La esfera pública sucedánea

Para aquellos que, de repente, nos damos cuenta de que nos encontramos en la madurez vital, resulta sorprendente, a la vez que catalizador de una gran melancolía, constatar cuán equivocados estábamos sobre tantas cosas. En ocasiones, tenemos la impresión de que hemos llegado demasiado tarde a demasiadas cosas, y en otras, en las que quizás fuimos pioneros, la frustración de lo prematuro las ha arrojado a los márgenes de nuestra memoria.

Permítanme una precisión: este no es un blog filosófico, muchos menos histórico: más bien tiene algo de agitador de conciencias (comenzando por la mía) y un poco de no dejar pasar de largo. Es un blog, en realidad, para acusarme, para acusarnos, por nuestra inacción como ciudadanos, de nuestra parálisis como comunidad, de nuestra falta de entusiasmo por la justicia y de nuestra ignorancia democrática.

Sírvanos lo anterior para hacer un ejercicio, que me gustaría colectivo, de penitencia social: salvo excepciones, como quizá pudo ser (en algunos sitios más que otros) la protesta ciudadana contra las catas petrolíferas hace no demasiado tiempo, o el Salvar Veneguera (que parece en retrospectiva la edad dorada del movimiento ecologista en nuestra Comunidad) la sociedad civil en los diferentes microesferas sociales isleñas se ha caracterizado por su apatía, por su conformismo y por su atomismo (que diría Charles Taylor). 

Hablemos de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante LPGC), la ciudad con el nombre más largo e incómodo que conozco. En un pasado reciente, se han perpetrado en ella decisiones políticas de largo alcance, de dudosa gestión y de resultados comprometedores para la ciudadanía sin que nos hayamos inmutado. Es posible que esta ciudadanía, en nuestra isla, en nuestra ciudad o pueblo, sólo se sienta impelida a salir a la calle cuando ha visto antes por la televisión una manifestación similar en Madrid o Barcelona. Así somos, orgullosos de lo de fuera. Por otro lado, y aquí reconozco mi posible ceguera, es posible que en ocasiones haya surgido el disenso e incluso protestas públicas, pero, por lo que se refiere a los medios de información locales, da la impresión de que existe un consenso de fondo, tácito, asumido, por el que los grandes proyectos aprobados por el gobierno conjunto de políticos y empresarios cuentan con toda la aprobación necesaria: la de los representantes públicos y la de los creadores de riqueza. Se ve que el concepto de democracia como el de la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas es un concepto decimonónico y extranjero. No forma parte de aquello que se suele incluir como "lo nuestro". Veamos:

a) Se privatiza la empresa municipal de agua en LPGC en 1993 bajo mandato municipal socialista. Un monopolio natural que no se ajusta a las leyes del mercado en lo que se refiere a la competencia: parece lógico que no pueda haber varias empresas suministradoras de agua corriente. Se privatiza en un marco político e ideológico proclive a la entrega al mercado de esferas y sectores de los que se ocupaba hasta entonces el Estado por buenas razones. Razones que siguen siendo las mismas: una empresa pública gestiona un bien público para satisfacer una necesidad ciudadana. En cambio, una empresa gestiona un bien público para obtener beneficios. A veces, demasiadas, dichos beneficios priman sobre la satisfacción de la necesidad ciudadana, y ejemplos hay para todo el que quiera molestarse en informarse. Pero ya se sabe, la ideología dictaba que la empresa privada gestiona mejor que la pública porque persigue beneficios. Parece contraintuitivo, y lo es, pero ha pasado a formar parte del sentido común. Suele denominarse zombi a una idea que ya ha sido refutada, pero que sigue siendo dominante. Nuestra esfera pública vive todo un apocalipsis zombi.

b) Se construye un Auditorio en LPGC (a cargo del Gobierno de Canarias y otras entidades públicas) que viene a costar unos 5.000 millones de pesetas. En la capital tinerfeña, se construye otro que cuesta finalmente 12.000 millones (¡Calatrava, un beso!). Era el precio de la Cultura. El precio que las élites de ambas islas estaban dispuestas a pagar por sus gustos con el dinero de todos, incluidos de aquellos a los que ese concepto de Cultura no les decía nada o que habrían preferido subordinarlo a otras prioridades. Eran los buenos tiempos, claro, y no había pobres ni gran desigualdad, según cuentan las crónicas palaciegas. Además, se construyeron auditorios, palacios de congresos, museos, galerías, etc., todo a cuenta del erario. Hasta Teror construyó su auditorio, que se creen. Tenemos, no lo olvidemos nunca, un Festival de Música que nos pone en el mapa planetario del buen gusto musical (menos en la próxima edición, según el bando de los nostálgicos). Traemos a orquestas e intérpretes de talla mundial. Lo que haga falta. Ya se sabe que cuando la ciudadanía demanda Cultura, no para hasta que lo consigue. Era la famosa burbuja cultural: toda España se enladrilló de lo que algunos llaman contenedores culturales, todos los gobiernos autonómicos, todos los ayuntamientos se sumaron a la orgía del caché desmesurado. El resultado está a la vista:  no hay nadie que no se haya vuelto más culto, incluso parados, desahuciados, jubilados, inmigrantes y siervos de la gleba. Es la transversalidad de la Cultura.

c) Una biblioteca del Estado que se construye en un espacio cedido por el Ayuntamiento de LPGC, en 2002. Por lo visto, se requería la elaboración de un plan especial que no se hizo (maldita burocracia). Los tribunales sentencian que se derruya. El Ayuntamiento se resiste legalmente una y otra vez y al final logra que permanezca incólume: el Ayuntamiento como héroe; la ciudadanía como damisela rescatada en el último momento. Unos edificios de altura desvergonzada situadas en el solar del antiguo canódromo en el que al parecer tampoco podían construirse. Parcelas que se permutan, dinero público que se va y nunca vuelve: total, el dinero de todos no es el dinero de nadie. El cielo es el límite.

