La nueva izquierda y el Gran Hotel Abismo

Unas nuevas elecciones (que no una repetición de las anteriores) se celebran dentro de apenas un mes. A estas alturas, hacer pronósticos políticos sobre el resultado de las elecciones no sólo conduciría al hastío propio y de mis lectores, sino que lo igualaría uno a esos columnistas de batín y zapatillas que pueblan los medios de comunicación (otros prefieren llamarlos líderes o caudillos mediáticos) y parasitan la sociedad en general. Menos aún, ejercer de consejero áulico y exponer por qué un partido debe pactar con otro o cómo hacer para ganar las elecciones, o más escaños, etc., etc. ad nauseam. Dejemos eso, en todo caso, para los momentos dipsomaníacos en los que el mundo parece poder ser diseñado a impulsos de la voluntad.

Mi propósito en este espacio es, más bien, ejercer una mirada crítica a la política, y pasar por encima (eso se lo podemos dejar a los periódicos) de los conflictos por las listas,  del redondeo de votos en el sistema electoral o de la propagación ridícula de los argumentarios por concejales perplejos. Prefiero hacer una llamada de atención sobre el modo en que se desenvuelve este ritual político que, por rutinario, damos por sentado. Incluso el partido emergente, cuyos líderes se llenaban la boca, hasta hace poco, de participación popular y proceso constituyente, se ha integrado de forma plena en el sistema político representativo y utiliza, sin mayor cargo de conciencia, los procedimientos y usos habituales, teniendo en cuenta a la ciudadanía sólo a base de encuestas.  Hay que señalar, al respecto, que al menos los principales partidos (entendiendo por "principales" lo que han tenido hasta ahora mayores cuotas de poder, número de votos y de diputados) insisten en pretender encarnar en ellos ciertas esencias ideológicas, en una especie de transubstanciación de los pretendidos valores (liberales, socialdemócratas, etc., aun en su casi infinita variedad). Así, los ciudadanos, más o menos seguros, más o menos vacilantes, de sus convicciones sobre cómo es el mundo y sobre cómo debería ser (combinando una evaluación descriptiva con otra normativa) estarían abocados a identificarse con unos u otros. Nada nuevo, sin duda. 

Sin embargo, debo recordar, aun a riesgo de expresar lo obvio, que los partidos políticos, a pesar de sus pretensiones metafísicas, no son más que minorías organizadas. Es decir, un grupo de personas, que cuentan con una mayor o menor capacidad para intentar convencer a la mayoría atomizada de que hará bien en dejarse gobernar por ellos. Esta visión está privilegiada por la tradición liberal y, más concretamente, por las diversas constituciones de este cariz que en el mundo han sido. El archiconocido artículo 6 de la Constitución reza así: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos" (la cursiva es mía). Es en este sentido en el que, desde la perspectiva liberal, la participación política legítima está canalizada principalmente (fundamentalmente) por los partidos políticos que concurren en elecciones periódicas, libres y competitivas. De hecho, en estas décadas hemos asistido a la sistemática cooptación de asociaciones y movimientos ciudadanos de todo tipo por los partidos políticos. Esta tendencia, a pesar de haber sido desafiada a partir, sobre todo, del 15-M, se ha revigorizado con la asunción selectiva por el partido emergente de los principios movilizadores de gran parte de los colectivos ciudadanos que desde aquel momento se constituyeron.

El asunto, no obstante, no es baladí: la ciudadanía no tiene por qué dar por sentado nada de lo que otros hayan decidido. Es normal la instauración de procedimientos y mecanismos para la ulterior resolución de problemas que afecten a la colectividad. Lo que es discutible es que ninguno de ellos haya sido sometido al debate ciudadano. En España lo habitual es que la participación ciudadana se entienda como legitimación plebiscitaria, algo a lo que no ha escapado, tampoco, el partido emergente. Quizá sea el momento de que los partidos tengan el espacio que merecen, que, a tenor de su infiltración en las instituciones y la patrimonialización del Estado a su cuenta, debería ser mucho menor que el ocupado hasta ahora. Quizá lo sea, también, de que la ciudadanía amplíe su capacidad problematizadora y decisoria. Es posible que consideremos que muchos ciudadanos son estúpidos e ignorantes, y sin duda no nos equivocaremos. No obstante, muchos políticos también lo son, y apenas se discute su legitimidad para tomar decisiones al haber resultado elegidos. La participación ciudadana no sólo contribuye a reforzar la legitimidad de las decisiones (previo debate) sino que es muy probable que contribuya a aumentar la calidad epistémica de ellas dado que, al fin y al cabo, por simple cuestión de probabilidad, hay más gente comprometida, justa, inteligente y experta fuera de las instituciones que dentro. Aclaro que considero que no hay que exigir un ciudadano heroico, todo el tiempo coherente entre valores públicamente declarados y acciones privadamente realizadas, ni entregado en cuerpo y alma a la búsqueda de información política o movilizado sin desmayo por una causa u otra. Es más sencillo pedir y reforzar una actitud crítica, sin que importe de dónde venga el llamamiento a la conformidad y a la sumisión. Necesitamos una ciudadanía crítica con el Estado, crítica con los partidos, crítica con las empresas, crítica con la sociedad civil y, finalmente, crítica consigo misma, con el oído aguzado a las injusticias, sensible a la desigualdades.

