El liberalismo en España: historia de una ausencia.

En mis días más benignos, sueño con que en España sea posible la pluralidad política.Y con ella no me refiero, en este artículo, a la posibilidad de que gobiernen partidos de izquierda que contribuyan a configurar una idea diferente de lo político y de la política. Más bien, mi sueño sería ver en este país un partido liberal que, aunque pueda parecer sorprendente a algunos, no creo que esté en absoluto representado por el partido actualmente en el poder. Aunque no soy historiador, me arriesgaré en este artículo a esbozar un breve y tosco resumen del tránsito liberal en España, teniendo en el recuerdo la obra de José Luis Villacañas Berlanga Historia del poder político en España. En todo caso, me amparo en la condescendencia de mis lectores.

He escrito un libro muy gordo (foto: laopinióncoruña).

Liberal, en el siglo XVIII y XIX era ser un opositor a las monarquías absolutas imperantes en Europa. Era ser no sólo un defensor del libre mercado, con sus matices, y del desarrollo de la industria y de la riqueza económica en su propio país, sino también, como causa o consecuencia de lo anterior, paladín de los derechos de reunión, expresión, creencia, etc., los llamados "derechos de los modernos" o, más comúnmente, los derechos liberales, que hoy forman partes de los derechos fundamentales presentes en cualquier constitución democrática. La aparición de una esfera pública se sitúa, siguiendo a Habermas en Historia y Crítica de la Opinión Pública, en el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX con la aparición de una sociedad civil burguesa. Frente a la arbitrariedad y secreto de las monarquías absolutas, la pujante burguesía de ese tiempo, especialmente en Inglaterra y Francia, y también en Alemania (los tres países en los que Habermas centra su estudio) propone el uso público de la razón y, por tanto, la publicidad de las actuaciones gubernamentales. Se consideraba que la discusión pública por parte de ciudadanos autónomos (bien es cierto que se consideraba así sólo a los varones blancos propietarios) contribuiría a la mejor gestión. Se pretendía unir así la razón y la ley. Posteriormente, sobre todo a medida que la burguesía se iba haciendo con las palancas del poder estatal surgieron públicos alternativos y contrapúblicos como el cartista en Inglaterra y, más tarde, el proletario en todos los países que se incorporaban a la Revolución Industrial.

De contrapúblicos lo sé todo (foto: Univ. Yale)

Como es bien conocido, la burguesía en España nunca terminó de configurarse como una fuerza dominadora, y así el liberalismo nunca terminó de cuajar del todo, sobre todo porque en la lucha política competía no sólo contra la monarquía absoluta, sino contra el poder de la Iglesia Católica y, a pesar de numerosas excepciones, nunca pudo tener de su lado al Ejército. Además, la debilidad del Estado español truncó las posibilidades de un régimen liberal debido a la intervención extranjera, como la de los Cien mil hijos de San Luis. España. desde la Guerra de Sucesión, sobre todo, ha sido un país en cuyos asuntos internos ha intervenido siempre otra potencia foránea. Las fuerzas tradicionales, esas que hablan de la esencia eterna de España, nunca han sido liberales: los tradicionalistas monárquicos, la Iglesia, los grandes latifundistas y el Ejército. Soluciones de compromiso se ensayaron como con el periodo de la Restauración, pero sus contradicciones internas y las luchas políticas condujeron a la dictadura de Primo de Rivera y, posteriormente, a la II República. El resto de la historia es bien conocido.

¿Deseado o felón?

A lo que quiero llegar es que existe una línea conductora entre el partido que nos gobierna, el régimen franquista y esas fuerzas tradicionalistas y conservadoras cuyo ejemplo más ominoso es Fernando VII. De la defensa y promoción de los postulados liberales en el plano económico nunca fue abanderado (otra cosa es la propaganda) este partido. Por otro lado, aunque formalmente un estado liberal-democrático, la política económica nacida tras la Transición y el fin de la UCD se puede resumir, bajo los mandatos de los partidos que han ejercido desde entonces el poder estatal, en el desmantelamiento de la industria, de la venta de empresas estatales con beneficios, en la apuesta por los servicios turísticos y culturales y en la promoción de grandes grupos empresariales, sobre todo de la construcción, a golpe de Boletín Oficial del Estado.

Así, es erróneo confundir liberalismo con conservadurismo moral o con tradicionalismo clasista. Más bien, es todo lo contrario, por mucho que desde posturas socialistas o comunitaristas de distinto signo se le pueda reprochar la atomización social, la petrificación social en origen (como consecuencia, no como principio) y la generación de desigualdad que provoca el mercado capitalista no regulado. Es a raíz de la constatación de estos problemas y de coyunturas históricas como las guerras mundiales y el surgimiento de regímenes comunistas como el liberalismo del siglo XIX mutó en otro que tenía un ojo en la justicia social y que promovió acuerdos corporatistas (Estado, patronal y sindicatos). Lo que dio lugar, como es bien sabido a los diversos Estados del Bienestar. Es a partir de los años 70, en Estados Unidos y Gran Bretaña cuando este último modelo comienza a verse erosionado, en el plano económico, por la creciente inflación y el aumento del paro y, como consecuencia, en el plano ideológico, el neoliberalismo cuyos paladines se remontan a los años 40 (Hayek, Von Mises, Lippmann, Friedman) se vuelve predominante hasta convertirse en el sentido común por excelencia.

Monedero dice que yo debería ser poshabermasiano.

En España, un liberalismo moderno, con la posibilidad, incluso, de ser progresista no existió nunca con la fuerza suficiente para instalarse en el poder. Reconozco mi ignorancia si hay partidos en nuestro país, que representen esa visión política.Quizá la hora del liberalismo ha pasado, con el advenimiento del neoliberalismo y la canibalización de la socialdemocracia. En todo caso, aunque así fuera, es posible que una síntesis entre elementos liberales de esa corriente de pensamiento, sobre todo en su defensa de los derechos individuales (contra la visión de ingeniería social del neoliberalismo y del comunismo), y una visión socialista de la regulación, si no el control, de los medios de producción, y la redistribución de la riqueza, así como la democratización de la mayor parte de las esferas sociales (incluyendo la política y la economía) sea la vía para crear un país de ciudadanos preocupados por el bienestar de su comunidad. Un país en el que en puridad se pueda denominar democrático a su sistema político. Lo demás, me temo, es otra cosa.