d) En la misma línea de merecemos lo mejor porque lo valemos se buscó dinero hasta debajo de las piedras para acometer la ansiada reforma del Teatro Pérez Galdós en LPGC (2004-2007). Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento... Hasta el ministerio del ramo (Cultura) puso pasta. El coste total, unos 30 millones de nada. Además, esa primera temporada costó 8 millones, ya que escatimar era de lo más inapropiado. Era la época en la que España aspiraba a la Champions League de las economías y nuestra ciudad a figurar en todo mapa que se blandiera, por absurdo que fuera. No como ahora, claro. De esto hace ya tres alcaldes y una alcaldesa, que nunca entendió cómo no fue reelegida. Si sólo hay que tener memoria. Memoria cultural, se sobreentiende. Para reinaugurar el teatro, se programó nada más y nada menos que la Tetralogía del Anillo, que para los entendidos de la ópera es un asunto muy serio y, para algunos menos refinados sólo nos recuerda a Gollum. Tiempo más tarde, a un periodista-directivo se le ocurrió endosar a las cuentas públicas su capricho artístico. Resultado, una ópera justificadora de la conquista castellana de las islas que costó varios millones de euros. Asistió al estreno el presidente del Gobierno de Canarias, de supuesta ideología nacionalista. No consta que saliera exultante del teatro y se la recomendara a sus amigos.

e) Entramos en el periodo de crisis  (2010) y nuestro amadísimo y culto alcalde de LPGC decreta que la ciudad necesita una seña de identidad, un icono. Él, claro, conoce la solución: una escultura a la entrada de la ciudad desde el sur. Exordio, el Tritón costará al Ayuntamiento, es decir, a todos sus vecinos, unos 300.000 euros. Al parecer, había crisis, pero no pobreza. O había pobreza, pero no importaba. En una conversación por facebook, el artista-escultor justificaba el gasto porque eso daba de comer a muchas familias (operarios y tal, además de a él mismo) y por ende la ciudad contaría a partir de entonces con una seña de identidad. Al parecer, el asunto icono-seña de identidad era un asunto que, otra cosa no, pero que tenía la virtud de enardecer a las masas. Al dichoso icono hubo que ponerle una peana más grande después de la inauguración porque los turistas que venían en guagua no lo veían. El tritón no daba la talla, podría decirse. Hoy en día la zona parece que se ha convertido en un picadero. No, caballos no hay.

f) Ya atravesada la crisis financiera por la que había que salvar cajas y bancos porque si no se colapsaba la Economía, y transformada a posteriori en crisis de deuda de hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades, el Cabildo de Gran Canaria decidió gastar a lo grande, no en Cultura esta vez, sino en Deportes (2014). Y nada mejor que un pabellón casi en exclusiva para el club profesional de baloncesto sufragado también por el Cabildo, o lo que es lo mismo, por la ciudadanía grancanaria. ¿Gasto? Casi 70 millones de euros. Añadamos que el Cabildo también se encarga de los gastos del estadio de fútbol ocupado en exclusiva por un club de fútbol profesional. Dicen que el club paga el alquiler. Una ciudadanía mínimamente preocupada por sus semejantes más desgraciados habría hecho salir de la isla en helicóptero al presidente de entonces. Una ciudadanía como la nuestra se felicitó por la suerte de tener un pabellón (y un marcador NBA de cerca de 1 millón) que nos pondría en el mapa mundial del tiro a canasta y falta personal. Y hacia el infinito y más allá.

g) Un castillo propiedad del Ayuntamiento de LPGC que se cede a una Fundación de un artista todavía vivo para que exponga sus obras, con la oposición de los vecinos del barrio (La Isleta), que preferían un local social (2014). Hay que señalar que las obras irradiadoras de Cultura, Arte y demás palabras con mayúscula las cede el artista, pero el Ayuntamiento se compromete a gastar 100.000 euros al año en ir adquiriéndolas. No vaya a ser que nos acostumbrásemos a ver de gorrilla la obra del gran artista todavía vivo. Aparte, el Ayuntamiento cubre los gastos de la Fundación para su personal, conferencias y cosillas de la cultura que promueva, y también el mantenimiento del edificio. Este artista, todavía vivo, y también llamado "de las rotondas" por razones obvias, suele quejarse del escaso reconocimiento que suscita en sus paisanos. En mi opinión, una ciudadanía que reconociera el valor de lo público lo habría hecho salir también en helicóptero. O mejor, en submarino.

h) Un empresario septentrional afincado en nuestras islas y generador de mucha riqueza, creador de puestos de trabajo y dinamizador en general de la economía pide suelo en el Puerto de Las Palmas para construir un Acuario. La Autoridad Portuaria se lo cede, y el Ayuntamiento de LPGC se compromete a hacer cuantas obras sean necesarias para permitir el fácil acceso de la ciudadanía convulsionada por esa oportunidad y de las miríadas de turistas que acudirán en masa en cruceros de lujo o de semilujo, que lo mismo da. Al cabo del tiempo, pide también que se le permita construir un hotel junto al acuario, pero que dicha iniciativa (la de construir el hotel) "debe provenir del Ayuntamiento". Uno se pregunta si ese empresario debería tener más reconocimiento que el artista ya mencionado, pues esa "locomotora de la economía local" como predijo, en un rapto de regocijo el anterior alcalde, casi no le va a costar un euro. 

Algunos se han atrevido a denominar a operaciones como las anteriores (lista no exhaustiva, ni mucho menos) como "gasto público, beneficio empresarial". En los medios de información locales, lo más habitual ha sido el elogio desmesurado, el ditirambo de tintes casi esperpénticos de cualquier iniciativa empresarial que invariablemente debía ir acompañada de subvención pública, de exención de impuestos o de eliminación de la burocracia. A pesar de que en dichos medios impera la ley del consenso, no deja de aparecer de vez en cuando algún artículo de opinión de algún periodista de raza cargando contra los noístas, "los del no a todo", quienes, a su parecer, se oponen al progreso, a la riqueza y a las locomotoras. Saña desproporcionada, sin duda, dada la nula oposición ciudadana a tanto derroche, lujo, pretenciosidad y beneficios empresariales. Viva la lluvia fina.

