Si eres un excluido, es por tu culpa

En su edición del día el 6 de junio, un periódico local nos informaba de que el Gobierno de Canarias no tenía más dinero para "paliar la pobreza". En esta coyuntura de recesión económica en la que los ingresos han disminuido de manera extraordinaria y los gastos se mantienen o aumentan, esta circunstancia de escasez no debería sorprendernos. No obstante, se nos plantea en este caso el papel de las administraciones públicas en relación con las necesidades de la población.

Cualquier Estado, sea de la naturaleza política que sea, necesita velar por el bienestar de sus ciudadanos. Tanto por legitimación como por mera supervivencia, ese Estado requiere que, si no toda, al menos la mayoría de la población viva de manera aceptable (aunque los patrones de bienestar y pobreza varían) y que la minoría depauperada o marginada se considere culpable de su situación o la acepte como inevitable. En general, en nuestros días, y con salvedades, la ciudadanía no está a favor de que el Estado deje abandonados a su suerte a todas aquellas personas que no dispongan de los recursos mínimos para alimentarse, ya que no para una vida digna. Como un resto de nuestro Estado de Bienestar, las autoridades políticas no se atreven todavía a dejar a la caridad eclesial o privada toda la gestión asistencial, como Cáritas u otras ONG, y proponen, sin dejar de resaltar el sacrificio que supone, crear o mantener prestaciones, como la PCI (Prestación Canaria de Inserción) o el plan de abrir comedores escolares en verano para asegurar a muchos niños al menos una comida al día. No obstante, incluso esta última medida ha suscitado rechazo en algunos sectores políticos y mediáticos, como el caso de un conocido periodista que en el caso de Andalucía la tildó de "demagógica y populista". Sin embargo, y como señalé en un post anterior, no deja de ser paradójico que en la jerarquía de prioridades de las diferentes administraciones en un Estado social, democrático, y de Derecho no sea, precisamente, la primera la de velar por la suerte de los más necesitados y de los excluidos. 

Sin palabras.

Los tiempos están cambiando, sin lugar a dudas. La ética de la responsabilidad individual se sigue imponiendo a machacamartillo mientras que al mismo tiempo se repite como un sonsonete la idea de que la crisis económica no tiene culpables sino que es producto de un "ciclo", o de la "especulación financiera", o de "los mercados". Actores invisibles a los que no se les pueden exigir obligaciones ni contra los que es posible ejercer acciones legales o hacer valer derechos. Otra manera de eliminar las responsabilidades concretas es culpar a la sociedad en su conjunto, plasmada en la frase: "Vivimos por encima de nuestras posibilidades", en la que insidiosamente el sujeto omitido no se refiere a los consejos de administración de bancos y cajas de ahorros, ni a los encargados de los organismos inspectores encargados de velar por las cuentas de los anteriores, ni a los políticos y constructores (y algún arquitecto de talla internacional) que en feliz connivencia alicataron España de arriba abajo. Porque negarnos a mirar al pasado nos privaría de señalar en la actualidad a aquellos que tuvieron y tienen responsabilidad en lo sucedido. Es lo que nos ocurriría si olvidáramos una "ley del suelo" como la que se promulgó bajo el mandato del PP, en la época en que Aznar era presidente del gobierno (que consistía, en esencia, en facilitar que el suelo público pasara a manos privados cuando se propusiesen proyectos viables de urbanización y en reducir las trabas administrativas para transformar terrenos rústicos y de otro tipo en urbanizables), o también si pasáramos por alto que en los felices años del gobierno de Zapatero nada se hizo por atajar la especulación del suelo y la inmobiliaria (aunque bien presente está en la Constitución, léase el art. 47) ni buscar alternativas con otros modelos productivos que no supeditasen el crecimiento económico y el empleo a un sector que por su propia lógica no podía durar de forma indefinida. Y qué decir de nuestra Comunidad, que a pesar de tantos años de crecimiento económico y de fondos europeos continúa siendo una de las regiones más pobres de España, sin que se haya reducido de forma significativa la polaridad social ni la marginalidad. Además, se ha seguido fiando casi todo el peso de la economía al monocultivo del turismo, y no se ha apostado en serio por la creación y fomento de otros sectores productivos. No es este el post para hablar de ello, pero la dependencia de una sola fuente de ingresos nos coloca en una situación de extrema debilidad, tanto por la posición de fuerza de algunos de los agentes foráneos intervinientes en el sector (touroperadores, líneas aéreas, etc.) como por la creciente fragilidad del ecosistema (cambio climático o el estallido de un volcán, como el de Islandia hace unos años, por ejemplo, que afectó a la navegación aérea).