Nacionalismos canarios

En Canarias, nadie lo duda, existe un importante sentimiento nacionalista. Importante en una doble vertiente: la de los números (personas que declaran serlo) y la de la intensidad. Mucha gente se declara canaria por encima de otras adscripciones identitarias, y mucha gente también lo manifiesta cada vez que puede, acompañándose con la imaginería al uso: bandera con siete estrellas verdes, canciones de amor a la tierra, apología de las costumbres que se consideren tradicionales y la forma de hablar en Canarias, por ejemplo. Sin embargo, ese sentimiento nacionalista discurre a través de líneas ideológicas diferentes, cuando no incompatibles entre sí. 

Bandera independentista canaria (Wikipedia).

Por ejemplo, en primer lugar, existe un nacionalismo, que, salvada la distancia histórica, recuerda al criollo sudamericano, liderado por un conglomerado político-empresarial que pugna, sobre todo, por ocupar los puestos de poder de la estructura administrativa estatal y en su desarrollo autonómico, es decir, el gobierno y la administración de la Comunidad. Este es un nacionalismo pragmático, a veces denominado regionalista porque no parece pretender ir más allá de su instalación y afianzamiento en el espacio político-administrativo cedido por el Estado. La independencia no se menciona jamás salvo como amenaza velada en la esfera pública cuando se negocian presupuestos y transferencias medidas por la aportación estatal al presupuesto de la Comunidad. Hay que señalar que en su composición intervinieron partidos y corrientes de izquierda y de derecha, siendo los primeros fagocitados por los segundos con el transcurrir de los años y las exigencias de llegar a acuerdos de gobierno en un territorio tan fragmentado geográfica, social y económicamente. En segundo lugar, tenemos el nacionalismo clásico canario, de tendencias marxistas e incluso, en algunos casos, estalinistas, maoístas y africanistas. Está formado por grupos marginales de la vida política, en los bordes de las arena política institucionalizada, atomizados, y que sólo son visibles cuando aprovechan manifestaciones organizadas por sindicatos y otros movimientos, y con ocasionales notas de prensa que muy rara vez encuentran eco en los medios de comunicación más importantes. Los miembros de estos grupos se suelen centrar una vez que, por conveniencia, son atraídos por el partido pragmático y se integran de pleno en el nuevo entorno.

Para muchos, el padre del nacionalismo canario

Su plasmación más dramática fue el MPAIAC, hasta ahora el único grupo que ha ejercido la acción violenta organizada por motivos políticos en Canarias, si no contamos la Guerra Civil y la represión franquista. En tercer lugar, nos encontramos con la posición defendida por el dueño de un periódico de gran tirada y muy leído (en términos relativos, claro está, dada la aguda crisis de la prensa), sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que combinaría la pasión independentista de los nacionalistas clásicos de izquierdas con la ideología conservadora de gran parte de los cargos del partido pragmático en el poder. En la medida que este último nacionalismo y el primero pueden conjugarse (y de hecho, así ha sido durante varias etapas de la vida política canaria) se puede hablar de un predominio nacionalista extremadamente conservador, al menos en la política institucionalizada. Que dicho nacionalismo sea reflejo del de los ciudadanos de a pie es un asunto discutible. Por otro lado, las veleidades independentistas de los grupos más radicalizados están vigiladas por el Estado, y es poco probable que, salvo  en coyunturas de extrema fractura social y política,  dichos grupos se corporeicen en estructuras y movimientos lo bastante importantes para convertirse en actores políticos con los que haya que contar.

En este sentido, ya sea de manera pretendida o no, la celebración de lo propio y lo folclórico fomentada desde el partido pragmático que ocupa el poder sin interrupción desde hace más de veinte años ha desactivado la radicalización de la ciudadanía nacionalista, que parece haber sido contentada con la propagación de los motivos simbólicos  más conspicuos, con los que se intenta focalizar los supuestos valores y virtudes de la cultura local y, cómo no, con las etapas de bonanza económica que permitieron incluso a las clases más desfavorecidas cierto nivel de consumo inimaginable décadas atrás. Así, la exaltación de las fiestas locales, la propagación del uso en ellas de la vestimenta supuestamente típica, cierta veneración por el pasado aborigen y la defensa de la variante dialectal del español, que es la denominada habla canaria (al prohibir de facto cualquier otro acento en la televisión autonómica), etc., han resultado medidas efectivas. Digamos que se ha canalizado el sentimiento de ajenidad a la españolidad hacia expresiones inocuas que no ponen en cuestión el actual statu quo. Es el nacionalismo ligero, de conveniencia, que contenta a casi todos por ser políticamente inane.

Celebración de lo nuestro (foto: Ayto. de Teror).

El concepto básico del nacionalismo es claro: un estado propio para una comunidad homogénea. Sin embargo, sostener hoy la homogeneidad étnica y cultural en el tipo de sociedades plurales en las que vivimos es tan problemática como lo es también la sostenibilidad de una estructura político-administrativa independiente tanto de España como de terceros países. La viabilidad económica del nuevo Estado, así como la seguridad militar representan problemas de tal magnitud, al menos en el imaginario popular, que reprimen cualquier acción nacionalista que vaya más allá de la ocasional exhibición de la bandera independentista o del murmullo antiespañolista en el Día de Canarias. Sea por propia reflexión o por el resultado de la propaganda estatal, el independentismo canario está poco seguro de sus propias fuerzas.

Por otro lado, más allá del nacionalismo pragmático-conservador y del idealista mitificador de izquierdas, se pregunta uno si, a estas alturas, la construcción de un estado propio debería obedecer a otros principios distintos a la mera imitación y reproducción de estructuras liberal-capitalistas de Occidente sin añadir un mecanismo fuertemente redistribuidor de la riqueza. Es decir, el nacionalismo, podría considerarse, en sí, políticamente neutro: un nacionalista puede ser conservador-tradicional, liberal, marxista o ecologista, puede ser autoritario o demócrata. La pregunta clave es, a mi parecer, qué tipo de Estado se pretende erigir una vez conseguida la desvinculación del cuerpo político del que hasta entonces formaba parte. Así, tal y como señala Habermas, podríamos considerar el ir más allá de la valorada unidad étnica o del pasado mítico fundacional y apostar por una comunidad política que se sienta vinculada por su respeto a las leyes, a los derechos humanos, a la democracia y por su deseo conjunto de alcanzar una vida lograda, más allá de la diversidad de sus cosmovisiones o ideas de la vida buena. Un proyecto conjunto establecido por el deseo de querer ser una comunidad justa e igualitaria. Al menos, esa es la única idea de nacionalismo que me parece puede ser defendida con convicción a estas alturas de la Historia. 