En todo caso, a una ciudadanía desmovilizada se le añade una esfera pública de bajo nivel, por no decir, sucedánea. Algunas iniciativas digitales intentan, más tímidamente que en la Península, sacudirse el peso de la presión política y empresarial. Sin embargo, en mi opinión, a veces el nivel informativo, loable, sin duda, que alcanza en ciertos momentos, no se corresponde con algo parecido en el espacio de la opinión. Espacio que, a tenor de lo que se publica de forma periódica en los medios tradicionales, no debería tener mayor dificultad en tener mayor protagonismo e influencia con un mínimo esfuerzo en la argumentación y en las lecturas previas. En todo caso, y dada esa situación de mínimo histórico que padecemos, necesitamos mejorar tanto en la implicación individual y colectiva en los asuntos públicos como en elevar el nivel del debate en la esfera pública. En eso estamos.

Nostálgicos e inclusivos

(Este artículo fue escrito conjuntamente con Javier Moreno Barreto y se publicó en el periódico Canarias7 el pasado miércoles 3 de agosto.)

La esfera pública canaria se ha visto levemente agitada por la última polémica relacionada con el Festival de Música. El debate ha surgido por la intención del actual director de hacer una programación no sólo más austera sino también más enfocada a la ejecución musical local. En otras palabras, en línea con los recortes presupuestarios, la programación hace de la necesidad, virtud, y pasa a proclamar la excelencia de lo nuestro frente al glamour de lo de fuera.

Como en toda disputa, hay al menos dos bandos. En este caso, al bando de los que protestan por esta programación y añoran los tiempos de abundancia  en los que se invitaba a orquestas y solistas de prestigio mundial, lo llamaremos el de los nostálgicos. Al otro, que apoya al actual director y su política de programación en la que predomina la participación de bandas, orquestas y solistas de la tierra, lo denominaremos el de los inclusivos.

Cada bando tiene sus razones: para los nostálgicos, cuyo argumentario ha sido hegemónico desde la creación del Festival, ambas capitales, y Canarias, por extensión, merecen la presencia de lo más lustroso y granado del panorama sinfónico internacional. Además, el coste de la programación, por muy desorbitado que pareciera a los menos melómanos o a los no interesados por la música en absoluto, valía la pena porque, por citar algunas razones, pondría al Festival en el circuito internacional de la música clásica, situaría a las capitales en el mapa mundial y aficionados de todo el mundo acudirían al Festival, con la consiguiente repercusión en hoteles, restaurantes, taxis y lo que a uno se le ocurriera. Por no hablar de que la Cultura con mayúsculas, desde los respectivos auditorios, saldría a nuestro encuentro y nos haría mejores y más cohesionados. Hablar de dinero, dado el beneficio de los intangibles, era injustificado, impertinente e, incluso, de mal gusto. Tan de mal gusto que casi nunca se revelaban de manera oficial los honorarios de los artistas, al parecer protegidos por cláusulas de confidencialidad.

Para los inclusivos, sin embargo, la fuerza de un festival de música no radica en un repertorio dirigido por grandes estrellas o prestigiosas orquestas, sino en convertirse en centro receptor y núcleo irradiador de los compositores y artistas locales, lo que, además, conviene dado el menguado presupuesto que desde el Gobierno de Canarias y cabildos se destina desde el comienzo de la crisis a esta actividad cultural. Si el afán de los nostálgicos era disfrutar de la excelencia, y su inclusión en ella aunque fuera físicamente, al coste que fuera, el de los inclusivos es el de la conversión a la cultura musical de la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque, como todo el mundo sabe, la música, como la Cultura en general, es muy buena. El para qué ya importa menos.

Podremos simpatizar con unos más que con otros, buscar razones intermedias e introducir matices a los argumentos que de manera breve hemos mostrado. Sin embargo, hay algo en lo que deberíamos reparar: por muy enfrentadas que parezcan las posturas, ninguna pone en tela de juicio el marco del discurso. Es decir, ambas asumen que la Administración debe sufragar un festival de música. Este cuestionamiento tan elemental simplemente se deja de lado. Para los miembros de ambos grupos, es evidente por sí mismo que el Estado, encarnado en una institución u otra, debe encargarse de satisfacer las aficiones de un tipo u otro de la población. Aunque, en su opinión, algunas como la música son, evidentemente, mejores que otras.

No obstante, deberíamos preguntarnos por qué tiene el Gobierno de Canarias que encargarse de mis apetencias musicales; por qué el Cabildo ha de subvencionar a equipos deportivos profesionales o por qué el ayuntamiento de turno siente cierta motivación por que mueva el esqueleto al son de ritmos étnicos. En una comunidad en la que todo el mundo tuviera un mínimo de recursos indispensables para llevar a cabo un proyecto de vida más o menos libre e independiente y en la que no hubiera grandes desigualdades, podríamos estar de acuerdo en que el sobrante del erario, una vez optimizada la sanidad, la educación, la vivienda, el alcantarillado, las carreteras, el equipamiento urbano y rural, etc., podría destinarse a actividades lúdicas y recreativas. Y sin embargo, incluso en tal idílico entorno, uno debería preguntarse por qué debería ser el Estado quien las sufragara y programara.

Resulta, en cambio, que todos los parámetros económicos y sociales sitúan a Canarias a la cola del bienestar en España, que a su vez está en la cola de Europa. Tenemos de todo: abandono escolar, paro, precariedad, desigualdad, criminalidad, violencia de género, etc. Quizá sea, como algunos señalan, demagogia, y de la fácil. No obstante, la miseria está ahí para quien quiera verla y tenga conciencia, en especial, pero no en exclusiva, desde las instancias políticas de decisión. En el fondo de esta polémica subyace, sin duda, aunque ni los nostálgicos ni los inclusivos lo quieran plantear, un dilema moral y político de primera magnitud que nada tiene que ver, ni remotamente, con la frivolidad de tener que elegir entre Richard Wagner y Juan Hidalgo.