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, el parado, el excluido y el pobre, siguen siendo mal considerados. En una variante nacional del culpar a la víctima, se les achaca el ser responsables de su situación, o, al menos, como  el de sujetos que no han puesto todo su empeño en no constituir una carga para la sociedad. Como dicen los filósofos Martin Hartmann y Axel Honneth: 

          Quien desea disfrutar de las prestaciones del Estado de bienestar tiene que brindar contraprestaciones -por ejemplo, la disposición de aceptar cualquier trabajo en caso de quedarse sin empleo- para siquiera ser considerado como derechohabiente. El paternalismo amenaza en todas aquellas partes donde el derecho en general de recurrir a servicios sociales, es decir, la posibilidad de reclamar prestaciones asistenciales, es sistemáticamente minado por un discurso de responsabilidad propia. (...) queda claro que los sujetos en las condiciones de una sociedad que se vuelve cada vez más compleja apenas pueden asumir responsabilidades en el sentido pleno de la palabra por muchos aspectos de su existencia, (...) tienen que responsabilizarse por circunstancias de las cuales de facto no son responsables.(1)

Así, en el caso canario, la PCI no significa el derecho de cualquier ciudadano en situación extrema a que la sociedad le proporcione los medios mínimos para poder subsistir, sino que es una deuda que debe pagar o, mirado de otra manera, un favor por el que uno debe responder, ya que, según el artículo de periódico al que aludimos al principio se señala: "(...) para percibirla se le obliga a realizar las actividades de inserción social y profesionales que los servicios sociales le marquen" (las cursivas son mías).

Salgo mucho en este blog...

No obstante, no sólo es culpa de los políticos. Más bien parece que es generalizada  la opinión de que el alcance de la responsabilidad personal es determinante en la posición social o en las circunstancias económicas de los individuos. Así, en el caso de las hipotecas se juzga ahora como irresponsabilidad que quien ahora no puede pagar comprase en su momento una vivienda que entonces sí podía. Que las circunstancias y efectos de la crisis lo hayan expulsado a esa persona (o parejas) del mercado laboral no merma un ápice su condena social ("Vivió por encima de sus posibilidades" o "sabía a lo que se arriesgaba"). Que los ciudadanos tienen derecho a un trabajo y a una vivienda (derechos recogidos en la Constitución), pero que no posean ninguno no parece ser una conculcación de la Carta Magna o una tara de nuestra sociedad, que es incapaz de satisfacer necesidades consideradas básicas, sino un fallo moral que sólo con renuencia la administración está dispuesta a paliar; y los demás ciudadanos que (todavía) vivimos en mejores condiciones, a tolerar.



(1) HARTMANN, M. y HONNETH, A. "Paradojas del capitalismo", en HONNETH, Axel, Crítica del agravio moral. Patologías de la sociedad contemporánea. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009.

¿A quién le damos la medalla?

Aunque algunos de mis lectores me han recriminado que me haya vuelto demasiado denso en el tratamiento de los asuntos que he sacado a colación en este blog (asuntos que por propia naturaleza  han suscitado agrias disputas y afiladas controversias entre ciudadanos que por lo demás vivían en aparente armonía), me atrevería a decir que los sucesos y fenómenos que nos salen al paso sólo con dificultad y mucho más ingenio del que soy capaz permitirían un enfoque más alegre. En este post, escribiré de uno de los dos asuntos acerca de los que había reflexionado con cierta periodicidad y que convergieron, no sé si felizmente, el pasado 30 de mayo: el Día de Canarias y la entrega de premios.

Bandera de Canarias

Así pues, con motivo de la  celebración del Día de Canarias, el gobierno de la Comunidad tuvo a bien, como todos los años en la misma fecha, entregar premios  (Literatura, Bellas Artes e Interpretación, Investigación e Innovación, Acervo y patrimonio histórico, Internacional, Comunicación, Acciones altruistas y solidarias y Deportes) a diversos ciudadanos que, en opinión del jurado creado a tal efecto, se lo merecían. Tales premios se llaman, cómo no, Premios Canarias.

Pero no es el gobierno canario el único: las administraciones públicas, a todos los niveles, parecen aquejadas de la compulsión por otorgar  premios, medallas, honores y distinciones. Haciendo una rápida recapitulación local, aunque puede extrapolarse a todos los municipios, provincias y comunidades, el Ayuntamiento de Las Palmas otorga, cada año también, honores y distinciones (Hijo predilecto, Hijo adoptivo y Medalla de oro); el Cabildo de Gran Canaria, por medio de su Comisión de Honores y Distinciones concede premios (Hijo predilecto, Hijo adoptivo, Can de oro y premios Roque Nublo, en 6 modalidades) y el Gobierno de Canarias los ya mencionados Premios Canarias. Por no hablar de los premios estatales a nivel nacional, de ministerios, de universidades y  de todo tipo de fundaciones semipúblicas. En realidad, hacer una lista completa de todos sería una tarea hercúlea y aún más si incluimos los premios otorgados por instituciones privadas.