¿Este bloguero no puede citar a otro? (foto:Wikipedia)

El discurso victimista, la genética, la lengua e incluso la defensa a ultranza de una cultura más o menos tradicional son elementos que empobrecen el discurso nacionalista y redundan en su falta de credibilidad y aceptación. Claro que, como bien se le ha señalado a Habermas, podríamos preguntarnos si es el mero respeto a las leyes un elemento aglutinador suficiente para cohesionar a los miembros y grupos de una comunidad, para que se sientan partícipes del proyecto en común, para que se imaginen incluidos en él. ¿Es el patriotismo de la Constitución el amalgamador que se requiere para anular el efecto de las fuerzas centrífugas del capitalismo globalizado, la anomia social provocada por la polarización de riqueza y renta, las ideologías excluyentes que fían el valor de las personas a su valor en el mercado, los fundamentalismos religiosos de todo signo, etc? ¿Cómo lidiar con la interiorización de aquellos valores que, precisamente, minan la posibilidad de una comunidad constituida por ciudadanos y no por simples consumidores egoístas? Un debate necesario no sólo para el nacionalismo, sino para cualquier corriente o partido que pretenda actualizar el debate político, pues son asuntos que atraviesan todas las posiciones ideológicas. Sin embargo, al menos en Canarias, ese debate está ausente, y, por el nivel de los actores políticos y sociales, dudo que ni siquiera sea capaz de concebirse.

El Día de la Deliberación

Pensaba escribir algo diferente: dejar a un lado la política y los medios de comunicación y tocar cualquier otro asunto. Me temo que la consecuencia previsible sería que no escribiría en absoluto. En estos tiempos de crisis, la verdad, no estoy dispuesto a ser crítico de inocuidades, como de la última novela de Fulanito o la de la película de Menganito, aunque dispusiese de los conocimientos para hacerlo. La libertad de escribir cualquier cosa en este blog no puede ser una excusa para torturar a los lectores que decidan pasar por aquí, sometiéndolos a mis caprichos creativos.

Por cierto, algunos de estos lectores me han señalado, con respecto a mi anterior entrada, que los reproches que le dirigí al principal partido en escaños de la oposición podrían aplicarse también al del Gobierno estatal o a los de las comunidades no gobernadas por ellos. Sin duda, me apresuro a contestar. Mientras que en la discusión política se orilla el modelo de economía, pues la mayoría de los partidos de España, y en especial los que suelen turnarse en el gobierno, apoyan sin reservas el sistema de mercado y capitalista, hay que señalar que a las formaciones de derechas se les puede reprochar sus valores y objetivos, que no suelen esconder: organicismo, jerarquía, tradicionalismo, conservadurismo y clasismo. Alguna vez me he preguntado hacia dónde dirigirán sus simpatías los liberales, porque muchos estarán lejos de encuadrarse en este marco. A los partidos de izquierdas se les reprocha, sobre todo, su hipocresía y doble lenguaje: dicen que luchan por la igualdad y por la redistribución de la riqueza, abogan por la autonomía del ciudadano y por la participación política, pero en la praxis se vuelven paternalistas, prefieren una ciudadanía pasiva, que no se implique en política, y se contentan con mantener el statu quo económico, todo en aras de la famosa estabilidad. Así se entiende, por ejemplo, que las oscilaciones de voto sean tan diferentes en los partidos mayoritarios: uno tiene más incondicionales que otro; el otro tiene más votantes despechados que el uno.

¡Ya era hora de que me sacaran en este blog!

Como ya señalé en otro post (y como está reflejado en literatura sociológica de mucha mayor calidad y profundidad que la mía), los partidos que gobiernan el Estado del Bienestar, ya sea en su versión fuerte o en la actual que se propugna y se recorta, son presos de las contradicciones sistémicas que lo aquejan. La impotencia y debilidad de los sucesivos gobiernos (también los de las Comunidades) en el plano económico se enmascaran haciéndose pasar al primer plano asuntos sociales, morales o identitarios. Así, no es sorprendente que el famoso referéndum catalán haya ocupado la atención de los medios informativos las últimas semanas (en un cambio de clima político que beneficia tanto al gobierno de España como al de Cataluña), desplazando  las cifras macroeconómicas y las microtragedias ciudadanas a un segundo plano, menos dañino para sus proyecciones electoralistas. La nación y la nacionalidad siguen suscitando pasiones que parecían hasta no hace mucho obliteradas en las sociedades europeas, postmetafísicas y plurales (en España, sin embargo, no ha dejado de estar presente, todo hay que decirlo). Al menos, esa era la reflexión, de matiz evolucionista, de muchos pensadores. La secularización y la laicidad no han acabado con la religión en Occidente. Más bien,  en los últimos años se asiste a cierto resurgir en la esfera pública (Jürgen Habermas considera que este fenómeno es propio de las sociedades postseculares, básicamente las democracias liberales de Europa). Además, la lealtad sentimental a ese constructo imaginado (véase Benedict Anderson, Comunidades imaginadas) que es la nación no se ha dejado atrás. El famoso patriotismo de la Constitución (véase Habermas) está muy lejos de ser la norma, más allá de alguna élite intelectual o académica sin peso significativo en el espacio público.

Abogo por el Día de la Deliberación.

Y he aquí que el más reciente foco de conflicto político en España, el famoso referéndum de Cataluña, que a veces parece desleírse sin ruido y otras se hincha como un eccema rabioso, cobra protagonismo merced a la disputa de las élites políticas, que primero dirimen sus diferencias en la esfera pública, vía medios de comunicación, para después ganar fuerza negociadora. 

