El lento cambio deliberativo

No deja de resultar paradójico que la intensidad creciente de la información respecto de los partidos en esta próxima campaña electoral ejerza en muchos un efecto lenitivo en el interés correspondiente. De algún modo, tanta información sobre política empuja a los márgenes la preocupación por la política. Establezco así una sinonimia entre política y las maniobras estratégicas de los partidos políticos por alcanzar el poder, y otra entre la política y la coordinación de acciones para la resolución de problemas comunes. Parece que es, más que nunca, la época de la primera. 

Tanto cerebro debería servir para algo (foto: eldiario.es).

Sutilezas conceptuales aparte, en esta etapa pre-electoral, hasta los partidos (o movimientos ciudadanos) que planteaban un modo de gestionar la política desde fundamentos participativos, por los que la iniciativa de las propuestas y reivindicaciones partiera desde la ciudadanía hasta la cúpula directiva parecen haberse sumergido en la estrategia a corto plazo de obtener buenos resultados en términos electorales, lo que se traduce en conformar algo parecido a un partido cazavotos corriente. Así, en algún otro artículo ya he hablado de la desnaturalización del ideal deliberativo de Podemos, por ejemplo. Este (ya) partido empieza a compartir la definición que de sí mismos hacía un dirigente de IU-LPGC hace algún tiempo, para diferenciarse, precisamente, de Podemos: "Es que nosotros somos un partido más ejecutivo". Me temo que las prisas por aprovechar "la ventana histórica de oportunidad" que ha abierto este contexto de crisis económica y su consiguiente crisis política pueden terminar por alienar a Podemos de esa base popular cuyo entusiasmo impulsó a esta fuerza política en sus no tan lejanos inicios. Sobre todo si se atisban indicios, por ambiguos e ilusorios que puedan ser, de recuperación de "las ilusiones de bienestar".

Lo importante ocurre detrás del escenario (foto: wikipedia).

Por otro lado, la democracia deliberativa significa justo eso: deliberación. No es lo mismo que el sufragio universal ni el mero sometimiento de cualesquiera cuestiones al voto de los ciudadanos o de los militantes de un partido. El voto sin deliberación previa, sin debates, no aporta gran cosa, salvo expresar un resultado obtenido por la mayoría. Así, como es bien sabido, desde el poder político, sólo se convocan referéndums cuando se está seguro de ganarlos. Además, el mismo acto del debate necesita estar reglamentado so pena de caer en el tumulto y en el intercambio de imprecaciones que solo ilustran el desprecio por las opiniones ajenas y adolecen de falta de interés en conocer los argumentos contrarios. El pastoreo de votos en asambleas políticas, sindicales y empresariales, por citar los foros más conspicuos, es bien conocido aunque no por ello menos aceptado. Al final, se trata sólo de movilizar los votos necesarios para que la propuesta o acción propia resulten ganadoras: el resto parece no ser sino una escenificación de la deliberación y de la democracia que esconde unas bambalinas goffmanianas en donde se sustancian de verdad las decisiones de peso. No deberíamos olvidar la crítica en ese sentido de Carl Schmitt respecto del parlamentarismo, que no ha perdido vigencia y que, como fue su caso, susceptible de engendrar soluciones de corte dictatorial.

Sin duda, la importancia central de la deliberación en la conformación de una voluntad democrática radica en no poca medida en su supuesto valor epistémico y en la aceptación racional de la mayoría. Ambas vertientes están relacionadas: en principio, tanto más aceptada será una política cuanto más razonable, lógica y necesaria parezca. Esa razonabilidad debería ser producto de la confrontación de argumentos y de su posterior afinación y pulimentado. Habría que añadir que la discrepancia de la minoría no sólo podría expresarse sin reservas, sino que, además de meramente tenerse en consideración, debería tener respuesta. En esta situación, la opinión de la minoría podría convertirse en la de la mayoría. Parece evidente que las reuniones ciudadanas a todos los niveles deberían tener como principio regulativo la satisfacción de los requisitos habermasianos de la situación ideal del habla (publicidad de las deliberaciones, reparto simétrico de los derechos de comunicación y no dominación excepto la ejercida por la coacción sin coacciones del mejor argumento). Esta colaboración subyacente a la deliberación y la toma de decisiones debería evitar el paternalismo político, la expertocracia y el autoritarismo en general, por no hablar de la democracia de audiencias. En todo caso, redundaría en su legitimidad.

Soy el azote del parlamentarismo.