La Cultura, entre el veto y la miseria

Pasadas las elecciones del 26 de junio, en las que parece haberse demostrado que la denominada "mayoría social" no le pertenece a nadie y que ser politólogo no es garantía de clarividencia política, nos encontramos de nuevo con la España cotidiana. Una España que hace cola en los comedores de Cáritas mientras otra España la hace ante las taquillas de los recintos públicos destinados a actividades culturales; una España sumergida en la precariedad y otra ocupada en acumular experiencias para su autorrealización. Una España pobre y otra que aspira a no serlo ni en medios de subsistencia ni en el gusto. Hay otra España, la rica, pero esa sólo asoma, cobrando, en las revistas como el ¡Hola!

Vamos a centrarnos, de un modo no del todo caprichoso, en esa España ávida de espectáculos, conciertos y representaciones. En nuestro país, la inmensa mayoría de los recintos destinados a éstos son de titularidad pública: ayuntamientos, sobre todo. Con el supuesto motivo, explícito, de hacer llegar la Cultura (como quiera que se entienda) a todas las personas, independientemente de su condición social, las administraciones públicas contratan a diferentes artistas, compañías y productoras para satisfacer la demanda de ocio y cultura de la población. Nadie, a estas alturas, duda de que tras este motivo, yace, también o sobre todo, el deseo de explotar electoralmente la esperada satisfacción de una ciudadanía que se ha acostumbrado a delegar en los poderes públicos la gestión y disfrute de su tiempo libre. Aunque, aparentemente, han pasado ya los años de cachés desorbitados y comisiones millonarias, dichas administraciones siguen siendo las principales instancias suministradoras de ingresos para la industria cultural. No es extraño, por tanto, que esa dependencia haya dividido a muchos artistas en grupos de "afines al PP", "simpatizantes del PSOE" y, últimamente, "militantes de Podemos". El resto, por lo general, procura no manifestarse políticamente, dada la tradicional costumbre patria de elaborar listas negras, esas que, no existiendo, existen. 

Hace algún tiempo, el cantautor Albert Pla sacudió la pudibunda esfera pública con unas declaraciones en las que afirmaba sentir asco por ser español. El consistorio de Gijón, titular del recinto donde iba a actuar el artista, y por aquel entonces gobernado en su concejalía de Cultura por el PP, rescindió el contrato por, según ellos, "insultar a los gijoneses". Sin embargo, el argumento clave del ayuntamiento, para lo que nos interesa, es el siguiente: "no es de recibo" que un teatro municipal que pagan "todos los ciudadanos dé cabida a la actuación de quien demuestra una absoluta falta de respeto hacia los gijoneses y españoles". Es decir, la institución pública ejercía discrecionalmente su derecho a rescindir un contrato basándose en la supuesta falta de respeto que el artista había infligido a la ciudadanía, erigiéndose así por cuenta propia en portavoz de ésta. Años antes, por citar otro ejemplo de los que debe de haber a miles, en 2003, Juan Luis Galiardo acusó a la entonces concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de haberlo vetado porque se había manifestado contra la entrada de España en la guerra de Irak, junto con otros artistas, en el Congreso. Al parecer, la concejala (posteriormente, alcaldesa) le había expresado su intención de "no invitar a quien viene a molestar".

Aquí, de inmediato sale a relucir el problema de la legitimidad de las decisiones: que la ideología del grupo político que en ese momento tenga la alcaldía del ayuntamiento o la presidencia de la Comunidad de turno promueva el veto o la contratación de un artista u otro, sin que intervengan, más que de refilón, criterios artísticos. La última noticia sobre veto a artistas es la cancelación en Gijón (sí, otra vez) en el Teatro Jovellanos (de titularidad municipal) del concierto del mítico cantante Francisco. El motivo son los insultos en Facebook (por los que posteriormente pediría perdón) que el cantante dedicó a una política valenciana, Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat.  El ayuntamiento gijonés, en manos del Foro Asturias, sostiene, al parecer en serio, que las declaraciones del cantante podrían "activar desórdenes públicos y enfrentamientos que podrían poner en riesgo la normal celebración de su concierto, la propia seguridad del artista y también la de los espectadores que acudieran al recinto".

El problema, avanzamos, puede provenir de algo más profundo, es decir, de por qué una institución pública debe no sólo sufragar, sino también programar actividades culturales y artísticas dirigidas al ocio (e instrucción) ciudadano. Encontramos aquí, en principio, el dilema entre elegir el Estado o el mercado. Si dejamos que las preferencias de los ciudadanos y la oferta de los productores culturales decidan qué espectáculos y actividades culturales se ofrezcan en función de su proyectada rentabilidad, con la consiguiente limitación del tipo, cantidad y calidad de los espectáculos y del acceso a ellos por según qué sectores de la población o, si dejamos que el Estado, con su marcado sesgo paternalista, por un lado, y por intromisión en los contenidos, por otro, decida qué ofrece a la ciudadanía, muchas veces sin reparar en gastos. Dado que el Estado, desde la llegada del PSOE al Gobierno en 1982 hasta hoy, ha optado por el planeamiento cultural y la intervención directa en instalaciones, asignación de recursos y programaciones, nos encontramos con una situación en que la legitimidad de las decisiones públicas de contratación, así como las de cancelación, se da por supuesta. Sin embargo, si bien es cierto que los políticos elegidos representan a los ciudadanos en las instituciones, no lo es que cada una de sus decisiones cuenten con dicha legitimidad. Porque, ¿desde qué presupuestos morales puede ser legítima la decisión de cancelar una actuación o rescindir un contrato por motivos ideológicos o por haberse expresado una opinión (por insultante que sea) en la esfera pública? ¿Y quién decide qué o a quién se contrata, con qué criterios? El sesgo autoritario puede prevenir desde partidos políticamente tradicionalmente asociados a la derecha como a la izquierda. La intolerancia no es patrimonio exclusivo de los grupos políticos denominados conservadores. Una institución pública, pues, no puede esgrimir razones privadas para contratar sino en función de su interés público. Asimismo, para cancelar debería ocurrir otro tanto de lo mismo. Sin embargo, ¿hasta qué punto puede reclamarse como portavoz del público o de la ciudadanía para contratar o anular una actuación o vetar a un artista sin preguntarle a aquella?