Es lógico que los partidos tradicionales sospechen del empoderamiento político ciudadano, que es tanto proceso como resultado de mayor implicación en la política: de hecho, llevan gestionando el poder desde hace décadas casi sin oposición, dado el consenso, eficazmente construido vía medios de comunicación, que existía sobre el crucial papel de los partidos. Lo llamativo en este, si se puede llamar así, nuevo ciclo político es que el partido emergente, tanto en su funcionamiento interno como en su acción en las instituciones en las que ha alcanzado cuotas de poder, ha mostrado un continuismo que calificaría de flagrante, por su contradicción con el espíritu que decía animarle (a tenor de las declaraciones de sus portavoces más conspicuos). Continuismo porque no se ha apartado de las prácticas de los otros partidos por las que, en el ámbito interno, se prima la cohesión a expensas de la pluralidad; continuismo porque en el ámbito externo adolece del paternalismo característico de los partidos tradicionales, por el que suele manifestarse que conoce mejor los intereses de los ciudadanos que ellos mismos. Al fin y al cabo, la legitimidad que se obtiene al haber sido democráticamente elegidos, por los procedimientos sancionados por las leyes, los habilita, según se desprende de su acción política, para fundirse en un solo cuerpo con la ciudadanía y así poder dirigirla -o sancionarla- cuando sea menester. Además, el partido emergente sufre de la mayor intolerancia hacia la crítica. Mayor, en mi opinión, que los partidos clásicos, ya anclados desde hace tiempo en el cinismo y en el ensimismamiento. Dado que según sus simpatizantes este nuevo partido representa a la izquierda de verdad (y más aún tras su coalición electoral con IU), cuando no es un partido transversal, según sus líderes, cualquier crítica hacia él se toma no como una oportunidad de enmendar errores y mejorar sus planteamientos, sino como un ataque a su supuesta actividad emancipadora y democratizadora. En definitiva, el crítico se convierte en un huésped del Hotel Gran Abismo donde rumia su envidia y masculla su frustración mientras otros, estos sí clarividentes, se empeñan en cambiar el mundo.

Tarea para septiembre

Pretendía dejar pasar agosto, con sus nimbos despanzurrados, el bochorno de media tarde y esa sensación de tiempo a cámara lenta, sin escribir en este espacio, tan personal y tan público a la vez. Sin embargo, esa misma sensación de estanque comunal, de aire petrificado entre telarañas, ha hecho surgir en mí un deseo inconsistente de ruptura, espasmódica rebeldía, que se ha plasmado en las siguientes reflexiones:

Como si uno despertara de un enamoramiento tan incontrolado como fugaz, tras el cual el objeto de ese sentimiento aparece no tal y como es en realidad, pues a esa realidad no se puede acceder tal cual es, sino de modo aún peor, ya que reparamos en rasgos que incitan, ahora, a la hostilidad o al asco, así me ha ocurrido con lo político. Los usos, modos y costumbres de los partidos tradicionales han acentuado su ranciedad, aun vistiéndose alguno de ellos con ropajes de marketing anglosajón. No cambiarán. Ni siquiera podrían, aunque algún líder clarividente así lo pretendiera. Su imbricación con el sistema político y económico es tan fuerte, al igual que sus prácticas de clientelismo social, que no es posible imaginar que una renovación democrática igualitaria provenga de ellos. Por otro lado, los partidos emergentes siguen siendo una incógnita en cuanto a su gestión de gobierno, al menos en Canarias. En su funcionamiento interno, ya he hablado en artículos anteriores, por lo que sólo me cabe recomendarles su lectura para no repetirme.