En mi opinión, la consulta ciudadana no debería considerarse una singularidad o un elemento extraño a la política democrática. En todo caso, no parece irrazonable pensar que podría modificarse el artículo 92 de la Constitución para darle la cabida que se merece y mediante una reforma de la actual Ley Orgánica legislar de modo que las consultas ciudadanas pudieran realizarse con mayor frecuencia y a todos los niveles. No obstante, un referéndum debería ir precedido de una intensa actividad deliberativa ciudadana, promovida por las instituciones públicas. Porque ¿qué significa dar una opinión, un voto, o una respuesta a una encuesta basándose simplemente en ideas superficiales o sensaciones confusas salvo expresar un estereotipo o un prejuicio? Los referendos no pueden limitarse a ser una encuesta política típica, que busca, como suelen decir los comentaristas de los medios, "una foto" de la opinión pública. En asuntos políticos de enjundia, es decir, en todos, no se debería preguntar la mera opinión que se tiene, sino aquella opinión que se tendría después obtener la información necesaria y sopesar los argumentos de uno, otro y del de más allá. La diferencia es algo más que notable. En los experimentos deliberativos o encuestas deliberativas realizadas, entre otros, por el filósofo político James S. Fishkin, se observa cómo las personas que tomaban parte en ellas cambiaban en gran medida sus opiniones (se les hacía una encuesta antes de las deliberaciones y otra, después) y las fundamentaban mucho mejor. Trasladándolo a la gran encuesta nacional que pueden ser unas elecciones o, en el caso que nos ocupa, un referéndum, Fishkin aboga por implantar un Día de la Deliberación en el que el Estado proporcionara espacios e información para que los representantes de los partidos (a nivel local, por todo el territorio del Estado) explicasen a la ciudadanía su programa, medidas o propuestas, y pudieran ser interpelados por los ciudadanos que participaran (no se descarta implantar incentivos). Como consecuencia, éstos abandonarían su ignorancia racional (para qué va uno a molestarse en informarse si, total, un voto no vale nada entre tantos millones) y estarían más dispuestos a participar en la consulta o en las elecciones de turno.

¿Consenso? ¡Estoy en contra!

A pesar de las evidentes dificultades logísticas y el gasto (uno se pregunta si no valdría más ese que el que se incurre en cada campaña electoral y que tiene las consecuencias perversas en los partidos que todos conocemos), el resultado electoral o el del referéndum estaría cargado de valor cognitivo y político, lo que claramente repercutiría en la legitimidad del gobierno de turno y de las instituciones públicas, y evitaría en gran medida fenómenos como la actual desafección, de la que tanto se quejan, asimismo, nuestros representantes políticos y los autonombrados líderes de opinión. No se trata, por tanto, de llegar a ningún consenso. Puedo estar de acuerdo con la filósofa Chantal Mouffe en su visión agonística de la política y de la esfera pública. En muchos casos, es sencillamente imposible, y es posible que ni siquiera deseable, alcanzar tal consenso por la disparidad de visiones morales y políticas existentes en nuestra sociedad plural. No obstante, nuestra democracia ganaría en calidad al incluir mayor deliberación y participación, y el principio de la mayoría perdería ese carácter asfixiante que el mero recuento de votos provoca en los derrotados.

Los actores de la izquierda

Como es probable que este sea mi último post del año, quería escribir algo distinto a señalar las falacias argumentativas de los políticos o la sesgada visión del espacio público de los medios de comunicación. Sin embargo, el poder, la influencia y el dinero no dejan de aparecer de forma conspicua como los tres elementos que, al menos en apariencia, mueven a la acción a aquellos. Por sí mismos, estos elementos no son negativos para una sociedad más justa e igualitaria. Utilizados como medios para alcanzar los propios fines a expensas de los posibles perjudicados y sin que se hayan utilizado medios democráticos, sí lo son.

Soy leyenda.

Por tanto,  he postergado para una época menos agitada la decisión de escribir de algún otro asunto que no sea estrictamente político: arte (en sentido amplio), cultura (en sentido amplio, también)... Comprendan que es difícil resistirse a señalar las campañas mediático-políticas cuando las percibe uno, que todavía dispone de capacidad de indignación. Así que allá vamos.

El último congreso del principal partido en la oposición resultó todo un espectáculo, en el sentido recto de la palabra: actores, guión, coreografía y atrezzo. Como en una obra de teatro antigua, los viejos sabios tuvieron su papel, y hasta algún muerto resucitó para darnos consejos desde el más allá. Desde las lejanas provincias, futuros césares se subieron al escenario para representar la renovación. Al mismo tiempo, los medios de comunicación afines dedicaban gran número de páginas a narrar la obra a la ciudadanía y a hacernos conscientes de su gran importancia. "No se la puede perder", parecía leerse entre líneas. No contentos con esto, dichos medios, cuyo nicho de mercado es el centro-izquierda (o lo que entiendan por eso), suministran desde entonces, día sí y al otro también, entrevistas y artículos de opinión de sociólogos y juristas que nos alertan del "peligro del populismo". Da la impresión de que las cabezas pensantes que quedan en ese partido están alarmadas porque no capitalizan el amplio descontento ciudadano con el Gobierno. Por consiguiente, ejercen un ataque preventivo contra la posible tendencia de su electorado natural a elegir o a articular otras opciones políticas más ambiciosas. Más bien, cabría decirles que se puede señalar lo opuesto: el peligro del conformismo o del partidismo totalizador que conduce a la parálisis política.

No obstante lo anterior, esos líderes y los miembros de sus fundaciones anejas no parecen darse cuenta de que para muchos ciudadanos la idea de la izquierda no está tan asociada a la estabilidad política a cualquier precio como a la democratización en tanto tarea permanente y siempre inacabada. Ejercer esa suerte de pragmatismo estratégico y evitar la confrontación en áreas sensibles no resuelve problemas, sino que posterga su solución. No abordar reformas democratizadoras por cálculo electoralista priva a medio plazo a sus potenciales votantes de razones para votarles. Son las paradojas de la izquierda, que, al menos en España, han madurado de forma acelerada hasta reventar en su crisis actual.

Nunca me he ido del todo.

Quizá pueda pensarse que a dicha izquierda, al menos a la que se le proporciona espacio, micrófono y plano, le falta vocabulario, consecuencia de su idea estrecha de la democracia y de la sociedad. Lo anterior resulta evidente cuando dicen: "Lo que quiere la ciudadanía es...", "lo que le importa a los españoles es...", "lo que la gente espera es...", como si el líder o caudillo mediático de turno poseyese esa omnisciencia divina o ejerciese esa representación schmittiana cuasi mística que le capacitase para ejercer el poder sin ataduras. Sería deseable, en mi opinión, que dejara en el museo de los errores el paternalismo (aunque bienintencionado) y la hybris.