Así las cosas, sería importante hacer una reflexión que busque romper el falso dilema entre Estado o mercado para la creación y recepción artístico-cultural. La sociedad hace cultura en sus interacciones diarias. La cultura no es producto, simplemente, de especialistas a tiempo completo. Si bien la producción artística está inmersa en un escenario económico capitalista y de mercado, nada obliga a que el artista le ponga un precio a su obra ni que tenga que vivir de ella. Es una opción vital tan legítima someterse a la oferta y a la demanda como no hacerlo. El problema es que, queriendo vivir de su obra, no encuentre un público dispuesto a pagar por ella o en la medida que el autor considera adecuada. Es entonces, cuando surgen las voces reclamando que el Estado apoye al artista, es decir, a la Cultura, o viceversa. Amparados en criterios morales (la cultura nos hace mejores), metafísicos (la Cultura nos eleva sobre la vil corporeidad) o economicistas (la industria cultural representa el X % del PIB), artistas, intermediarios y productores reclaman un trato especial por las instituciones públicas, dado que el mercado no los recompensa lo suficiente. Sin embargo, como vemos, el Estado, en su circunstancia de cooptación de hecho por los partidos políticos, no es una instancia que sea capaz de no inmiscuirse en contenidos ni de contenerse en juicios políticos. 

Es necesario, dada también la incapacidad del mercado de proveer bienes que no sean mensurables en precios, pero valorados por la sociedad, encontrar medios e idear formas para la expresión cultural sin que suponga una merma para el erario. En caso contrario, seguiremos asistiendo al gasto de dinero público en Cultura mientras, en paralelo, los ciudadanos empobrecidos hacen colas cada vez más largas a la puerta de instituciones privadas para su asistencia en recursos de primera necesidad; otros pierden su empleo y se quedan sin su casa, algunos se quitan la vida, desesperados por la miseria y la humillación. Seguiremos, asimismo, aunque sea un problema de menor importancia, viendo cómo se promociona a unos artistas en detrimento de otros, cómo se censura a unos y se ensalza a otros desde unas instituciones públicas que mejor harían en resolver los problemas colectivos de manera más eficaz de lo que vienen haciendo hasta ahora. Para decirlo con mayor claridad,  el problema básico de la relación del Estado con la promoción de la Cultura apunta a algo más serio que a la subvenciones y al patronazgo arbitrario. Es hora de que nos demos cuenta, sobre todo aquellas personas y colectivos que se consideran de izquierdas, de que es, en realidad, un problema de justicia social y, también, de compasión por nuestros semejantes.

Albert Pla, arte subvencionado y tutelaje institucional

A la consabida frase de que en una conversación cortés no se debe hablar de política, religión ni fútbol, yo añadiría la cultura. La subvencionada, claro está. Es uno de los asuntos más peliagudos que puede tratarse en una conversación y, sin duda, no sería el más adecuado para, por ejemplo, una primera cita que se pretenda romántica. Sin embargo, como no es nuestro caso, será justo ese, como ya habrán adivinado, el motivo de la columna de hoy.

El mundo de las artes, reconvertido en los últimos tiempos en España  en industria cultural a causa de la globalización, la ralentización-crisis-recesión de la economía y la lucha entre lobbies por influir en el Ejecutivo (que es en lo que ha devenido nuestro democracia), ha salido de nuevo a la palestra informativa como consecuencia de la suspensión de un concierto del músico Albert Pla en la ciudad de Gijón, en concreto en el Teatro Jovellanos. Al parecer, el ayuntamiento de esa ciudad decidió que aquél no podía tocar en un teatro municipal porque había declarado en un medio informativo que le daba asco ser español. El asunto va más allá de la censura o veto a alguien por manifestar su opinión de manera pública, que ya es grave. Que un concejal dictamine que tal o cual declaración es una "ofensa" a los españoles y gijoneses no debería ser más que una opinión sin pretensiones de objetividad. En todo caso, arrogarse la representación de los españoles o los gijoneses sí que parece un alarde de pretenciosidad.

¿Y qué si me da asco España?

Mi punto de vista es que de nuevo se pone de manifiesto la contradicción que supone el concepto de arte subvencionado. Cuando las instituciones públicas intervienen como patrón, mecenas o socio del arte no resulta extraño que ocurran cosas como esta: listas negras para los artistas que, tanto mediante su obra como en sus declaraciones públicas, rompen con el statu quo del sistema o, peor aún, son adscritos a una tendencia política diferente a la de quien ejerza el control de aquellas instituciones. Las consecuencias son la censura, el veto o la exclusión de los circuitos oficiales.

Quizá en otro mundo, el Estado podría promover la creación y manifestación artística de modo que permaneciera neutral ante ellas, tanto en lo que se refiere a su definición como a su contenido. Supongo que el límite podría ser la vulneración de los principios constitucionales o la Declaración de los Derechos Humanos. En todo caso, habría que llegar a un consenso sobre la conveniencia y utilidad de dicha promoción, cosa que en principio no resulta evidente. La justificación habitual es que para escapar al dominio absoluto del mercado, el Estado se erigiría como protector de aquellas actividades humanas que lo merecieran, es decir, valiosas. Sin embargo, al menos en el caso español, a lo que parece que hay que escapar a toda costa es al dominio de los partidos políticos y de las instituciones controladas por ellos.