En Las Palmas de Gran Canaria, el gobierno municipal formado por un tripartito progresista (PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias) ha demostrado, en sus escasos dos meses, un continuismo político total con respecto al gobierno anterior (PP). Cuando digo "continuismo" no me refiero a que se limiten a prorrogar o renovar las partidas presupuestarias, no, sino a que su concepción de la política, la economía y la sociedad es, en esencia, idéntica. Lo mismo podría decirse del otro pacto progresista, el del Cabildo insular de Gran Canaria (en este caso, Nueva Canarias, PSOE y Podemos). Es más, hasta los miembros del partido que podía suponerse, a priori, más contestatario, declaran su "orgullo" por formar parte del consejo de administración de instituciones deportivas o culturales propiedad de la institución pública.

En ambos casos, Ayuntamiento y Cabildo, los partidos nuevos, hasta el momento, han evidenciado únicamente que la satisfacción por canalizar las expectativas de renovación y democratización de las instituciones de gran parte de la ciudadanía se ven colmadas con la ocupación del poder (o parte de él). Hasta el momento, las promesas de participación ciudadana se han evaporado tras los calores de los festejos electorales, y todo el repertorio de medidas simbólicas se ha reducido a no aceptar entradas gratis para los eventos culturales y deportivos. A este respecto, es justo señalar que tanto PSOE como NC han sido exquisitamente coherentes con su trayectoria histórica y con su concepción de las jerarquías sociales y en ningún momento han considerado conveniente hacer lo mismo.

Es un lugar común señalar que cuantas mayores sean las expectativas, más profunda será la decepción. Por lo tanto, parecería razonable no esperar demasiado de estos  grupos de gobierno y optar por refugiarnos de nuevo en la apatía política, cuando no en el desdén o en el cinismo. Sin embargo, no deberíamos volvernos coextensivos con las siestas de verano sino, en cambio, procurar mantener en alerta nuestra capacidad reflexiva y la conciencia crítica. No parece inteligente dejarlas en manos de nadie, ni de los partidos viejos ni de los nuevos. Éstos últimos no han demostrado nada todavía, y ni siquiera en el caso de que lo hicieran deberíamos delegar en ellos ni la responsabilidad ni la disposición a pensar las múltiples posibilidades de transformación democrática. Incluso, me atrevería a decir, sería un error cederles por completo la iniciativa, pues es dudoso que estén a la altura intelectual de la tarea y también que, en su caso, dispongan de la valentía política requerible. Necesitamos que los actores de la sociedad civil comprometidos con principios y valores democráticos y los ciudadanos que, tanto en la charla informal en la cafetería como en su particular tribuna en blogs como éste o por cualquier otro medio, muestran su interés por cómo se plantean, articulan y ejecutan decisiones que afectan a la colectividad no cejen en su actividad comunicativa de problematización, denuncia, protesta y visibilización. Sin ellos, tanto con partidos viejos como nuevos, con think tanks de derechas o de izquierdas, con sociólogos orgánicos de un lado o de otro, jamás conseguiremos hacer una sociedad más justa y más igualitaria, si es que es eso lo que queremos.

Por otro lado, no es descabellado pensar que salvo dos o tres colectivos prominentes, nuestra sociedad civil, la canaria, en particular, carece de la fuerza movilizadora necesaria para influir de manera significativa en las instituciones políticas. Más convincente es concebir nuestro espacio público como ocupado por grupos de interés, que, como tales, enfocan su actividad a sus propósitos particulares, a despecho o sin tener en cuenta el interés general. La concepción de una esfera pública en el que intereses egoístas dirimen sus fuerzas es quizá la que intuitivamente nos resulta más familiar. Grupos empresariales y partidos políticos, en interesadas, fluidas y sinérgicas relaciones con los medios de comunicación, acaparan los espacios de expresión. Los altavoces más potentes están a su disposición, las columnas de opinión se ocupan, de modo peculiar, de sus batallas, a veces en términos tales que resultan enigmáticos o incomprensibles para el lector ingenuo. Economía, política y comunicación se funden en una cópula asimoviana por la que se conciben leviatanes mucho más despiadados que el hobbesiano.

Como conclusión, si tenemos una sociedad civil en general desmovilizada, una esfera pública ocupada por empresas y partidos políticos y unas instituciones políticas representativas que consideran que la legitimidad periódica de las urnas es toda la que necesitan para ejercer su labor, el panorama que se nos presenta resulta desalentador, y la tarea para transformarlo, hercúlea.
Ya tienen tarea para septiembre.

