Consenso por arriba, resignación por abajo

Parece que ha llegado la hora de que todos nos convirtamos en sociólogos de barra de bar a cuenta de las pasadas elecciones en Andalucía y de las futuras dentro de menos de dos meses en las autonómicas, insulares y locales. Podemos pensar que ha habido un progreso en la historia de nuestro país: de ser todos entrenadores de fútbol sin licencia, ahora somos todos politólogos sin título. Alguno incluso es adoptado por el periódico local de turno para que nos regale sus reflexiones diarias acerca del panorama político y cualquier otra cosilla que sea tema del día. De todos modos, este no es un artículo sobre el intrusismo y la ignorancia: defectos que todos poseemos en mayor o menor medida, aunque sólo algunos se empeñan en hacerlos públicos, con gran regocijo de deudos y allegados.

Equipamiento básico, según algunos (foto: diario.es).

Querría centrarme, más bien, en asuntos que, a pesar de pertenecer al ámbito local, son de carácter universal, en el sentido filosófico, digamos, de la palabra. En este caso, que tenga validez o pueda aplicarse/extrapolarse a muchos lugares diferentes al nuestro ; y no "universal", por ejemplo, en el sentido que se aplica, con cierta pomposidad, a artistas que gozan del favor de alguien, normalmente con capacidad de imponérnoslo cada vez que quiere en un titular o en un telediario. Adelanto que hablo de democracia y de la participación de los ciudadanos en las decisiones de su pueblo o ciudad. 

Al grano: hemos sido testigos en nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de la puesta en marcha de proyectos que, al parecer, han gozado del consenso político y mediático. Huelga decir que una vez que políticos y responsables de medios de comunicación han  llegado a ese consenso se da por descontado que toda la sociedad está de acuerdo. Tanto los representantes políticos legalmente constituidos como los periodistas y editores (que se arrogan también un papel de representación) consideran, pues, que tal consenso es legítimo: unos en su calidad de representantes de los ciudadanos en las instituciones en que se deciden las medidas; otros como controladores de los primeros debido a supuesto un compromiso tácito con la ciudadanía. Esta, en sí, rara vez es consultada, pues con el consenso alcanzado entre los dos primeros grupos se cree agotada esa vía.

El acuario aún no construido (foto: eldiario.es).

Así pues, y sin irnos muy atrás en el tiempo, tenemos el nuevo pabellón de baloncesto, el llamado Gran Canaria Arena. En lo que respecta a obras de gran calado, seguimos con el futuro acuario de la ciudad. Por último, el Castillo de la Luz, destinado a una fundación privada. En los tres casos, un acuerdo político entre bambalinas, legitimado posteriormente por la votación oportuna, y anunciado con gran fanfarria y toque de corneta en los medios de comunicación locales, se ha trasladado, de arriba a abajo, a la ciudadanía. Esta solo cuenta con dos opciones: seguir su vida más o menos indiferente al nuevo proyecto urbano o expresar su conformidad resignada con las decisiones de los que manejan los asuntos públicos.

No todo parece consenso (foto: eldiario.es).

En el primer caso, la construcción del nuevo pabellón de baloncesto se justificó como necesario para alojar al equipo de baloncesto profesional de la ciudad (cuyo dueño es también el Cabildo de Gran Canaria), y ser sede de futuros eventos como el Mundobasket (que atraería a aficionados y turistas de todo el planeta) amén de ser un recinto que podría ser destinado a otros eventos, como así ha ocurrido, con conciertos de cantantes como Raphael o espectáculos de Walt Disney. Además, su construcción activaría (por un tiempo) el sector de la construcción, crearía puestos de trabajo (aunque fueran eventuales) y tendría un efecto de arrastre sobre otros sectores. El coste: alrededor de 70  millones de euros pagados por instituciones públicas (50 millones pagados por el Cabildo), es decir, costeado por los ciudadanos.

En el segundo caso, la aportación de las instituciones públicas ha consistido en la cesión de suelo, la disminución de impuestos y la aceleración de la tramitación de los permisos. La inversión millonaria, la creación de puestos de trabajo y su inserción en la construcción de una imagen urbana vendible a los potenciales turistas (y a los touroperadores, que son los que, sobre todo, harán negocio) parecen las principales razones para, a despecho de la ecología, la ética de respeto por los animales y la consulta ciudadana, dar vía libre a este proyecto, aún por realizar.

Otro proyecto brillante (foto: eldiario.es).