Yendo más allá, puede que nunca sea demasiado tarde para considerar la idea de que la ciudadanía no debería ser una excusa o una coartada, ni un mero objeto de seducción, comprensible mediante sondeos de opinión, sino el principal sujeto político en su poliédrica constitución: múltiples grupos sociales de diferentes tendencias políticas y diversas situaciones de riqueza e ingresos, heteróclito conjunto de creencias y cosmovisiones. Precisamente por esta diversidad, los procedimientos democráticos, siempre en proceso de mejora, para no sólo conocer sino también fundamentar la opinión de los ciudadanos, deberían dejar de ser la excepción, tal como ocurre hoy en día, y convertirse en la norma. En vez de abjurar, por ejemplo, de las consultas ciudadanas periódicas como los referéndums, aduciendo un nivel de participación por debajo del 50% (parece ser el caso suizo, aunque depende de lo que se pregunte), se podría señalar que ojalá viviéramos en un país en el que se requiriera nuestra opinión con tanta frecuencia, aun a riesgo de que no quisiéramos participar siempre. En esta línea, produce, en el peor de los casos, pasmo, y, en el mejor, cierto bochorno oír a algún miembro del partido en la oposición que deberían "abrirse" a la sociedad/ciudadanía, dando a entender, de esta manera, que estaban cerrados a ella, precisamente sus representantes en el Parlamento y demás instituciones del Estado... 

En definitiva, habría que preguntarles a esos dirigentes, a esos analistas y expertos en marketing político cuál es su concepción del ser humano y cuál es su idea de lo que debería ser una sociedad bien ordenada (en términos de Rawls). Quizán no quieren reconocerlo, pero, a tenor de sus manifestaciones y acciones, su idea de la democracia  es más elitista que deliberativa, mucho más próxima a Schumpeter que a Habermas, lo que puede satisfacer a algunos y frustrar a muchos más.

El Gran Embuste

No deja de resultar llamativo que, en medio de todo tipo de noticias, reportajes y explicaciones técnicas proferidas en los medios de comunicación por los expertos respecto de la crisis económica, dos asuntos de casi exclusivo valor simbólico hayan atraído por algún tiempo los focos y las portadas de aquellos, y, por ende, de gran parte de la opinión pública que todavía confía en que le estructuren la realidad. Estos dos asuntos, como ya habrán imaginado, son el contencioso de Gibraltar, tomando como excusa un asunto de menor enjundia, de tipo local, y lo que en mi ardor de bloguero he denominado la guerra de las banderas.

El dichoso peñón, ni más ni menos (Wikipedia).

Mi intención, no es en absoluto, en el primer caso, pretender mostrarme como lo que no soy, otro experto en asuntos internacionales o de pesca de bajura ni, en el segundo, hacer una defensa de símbolos patrios. Me explico: en realidad, lo que me interesa es poner de relieve el poder de arrastre de asuntos que, a pesar de vulnerar presuntamente costumbres o derechos unos ciudadanos, no poseen una dimensión tan extraordinaria como la que pretenden hacernos creer el Gobierno y los medios de comunicación. Sin embargo, es cierto que muchas personas sí sentirán una carga emocional considerable: en ambos casos, aquellas que posean como características constitutivas de su identidad el sentimiento nacionalista, una presunta ideología política  o una determinada visión del mundo, percibirán aquellos incidentes casi como un ataque personal. 

En el caso de Gibraltar, lo que era un problema menor a escala nacional (aunque comprendo que para los afectados el asunto es serio) respecto de un caladero, ha sido presentado, de nuevo, como un ultraje a la patria, un agravio a los españoles y una nueva muestra de arrogancia de la pérfida Albión. En el segundo caso, unos jóvenes aspirantes a políticos se han fotografiado con la bandera franquista. El asunto no tendría mayor enjundia que el mostrar cómo ciertos afiliados a ese partido consideran a éste (sin duda, de manera errónea) heredero natural de los valores de aquel régimen. En efecto, algunos ciudadanos de tendencia conservadora de este país creen que no es incompatible proclamarse demócrata y, al mismo, tiempo valorar de forma positiva la dictadura de Franco. A estas alturas, nos hemos acostumbrado a no considerar esto un escándalo cognitivo. Al fin y al cabo, democracia significa respetar visiones tradicionalistas, conservadoras e incluso pre-ilustradas, siempre que no conlleven un ataque efectivo (y no meramente una pose nostálgica) contra nuestro Estado constitucional. No obstante, hay que señalar que la exhibición de símbolos que se consideran atentatorios contra los principios constitucionales, como la bandera franquista, está prohibida.

 Es posible que, a fin de cuidar las formas, una rápida expulsión de los fotografiados habría servido para apaciguar la supuesta conmoción social, magnificada, no obstante, por algunos medios de comunicación. Sin embargo, un portavoz de ese partido, imagino que con un discurso estudiado, contrapuso la bandera franquista -un símbolo- a la bandera republicana -otro símbolo- y arremetiendo contra la II República. Aparte del uso de falacias argumentativas varias y de una visión histórica sesgada en ambos casos, el Ejecutivo ha logrado que, al menos durante unos días, tanto la crisis de su partido como la económica (con la connivencia de unos medios de comunicación que se han prestado gustosos al espectáculo) pasaran a un segundo plano. No por ello quiero decir que ambos asuntos no constituyan expresión de problemas reales, pero sí que podrían haber sido despachadas en la esfera diplomática, por un lado, y en la disciplinaria del partido, por otro, sin tantas alharacas ni aspavientos.

Soy el que más sale aquí.

Pero más allá del simbolismo, siempre importante, me gustaría, siguiendo a Habermas, señalar que, si bien el nacionalismo ejerció en su momento histórico un importante papel cohesionador (en que unas comunidades y unos países se contraponían a otros con el buscado efecto homogeneizador de lenguas y costumbres), a estas alturas de interconexión mundial con la globalización económica, y la imparable permeabilización de nuestras sociedades, plurales en valores, creencias, lenguas y etnias, debería surgir en su lugar otro basado más bien en el orgullo de contar con un sistema de derechos y libertades que permite, al menos en teoría, que cada uno de nosotros lleve a cabo el plan de vida que considere mejor para sí mismo, que cada uno siga la idea del bien que por tradición o elección prefiera. Hay que señalar, no obstante, que ese patriotismo constitucional debería estar basado en premisas que no se dan, al menos de modo óptimo, en ningún país. Es más bien un ideal regulatorio: el liberalismo de corte más progresista denunció hace tiempo la imposibilidad de cumplir con un plan de vida mínimamente satisfactorio si no se daban las circunstancias económicas y sociales adecuadas que nivelaran e integraran a sectores de la población depauperados o marginados. De ahí, nació, entre otras cosas, el Estado Social después de la II Guerra Mundial.