El lento cambio deliberativo

No deja de resultar paradójico que la intensidad creciente de la información respecto de los partidos en esta próxima campaña electoral ejerza en muchos un efecto lenitivo en el interés correspondiente. De algún modo, tanta información sobre política empuja a los márgenes la preocupación por la política. Establezco así una sinonimia entre política y las maniobras estratégicas de los partidos políticos por alcanzar el poder, y otra entre la política y la coordinación de acciones para la resolución de problemas comunes. Parece que es, más que nunca, la época de la primera. 

Tanto cerebro debería servir para algo (foto: eldiario.es).

Sutilezas conceptuales aparte, en esta etapa pre-electoral, hasta los partidos (o movimientos ciudadanos) que planteaban un modo de gestionar la política desde fundamentos participativos, por los que la iniciativa de las propuestas y reivindicaciones partiera desde la ciudadanía hasta la cúpula directiva parecen haberse sumergido en la estrategia a corto plazo de obtener buenos resultados en términos electorales, lo que se traduce en conformar algo parecido a un partido cazavotos corriente. Así, en algún otro artículo ya he hablado de la desnaturalización del ideal deliberativo de Podemos, por ejemplo. Este (ya) partido empieza a compartir la definición que de sí mismos hacía un dirigente de IU-LPGC hace algún tiempo, para diferenciarse, precisamente, de Podemos: "Es que nosotros somos un partido más ejecutivo". Me temo que las prisas por aprovechar "la ventana histórica de oportunidad" que ha abierto este contexto de crisis económica y su consiguiente crisis política pueden terminar por alienar a Podemos de esa base popular cuyo entusiasmo impulsó a esta fuerza política en sus no tan lejanos inicios. Sobre todo si se atisban indicios, por ambiguos e ilusorios que puedan ser, de recuperación de "las ilusiones de bienestar".

Lo importante ocurre detrás del escenario (foto: wikipedia).

Por otro lado, la democracia deliberativa significa justo eso: deliberación. No es lo mismo que el sufragio universal ni el mero sometimiento de cualesquiera cuestiones al voto de los ciudadanos o de los militantes de un partido. El voto sin deliberación previa, sin debates, no aporta gran cosa, salvo expresar un resultado obtenido por la mayoría. Así, como es bien sabido, desde el poder político, sólo se convocan referéndums cuando se está seguro de ganarlos. Además, el mismo acto del debate necesita estar reglamentado so pena de caer en el tumulto y en el intercambio de imprecaciones que solo ilustran el desprecio por las opiniones ajenas y adolecen de falta de interés en conocer los argumentos contrarios. El pastoreo de votos en asambleas políticas, sindicales y empresariales, por citar los foros más conspicuos, es bien conocido aunque no por ello menos aceptado. Al final, se trata sólo de movilizar los votos necesarios para que la propuesta o acción propia resulten ganadoras: el resto parece no ser sino una escenificación de la deliberación y de la democracia que esconde unas bambalinas goffmanianas en donde se sustancian de verdad las decisiones de peso. No deberíamos olvidar la crítica en ese sentido de Carl Schmitt respecto del parlamentarismo, que no ha perdido vigencia y que, como fue su caso, susceptible de engendrar soluciones de corte dictatorial.

Sin duda, la importancia central de la deliberación en la conformación de una voluntad democrática radica en no poca medida en su supuesto valor epistémico y en la aceptación racional de la mayoría. Ambas vertientes están relacionadas: en principio, tanto más aceptada será una política cuanto más razonable, lógica y necesaria parezca. Esa razonabilidad debería ser producto de la confrontación de argumentos y de su posterior afinación y pulimentado. Habría que añadir que la discrepancia de la minoría no sólo podría expresarse sin reservas, sino que, además de meramente tenerse en consideración, debería tener respuesta. En esta situación, la opinión de la minoría podría convertirse en la de la mayoría. Parece evidente que las reuniones ciudadanas a todos los niveles deberían tener como principio regulativo la satisfacción de los requisitos habermasianos de la situación ideal del habla (publicidad de las deliberaciones, reparto simétrico de los derechos de comunicación y no dominación excepto la ejercida por la coacción sin coacciones del mejor argumento). Esta colaboración subyacente a la deliberación y la toma de decisiones debería evitar el paternalismo político, la expertocracia y el autoritarismo en general, por no hablar de la democracia de audiencias. En todo caso, redundaría en su legitimidad.

Soy el azote del parlamentarismo.