Sin embargo, no es tarea sencilla: en nuestro país, el Estado en sus múltiples manifestaciones (Gobiernos autonómicos, diputaciones, cabildos, ayuntamientos), sea quien haya sido el que ocupara el poder, se ha dedicado a promover la construcción de recintos escénicos, salas de conciertos, galerías, museos  y otros contenedores de arte, y a encargar la producción y contratación de obras de todo tipo, ya por ese paternalismo ínsito a nuestra versión del Estado de Bienestar, ya por tener la vista puesta en un electorado al que pensaba que podría seducir con la cultura. Ha habido Ministerio de cultura, Secretaría de Estado de cultura, consejerías de cultura, concejalías de cultura... La dichosa cultura ha sido una figura omnipresente las últimas décadas.. Mucha gente no se ha dado cuenta todavía de que la cultura (aquí sinónimo de arte) no es algo que se dé en la naturaleza, ni tampoco es producto de un consenso indiscutible elaborado por la comunidad. Quiero decir con esto que cuando el Estado subvenciona cultura, subvenciona un tipo de cultura, un tipo de contenidos y a un tipo de artista. Así, nos resulta familiar la idea de que cada partido tiene sus artistas afines, a los que protege desde las instituciones cooptadas. Algo que, a pesar de la crisis y de la reducción drástica del presupuesto destinado a estas actividades, se mantiene a grandes rasgos.

Si me llaman intelectual, será por algo.

En todo caso, el caso de Albert Pla no es, en absoluto, el primero; muchos más casos son conocidos y más aún permanecerán en la oscuridad por miedo a mayores represalias. La cancelación de su concierto es un ejemplo de lo que ocurre cuando una institución pública es, por ejemplo, la dueña del espacio de la representación... Así, los artistas que se quejan de la falta de fondos públicos para la promoción de la cultura (esto es, la subvención de sus proyectos artísticos) deberían recordar la servidumbre que comporta y considerar la posibilidad de que dicha servidumbre podría vaciar de significado sus intenciones creativas. También podría darse el caso de considerarse artista y no querer molestar a nadie: ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a los españoles, ni a los gijonenses. Tal vez entonces,  podría ir a solicitar ayudas, subvenciones, billetes de avión para exponer en Noruega, un espacio en una Bienal o una ponencia en unas Jornadas. Quizá, a fuerza de aliarse con unos o con otros, un medio de comunicación nacional le impusiera la etiqueta de pensador. Desde esa tribuna, el otrora artista, ya recalificado como intelectual, pontificaría sobre política, toros, la degradación de las costumbres, el nacionalismo excluyente o la decadencia del arte.

Noruega: un gran país.

Imagino que la creación es un esfuerzo no siempre recompensado. A las frustraciones propiamente artísticas se superponen las sociales y las económicas. Es cierto que tampoco se nos puede exigir comportarnos como héroes de modo cotidiano. No obstante, en el contexto español, pedir dinero a las instituciones públicas para ejercer de artista no me parece sino otra manera de ponerse un bozal y una correa. La opción vital de convertirse en artista no debe ser fácil, y más la de querer mantenerse con esa actividad, pero debe de haber más maneras que la de hacer cola ante la ventanilla de la institución pública de turno o del político conseguidor. Se puede argumentar también que la producción artística (una vez aparcada la habitual cantinela sobre su capacidad de mejorarnos en el ámbito moral) es equiparable a cualquier otra rama de la economía y como tal debiera tratarse; pero su objeto, que es simbólico, no es el mismo que el producto agrícola, manufacturado o la prestación de servicios. Y esa característica, sobre todo cuando los mismos artistas la mezclan con conceptos como libertad o reivindicación está reñida, con los matices que se quiera, con el clientelismo, el mecenazgo o la subvención. Salvo que cuando se quiera decir artista se piense, en realidad, en publicista o propagandista.

Subvencióname por tu bien: soy artista

Cuando parecía que a raíz y como consecuencia de la tremenda crisis económica que estamos sufriendo, el asunto se había finiquitado, he aquí que reaparece una y otra vez. No de manera virulenta, sino a la manera de esos catarros de entretiempo tan propios de nuestra canariedad. Ese tema, como no podía ser otro, es el de la cultura, o CULTURA, con mayúsculas, como gustan de decir algunos. Pero no teman, lo que publican los medios no es que haya una crisis de la cultura española, canaria o del barrio, es decir, no es que de repente dejemos de tomarnos el cafelito a media mañana, ni que la gente haya dejado de discutir por los fueras de juego, ni siquiera que los políticos se hayan vuelto, de repente, competentes en su área. Tampoco es que hayamos abandonado los zapatos  y caminemos descalzos, ni que hayamos decidido renunciar a los pisos fabricados por las empresas constructoras y hubiésemos optado, a la manera de Thoreau, por construir nuestra propia cabaña.

Soy un desobediente civil.

 A donde quiero llegar es que lo que errónea, pero insidiosamente, se quiere pasar por cultura no es más, ni menos, que lo todos conocemos por arte y espectáculos. Para centrarnos, algunas voces que periódicamente tienen cabida en los medios de comunicación, además de las redes sociales, critican o lamentan el estado actual de la Cultura. ¿Acaso hablan de que los españoles o canarios hemos perdido la capacidad creadora? ¿De que los artistas padecen una crisis de creatividad que amenaza con durar ad eternum? No, al parecer la mayoría de las quejas provienen de que el Estado o las instituciones públicas en sus infinitas encarnaciones ya no subvencionan la amplia gama de actividades y producciones artísticas como hacía antes, en la época de las vacas gordas. Además de que el caudal de dinero público se ha reducido, el Gobierno se ha atrevido a subir al 21% el impuesto a las actividades que se aglutinan bajo el rótulo de cultura (no olvidemos que España tiene un ministerio de Cultura). ¡Es el fin de la cultura!, exclaman.

Es tan sencillo como evidente señalar que en esta época de recortes a ultranza,  en comparación con las prestaciones que parecen básicas como la Sanidad o la Educación o la de desempleo, palidecen en importancia social las que ofrecen las demás áreas. Parecería que no debería haber demasiada discusión al respecto. Pues si bien pocos discuten (pero sí, los hay) que la Sanidad pública es cara y que hay que mantenerla con impuestos (de todos); o que la Educación, si se quiere universal, también; muchos menos habrá que consideren lógico o necesario subvencionar la producción artística, porque su utilidad es mucho menos obvia. Afilando el argumento, si ya se está poniendo en tela de juicio que el Estado asuma la Sanidad o la Educación, que hasta ahora formaban parte indispensable de lo que se consideraba el Estado del Bienestar, tanto más será discutible que el erario sostenga una actividad no esencial para la reproducción social como es la actividad artística.