Dicho esto, es justo reconocer las dificultades inherentes a la deliberación: el número, que hace difícil que todos los interesados puedan tener la palabra y desarrollar de manera óptima los argumentos; el tiempo; que hace que el debate deba tener un final fijado para no eternizarse (lo que puede, además, enquistar las posiciones) o que, por razones de urgencia, deba ser mucho más corto de lo deseable (o que dicho debate no se produzca en absoluto); la capacidad intelectual de desarrollar un discurso coherente y razonado, que es dispar entre las personas; la tradición, la ausencia en formación educativa de la enseñanza de técnicas y valores deliberativos, cuyos efectos se trasladan posteriormente al funcionamiento interno de los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc.; las desigualdades ya presentes en la sociedad, que ejercen un efecto desmotivador: los individuos de los grupos menos representados y los excluidos suelen asimismo participar menos. John Dewey señalaba, allá por 1945: "La regla de la mayoría es tan absurda como sus críticos la acusan de serlo. Pero nunca es simplemente la regla de la mayoría (...) Lo importante es el medio por el que una mayoría llega a serlo: los debates antecedentes, la modificación de las perspectivas para atender las opiniones de las minorías (...). La necesidad esencial, en otras palabras, es la mejora de los métodos y condiciones de debate, discusión y persuasión".

Dicho todo lo anterior, concluyamos en que no es la así llamada democracia deliberativa la panacea de todos los problemas. Cualquiera que piense de esta manera corre el riesgo de caer en un buenismo que por su propia naturaleza no puede ser sino ingenuo, por lo que comporta de ceguera ante la complejidad de intereses y visiones del mundo de los grupos e individuos que conforman nuestra sociedad. Parece aspirar a una sutura definitiva de las contradicciones de aquella, un destino arcádico de sociedad autorregulada en la que se dejan atrás, resueltas como por arte de magia, las luchas por la supremacía económica, ideológica y de poder. Por no hablar de que campos específicos como la seguridad, la ecología o la economía, por ejemplo, quizás no requieran soluciones de tipo consensual, sobre todo en aspectos, como es evidente, de tipo técnico. 

Sin embargo, la incorporación de procedimientos deliberativos tomados en serio a la gestión de las instituciones podría contribuir no sólo a descubrir la voluntad mayoritaria de la ciudadanía a través de un proceso de reflexión informada, sino también a reforzar el apoyo de aquella a las decisiones que, finalmente, ejecute el poder político. Además, la constatación por los ciudadanos de que sus decisiones se tienen en cuenta, en algunos casos, o son imperativas, en otros, no podría por menos que retroalimentar su implicación en la política en los diferentes niveles barriales, municipales, regionales  y nacionales. Sería un modo incipiente y sin pretensiones maximalistas de fomentar la tan mencionada virtù republicana.
Tras décadas de gobiernos representativos y una democracia meramente procedimental en nuestro país, vale la pena recuperar las palabras de Alexis de Tocqueville: "(...) El medio más poderoso, y quizá el único que nos queda para interesar a los hombres en la suerte de su patria es el de hacerles participar en sus gobiernos".

El Día de la Deliberación

Pensaba escribir algo diferente: dejar a un lado la política y los medios de comunicación y tocar cualquier otro asunto. Me temo que la consecuencia previsible sería que no escribiría en absoluto. En estos tiempos de crisis, la verdad, no estoy dispuesto a ser crítico de inocuidades, como de la última novela de Fulanito o la de la película de Menganito, aunque dispusiese de los conocimientos para hacerlo. La libertad de escribir cualquier cosa en este blog no puede ser una excusa para torturar a los lectores que decidan pasar por aquí, sometiéndolos a mis caprichos creativos.

Por cierto, algunos de estos lectores me han señalado, con respecto a mi anterior entrada, que los reproches que le dirigí al principal partido en escaños de la oposición podrían aplicarse también al del Gobierno estatal o a los de las comunidades no gobernadas por ellos. Sin duda, me apresuro a contestar. Mientras que en la discusión política se orilla el modelo de economía, pues la mayoría de los partidos de España, y en especial los que suelen turnarse en el gobierno, apoyan sin reservas el sistema de mercado y capitalista, hay que señalar que a las formaciones de derechas se les puede reprochar sus valores y objetivos, que no suelen esconder: organicismo, jerarquía, tradicionalismo, conservadurismo y clasismo. Alguna vez me he preguntado hacia dónde dirigirán sus simpatías los liberales, porque muchos estarán lejos de encuadrarse en este marco. A los partidos de izquierdas se les reprocha, sobre todo, su hipocresía y doble lenguaje: dicen que luchan por la igualdad y por la redistribución de la riqueza, abogan por la autonomía del ciudadano y por la participación política, pero en la praxis se vuelven paternalistas, prefieren una ciudadanía pasiva, que no se implique en política, y se contentan con mantener el statu quo económico, todo en aras de la famosa estabilidad. Así se entiende, por ejemplo, que las oscilaciones de voto sean tan diferentes en los partidos mayoritarios: uno tiene más incondicionales que otro; el otro tiene más votantes despechados que el uno.

¡Ya era hora de que me sacaran en este blog!