Dicho esto, es justo reconocer las dificultades inherentes a la deliberación: el número, que hace difícil que todos los interesados puedan tener la palabra y desarrollar de manera óptima los argumentos; el tiempo; que hace que el debate deba tener un final fijado para no eternizarse (lo que puede, además, enquistar las posiciones) o que, por razones de urgencia, deba ser mucho más corto de lo deseable (o que dicho debate no se produzca en absoluto); la capacidad intelectual de desarrollar un discurso coherente y razonado, que es dispar entre las personas; la tradición, la ausencia en formación educativa de la enseñanza de técnicas y valores deliberativos, cuyos efectos se trasladan posteriormente al funcionamiento interno de los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc.; las desigualdades ya presentes en la sociedad, que ejercen un efecto desmotivador: los individuos de los grupos menos representados y los excluidos suelen asimismo participar menos. John Dewey señalaba, allá por 1945: "La regla de la mayoría es tan absurda como sus críticos la acusan de serlo. Pero nunca es simplemente la regla de la mayoría (...) Lo importante es el medio por el que una mayoría llega a serlo: los debates antecedentes, la modificación de las perspectivas para atender las opiniones de las minorías (...). La necesidad esencial, en otras palabras, es la mejora de los métodos y condiciones de debate, discusión y persuasión".

Dicho todo lo anterior, concluyamos en que no es la así llamada democracia deliberativa la panacea de todos los problemas. Cualquiera que piense de esta manera corre el riesgo de caer en un buenismo que por su propia naturaleza no puede ser sino ingenuo, por lo que comporta de ceguera ante la complejidad de intereses y visiones del mundo de los grupos e individuos que conforman nuestra sociedad. Parece aspirar a una sutura definitiva de las contradicciones de aquella, un destino arcádico de sociedad autorregulada en la que se dejan atrás, resueltas como por arte de magia, las luchas por la supremacía económica, ideológica y de poder. Por no hablar de que campos específicos como la seguridad, la ecología o la economía, por ejemplo, quizás no requieran soluciones de tipo consensual, sobre todo en aspectos, como es evidente, de tipo técnico. 

Sin embargo, la incorporación de procedimientos deliberativos tomados en serio a la gestión de las instituciones podría contribuir no sólo a descubrir la voluntad mayoritaria de la ciudadanía a través de un proceso de reflexión informada, sino también a reforzar el apoyo de aquella a las decisiones que, finalmente, ejecute el poder político. Además, la constatación por los ciudadanos de que sus decisiones se tienen en cuenta, en algunos casos, o son imperativas, en otros, no podría por menos que retroalimentar su implicación en la política en los diferentes niveles barriales, municipales, regionales  y nacionales. Sería un modo incipiente y sin pretensiones maximalistas de fomentar la tan mencionada virtù republicana.
Tras décadas de gobiernos representativos y una democracia meramente procedimental en nuestro país, vale la pena recuperar las palabras de Alexis de Tocqueville: "(...) El medio más poderoso, y quizá el único que nos queda para interesar a los hombres en la suerte de su patria es el de hacerles participar en sus gobiernos".

Democracia cooptada

Cuando hay tantas cosas que leer, poco estímulo queda para escribir. En mi caso, los libros se acumulan en la mesa y en las estanterías. Aun empeñado en su lectura, cierta parte de mi atención se la lleva la actual tormenta partidista que, a cuenta de casos de corrupción varios y financiaciones ilegales poligenéticas, viene monopolizando el espacio de los medios de comunicación y de las redes sociales. Es difícil, por tanto, refugiarse en una cáscara de nuez, porque las pesadillas las produce uno en su propia mente y las malas noticias penetran cualquier obstáculo que uno quiera interponerles.

¿Ética de la responsabilidad? ¿O es otra cosa?

No llegamos a cuarenta años de democracia constitucional en nuestro país, pero en ese espacio, corto en términos históricos, un par de generaciones de españoles han madurado lo bastante para reconocer en la trayectoria de los partidos políticos un movimiento moralmente descendente. En aras de un pragmatismo institucional, o en términos de Weber, de una "ética de la responsabilidad", los partidos (grandes y pequeños, nacionales o circunscritos a una sola localidad) han devenido en estructuras cuyas características primeras recogidas por la Constitución resultan hoy impugnables, pues ante el estado actual de cosas, seríamos más que reticentes a aceptar que aquellos "concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". En gran medida, los partidos se han alienado de la confianza de la mayoría de la población. No es sólo que la apropiación de la actividad política ha sido aplastante hace pocos años, y que su mismo funcionamiento interno ha disuadido a muchos ciudadanos válidos y con inquietudes de acercarse a ellos, sino que ya se ha convertido en algo más que dudosa la posibilidad de que los partidos sean capaces de recoger la pluralidad y ser el famoso cauce de expresión política. Más bien tiene este artículo de la Constitución todas las trazas de ser un mito fundacional en el que hemos creído a pesar de la sucesión de escándalos durante todos estos años.