¿Cuándo una manifa por la Cultura? (Foto de Reuters)

 Claro que podría discutirse los límites del campo semántico del concepto esencial. Al menos, convendrán conmigo, en que se podría establecer una escala jerárquica básico. Al no ser este el espacio para un análisis profundo, me limitaré a dar apuntes para la reflexión: No podemos vivir sin alimentarnos (agua y comida); la vida es miserable y casi imposible sin techo (vivienda); necesitamos adquirir los anteriores con dinero; y, al menos en esta cultura, salvo que uno sea un afortunado heredero, necesita ganarlo con el trabajo (Empleo); para lo anterior es necesario cierto grado de instrucción (saber leer, escribir, contar, etc.: Educación); somos frágiles hasta la exageración, por lo que continuamente necesitamos atención médica (Sanidad). A partir de aquí, lo que se quiera: la elevación del espíritu mediante la contemplación de una pintura, el arrebolamiento al escuchar una sinfonía, la fascinación ante un documental o una película, la singular huella en el ánimo tras la lectura de una novela o de un poema... O el fascinante laberinto del ajedrez, o la sensación de camaradería con los compañeros de petanca, el compañerismo que se propaga entre compañeros de escalada, la beatífica contemplación del paisaje... El ser humano se despliega en innumerables direcciones cuando no tiene que dedicar la totalidad de su tiempo a satisfacer sus necesidades primarias. Digamos que se desprende de la servidumbre meramente biológica y busca satisfacer otras, producto de su incansable cerebro, siempre ávido de nuevas emociones.

Si no sabes quién es, no eres culto.

Por otro lado, ante una depauperada situación económica, parece lógico que cualquier individuo prime sus necesidades básicas. Primará comer todos los días a gastarse el dinero en una entrada para la ópera, el teatro o el cine. Primará mantener a los dependientes que tenga a su cargo a pagarse unas vacaciones en el Caribe. Así son las cosas por mor de la supervivencia, que no obedecen a ninguna conjura cósmica. Simplemente, los seres humanos organizan su mundo con prioridades y jerarquías: primero, las necesidades; después, la diversión y el goce.

El contraargumento más socorrido en este caso por los afectados por los recortes estatales y el descenso en la taquilla es el de calificar todo lo anterior como demagogia, lo cual no nos aclara nada al respecto. Los que quieren ir más allá, sitúan en pie de igualdad la Sanidad o la Educación con la Cultura, porque, según ellos, la última es tan necesaria para vivir como la primera o tan útil para la sociedad como la segunda. Aparte de que es fácilmente demostrable de que la gente no suele morirse por perderse un estreno de cine ni de que el hambre se cura con la Quinta Sinfonía de Beethoven, se requiere cierta tozudez teórica para querer equiparar la recepción de las creaciones artísticas a las necesidades que se pretende satisfacer con la Sanidad, Educación, etc. Una equiparación que, bien mirada, le hace un flaco favor a las demandas en favor de una mayor contribución de fondos estatales a la promoción artística. En realidad, cualquier justificación en esta línea suele ser una mezcla de frases hechas, lugares comunes, argumentos pseudocientíficos y razonamientos paternalistas. Cualquiera de las anteriores que se utilice para apoyar las subvenciones a los festivales de música clásica, ópera o el Womad podría utilizarse, asimismo, para fomentar la petanca, el dominó o cualquier juego de cartas: promueve valores valiosos, cohesiona socialmente, es bueno para la agilidad mental, etc. La línea economicista, que es la más sólida, suele ser la baza escondida, por vergonzosa, una vez que la anterior, la espiritual, deja de ser convincente. En este sentido, los datos que se aportan como la parte del PIB que genera la industria cultural (en la que cabe casi todo), los puestos de trabajo que emplea, el retorno, etc., aparte de pecar de vagos y excesivamente generosos sí que, al menos, la ponen en pie de igualdad con las demandas de subvenciones al tomate, a la energía eólica, etc., pero no en un plano superior. Deberá, entonces, competir por los subsidios como cualquier otra industria o sector productivo de la economía española y demostrar no sólo que los necesite, sino que de algún modo beneficiará a la sociedad. 

Así las cosas, desde el lado del receptor, o como suele llamárseles (creo con cierto desprecio) consumidores culturales, es típico en la argumentación igualar los gustos propios a necesidades; y desde el lado del artista, o de la empresa cultural, es también habitual igualar la creación o negocio a necesidad social.

¡Cohesionamos como las que más!

Por otro lado, En España y en Canarias, las cantidades que se destinaron al equipamiento cultural, en forma de auditorios, teatros, museos, salas de exposiciones y demás ha sido ingente; como también lo ha sido la destinada a las subvenciones directas. Resultado: muchos de estos edificios permanecen vacíos, sin programación que los dote de sentido, quizá porque nunca hubo un publico que fuese a llenarlos ni tantos artistas o compañías para ocupar el escenario. Y respecto de los artistas, parece que sólo unos cuantos se beneficiaron de las dádivas del partido que ocupase el poder en España, en la Comunidad, en la Diputación o Cabildo, en el Ayuntamiento... Eran tiempos en que el Estado se gastaba una millonada en pagar a un artista para que decorara una cúpula en la sede de las Naciones Unidas y se justificaba el gasto porque proporcionaba prestigio; aquí, a nivel local, un pintor agradecía públicamente a determinado político que lo ayudase a  montar su exposición en un país nórdico; una época dorada en que los políticos como aquel gustaban de hablar de la CULTURA con mayúsculas, porque con minúsculas era poca cosa; en que las Comunidades gastaban millones de euros en programar festivales de música, de cine, de teatro o de lo que se les ocurriera para ocupar el lugar que por historia (o tradición, o lo que fuera) les correspondía; en que un alcalde afirmaba que si los ciudadanos no entendían que se gastase un simple par de millones de euros en una obra de Galdós, habría que "cerrar la ciudad"; una época, en fin, en la que hasta los pueblos más pequeños querían tener su propio auditorio para no ser menos que el de al lado.