Voy a partir de la base que la concesión de la distinción pública obedece, al menos en su origen, a que la sociedad, de la mano de sus representantes democráticamente elegidos, quiere otorgar reconocimiento a aquellos de sus conciudadanos o entidades (asociaciones, organizaciones no gubernamentales, empresas, etc.) que han contribuido de algún modo u otro a su bienestar o mejora. En principio, el asunto parece sencillo. Sin necesidad de hacer aquí un estudio antropológico profundo, podemos convenir en que los seres humanos en general necesitamos y deseamos el reconocimiento de los demás; lo cual parece ser una característica universal, pues cada cultura establece su propio baremo de honores y distinciones. A este respecto, Hegel o, en nuestros días, Axel Honneth han teorizado filosóficamente al respecto,  en sus planos íntimo (amoroso), jurídica y social. Además, el reconocimiento de nuestros conciudadanos nada tiene que ver con las recompensas del mercado: la admiración que podemos sentir por aquellos no depende de su caché profesional o de la venta de sus productos. En este sentido, los honores que la comunidad dispensa a uno de los suyos deberían conllevar una admiración específicamente moral o ética. Es, al fin y al cabo, una recompensa a la virtud.

Le reconozco, Sr. Honneth.

Sin embargo, es dudoso que tales premios que pretenden otorgar reconocimiento social por parte de las autoridades públicas sean reconocidos como tales por la ciudadanía. Me explico: año tras año se otorgan todos estos honores y distinciones o bien de manera discrecional por el partido en el poder o bien entre acuerdo de las fuerzas políticas. El ámbito en el que se deciden tales premios (salvo los que están delegados en jurados, que serían un subnivel) se encuentra en la parte superior en la toma de decisiones políticas o administrativas. Más bien, parece que es o a iniciativa del grupo político en el poder o a petición de los lobbies (en el mejor de los sentidos) culturales, académicos o empresariales como se consideran los nombres candidatos. Es decir, como en tantas otras esferas, la ciudadanía finalmente se encuentra con los premiados y distinguidos. En ningún momento (no tiene que ser necesariamente desde el principio en todos los ámbitos, pues hay algunos muy especializados, como los científicos cuyo conocimiento general será, en general, escaso) se le consulta, sino que desde un etéreo consenso o acuerdo nunca explicitado desde arriba se nos señala quienes son los tocados por la gloria. Es difícil concebir que un político sea hasta tal punto omnisciente del favor de la ciudadanía o que tales lobbies la representen de manera significativa. Así que, como no puede ser de otro modo, la ignorante ciudadanía o bien se encoge de hombros o se limita a no darse por enterada. Al final, el premio, el honor, la distinción se limitarán a ser un guión más en el currículo profesional o un agasajo institucional inter pares, por mucho que los medios de comunicación dediquen páginas y fotografías al festival de trofeos y discursos e intenten convencernos de su importancia. La ciudadanía puede sospechar que las razones para las medallas no obedezcan al  mero merecimiento, sino que influyan otras no explicitadas. Como señala el filósofo Michael Walzer: "Si los funcionarios estatales seleccionan de manera sistemática a mujeres y hombres a quienes era políticamente oportuno honrar, devalúan los honores que distribuyen. De ahí el fenómeno de la distribución mixta, en la que unos cuantos individuos con merecimientos son incorporados a la lista de honores a fin de disimular a quienes son honrados por razones políticas; el artificio no funciona casi nunca" (Walzer, M. Las esferas de la justicia).

El muy reconocido Michael Walzer.

Esa necesidad de ser reconocidos es la que lleva a muchos, sobre todo si además se recompensa con dinero, a reclamar para sí tal distinción. Si la ciudadanía fuera consultada, poco se podría argüir en contra de la decisión mayoritaria; pero si se tiene la certeza, o al menos la sospecha, de que uno puede trabajarse la candidatura y la distinción, no resulta extraño que los aspirantes desplieguen toda su capacidad de influencia política y mediática para asegurarse el resultado. Tampoco, de que se quejen con una amargura rayana en lo cómico que ellos sí se lo merecían. O de que se lo deberían haber dado (el premio) hace tiempo.

Tal como están las cosas hoy en día, el mejor reconocimiento que puede tener cualquier persona en su actividad profesional o social es el que no se concede institucionalmente sino el que parte de sus colegas, conciudadanos, pacientes o clientes. Hemos llegado a tal punto de disociación entre la clase política y la ciudadanía que en muchos casos, y no de modo tan paradójico, suscita más admiración el que rechaza un premio que quien lo acepta, como son los casos del escritor Miguel Marías o del artista Santiago Sierra. Y es que, como señala Walzer: "El honor público no es un regalo o un soborno sino un discurso veraz acerca de la distinción y el valor".