Quizá la desmedida importancia institucional de los partidos políticos nos ha conducido al estado actual de anomia política. El dominio absoluto de estos en la repartición del poder administrativo los ha convertido en enormes estructuras destinadas casi principalmente al acaparamiento de áreas de poder previo examen en las elecciones de diverso ámbito que se realizan en nuestro país cada dos años, aproximadamente. Es muy probable que el problema sea sistémico, y al respecto se ha escrito mucha literatura filosófica y sociológica. Los partidos cazavotos, los partidos de masas, etc. Existen sobre la Democracia concepciones elitistas y meramente procedimentales, y otras más radicales. En cualquier caso, los ciudadanos, o, al menos, aquellos que no resuelven sus preocupaciones políticas con el voto, nunca deberían haber concedido tanto a aquellos que dan tan poco. No nos engañemos, tanto a un lado como al otro del espectro político, sobre todo aquellos de mayor peso electoral (hasta ahora), los partidos se han arrogado en exclusiva el derecho no sólo de representación, sino también de expresión política. Ante una esfera pública controlada y adormecida por el interregno dictatorial, partidos y medios de comunicación, en feliz maridaje, han copado los tiempos y los temas de los asuntos que debían debatirse públicamente. Por no hablar de los asuntos que se han hurtado al escrutinio ciudadano.

¿Democracia? Seamos realistas...

Movimientos como el 15-M o Democracia Real Ya, a pesar del éxito relativo de sus objetivos (o su fracaso), demuestran que estos tiempos son diferentes a los anteriores. Podríamos ver el lado positivo de la crisis de legitimidad de los partidos políticos, y de las instituciones cooptadas por ellos, en que ha galvanizado ese prurito político ciudadano que en otros tiempos de alegría consumista y conformismo social sólo anidaba en individuos o grupos aislados, sin voluntad consciente de conformar demandas de gran alcance. Además de oenegés caritativas o asistenciales, o fundaciones y think tanks sesgados ideológicamente, ahora han surgido movimientos y asociaciones con objetivos políticos, sociales y culturales que desbordan el espectro de votantes al que se dirigía la mayoría de los partidos. Parece que en un número significativo, existen los ciudadanos cuyo sueño ya no es el de las vacaciones al extranjero y el consumo de bienes y servicios como razón de ser en el mundo, mientras cede sus expectativas políticas al partido cuyo líder sea más carismático. Son mujeres y hombres que aspiran a hacer oír su voz, que protestan tanto en la calle como en las redes sociales, una vez que el altavoz o el espacio de los medios de comunicación sólo se concede a los que por su posición institucional o empresarial ya disponen de ellos.

Hay un término con el que se designa a todos estos grupos y asociaciones con afanes democratizadores que no pertenecen a la política institucionalizada ni al sector económico: sociedad civil. Hay que lamentar, no obstante, que bajo ese concepto se han ocultado tanto en nuestra Comunidad como en el resto de España, diversos grupos de presión empresariales o satélites de los partidos cuyo objetivo es adquirir una pátina de legitimidad en sus demandas particulares o trasvasar al partido de turno la confianza de sus simpatizantes. Una sociedad civil fuerte en nuestro tiempo debería implicar una afirmación de los derechos liberales clásicos, como son los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, y una buena dosis de republicanismo, que conlleva una implicación decidida de la ciudadanía en la política y una esfera pública realmente abierta en la que los medios públicos constituyan una tribuna para los que no tienen otra y que han sido históricamente marginados.

De la sociedad civil, sé un rato largo.

No significa lo anterior que la sociedad civil deba invadir todo el espacio de lo político ni que se convierta en un órgano legislativo de facto. No obstante, no esperemos que los mismos partidos que han ocupado el poder en los ámbitos estatal y autonómico desde hace décadas se reformen desde dentro. La inutilidad de sus esfuerzos (y seguramente su incapacidad) parece demostrada. Más bien, la alternativa reformista debe provenir desde esa sociedad civil que, con su impulso democratizador, obligue a los partidos y al Estado a profundizar en los principios constitucionales, muchos de los cuales en la actualidad invitan, lo más, a una sonrisa irónica.