Madison y Pericles

Según algunos comentaristas de periódicos nacionales, de nuevo un fantasma recorre Europa: el fantasma del populismo. Dicho término, aplicado en nuestro país en los últimos años, parece la prevención político-periodística ante una enfermedad cuyos síntomas, al menos de momento, no se han evidenciado de manera conspicua a ojos de este observador. Además, tal y como se viene empleando, populismo se ha convertido en uno de esos conceptos-comodín cuyo proliferación es proporcional a la ambigüedad o amplitud de su significado. En general, se usa de modo despectivo, y viene a denostar toda aquella medida que iniciativa que esté en contra de los propios intereses o convicciones y se aprecie que puede suscitar apoyo popular. 

Así, no es de extrañar que los políticos de todas las tendencias acusen a los de las contrarias de incurrir en el dichoso populismo. Además, cuando se utiliza como improperio, viene a acompañar muy a menudo a otro sustantivo triunfante: demagogo, y el correspondiente adjetivo demagógico. Como adjetivo y sustantivo, son intercambiables, además, lo que facilita su empleo en tertulias, columnas de opinión, charletas de café, tweets, etc. por líderes de opinión y caudillos mediáticos varios, por no hablar, claro, de nuestra clase política: Zapatero acusó a Rajoy de populista; y viceversa. Aguirre, a la presidenta de Argentina, una ex secretaria de Estado y ex ministra a Aguirre, el PSOE a un ministro y muchos más por el estilo, fácilmente encontrables a golpe de Google. También es muy recurrente el empleo de utópico o utopía. Una tríada de conceptos casi imbatible.

Acusada y acusadora de populismo. Según ella, liberal (foto: diarioprogresista).

Lo que se manifiesta en todas estas acusaciones es la desconfianza, nada nueva, de los partidos políticos y sus dirigentes respecto de todo lo que suponga conexión, consulta o escucha a la ciudadanía. La mala conciencia que les suponemos está fundada por su poca costumbre en prestar atención a los problemas de aquella, salvo en sondeos de coyuntura o en periodos electorales, en los que las promesas, golpes de pecho y propósitos de enmienda resultan habituales. Es por eso por lo que su apelación al pueblo emerge como estrambótica y estentórea. Consultas y referendos son tildados de manera sistemática como populistas, y sus promotores, demagogos. En el caso de los últimos referéndums propuestos (Cataluña y Canarias), no deja de parecer razonable la acusación de "oportunismo" político a quienes los han promovido. No obstante, no deja de ser una obviedad, pues las decisiones políticas siempre obedecen a cuestiones de oportunidad, además de otras razones. Que tanto el presidente de la Generalitat como del Gobierno de Canarias aboguen por consultas ciudadanas no debería, en cualquier caso, ser motivo de polémica ni de reproche jurídico positivista, pues en principio nada parece más democrático que la ciudadanía tenga voz y voto en cuestiones importantes para su Comunidad. Que aparte de los motivos puramente consultivos intervengan otros factores políticos (como la cercanía de unas elecciones, consolidación del poder dentro del partido, etc.) es algo que no podemos rechazar a priori, pero que no debería deslegitimar aquellas consultas. Además, quienes se pusieron de acuerdo en 24 horas para cambiar la Constitución e introducir en ella la prioridad del pago de la deuda externa no deberían insistir tanto en que tal o cual modalidad de referéndum no es constitucional/legal. Ya sabemos que sólo es cuestión de voluntad política, y otros cambios, quizá más pertinentes, contribuirán a rasgar el velo del templo de la Carta Magna.

No obstante, y como ya señale en mi último post (El Día de la Deliberación), un referéndum al uso es insuficiente porque se limita a reflejar la opinión del ciudadano, no a valorar su reflexión, alimentada por datos técnicos, aportaciones de expertos, interpelaciones ciudadanas a los políticos, debates entre los que postulan una postura con los que están en contra, etc. Es decir, ya que la institución política de turno ha convocado un referéndum, debería también esforzarse por suministrar la máxima información posible a los potenciales votantes, al igual que estos también deberían tomarse la molestia de analizarla. La cuestión debería consistir no tanto en votar lo que se piensa en un momento dado (en muchas ocasiones, ni siquiera se tiene opinión al respecto) sino en lo que se votaría si se tuviese la mayor información posible. 

