Absoluta normalidad

Este absurdo titular (resaltar la normalidad) solía encabezar la noticia comodín por antonomasia tanto de los medios de comunicación como de los portavoces políticos durante y tras una cita electoral. Imagino que en los albores de la democracia en nuestro país, ante la alargada sombra de los militares y las bombas de ETA, resaltar que la votación se llevaba a cabo sin sobresaltos constituía una buena noticia. Varios lustros después, el efecto me resultaba más bien siniestro. "¿Por qué no iba a a haber normalidad?", me preguntaba, cuando era más joven y todavía más ingenuo. Luego, por la tele, veía al anciano en silla de ruedas, a la monja, al pijo, a la punky, al rico y al pobre, todos en disciplinada fila hacia la ansiada urna: la fiesta de la democracia, para repetir otro tópico que, a fuerza de repetirlo, ha terminado por convertirse en una caricatura que ya sólo se pronuncia si es con ironía.

¿Anormalidad democrática?

En esta ocasión, y tras los resultados de estas elecciones para el Parlamento Europeo, justo lo que se destaca es la anormalidad, la irregularidad, la singularidad y el elemento estrambótico o friki. Pero no hubo amenazas de bomba, ni quema de urnas o de colegios electorales. No se produjeron altercados dignos de mención, salvo algún posible insulto, falta de papeletas o cosas así. Pero la absoluta normalidad no ha sido merecedora de titulares de ni ha servido de refugio retórico en la vacuidad del habitual discurso oficial. Como los partidos tradicionalmente mayoritarios han perdido la mitad de los votos y alrededor de un 25-30% de los diputados, los medios de comunicación (también tradicionalmente "grandes") no han considerado normal la cita electoral.

España tiene esencia, que lo sé yo (foto: El diario.es).

Por otro lado, la entrada (a los medios les gusta la palabra irrupción) en el Parlamento Europeo de fuerzas políticas que, al menos en España, quieren comenzar la discusión desde más atrás, es decir, que el debate no parta de premisas ya dadas como la moneda única, las instituciones que ya existen fuera del control democrático como los bancos centrales, o la obligación de pagar la deuda en primer lugar por mandato constitucional, por ejemplo, han provocado de inmediato su calificación como "populistas", "radicales", "extrema izquierda" y demás lindezas. Es llamativo, si se hace un ejercicio de extrañamiento, que la puesta en cuestión de los asuntos centrales que marcan el devenir de nuestras sociedades sea merecedora de epítetos de esa naturaleza. Ante todo, porque da la impresión de que proteger a los ciudadanos, no sólo en su dignidad y autonomía, sino incluso en su mera supervivencia orgánica, no resulta, para muchos, la prioridad de un Estado. Parecería, y aquí sin duda me aventuro, que para los portavoces políticos y los habituales caudillos mediáticos, España  consta de una esencia que debe perdurar, aun a costa de los miembros que la componen. Esa esencia de la españolidad sería un trasunto del Espíritu hegeliano que se desplegaría en la historia, y la vida de las personas que participan de esa esencia carecerían, naturalmente, de importancia. Ese espíritu se encarnaría en las cifras macroeconómicas, en el PIB o en las exportaciones, en la deuda del Tesoro, en el número de turistas que visitan el país, en el balance de los bancos o en la fiesta nacional, las matanzas de toros. Como dijo una conspicua política, "España tiene 3.000 años de historia". Por qué íbamos a preocuparnos, pues, de las personas, que viven tan poco.

Los que consideramos que España, o cualquier otra comunidad en general, carece de esencia y destino histórico alguno salvo el que decidamos colectiva y mayoritariamente los ciudadanos; los que nos oponemos a que una minoría imponga de modo más o menos velado su visión de la sociedad y su discurso político no podemos sino alegrarnos de que el descontento popular haya encontrado plataformas  en forma de partidos que, al menos en parte, representaran sus aspiraciones. Abogar por la democratización de las instituciones, por la participación de la ciudadanía en la política o por la transparencia de las cuentas publicas no deberían ser, a estas alturas, motivos de preocupación, sino de anhelo. A riesgo de volverme otro analista político más de batín y zapatillas, me inclino a pensar que, por el contrario, la subida de un partido como el Frente Nacional en Francia se debe a que los ciudadanos indignados y descontentos (y sí, con poca memoria histórica) no han encontrado ninguna opción mejor para expresar su rechazo al sistema político actual y sus reglas de juego. 

