el sentimiento nacionalista, una presunta ideología política  o una determinada visión del mundo, percibirán aquellos incidentes casi como un ataque personal. 

En el caso de Gibraltar, lo que era un problema menor a escala nacional (aunque comprendo que para los afectados el asunto es serio) respecto de un caladero, ha sido presentado, de nuevo, como un ultraje a la patria, un agravio a los españoles y una nueva muestra de arrogancia de la pérfida Albión. En el segundo caso, unos jóvenes aspirantes a políticos se han fotografiado con la bandera franquista. El asunto no tendría mayor enjundia que el mostrar cómo ciertos afiliados a ese partido consideran a éste (sin duda, de manera errónea) heredero natural de los valores de aquel régimen. En efecto, algunos ciudadanos de tendencia conservadora de este país creen que no es incompatible proclamarse demócrata y, al mismo, tiempo valorar de forma positiva la dictadura de Franco. A estas alturas, nos hemos acostumbrado a no considerar esto un escándalo cognitivo. Al fin y al cabo, democracia significa respetar visiones tradicionalistas, conservadoras e incluso pre-ilustradas, siempre que no conlleven un ataque efectivo (y no meramente una pose nostálgica) contra nuestro Estado constitucional. No obstante, hay que señalar que la exhibición de símbolos que se consideran atentatorios contra los principios constitucionales, como la bandera franquista, está prohibida.

 Es posible que, a fin de cuidar las formas, una rápida expulsión de los fotografiados habría servido para apaciguar la supuesta conmoción social, magnificada, no obstante, por algunos medios de comunicación. Sin embargo, un portavoz de ese partido, imagino que con un discurso estudiado, contrapuso la bandera franquista -un símbolo- a la bandera republicana -otro símbolo- y arremetiendo contra la II República. Aparte del uso de falacias argumentativas varias y de una visión histórica sesgada en ambos casos, el Ejecutivo ha logrado que, al menos durante unos días, tanto la crisis de su partido como la económica (con la connivencia de unos medios de comunicación que se han prestado gustosos al espectáculo) pasaran a un segundo plano. No por ello quiero decir que ambos asuntos no constituyan expresión de problemas reales, pero sí que podrían haber sido despachadas en la esfera diplomática, por un lado, y en la disciplinaria del partido, por otro, sin tantas alharacas ni aspavientos.

Soy el que más sale aquí.

Pero más allá del simbolismo, siempre importante, me gustaría, siguiendo a Habermas, señalar que, si bien el nacionalismo ejerció en su momento histórico un importante papel cohesionador (en que unas comunidades y unos países se contraponían a otros con el buscado efecto homogeneizador de lenguas y costumbres), a estas alturas de interconexión mundial con la globalización económica, y la imparable permeabilización de nuestras sociedades, plurales en valores, creencias, lenguas y etnias, debería surgir en su lugar otro basado más bien en el orgullo de contar con un sistema de derechos y libertades que permite, al menos en teoría, que cada uno de nosotros lleve a cabo el plan de vida que considere mejor para sí mismo, que cada uno siga la idea del bien que por tradición o elección prefiera. Hay que señalar, no obstante, que ese patriotismo constitucional debería estar basado en premisas que no se dan, al menos de modo óptimo, en ningún país. Es más bien un ideal regulatorio: el liberalismo de corte más progresista denunció hace tiempo la imposibilidad de cumplir con un plan de vida mínimamente satisfactorio si no se daban las circunstancias económicas y sociales adecuadas que nivelaran e integraran a sectores de la población depauperados o marginados. De ahí, nació, entre otras cosas, el Estado Social después de la II Guerra Mundial.

Si no leemos, ¿a qué podemos aspirar? (Fuente: CIS)

Así que no es de extrañar que, tras el continuo desmantelamiento del Estado del Bienestar y, en todo este tiempo, el fracaso de los distintos gobiernos nacionales y locales en disminuir la polaridad social, eliminar la pobreza, amén del incumplimiento  en la promoción activa de la visibilidad y la voz de colectivos marginados, se recurra una y otra vez a ese nacionalismo basado en la comunidad, en la lengua y, a veces, en la genética para desviar la atención de la ciudadanía, que podría centrarse en su incompetencia e impostura. Porque tras el ejercicio de impotencia política tanto del anterior gobierno como del actual en materia económica y política, por no hablar del fracaso en la profundización de las libertades y de la promoción de valores democráticos y su aparente claudicación ante el poder financiero, uno tiende a pensar que vivimos (en palabras de Fernando Vallespín) pendientes de pequeñas mentiras, pero sin darnos cuenta del Gran Embuste.

Un Gran Embuste cuyo velo no podremos descorrer si no es mediante la democratización de la sociedad, del sistema político e, incluso, de muchos niveles de la economía (dando un paso atrás, por ejemplo, a la tendencia a eliminar a los sindicatos como actores en el diálogo social o de reducir al mínimo su papel). Es decir, deberíamos considerar que la Constitución no es el final, sino el principio de un largo proceso de continua reforma y crítica que haga de España un país del que sentirnos, entonces sí, en verdad orgullosos.