El caballo de Troya en los medios de comunicación

Al menos un dilema de carácter moral debe formularse de entrada todo aquel que aspire a participar en la esfera pública en calidad de experto o de intelectual. Un dilema que surge, sobre todo, cuando pretende participar de modo regular en uno o más medios de comunicación. ¿Debe cobrar por participar en un debate o tertulia en un medio comercial o, por el contrario, debe limitarse a exponer su visión de la sociedad y su -en el caso de que la haya- crítica, despreciando todo tipo de remuneración? 

Por un lado, el medio de comunicación comercial, es decir, no público, con accionariado privado y, al menos en teoría, independiente tiene varios objetivos no excluyentes: ganar dinero para retribuir la inversión de sus accionistas y asegurarse su supervivencia, conquistar una posición influyente en la esfera pública que le otorgue capacidad negociadora con el gobierno de turno (este objetivo no es obligatorio, pero sí común entre los grandes medios, que suelen pertenecer a grandes holdings) y propagar una cierta visión del mundo de acuerdo con sus intereses o su ideología (la de los dueños). Es una empresa con ánimo de lucro y que, por tanto, opera con la lógica competitiva que le es propia. Por otro lado, y ya introduciéndonos en la retribución monetaria de empleados y colaboradores, no es extraño que en la parrilla de programación de una radio, por ejemplo, el conductor de un programa cobre un "extra" por gestionar la publicidad que se emita en él. Así, el periodista cobra, los técnicos cobran (salvo los becarios en su nueva modalidad de indigencia) y la empresa gana dinero (al menos, idealmente), pero quien aporta un  diferencial, quien en este caso ya sea experto o intelectual aporta un contenido más allá de la mera opinión, suele ser el único que no cobra, a pesar del enorme costo y esfuerzo que dicha formación ha supuesto a lo largo de la vida. 
(Nota: en el nuevo paradigma económico-mediático, no es raro encontrar a periodistas que no cobren, o que cobren por debajo del salario mínimo.)

Los presentes griegos no pasan de moda (Foto: Wikipedia)

Es evidente que no toda remuneración ha de ser monetaria. Hay otras retribuciones intangibles que también cuentan: la visibilidad en la esfera mediático-pública y los contactos con otros expertos, políticos y periodistas, sobre todo. Pero, ¿cuál es el fin, en todo caso, del intelectual que participa en la esfera pública? ¿No es, acaso, poner en duda el mismo marco político en el que actúa políticamente, el mismo marco comunicativo en el que interviene? No, si aceptamos la diferenciación que hace el filósofo Axel Honneth entre intelectual y crítico social. Resumiendo, el primero se encargaría de opinar sobre temas de actualidad, más o menos acuciantes, sobre los que se le pide su opinión ya en calidad de técnico experto, ya en calidad de su prestigio académico sociológico o periodístico. Es, en todo caso, una crítica en el sistema. El segundo bien puede hacer lo mismo, pero está más preocupado por poner en cuestión los mismos fundamentos del sistema en que se ha generado dicha polémica o asunto. Intenta hacer visibles, y así los pone en el disparadero, los valores, pensamientos y hábitos inconscientes sobre los que elaboramos nuestros juicios, ese habitus del que hablaba Bordieu.  Si hablamos, entonces, del crítico social, ¿no debería llevar a cabo su actividad crítica de modo, si no altruista, sí despreocupado por la remuneración y cualesquiera otros beneficios de tipo personal que pudieran derivarse de esa intervención en la esfera pública? 

La posibilidad de ser un caballo de Troya que, desde el interior de los medios, pudiera reventar el sistema aparece como una posibilidad tentadora, aunque quizá un tanto megalómana, por la dificultad de la empresa, sobre todo para una sola persona. Además, ¿acaso el percibir una remuneración por una actividad intelectual crítica es en sí mismo una mancha en el prestigio del crítico social o del mensaje que se intenta transmitir? Se podría pensar, por un lado, que si dicho crítico social cobra de un medio por participar, no es ilógico pensar que su discurso podría resultar sesgado o manipulado. Sin embargo, eso que puede ocurrir con un empleado de la empresa o incluso para un intelectual de la casa no rige para alguien a quien se le paga precisamente para que dé una opinión como sólo el crítico social puede dar. Por otro lado, también podría justificarse la aceptación del pago por la doble ironía que ejercería ese crítico: ¡no sólo procura dinamitar el sistema desde dentro sino que cobra por ello!

Intelectuales, críticos sociales... ¡No son lo mismo! (Wikipedia)

Sea como fuere, a nadie se le escapa que la actual eclosión de debates y tertulias políticas en los medios de comunicación responde, por un lado, a la difícil situación de nuestro país en todas las áreas y, por otro, a la gestión mediática que del conflicto ideológico se hace, en forma de espectáculo. Los debates tienen audiencia y, por tanto, terceras empresas están dispuestas a pagar por insertar sus anuncios. Salvo que se disponga de un medio de comunicación propio o, al menos, de un programa, el intelectual y el crítico social se acomodan al marco mediático existente, sobre el que no tienen control ni dirección algunos, salvo en los momentos en que se les concede la palabra. Por ello, de alguna manera, por muy caballo de Troya que uno pretenda ser, de algún modo está colaborando en el mantenimiento del statu quo. Su misma presencia -crítica incluida- tiene esa doble faz.