¡Cuidado con la tiranía de la mayoría! (Wikipedia)

No olvidemos, por otro lado, que la democracia representativa de la que disfrutamos ha arrinconado a otras formas más deliberativas, no sólo por el problema que representa el número (cómo hacer deliberar en el mismo espacio a miles, millones de personas y tomar una decisión), sino por la profunda desconfianza que han sentido siempre las élites políticas hacia la participación masiva del pueblo. La tesis de que unos representantes filtrarían las opiniones del pueblo y las refinarían debatiendo entre ellos es, en su variante de sistema de partidos, la que ha perdurado y ha llegado hasta nosotros. Recordemos, además, que en la época de James Madison (uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos) y tras la Revolución Francesa, lo que llamamos ahora democracia representativa se consideraba un sistema diferente a la democracia, entendida como democracia directa. En rigor, la primera se denominaba República, y la segunda, Democracia. La posterior ampliación del derecho a voto, lo que finalmente devendría como sufragio universal, y el progresivo prestigio del término democracia, convergieron para denominar al sistema de representación como democracia representativa, que es la que rige en actualidad en España y en la mayoría de los países de tradición liberal-capitalista. Así, en la república (ya sea presidencial o monárquico-constitucional) nunca ha gobernado el pueblo, sino sus representantes, que ni son el pueblo ni actúan por delegación, sino que son autónomos respecto a aquél (otro asunto es la sujeción a la disciplina de partido). El discurso fúnebre de Pericles (véase Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides) es un texto fundamental de la democracia que la mayoría de nuestros políticos (los que lo conocen) preferirían pasar por alto. Además, basta echar un vistazo a muchos de nuestros diputados y senadores para darnos cuenta de que ellos mismos no pasarían un filtro de sabiduría o raciocinio mínimos. Muchos se limitan, de hecho, a aplaudir o a dar voces de apoyo, tal como aquellos entrañables animales de Rebelión en la Granja.

Estoy de moda en el socialismo español.

Es, por lo tanto, dudoso que gocemos de verdadera libertad política, si la entendemos a la manera de Hannah Arendt, quien señalaba en su obra Sobre la revolución: "O la libertad política, en su acepción más amplia, significa el derecho "a participar en el gobierno" o no significa nada". Podemos imaginar un régimen en el que estén recogidos en una constitución y protegidos los derechos civiles, pero que, al mismo tiempo, la inmensa mayoría de la ciudadanía no participe en la esfera política, que no participe en las decisiones de carácter público. ¿Llamaríamos a este régimen demócrata? Decía, en un artículo reciente, el politólogo Fernando Vallespín que la esencia de la democracia era poder optar entre candidaturas. Ni rastro de la participación de la ciudadanía, ni de la deliberación, ni de la difusión de valores democráticos. Por supuesto, también es posible imaginar una oligarquía cuyos miembros disputasen entre sí la ocupación de los cargos institucionales mediante elección popular. Es posible que dicha opción entre candidatos sea una condición necesaria, pero no suficiente para aceptarla como sinónima de democracia.

Con frecuencia me pregunto cuál será el pecado original del pueblo para que sea objeto de tanto desprecio.

El Día de la Deliberación

Pensaba escribir algo diferente: dejar a un lado la política y los medios de comunicación y tocar cualquier otro asunto. Me temo que la consecuencia previsible sería que no escribiría en absoluto. En estos tiempos de crisis, la verdad, no estoy dispuesto a ser crítico de inocuidades, como de la última novela de Fulanito o la de la película de Menganito, aunque dispusiese de los conocimientos para hacerlo. La libertad de escribir cualquier cosa en este blog no puede ser una excusa para torturar a los lectores que decidan pasar por aquí, sometiéndolos a mis caprichos creativos.

Por cierto, algunos de estos lectores me han señalado, con respecto a mi anterior entrada, que los reproches que le dirigí al principal partido en escaños de la oposición podrían aplicarse también al del Gobierno estatal o a los de las comunidades no gobernadas por ellos. Sin duda, me apresuro a contestar. Mientras que en la discusión política se orilla el modelo de economía, pues la mayoría de los partidos de España, y en especial los que suelen turnarse en el gobierno, apoyan sin reservas el sistema de mercado y capitalista, hay que señalar que a las formaciones de derechas se les puede reprochar sus valores y objetivos, que no suelen esconder: organicismo, jerarquía, tradicionalismo, conservadurismo y clasismo. Alguna vez me he preguntado hacia dónde dirigirán sus simpatías los liberales, porque muchos estarán lejos de encuadrarse en este marco. A los partidos de izquierdas se les reprocha, sobre todo, su hipocresía y doble lenguaje: dicen que luchan por la igualdad y por la redistribución de la riqueza, abogan por la autonomía del ciudadano y por la participación política, pero en la praxis se vuelven paternalistas, prefieren una ciudadanía pasiva, que no se implique en política, y se contentan con mantener el statu quo económico, todo en aras de la famosa estabilidad. Así se entiende, por ejemplo, que las oscilaciones de voto sean tan diferentes en los partidos mayoritarios: uno tiene más incondicionales que otro; el otro tiene más votantes despechados que el uno.

¡Ya era hora de que me sacaran en este blog!