Si no leemos, ¿a qué podemos aspirar? (Fuente: CIS)

Así que no es de extrañar que, tras el continuo desmantelamiento del Estado del Bienestar y, en todo este tiempo, el fracaso de los distintos gobiernos nacionales y locales en disminuir la polaridad social, eliminar la pobreza, amén del incumplimiento  en la promoción activa de la visibilidad y la voz de colectivos marginados, se recurra una y otra vez a ese nacionalismo basado en la comunidad, en la lengua y, a veces, en la genética para desviar la atención de la ciudadanía, que podría centrarse en su incompetencia e impostura. Porque tras el ejercicio de impotencia política tanto del anterior gobierno como del actual en materia económica y política, por no hablar del fracaso en la profundización de las libertades y de la promoción de valores democráticos y su aparente claudicación ante el poder financiero, uno tiende a pensar que vivimos (en palabras de Fernando Vallespín) pendientes de pequeñas mentiras, pero sin darnos cuenta del Gran Embuste.

Un Gran Embuste cuyo velo no podremos descorrer si no es mediante la democratización de la sociedad, del sistema político e, incluso, de muchos niveles de la economía (dando un paso atrás, por ejemplo, a la tendencia a eliminar a los sindicatos como actores en el diálogo social o de reducir al mínimo su papel). Es decir, deberíamos considerar que la Constitución no es el final, sino el principio de un largo proceso de continua reforma y crítica que haga de España un país del que sentirnos, entonces sí, en verdad orgullosos.

Debatiendo en el chiringuito

Tras unos días digiriendo el éxito de mi último post, me he decidido a escribir de nuevo acerca de un asunto que no sólo estudio, sino (o porque) que me obsesiona: la formación de opiniones, el diálogo y el debate. Y no, no se apresuren a abandonar mi blog: ¡porque hoy no me meta con los artistas no significa que no tenga nada interesante que decir!

Como ya he señalado en varias de mis entradas anteriores, el debate político en los medios de comunicación es omnipresente, sin que eso signifique en la mayoría de los casos un enriquecimiento de la esfera pública. Ni los periodistas expertos ejercen de traductores de la complejidad de los asuntos a un lenguaje más comprensible al ciudadano no especialista, ni es habitual encontrar expertos académicos o profesionales de los asuntos en los medios de comunicación. Así, como hemos señalado, los debates-espectáculo no concretan ni dan forma a las preocupaciones de numerosos sectores de la ciudadanía y, como consecuencia, no los hacen llegar a los representantes legislativos o al Ejecutivo. Más bien, da la impresión de asistir a una representación con papeles bien asignados en la que, en una suerte de parodia del teatro ilustrado, se pretende educar entreteniendo. Se entiende educar, claro está,  como persuasión o disuasión sin apelación a la razón: más bien como la internalización por parte del público  de consignas o clichés mediante la emoción o la cantinela estratégica.

El Ejecutivo: ni más, ni menos.

Esperaríamos que las simplificaciones, los tópicos y las falacias más toscas permanecieran en el ámbito de la cafetería o de la barra de bar, donde se gestan de un modo casi natural. Sería mucho esperar, tanto por la Historia de España en general, como la de nuestro sistema educativo en particular, que las discusiones en ese nivel informal ciudadano cumplieran con las condiciones ideales del diálogo, tal y como las presenta Habermas (quien ha recogido y ampliado las aportaciones previas de Charles S. Peirce y George H. Mead).

Me llamo George y parezco simpático.

Sin embargo, no es insólito, ni mucho menos, que en este nivel quien esté a favor de alguna medida del Gobierno actual sea tildado de facha, y quien se defina como progresista, de tonto. En una fase más acalorada, al primero se le comparará con un nazi (aunque este adjetivo ya se emplea desde cualquier posición ideológica para denigrar a un adversario también de cualquier tendencia) y al segundo se le sugerirá que se vaya a vivir a Corea del Norte. Incluso en la conversación espontánea con ciudadanos de formación universitaria y carrera profesional consolidada, no es sencillo mantener la conversación a base de argumentos honrados, es decir, que los interlocutores no pretendan manipular al adversario a base de falacias, ni se sientan impelidos a echar mano de la descalificación personal. Esto no supone, empero, un desprecio de las emociones. Éstas, como guía del pensamiento, sirven para discernir lo que en nuestro código moral está bien o mal. El acaloramiento, la vehemencia, los sentimientos de simpatía o antipatía no deberían estar reñidos con la presentación de argumentos razonables y con la disposición a aprender o, al menos, a conocer puntos de vista diferentes u opuestos en asuntos de preocupación pública y respecto de los cuales no cabe esperar un consenso definitivo.

En este momento, podríamos observar que los medios de comunicación no hacen sino reflejar el nivel medio del debate político, al igual -suele argüirse- que la conducta de muchos políticos no es sino un trasunto de la moralidad del ciudadano medio. Aparte de las dificultades para encontrar o definir al ciudadano medio, el asunto es algo más complejo, por cuanto, al menos en un Estado democrático, tanto los medios de comunicación como los políticos y los partidos a los que pertenecen deben ser evaluados de manera constante y sistemática, pues  son elementos indispensables para su funcionamiento, al igual que la crítica, en cuanto supone detección de posibles errores o fallos y anhelo de perfeccionamiento. Por tanto, los argumentos descriptivos justificadores no contribuyen a mejorar el funcionamiento de las instituciones, algo que es propio de los argumentos prescriptivos. Es decir, no basta con decir que algo es, sino que es necesario señalar lo que debe ser. No es suficiente ni satisfactorio refugiarse en el argumento-espejo de la naturaleza de los medios de comunicación y de los políticos. Hay que ir más allá e imaginar modelos normativos tanto para unos como para otros.

El pragmatismo es lo mío.