Ni consenso ni nada: democracia agonística.

¿Cuál es entonces la alternativa? Una posibilidad que debe introducirse en las discusiones es la de facilitar a la sociedad civil los instrumentos comunicativos básicos para que ciudadanos particulares y colectivos tuvieran también oportunidad de exponer sus ideas y reivindicaciones. Eso podría hacerse mediante la creación de plataformas de comunicación públicas, pero sin intervención estatal de contenidos (salvo, quizá, las atentatorias contra los derechos humanos o manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales de la Carta Magna) en el que los colectivos más invisibilizados tuvieran presencia; espacios en los que ciudadanos competentes en su materia pudieran también hacerse oír. Que todo ciudadano preocupado por la política pudiera, en definitiva, expresarse y ser escuchado. El panorama actual es que sólo unos pocos pueden participar en la esfera pública y ejercer cierta influencia. Se da el caso que los mismos que tienen tribuna propia, como los directores de periódicos, además disfrutan de la posibilidad de participar en otros medios como en las radios y en las televisiones. Además, los columnistas de a diario nos sermonean desde sus púlpitos, y los así llamados líderes mediáticos pontifican de todo sin posibilidad de ser cuestionados.

En un sistema democrático-deliberativo, sin ninguna aspiración a llegar a un consenso político definitivo, pero precisamente por ello, resulta indispensable no circunscribir el debate a unos cuantos elegidos. La aportación de voces, visiones, conocimientos y valores hasta ahora fuera de la esfera pública no puede sino tener por consecuencia un enriquecimiento de la democracia. Dicho sistema tendría una doble vertiente epistémica y moral que lo  legitimaría de un modo que nuestro actual sistema liberal representativa nunca alcanzará. Quizá entonces, la discusión de cobrar o no cobrar carecerá de sentido.

La sociedad civil

Como habrán advertido mis lectores, el asunto al que más tiempo y espacio  dedico en mis artículos es el de la esfera pública y dos de los actores que pretenden hacerla suya: políticos y medios de comunicación. Si los primeros la utilizan para transmitir su discurso, conseguir visibilidad y adquirir status de líderes, para los segundos es su campo de actuación intrínseco. Autoproclamados como los controladores del poder político, los medios se arrogan, en virtud del deficiente y cuestionado sistema de representación político actual, la verdadera representación de los ciudadanos. Gracias a ellos, dicen, la voz del ciudadano de a pie es escuchada, y de forma permanente. Mientras los partidos políticos que ocupen el poder necesitan la legitimación ciudadana, parece que los medios no necesitan ninguna. 

Soy la voz del pueblo.

Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Los medios de comunicación son, salvo la radio y televisión estatales o las diversas autonómicas (estos son en muchos casos, la vía por la que el poder político pretende desembarazarse de la presión de los medios de comunicación privados, al tener el suyo propio y librarse así, al menos en parte, de las exigencias de aquellos), empresas de comunicación privadas cuyo objetivos son, además de la comunicación en sí, la búsqueda de beneficio económico, el prestigio y la influencia para la buena marcha del negocio. En este sentido, sería ingenuo creer que los medios están guiados de manera exclusiva  por dar voz al ciudadano o criticar al poder político (y muchos menos al económico). Su connivencia con el partido político afín o con el más oportuno en cada momento es vital para la buena marcha de la empresa. Ya sea por la publicidad institucional, ya sea por las concesiones estatales para frecuencias de radio o televisión y demás negocios colaterales, muchos medios ejercen, en efecto, una vigilancia sobre los partidos y sobre el ejecutivo, pero no la que proclaman cada vez que tienen ocasión: profundización de la democracia, coto a los excesos del poder, expresión de la ciudadanía, etc., sino la más sibilina y menos altruista de calcular el efecto de la acción de aquellos sobre la buena marcha de los negocios propios. No creo que a nadie le asombre comprobar que las medios dan espacio a quien quieren, cuando quieren y respecto de los asuntos que quieren, y nunca rinden cuentas de sus decisiones. Por no hablar de la figura del "caudillo mediático" (en expresión del sociólogo Félix Ortega), normalmente periodista y supuesto líder de opinión, que dice saber cómo piensa la ciudadanía (así, en general, como si ésta fuera un ente homogéneo y singular y no una pluralidad de individuos y grupos con diferentes visiones del mundo) o, directamente, se erige en su portavoz natural. En muchas ocasiones da la impresión de que los medios consideran una pérdida de tiempo y de recursos manipular o moldear a la opinión pública. Es más sencillo considerarse la opinión pública, que así queda construida según sus propios intereses. El perjudicado, claro está, es el ciudadano, relegado a un papel pasivo tanto por los políticos como por los medios de comunicación: más consumidor y cliente que ciudadano.