Como ya señalé en otro post (y como está reflejado en literatura sociológica de mucha mayor calidad y profundidad que la mía), los partidos que gobiernan el Estado del Bienestar, ya sea en su versión fuerte o en la actual que se propugna y se recorta, son presos de las contradicciones sistémicas que lo aquejan. La impotencia y debilidad de los sucesivos gobiernos (también los de las Comunidades) en el plano económico se enmascaran haciéndose pasar al primer plano asuntos sociales, morales o identitarios. Así, no es sorprendente que el famoso referéndum catalán haya ocupado la atención de los medios informativos las últimas semanas (en un cambio de clima político que beneficia tanto al gobierno de España como al de Cataluña), desplazando  las cifras macroeconómicas y las microtragedias ciudadanas a un segundo plano, menos dañino para sus proyecciones electoralistas. La nación y la nacionalidad siguen suscitando pasiones que parecían hasta no hace mucho obliteradas en las sociedades europeas, postmetafísicas y plurales (en España, sin embargo, no ha dejado de estar presente, todo hay que decirlo). Al menos, esa era la reflexión, de matiz evolucionista, de muchos pensadores. La secularización y la laicidad no han acabado con la religión en Occidente. Más bien,  en los últimos años se asiste a cierto resurgir en la esfera pública (Jürgen Habermas considera que este fenómeno es propio de las sociedades postseculares, básicamente las democracias liberales de Europa). Además, la lealtad sentimental a ese constructo imaginado (véase Benedict Anderson, Comunidades imaginadas) que es la nación no se ha dejado atrás. El famoso patriotismo de la Constitución (véase Habermas) está muy lejos de ser la norma, más allá de alguna élite intelectual o académica sin peso significativo en el espacio público.

Abogo por el Día de la Deliberación.

Y he aquí que el más reciente foco de conflicto político en España, el famoso referéndum de Cataluña, que a veces parece desleírse sin ruido y otras se hincha como un eccema rabioso, cobra protagonismo merced a la disputa de las élites políticas, que primero dirimen sus diferencias en la esfera pública, vía medios de comunicación, para después ganar fuerza negociadora. 

En mi opinión, la consulta ciudadana no debería considerarse una singularidad o un elemento extraño a la política democrática. En todo caso, no parece irrazonable pensar que podría modificarse el artículo 92 de la Constitución para darle la cabida que se merece y mediante una reforma de la actual Ley Orgánica legislar de modo que las consultas ciudadanas pudieran realizarse con mayor frecuencia y a todos los niveles. No obstante, un referéndum debería ir precedido de una intensa actividad deliberativa ciudadana, promovida por las instituciones públicas. Porque ¿qué significa dar una opinión, un voto, o una respuesta a una encuesta basándose simplemente en ideas superficiales o sensaciones confusas salvo expresar un estereotipo o un prejuicio? Los referendos no pueden limitarse a ser una encuesta política típica, que busca, como suelen decir los comentaristas de los medios, "una foto" de la opinión pública. En asuntos políticos de enjundia, es decir, en todos, no se debería preguntar la mera opinión que se tiene, sino aquella opinión que se tendría después obtener la información necesaria y sopesar los argumentos de uno, otro y del de más allá. La diferencia es algo más que notable. En los experimentos deliberativos o encuestas deliberativas realizadas, entre otros, por el filósofo político James S. Fishkin, se observa cómo las personas que tomaban parte en ellas cambiaban en gran medida sus opiniones (se les hacía una encuesta antes de las deliberaciones y otra, después) y las fundamentaban mucho mejor. Trasladándolo a la gran encuesta nacional que pueden ser unas elecciones o, en el caso que nos ocupa, un referéndum, Fishkin aboga por implantar un Día de la Deliberación en el que el Estado proporcionara espacios e información para que los representantes de los partidos (a nivel local, por todo el territorio del Estado) explicasen a la ciudadanía su programa, medidas o propuestas, y pudieran ser interpelados por los ciudadanos que participaran (no se descarta implantar incentivos). Como consecuencia, éstos abandonarían su ignorancia racional (para qué va uno a molestarse en informarse si, total, un voto no vale nada entre tantos millones) y estarían más dispuestos a participar en la consulta o en las elecciones de turno.

¿Consenso? ¡Estoy en contra!

A pesar de las evidentes dificultades logísticas y el gasto (uno se pregunta si no valdría más ese que el que se incurre en cada campaña electoral y que tiene las consecuencias perversas en los partidos que todos conocemos), el resultado electoral o el del referéndum estaría cargado de valor cognitivo y político, lo que claramente repercutiría en la legitimidad del gobierno de turno y de las instituciones públicas, y evitaría en gran medida fenómenos como la actual desafección, de la que tanto se quejan, asimismo, nuestros representantes políticos y los autonombrados líderes de opinión. No se trata, por tanto, de llegar a ningún consenso. Puedo estar de acuerdo con la filósofa Chantal Mouffe en su visión agonística de la política y de la esfera pública. En muchos casos, es sencillamente imposible, y es posible que ni siquiera deseable, alcanzar tal consenso por la disparidad de visiones morales y políticas existentes en nuestra sociedad plural. No obstante, nuestra democracia ganaría en calidad al incluir mayor deliberación y participación, y el principio de la mayoría perdería ese carácter asfixiante que el mero recuento de votos provoca en los derrotados.