8 millones de euros. Dicen que proporcionó prestigio.

Y por el lado de los artistas, qué podríamos decir para justificar su peregrinaje por las instituciones para lograr la ansiada subvención; sus requiebros y contorsiones para no herir la susceptibilidad del partido político que pudiera alcanzar el poder en las siguientes elecciones (esas listas negras de artistas, que pasaban al ostracismo). Salvo excepciones, se perfiló un escenario artístico conformista, contemporizador, chato, sin aristas, incapaz de ofrecer alternativas estético-políticas al sistema. Un sistema, recordemos, que ni en sus mejores momentos fue capaz de erradicar la miseria ni la marginación ni la desigualdad social. Un sistema que, como ya dijimos en un post anterior, transformó a los ciudadanos (con la aquiescencia de estos) en clientes y a los artistas en suministradores de contenidos. 

Claro que se podría argumentar que un artista no tiene por qué ser, necesariamente, anti-sistema, o transgresor, o rebelde, o reivindicativo. Ni siquiera tiene por qué dar voz a los oprimidos, ni reflejarlos en su arte. Puede uno ser artista y no ser nada de eso: puede llenar las rotondas de la ciudad con sus esculturas y pretender también que, en vida, la ciudad costee un museo en su honor, pero para nuestro beneficio. Beneficio espiritual, se entiende. Se puede ser artista y pretender que la obra pagada con dinero público constituya una seña de identidad de la que, en un futuro, estaremos orgullosos...  Así, con su ejemplo nos ilustran lo que nunca deberíamos haber olvidado: que ser artista no implica ser solidario ni compasivo, sólo que se posee talento expresivo; que ser culto no significa ser honrado ni justo, sólo que se poseen conocimientos específicos. Que arte y moral no son campos contiguos ni conforman una relación necesaria.

PRESENTACIÓN DE MI BLOG (NO SIN MI BLOG)

Cuando uno se dispone a leer un blog, al menos es mi caso, espera varias cosas: a) que no sea aburrido; b) que la lectura no sea difícil, y ahora no me refiero al tema en sí o a su complejidad, sino a esos ataques de creatividad sobrevenida por la que el autor impone esos fondos, colores y tipos de letra que parecen diseñados ex profeso para que uno huya rápidamente y no vuelva jamás. 

Típica expresión ante un  blog ilegible

Bueno, al parecer, son sólo dos cosas... Imagino que con el tiempo se me irán ocurriendo más, ya que a partir de ahora, leeré críticamente todos los blogs (y no leo muchos, la verdad). Por cierto, para ahorrarme las preguntas de mis futuros lectores, que se contaran por millares (sin duda), debo decir que el título de  Perreta, pero poco obedece a varias razones: a) el blog de cine de un amigo mío, que se llama Friki pero poco. Me gustó el título y me pareció inspirador. Por cierto, recomiendo el blog. En la mitad de las ocasiones no pillo las referencias cinematográficas ni sé de qué actores o directores habla, pero la culpa es mía y sólo mía; b) consideré que el término perreta era más divertido, actual y juvenil que el de crítico. Ya que ninguno de esos tres adjetivos se me puede aplicar, pensé que sería un delicioso contrapunto a mi severa personalidad. Como diría una periodista a la que detesto: "Es coloquial a la par que expresivo" (con la cursiva señalo la expresión). Vaya, veo que otra vez solo muestro dos razones. De todos modos, no puede haber c) sin a) y b), así que no nos quejemos demasiado...

¿Y de qué va este blog? Sería sencillo a la par que contundente, con un punto descarado, escribir: "De lo que me dé la gana", pero, claro, si yo leyera eso en otro blog, imagino que pensaría que el autor es un maleducado y que, en realidad, no va a contar nada interesante. A lo sumo, varios consejos prudenciales y algún imperativo categórico. Por tanto, me veo en la obligación de contestar que no escribiré de lo que me dé la gana. Quizá de lo que quiera, eso sí. Precisando, mis campos de interés (¿no hay un modo más pedante de decirlo?) son, y no en orden de importancia: 1. Política; 2. Arte (o lo que los periódicos y la gente poco instruida denomina Cultura); 3. Filosofía; 4. Antropología; 5. Religión; 6. Economía; 7. Cine (ay, no, de eso es el blog de mi amigo); 8. Literatura (¿esto no entra dentro de Arte o Cultura?); 9. Cualquier asunto que me despierte de mi proverbial indolencia (¿por qué proverbial? Mmm). En realidad, y en eso creo que ya están preparados para convenir conmigo, "De lo que me dé la gana" es más corto. Pero más grosero, también.

Ni qué decir tiene que la participación de las miríadas de lectores que acudirán ávidos de instrucción a este blog es bienvenida. También la de cualquier otro. Eso sí, mi único deseo (y exigencia) al respecto es que no se empleen insultos. Todo lo demás me parece bien: las ironías venenosas sí son bienvenidas, los sarcasmos demoledores u otras muestras de combate dialéctico, pero los insultos, no: demuestran poca finura, poco aplomo intelectual, poca gracia, en definitiva.  

Estos tipos sí que son graciosos

Como decía un amigo mío: "Hay gente que tiene gracia y gente que no". Yo creo que todos tenemos, al menos, un poquito. Ah, se me olvidaba: sería útil a la par que interesante que en la exposición de los argumentos no nos comportáramos como estúpidos. Es tremendamente irritante escuchar o leer expresiones tales como; "Porque sí", "por sentido común", "lo sabe todo el mundo", etc., o buscar en vano la relación lógica entre las premisas y las conclusiones de nuestro interlocutor. No obstante, y contra lo que pueda parecer la anterior advertencia, no soy quisquilloso. Más bien, me aburro rápido.

Acabo, que en algún sitio he leído que las entradas en un blog no pueden ser muy largas. Todo el mundo sabe que terminan por aburrir. Además, como esta introducción no se va a publicar hasta que escriba el primer asunto (o post), me puedo pirar sin problemas de conciencia.

Las Vegas: resetea tu vida