Lo que evidentemente no debe ser es que los platós de televisión o las radios sean la traslación de la barra del bar de la esquina o del chiringuito de playa, con el calamar atragantado o blandiendo el mondadientes mientras a voz en cuello se suelta el "y tú más" o el "tú antes". Resulta curioso cómo las personas se afilian identitariamente con un partido político o con un periódico de determinado sesgo partidista sin recibir nada a cambio, salvo, quizá (y aquí saco a relucir mi psicología folk) la gratificación que resulta de pertenecer real o de modo imaginario a un conjunto humano mayor e identificar a un enemigo al que atribuirle las desgracias comunes y las personales. Si en este plano informal, tal forma de proceder es llamativa, curiosa, digna quizá de estudios psicológicos y sociológicos, en el plano de concreción más formal que debería ser el de los medios de comunicación es inaceptable. No olvidemos que incluso los medios de comunicación privados realizan sus emisiones en virtud de una concesión pública, y si estamos de acuerdo en que no sólo son elementos inherentes a una democracia sino vitalmente necesarios para su sostenimiento, no sería descabellado pensar que su protección es una prioridad. Protección, aclaro, contra la absoluta subordinación de su diseño y contenidos a la obtención de beneficios empresariales o a las especulaciones bursátiles. Dando por sentado que como empresas privadas deben ser rentables para su continuidad, no sería demasiado difícil justificar, no obstante, la legitimidad del Estado para reestructurarlos en aras de una democracia más perfeccionada que esta en la que vivimos.

Hay cierto consenso en el diagnóstico de los problemas de los medios de comunicación y de los partidos políticos, que tienen un cariz estructural, por lo que su rediseño implica también someter a crítica y cambio otros procedimientos, usos y costumbres de nuestro sistema político. Además, como sugerí en un post anterior, no esperemos que sean ellos mismos (los responsables de los partidos políticos y de los medios) los encargados de encontrar soluciones definitivas o, al menos, propuestas encaminadas a una transformación radical. En un plano más general, es hora de que personas con ánimo altruista, verdaderos patriotas constitucionales y expertos de distintos ámbitos (que no se reduzcan a periodistas deseosos de promocionar su último libro ni a empleados de fundaciones afines) colaboren entre sí, recogiendo las inquietudes que se manifiestan en la esfera pública, para idear nuevas estructuras y procedimientos democráticos que canalicen las demandas de los diversos sectores de la ciudadanía. El objetivo no es otro, en definitiva, que imaginar un país mejor en el que todos podamos vivir en pie de igualdad, libertad y dignidad.

Opino, luego nada

Una de las figuras más conspicuas, pero menos relevantes en los medios de comunicación es la del columnista en la prensa y la del tertuliano en la radio o en la televisión. Digo conspicua porque su presencia no sólo es visible, sino que se hace notar. En la prensa: colores, tipografía y formato especiales; en la radio, no hay parrilla en la que cada programa no cuente con un debate político, deportivo o cultural. En la tele, grandes escenarios, decorados star-trek, cronómetros que miden el tiempo de intervención; en algunos casos, público para el aplauso o  el jaleo... Esta pasión por el debate podría en principio ser una buena señal respecto de la salud de nuestra democracia. En la tele, sobre todo en los últimos tiempos, el debate político se ha convertido en una de las estrellas de la programación de las cadenas. Puede uno llegar a pensar que lo político se ha reintroducido en los hábitos sociales, cuando parecía que la ciudadanía se había alejado para dedicarse a sus asuntos privados y dejado la gestión pública en manos de los especialistas. 

El que gane se queda con la rubia

Digo también menos relevantes porque está por ver que en estos espacios se debata. Es decir, no digo que no se produzca intercambio de opiniones, pero cuando las opiniones se limitan a intercambiarse, de poco sirven. De hecho, cuando asistimos a debates electorales podemos corroborarlo. Como si fueran agua y aceite, no parece que haya modo de que los argumentos de un candidato influyan en la mejora, matización o renovación de los argumentos del otro. Podemos situarnos en un plano menos ideal y más estratégico y reparar en que en ningún momento los contendientes lo pretendieron. De hecho, su interés no estaba en obtener una ganancia gnoseológica sino en suscitar la aprobación o adhesión de un público situado más allá del plató, frente al televisor, una masa informe que bien moldeada podría transfigurarse en votos. No es de extrañar que no suscite escándalo que se pregunte a los ciudadanos quién ha ganado. Y tampoco que los ciudadanos acepten responder a este tipo de preguntas que, miradas con cierto extrañamiento, están cercanas al absurdo. 

De sobra está estudiada la teatralización de la política,  examinada la consideración de la política como espectáculo, pero no por ello deja de resultar irritante constatar que asumimos con naturalidad que votemos a un partido o a otro si nos sentimos identificados o no con él.  En realidad, más que vincular mi identidad a otra persona o partido, preferiría que me ofrecieran buenas razones respecto del tratamiento de los diferentes problemas que encaramos como sociedad y ciudadanos. Buenas razones que no pertenecen en exclusiva a nadie, y buenas razones que sólo pueden surgir tras la apreciación de las opiniones, motivos y objetivos de otras personas y colectivos. Dejar  el trazado de las líneas presentes y futuras de nuestra comunidad en manos sólo de las meras emociones o de su representación no parece el mejor modo de conseguirlo.

Gente que decidió sentirse identificada

Lo mismo podemos decir de los debates entre periodistas. Como si fueran caballeros que militan bajo distintos pendones, se baten entre sí casi sin oírse. No es de extrañar que parezcan luchar en soledad, propinando mandobles al aire, pues en realidad nunca quisieron de-batir en un espacio común. Así, el periodista A profiere su crítica acerba contra el Gobierno, el B lo defiende a capa y espada, el C  hace alarde de su particular erudición histórica para defender la identidad milenaria de su pueblo/nación, y el D se sitúa entre A y B, a lo que añade una leve ironía respecto de C, lo que le convierte en moderado. Acabado el debate todos siguen pensando absolutamente lo mismo, defendiendo exactamente los mismos puntos de vista. Ni un matiz, ni una concesión salvo que sea para reforzar la posición propia. Por ello, su relevancia en el espacio público es conspicua, pegajosa, insoportable a veces, pero al mismo tiempo irrelevante, vacua y prescindible. Al espectador u oyente sólo le queda adherirse o identificarse, sólo le queda sentir quién le cayó mejor o peor...