¡A mí no me tose ningún caudillo mediático!

En numerosos casos,  además, y no creo que sorprenda a nadie al decirlo, se producen verdaderas coaliciones político-mediáticas con el objetivo de producir sinergias mutuamente beneficiosas. El político, los partidos, necesitan en la sociedad actual de los medios de comunicación no para recoger las inquietudes ciudadanas, sino más bien para fabricarse una imagen que les invista de carisma o, al menos, les proporcione una aureola de competencia que convenza a los ciudadanos a votarle en su momento. Además, cómo no, de inducir a la ciudadanía a que acepten determinadas decisiones en los diversos ámbitos de su competencia: la conocida impartición de consignas desde arriba hacia abajo. En todo caso, esta dependencia de los medios de comunicación se traduce en las herramientas que deben utilizar los políticos: modos, usos y reglas que no pertenecen a la política, sino a los medios de comunicación. La escenificación, los tiempos, la forma deben ser las adecuadas para su óptima difusión a través de los medios. Sin éstos, no hay proclama, mensaje o consigna que valga.

Por otro lado, partimos de que la concepción de la democracia de la mayoría de los partidos políticos (sobre todo los mayoritarios) y de sus militantes es la elitista o procedimental. En ella, las élites se turnan en el ejercicio del poder y la única posibilidad de acción política que se concede a la ciudadanía es el voto. El programa, las líneas maestras, los argumentos políticos, en suma, se rebajan a un nivel que sea aceptable ideológicamente y comprensible para la mayoría de la población (el famoso centro político). Por tanto, lo que queda es un núcleo de ideas básicas, de directrices (que a nada obligan) con el que la mayoría pueda estar de acuerdo (es decir, un programa, en esencia, conservador). Queda, además, la imagen. Esto quiere decir que a los ciudadanos se les hurta el debate sobre ideas y se les ofrece en cambio, estética. El dirigente político, o líder, intenta proyectar una determinada imagen con la que los ciudadanos puedan identificarse. Priman la emoción y las sensaciones sin razonamientos. Así, diluidas las ideas y  emborronados los argumentos, los gabinetes de comunicación y los medios de comunicación explotan el lado humano de los políticos. Como si fuera interesante para los proyectos en común de nuestra sociedad que a tal ministro le guste jugar al dominó, a cual vicepresidente, Mahler; o a nuestro alcalde ir a la playa.

En España me hizo famoso un político.

Es aquí cuando debe surgir el elemento fundamental de una esfera pública fiel a su nombre: la sociedad civil. Ese conjunto de asociaciones, agrupaciones, movimientos, etc., cuyo interés no está guiado por la lógica del mercado ni por el deseo de acaparar poder político. La génesis de su existencia es el propósito  de defender intereses ciudadanos o visibilizar colectivos arrinconados por el poder político y ninguneados por los medios. Es en ese espacio  informal, la esfera pública, donde la sociedad civil ha de hacer valer su capacidad de movilización y, sobre todo, de exponer toda esa panoplia de ideas y argumentos que, después de ser discutidos y refinados, tengan que ser tenidos en cuenta, tarde o temprano, por el legislativo y el ejecutivo, vía, más vale tarde que nunca, medios de comunicación. Claro que esa sociedad civil, al mismo tiempo que problematiza pautas de acción, formas de pensar, costumbres o instituciones que hasta ese momento se tenían por aceptables, debe ser en sí misma un ejemplo de institucionalización democrática de la exposición de argumentos (democracia deliberativa a pequeña escala), donde no se excluya ni se reprima a nadie afectado y que tenga algo que decir. La sociedad civil, aunque florece de manera óptima en sociedades con democracias consolidadas y valores democráticos arraigados, puede ser la esperanza de regeneración democrática en nuestro país, aunque es dudoso que este cuente con lo primero y menos con lo segundo. Por supuesto, tal sociedad civil debe constar de ciudadanos comprometidos con la defensa de aquellos valores, con valentía (a esto hemos llegado) para dar a oír su voz y con capacidad de aprendizaje permanente, tanto de aquellos con visiones del mundo diferentes (una sociedad democrática es una sociedad plural) como en su propia formación personal. En definitiva, la legitimación institucional de los representantes políticos no tiene por qué ponerse en duda, así como tampoco el foro legislativo (Parlamento) en donde toman forma legal las futuras leyes, pero sin que ello signifique que el sujeto de la soberanía popular, esto es, nosotros, los ciudadanos, tengamos que conformarnos con las iniciativas de aquellos ni tampoco aceptar la representación vicaria de los medios de comunicación. La capacidad de expresión, reivindicación y crítica de los ciudadanos debe ejercitarse siempre que estos lo consideren necesario, sin aceptar exclusiones ni amenazas. Es así cómo se consolida una democracia, y no quedándonos en casa como una mayoría silenciosa.