El último ejemplo resulta aún más sangrante: en el caso del Castillo de la Luz, no se trata simplemente de un proyecto ideado y llevado a cabo a espaldas de los habitantes, que, en todo caso, no manifiestan en el peor de los casos más que indiferencia y, en el mejor, cierto apoyo lánguido. Aquí nos encontramos que parte de la ciudadanía, en concreto la del barrio donde está enclavado el castillo, se opone a que este se destine a alojar una fundación de un artista y a sus obras escultóricas. Consideran muchos residentes en el barrio de La Isleta que dicho castillo podría destinarse a usos alternativos. En todo caso, sin profundizar en estas propuestas, el Ayuntamiento, que se supone que representa los intereses de los vecinos, considera que defiende mejor los intereses de la ciudad no sólo destinando el inmueble a una fundación privada sino, además, contribuyendo a su financiación y comprometiéndose a adquirir a plazos (a razón de 100.000 euros al año) al mismo artista y a sus herederos más obras, que pasaran a formar parte del patrimonio de aquella. Sin duda, una operación redonda para el escultor y su parentela. Para la ciudad, algo más discutible. Además, todo un despliegue mediático de apoyo al escultor y a la fundación aspira a presentar al resto de la ciudadanía un consenso social unánime. Unanimidad, me arriesgo a señalar, que sólo existe en ciertos despachos y reservados de restaurantes.

Tiempo atrás hubo otras ideas galvanizadoras como una noria gigante en el Parque Santa Catalina, cerca de la zona de atraque de cruceros, o un teleférico en la cumbre de la isla. Como siempre, intereses empresariales, chisporroteo de neuronas de algún iluminado político y acogida entusiasta, a veces hasta el empalago, de los medios de comunicación son todo uno. La ciudadanía es un figurante destinado solo a leer el pequeño texto que le escriban. Más allá del éxito o del fracaso de estos proyectos y obras, lo que resulta evidente es el déficit democrático que resulta de que la sistemática toma de decisiones que afectan a la ciudad jamás toma en cuenta la opinión de los vecinos. El sistema de delegación y representación políticas no excluye de forma necesaria dicha consulta y toma en consideración, pero el imaginario político que enmarca la actuación de los partidos, empresarios y medios de comunicación excluye siempre a la ciudadanía.

El Día de la Deliberación

Pensaba escribir algo diferente: dejar a un lado la política y los medios de comunicación y tocar cualquier otro asunto. Me temo que la consecuencia previsible sería que no escribiría en absoluto. En estos tiempos de crisis, la verdad, no estoy dispuesto a ser crítico de inocuidades, como de la última novela de Fulanito o la de la película de Menganito, aunque dispusiese de los conocimientos para hacerlo. La libertad de escribir cualquier cosa en este blog no puede ser una excusa para torturar a los lectores que decidan pasar por aquí, sometiéndolos a mis caprichos creativos.

Por cierto, algunos de estos lectores me han señalado, con respecto a mi anterior entrada, que los reproches que le dirigí al principal partido en escaños de la oposición podrían aplicarse también al del Gobierno estatal o a los de las comunidades no gobernadas por ellos. Sin duda, me apresuro a contestar. Mientras que en la discusión política se orilla el modelo de economía, pues la mayoría de los partidos de España, y en especial los que suelen turnarse en el gobierno, apoyan sin reservas el sistema de mercado y capitalista, hay que señalar que a las formaciones de derechas se les puede reprochar sus valores y objetivos, que no suelen esconder: organicismo, jerarquía, tradicionalismo, conservadurismo y clasismo. Alguna vez me he preguntado hacia dónde dirigirán sus simpatías los liberales, porque muchos estarán lejos de encuadrarse en este marco. A los partidos de izquierdas se les reprocha, sobre todo, su hipocresía y doble lenguaje: dicen que luchan por la igualdad y por la redistribución de la riqueza, abogan por la autonomía del ciudadano y por la participación política, pero en la praxis se vuelven paternalistas, prefieren una ciudadanía pasiva, que no se implique en política, y se contentan con mantener el statu quo económico, todo en aras de la famosa estabilidad. Así se entiende, por ejemplo, que las oscilaciones de voto sean tan diferentes en los partidos mayoritarios: uno tiene más incondicionales que otro; el otro tiene más votantes despechados que el uno.

¡Ya era hora de que me sacaran en este blog!