Nos hemos cansado estos meses de leer y oír a comentaristas políticos, periodistas de todo pelaje y sociólogos entusiastas del statu quo alertándonos del peligro del populismo, de la demagogia, de la amenaza a la estabilidad que supondría la quiebra del bipartidismo... Ellos mismos nos han glosado las bondades de la modélica transición, de la Constitución, del liberalismo (tal como entienden ellos), del sistema de partidos, de las instituciones de la democracia española y de la suerte que tenemos de vivir aquí, de tal modo que daban a entender que la actual crisis política, si entendemos por tal la desafección ciudadana hacia esos mismos partidos e instituciones, se debía casi de modo exclusivo a la incapacidad de la ciudadanía para entender el sistema político que nuestros padres de la patria habían tenido a bien regalarnos y que tanta estabilidad y prosperidad nos habían proporcionado. El idealismo de esta sociología de think tank de medio pelo y la miopía de estos expertos en marketing político se habían conjugado para intentar imponer resignación y conformidad, ya que no aprobación, en las mentes de los potenciales votantes. Ante las dimensiones de la crisis económica y la incapacidad de los sucesivos gobiernos para hacerle frente, la consiguiente crisis de legitimidad y las protestas ciudadanas, las direcciones de la mayoría de los partidos políticos y de los medios de comunicación se han mostrado, en esta línea, incapaces de entender la magnitud de los cambios en la concepción de la política y de la sociedad de gran parte de los españoles.  Sus propuestas se han limitado, en resumen, a proponer una abstracta "regeneración ética" y una "mejora en la comunicación con los ciudadanos".

Podríamos sugerirles que reformularan su idea de democracia; que ésta no es necesariamente sinónima de permanente estabilidad o de consenso. Democracia también es renovación, disenso, crítica hiperbólica, aspiraciones nunca colmadas, lucha por el reconocimiento, ideales contrafácticos, horizontes utópicos, incluso crisis, por qué no... Ni el bipartidismo conlleva plenitud democrática ni la fragmentación parlamentaria tiene que conducirnos a un Estado fallido más de lo que es ahora. Quizá deberíamos recordar que la democracia consiste en la participación ciudadana en los asuntos públicos, y urgir a los ciudadanos y a los así llamados líderes a imaginar un sistema que suponga más que la alternancia de ciertas élites en el poder y el ritual de unas elecciones periódicas que supuestamente indiquen las preferencias egoístas de los ciudadanos. Por qué no aspirar a una democracia en la que el interés y la manifestación de tales preferencias se guíen siempre por la idea del bien común, por muy diferentes que sean nuestras formas de pensar, sentir y creer. Aspiremos a la grandeza, sí, aspiremos a la democracia.

Madison y Pericles

Según algunos comentaristas de periódicos nacionales, de nuevo un fantasma recorre Europa: el fantasma del populismo. Dicho término, aplicado en nuestro país en los últimos años, parece la prevención político-periodística ante una enfermedad cuyos síntomas, al menos de momento, no se han evidenciado de manera conspicua a ojos de este observador. Además, tal y como se viene empleando, populismo se ha convertido en uno de esos conceptos-comodín cuyo proliferación es proporcional a la ambigüedad o amplitud de su significado. En general, se usa de modo despectivo, y viene a denostar toda aquella medida que iniciativa que esté en contra de los propios intereses o convicciones y se aprecie que puede suscitar apoyo popular. 

Así, no es de extrañar que los políticos de todas las tendencias acusen a los de las contrarias de incurrir en el dichoso populismo. Además, cuando se utiliza como improperio, viene a acompañar muy a menudo a otro sustantivo triunfante: demagogo, y el correspondiente adjetivo demagógico. Como adjetivo y sustantivo, son intercambiables, además, lo que facilita su empleo en tertulias, columnas de opinión, charletas de café, tweets, etc. por líderes de opinión y caudillos mediáticos varios, por no hablar, claro, de nuestra clase política: Zapatero acusó a Rajoy de populista; y viceversa. Aguirre, a la presidenta de Argentina, una ex secretaria de Estado y ex ministra a Aguirre, el PSOE a un ministro y muchos más por el estilo, fácilmente encontrables a golpe de Google. También es muy recurrente el empleo de utópico o utopía. Una tríada de conceptos casi imbatible.

Acusada y acusadora de populismo. Según ella, liberal (foto: diarioprogresista).