Y qué decir de los columnistas de los grandes periódicos.  Y de los columnistas de periódico local. Salvo raras excepciones (y hay alguna), es difícil imaginar como se puede desaprovechar con tanta eficacia ese pequeño altavoz público con el que se pueden comunicar tantas cosas a (potencialmente) tanta gente. Hay columnistas que, seguramente ahítos de escribir, nos cuentan los cotilleos de salón respecto de políticos o empresarios. Otros, nos atosigan con sus postureos literarios o anécdotas de costumbres. No digo yo que uno no pueda tener debilidades, sobre todo si denotan cierto ingenio o agudeza. Lo malo es cuando tal debilidad se convierte en seña de identidad, de la que incluso se enorgullecen. Cuando la anédocta trivial o el chascarrillo, por un lado, o la transmisión de consignas desde centros de poder se convierten en el único contenido. No es por nada que el tránsito desde los primeros periódicos de la incipiente sociedad burguesa de finales del siglo XVI hasta mediados del XVII, pasando por los periódicos de masas hasta la actual nadería ha ido paralelo a la evolución o, más bien, decadencia de la esfera pública (Cf. Habermas,  Historia y crítica de la opinión pública).

¿Por qué será que me citan tanto?

Es evidente que no vivimos en una sociedad bien ordenada, ni que se dan, siquiera de manera aproximada, las condiciones ideales para el diálogo ni mucho menos para una esfera pública sin distorsiones, dominada como está por grupos de presión, especialistas en marketing y publicidad, psicólogos sociales, etc.
No soy tan ingenuo para creer que las luchas por poder, la defensa de los intereses propios y la intolerancia no formen parte importante de nuestro mundo y creer que la mayoría de los ciudadanos cambiarían su modo de actuar, normalmente quietista, conformista y pasivo, para ejercer de individuales motores de evolución y cambio sólo con que supieran. No obstante, qué menos que opinar y actuar en conformidad con lo que uno cree justo.

Bueno, ya me despido. Como se puede ver a simple vista, no es este un blog teórico, con citas a pie de página y abundante bibliografía. Es más bien un espacio en el que reflejo y comparto mis inquietudes. Al principio, pretendía ser más ligero aún, pero es difícil expresarse en un medio público con potenciales lectores desconocidos y no intentar, de alguna manera, que influya. Lo cierto es que en la vida cotidiana sobran motivos para la indignación, para la crítica, para la irritación y para el asombro.  

Las esfinges han vuelto

A requerimiento de mi conciencia, que no de mis escasos lectores (salvo uno), he decidido que el asunto de hoy sería uno serio: nada de frivolidades estilísticas, es decir, que no toca discutir de los modales en la mesa, las frases hechas, la anécdota trivial de los gritos de mi vecina los domingos, etc. No, hoy vamos a hablar de las esfinges. 

¡Que se postren todos los que no me han votado!

Haciendo memoria, creo que la primera vez que supe algo de una esfinge fue leyendo el mito de Edipo en una enciclopedia infantil como las que se editaban antes del advenimiento de los ordenadores personales. Todavía me acuerdo de los acertijos que le planteó aquella criatura a Edipo, cerca de Tebas. Y es que las esfinges tienen algo terrible, que se resiste a la mirada humana: una naturaleza demoníaca o divina insondable. En cualquier caso, Edipo dio con las respuestas y, como ya saben, el monstruo se suicidó.

Hoy, las esfinges han vuelto, pero secularizadas. Despojadas de su aura, desencantadas (a la manera de Weber), siguen, no obstante, lanzando anatemas sin que su interlocutor tenga la posibilidad de preguntarles por qué, para qué ni qué hacen. Así, algunos de nuestros políticos son como la esfinge de Gizeh (Guiza, según el panhispánico): imponen su presencia, pero no escuchan. Pocas cosas he visto tan ridículas como esos periodistas tomando notas frente a una pantalla, sin poder preguntar ni cuestionar las palabras del orador. Tanto esos políticos que no admiten preguntas o sólo permiten que se visualice su figura como los responsables de los medios de comunicación que mandan a sus reporteros a ese teatrillo en el que sólo se representan farsas o sainetes están incumpliendo su deber: el de promover una esfera pública libre de distorsiones en la que argumentos y contraargumentos se batan en una lucha sin coacciones a fin de que las inquietudes y problematizaciones de los ciudadanos se trasladen, vía medios de comunicación, a las instituciones encargadas de la promulgación de las leyes (Cf. Jürgen Habermas: Facticidad y validez, por ejemplo).

 Aunque no vivimos en una sociedad bien ordenada, como diría John Rawls, ni nuestra esfera pública se parece a la habermasiana, no por ello debemos de dejar de señalar que el continuo minado del espacio público de discusión contribuye a devaluar todavía más la calidad de nuestra democracia, si no a su hundimiento.

Una esfinge proponiendo acertijos

Porque ¿puede entenderse una democracia sin que sea efectivo el principio de publicidad de la actuación de las instituciones políticas? ¿No es un contrasentido para un responsable político en una democracia no querer oír las preguntas de los periodistas ni de los ciudadanos sino limitarse a mandar consignas al pueblo? No se dan cuenta de que amordazar o canalizar la información y el debate públicos sólo contribuyen a depauperar la calidad de las soluciones para los retos de nuestra época.

Y respecto de los medios de comunicación: ¿No se han preguntado por qué cada día que pasan pierden sin remedio credibilidad? ¿No será que han perdido la autoridad moral concedida por los ciudadanos por su función de crítica del poder? Parecen ciegos al efecto desmoralizador causado a la confianza de la ciudadanía por todas esas servidumbres respecto de políticos, empresarios, banqueros, etc. Lo peor es que, cuando pretenden reflexionar al respecto, hablan de la crisis del modelo de negocio y de cosas así. Uno habla de función democrática y otros, de la pasta. Así, hace gracia (aunque poca) que el director de uno de los periódicos más leídos afirme la importancia de la prensa para "ordenar la realidad frente a la desinformación" (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/07/valencia/1367919993_108165.html).

En fin, es este un curioso retorno a un período mitológico, en donde las esfinges y los oráculos forman parte del orden natural de las cosas. Por ello, cuando los intelectuales orgánicos y los periodistas de la derecha pretenden apabullar a sus colegas de la izquierda con la frase: "Seguro que querrás estar como en Corea del Norte", con sus estatuas, efigies, tótems erigidos en honor al Líder, etc., deberían, en buena lógica, advertir que ese fenómeno esfíngico está echando raíces aquí bajo un gobierno al que son afines.

Buscando una esfera pública para lanzarle un misilazo

P.D. Al terminar de escribir el último párrafo se me ocurrió un nuevo asunto presente en ciertas discusiones, a saber: qué le debe la izquierda democráta europea a aquellos regímenes en los que no se respetan los derechos fundamentales. Se admiten propuestas.