Como ya señalé en otro post (y como está reflejado en literatura sociológica de mucha mayor calidad y profundidad que la mía), los partidos que gobiernan el Estado del Bienestar, ya sea en su versión fuerte o en la actual que se propugna y se recorta, son presos de las contradicciones sistémicas que lo aquejan. La impotencia y debilidad de los sucesivos gobiernos (también los de las Comunidades) en el plano económico se enmascaran haciéndose pasar al primer plano asuntos sociales, morales o identitarios. Así, no es sorprendente que el famoso referéndum catalán haya ocupado la atención de los medios informativos las últimas semanas (en un cambio de clima político que beneficia tanto al gobierno de España como al de Cataluña), desplazando  las cifras macroeconómicas y las microtragedias ciudadanas a un segundo plano, menos dañino para sus proyecciones electoralistas. La nación y la nacionalidad siguen suscitando pasiones que parecían hasta no hace mucho obliteradas en las sociedades europeas, postmetafísicas y plurales (en España, sin embargo, no ha dejado de estar presente, todo hay que decirlo). Al menos, esa era la reflexión, de matiz evolucionista, de muchos pensadores. La secularización y la laicidad no han acabado con la religión en Occidente. Más bien,  en los últimos años se asiste a cierto resurgir en la esfera pública (Jürgen Habermas considera que este fenómeno es propio de las sociedades postseculares, básicamente las democracias liberales de Europa). Además, la lealtad sentimental a ese constructo imaginado (véase Benedict Anderson, Comunidades imaginadas) que es la nación no se ha dejado atrás. El famoso patriotismo de la Constitución (véase Habermas) está muy lejos de ser la norma, más allá de alguna élite intelectual o académica sin peso significativo en el espacio público.

Abogo por el Día de la Deliberación.

Y he aquí que el más reciente foco de conflicto político en España, el famoso referéndum de Cataluña, que a veces parece desleírse sin ruido y otras se hincha como un eccema rabioso, cobra protagonismo merced a la disputa de las élites políticas, que primero dirimen sus diferencias en la esfera pública, vía medios de comunicación, para después ganar fuerza negociadora. 

En mi opinión, la consulta ciudadana no debería considerarse una singularidad o un elemento extraño a la política democrática. En todo caso, no parece irrazonable pensar que podría modificarse el artículo 92 de la Constitución para darle la cabida que se merece y mediante una reforma de la actual Ley Orgánica legislar de modo que las consultas ciudadanas pudieran realizarse con mayor frecuencia y a todos los niveles. No obstante, un referéndum debería ir precedido de una intensa actividad deliberativa ciudadana, promovida por las instituciones públicas. Porque ¿qué significa dar una opinión, un voto, o una respuesta a una encuesta basándose simplemente en ideas superficiales o sensaciones confusas salvo expresar un estereotipo o un prejuicio? Los referendos no pueden limitarse a ser una encuesta política típica, que busca, como suelen decir los comentaristas de los medios, "una foto" de la opinión pública. En asuntos políticos de enjundia, es decir, en todos, no se debería preguntar la mera opinión que se tiene, sino aquella opinión que se tendría después obtener la información necesaria y sopesar los argumentos de uno, otro y del de más allá. La diferencia es algo más que notable. En los experimentos deliberativos o encuestas deliberativas realizadas, entre otros, por el filósofo político James S. Fishkin, se observa cómo las personas que tomaban parte en ellas cambiaban en gran medida sus opiniones (se les hacía una encuesta antes de las deliberaciones y otra, después) y las fundamentaban mucho mejor. Trasladándolo a la gran encuesta nacional que pueden ser unas elecciones o, en el caso que nos ocupa, un referéndum, Fishkin aboga por implantar un Día de la Deliberación en el que el Estado proporcionara espacios e información para que los representantes de los partidos (a nivel local, por todo el territorio del Estado) explicasen a la ciudadanía su programa, medidas o propuestas, y pudieran ser interpelados por los ciudadanos que participaran (no se descarta implantar incentivos). Como consecuencia, éstos abandonarían su ignorancia racional (para qué va uno a molestarse en informarse si, total, un voto no vale nada entre tantos millones) y estarían más dispuestos a participar en la consulta o en las elecciones de turno.

¿Consenso? ¡Estoy en contra!

A pesar de las evidentes dificultades logísticas y el gasto (uno se pregunta si no valdría más ese que el que se incurre en cada campaña electoral y que tiene las consecuencias perversas en los partidos que todos conocemos), el resultado electoral o el del referéndum estaría cargado de valor cognitivo y político, lo que claramente repercutiría en la legitimidad del gobierno de turno y de las instituciones públicas, y evitaría en gran medida fenómenos como la actual desafección, de la que tanto se quejan, asimismo, nuestros representantes políticos y los autonombrados líderes de opinión. No se trata, por tanto, de llegar a ningún consenso. Puedo estar de acuerdo con la filósofa Chantal Mouffe en su visión agonística de la política y de la esfera pública. En muchos casos, es sencillamente imposible, y es posible que ni siquiera deseable, alcanzar tal consenso por la disparidad de visiones morales y políticas existentes en nuestra sociedad plural. No obstante, nuestra democracia ganaría en calidad al incluir mayor deliberación y participación, y el principio de la mayoría perdería ese carácter asfixiante que el mero recuento de votos provoca en los derrotados.