Lo que se manifiesta en todas estas acusaciones es la desconfianza, nada nueva, de los partidos políticos y sus dirigentes respecto de todo lo que suponga conexión, consulta o escucha a la ciudadanía. La mala conciencia que les suponemos está fundada por su poca costumbre en prestar atención a los problemas de aquella, salvo en sondeos de coyuntura o en periodos electorales, en los que las promesas, golpes de pecho y propósitos de enmienda resultan habituales. Es por eso por lo que su apelación al pueblo emerge como estrambótica y estentórea. Consultas y referendos son tildados de manera sistemática como populistas, y sus promotores, demagogos. En el caso de los últimos referéndums propuestos (Cataluña y Canarias), no deja de parecer razonable la acusación de "oportunismo" político a quienes los han promovido. No obstante, no deja de ser una obviedad, pues las decisiones políticas siempre obedecen a cuestiones de oportunidad, además de otras razones. Que tanto el presidente de la Generalitat como del Gobierno de Canarias aboguen por consultas ciudadanas no debería, en cualquier caso, ser motivo de polémica ni de reproche jurídico positivista, pues en principio nada parece más democrático que la ciudadanía tenga voz y voto en cuestiones importantes para su Comunidad. Que aparte de los motivos puramente consultivos intervengan otros factores políticos (como la cercanía de unas elecciones, consolidación del poder dentro del partido, etc.) es algo que no podemos rechazar a priori, pero que no debería deslegitimar aquellas consultas. Además, quienes se pusieron de acuerdo en 24 horas para cambiar la Constitución e introducir en ella la prioridad del pago de la deuda externa no deberían insistir tanto en que tal o cual modalidad de referéndum no es constitucional/legal. Ya sabemos que sólo es cuestión de voluntad política, y otros cambios, quizá más pertinentes, contribuirán a rasgar el velo del templo de la Carta Magna.

No obstante, y como ya señale en mi último post (El Día de la Deliberación), un referéndum al uso es insuficiente porque se limita a reflejar la opinión del ciudadano, no a valorar su reflexión, alimentada por datos técnicos, aportaciones de expertos, interpelaciones ciudadanas a los políticos, debates entre los que postulan una postura con los que están en contra, etc. Es decir, ya que la institución política de turno ha convocado un referéndum, debería también esforzarse por suministrar la máxima información posible a los potenciales votantes, al igual que estos también deberían tomarse la molestia de analizarla. La cuestión debería consistir no tanto en votar lo que se piensa en un momento dado (en muchas ocasiones, ni siquiera se tiene opinión al respecto) sino en lo que se votaría si se tuviese la mayor información posible. 

¡Cuidado con la tiranía de la mayoría! (Wikipedia)

No olvidemos, por otro lado, que la democracia representativa de la que disfrutamos ha arrinconado a otras formas más deliberativas, no sólo por el problema que representa el número (cómo hacer deliberar en el mismo espacio a miles, millones de personas y tomar una decisión), sino por la profunda desconfianza que han sentido siempre las élites políticas hacia la participación masiva del pueblo. La tesis de que unos representantes filtrarían las opiniones del pueblo y las refinarían debatiendo entre ellos es, en su variante de sistema de partidos, la que ha perdurado y ha llegado hasta nosotros. Recordemos, además, que en la época de James Madison (uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos) y tras la Revolución Francesa, lo que llamamos ahora democracia representativa se consideraba un sistema diferente a la democracia, entendida como democracia directa. En rigor, la primera se denominaba República, y la segunda, Democracia. La posterior ampliación del derecho a voto, lo que finalmente devendría como sufragio universal, y el progresivo prestigio del término democracia, convergieron para denominar al sistema de representación como democracia representativa, que es la que rige en actualidad en España y en la mayoría de los países de tradición liberal-capitalista. Así, en la república (ya sea presidencial o monárquico-constitucional) nunca ha gobernado el pueblo, sino sus representantes, que ni son el pueblo ni actúan por delegación, sino que son autónomos respecto a aquél (otro asunto es la sujeción a la disciplina de partido). El discurso fúnebre de Pericles (véase Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides) es un texto fundamental de la democracia que la mayoría de nuestros políticos (los que lo conocen) preferirían pasar por alto. Además, basta echar un vistazo a muchos de nuestros diputados y senadores para darnos cuenta de que ellos mismos no pasarían un filtro de sabiduría o raciocinio mínimos. Muchos se limitan, de hecho, a aplaudir o a dar voces de apoyo, tal como aquellos entrañables animales de Rebelión en la Granja.

Estoy de moda en el socialismo español.

Es, por lo tanto, dudoso que gocemos de verdadera libertad política, si la entendemos a la manera de Hannah Arendt, quien señalaba en su obra Sobre la revolución: "O la libertad política, en su acepción más amplia, significa el derecho "a participar en el gobierno" o no significa nada". Podemos imaginar un régimen en el que estén recogidos en una constitución y protegidos los derechos civiles, pero que, al mismo tiempo, la inmensa mayoría de la ciudadanía no participe en la esfera política, que no participe en las decisiones de carácter público. ¿Llamaríamos a este régimen demócrata? Decía, en un artículo reciente, el politólogo Fernando Vallespín que la esencia de la democracia era poder optar entre candidaturas. Ni rastro de la participación de la ciudadanía, ni de la deliberación, ni de la difusión de valores democráticos. Por supuesto, también es posible imaginar una oligarquía cuyos miembros disputasen entre sí la ocupación de los cargos institucionales mediante elección popular. Es posible que dicha opción entre candidatos sea una condición necesaria, pero no suficiente para aceptarla como sinónima de democracia.

Con frecuencia me pregunto cuál será el pecado original del pueblo para que sea objeto de tanto desprecio.