Como ya señalé en otro post (y como está reflejado en literatura sociológica de mucha mayor calidad y profundidad que la mía), los partidos que gobiernan el Estado del Bienestar, ya sea en su versión fuerte o en la actual que se propugna y se recorta, son presos de las contradicciones sistémicas que lo aquejan. La impotencia y debilidad de los sucesivos gobiernos (también los de las Comunidades) en el plano económico se enmascaran haciéndose pasar al primer plano asuntos sociales, morales o identitarios. Así, no es sorprendente que el famoso referéndum catalán haya ocupado la atención de los medios informativos las últimas semanas (en un cambio de clima político que beneficia tanto al gobierno de España como al de Cataluña), desplazando  las cifras macroeconómicas y las microtragedias ciudadanas a un segundo plano, menos dañino para sus proyecciones electoralistas. La nación y la nacionalidad siguen suscitando pasiones que parecían hasta no hace mucho obliteradas en las sociedades europeas, postmetafísicas y plurales (en España, sin embargo, no ha dejado de estar presente, todo hay que decirlo). Al menos, esa era la reflexión, de matiz evolucionista, de muchos pensadores. La secularización y la laicidad no han acabado con la religión en Occidente. Más bien,  en los últimos años se asiste a cierto resurgir en la esfera pública (Jürgen Habermas considera que este fenómeno es propio de las sociedades postseculares, básicamente las democracias liberales de Europa). Además, la lealtad sentimental a ese constructo imaginado (véase Benedict Anderson, Comunidades imaginadas) que es la nación no se ha dejado atrás. El famoso patriotismo de la Constitución (véase Habermas) está muy lejos de ser la norma, más allá de alguna élite intelectual o académica sin peso significativo en el espacio público.

Abogo por el Día de la Deliberación.

Y he aquí que el más reciente foco de conflicto político en España, el famoso referéndum de Cataluña, que a veces parece desleírse sin ruido y otras se hincha como un eccema rabioso, cobra protagonismo merced a la disputa de las élites políticas, que primero dirimen sus diferencias en la esfera pública, vía medios de comunicación, para después ganar fuerza negociadora. 

En mi opinión, la consulta ciudadana no debería considerarse una singularidad o un elemento extraño a la política democrática. En todo caso, no parece irrazonable pensar que podría modificarse el artículo 92 de la Constitución para darle la cabida que se merece y mediante una reforma de la actual Ley Orgánica legislar de modo que las consultas ciudadanas pudieran realizarse con mayor frecuencia y a todos los niveles. No obstante, un referéndum debería ir precedido de una intensa actividad deliberativa ciudadana, promovida por las instituciones públicas. Porque ¿qué significa dar una opinión, un voto, o una respuesta a una encuesta basándose simplemente en ideas superficiales o sensaciones confusas salvo expresar un estereotipo o un prejuicio? Los referendos no pueden limitarse a ser una encuesta política típica, que busca, como suelen decir los comentaristas de los medios, "una foto" de la opinión pública. En asuntos políticos de enjundia, es decir, en todos, no se debería preguntar la mera opinión que se tiene, sino aquella opinión que se tendría después obtener la información necesaria y sopesar los argumentos de uno, otro y del de más allá. La diferencia es algo más que notable. En los experimentos deliberativos o encuestas deliberativas realizadas, entre otros, por el filósofo político James S. Fishkin, se observa cómo las personas que tomaban parte en ellas cambiaban en gran medida sus opiniones (se les hacía una encuesta antes de las deliberaciones y otra, después) y las fundamentaban mucho mejor. Trasladándolo a la gran encuesta nacional que pueden ser unas elecciones o, en el caso que nos ocupa, un referéndum, Fishkin aboga por implantar un Día de la Deliberación en el que el Estado proporcionara espacios e información para que los representantes de los partidos (a nivel local, por todo el territorio del Estado) explicasen a la ciudadanía su programa, medidas o propuestas, y pudieran ser interpelados por los ciudadanos que participaran (no se descarta implantar incentivos). Como consecuencia, éstos abandonarían su ignorancia racional (para qué va uno a molestarse en informarse si, total, un voto no vale nada entre tantos millones) y estarían más dispuestos a participar en la consulta o en las elecciones de turno.

¿Consenso? ¡Estoy en contra!

A pesar de las evidentes dificultades logísticas y el gasto (uno se pregunta si no valdría más ese que el que se incurre en cada campaña electoral y que tiene las consecuencias perversas en los partidos que todos conocemos), el resultado electoral o el del referéndum estaría cargado de valor cognitivo y político, lo que claramente repercutiría en la legitimidad del gobierno de turno y de las instituciones públicas, y evitaría en gran medida fenómenos como la actual desafección, de la que tanto se quejan, asimismo, nuestros representantes políticos y los autonombrados líderes de opinión. No se trata, por tanto, de llegar a ningún consenso. Puedo estar de acuerdo con la filósofa Chantal Mouffe en su visión agonística de la política y de la esfera pública. En muchos casos, es sencillamente imposible, y es posible que ni siquiera deseable, alcanzar tal consenso por la disparidad de visiones morales y políticas existentes en nuestra sociedad plural. No obstante, nuestra democracia ganaría en calidad al incluir mayor deliberación y participación, y el principio de la mayoría perdería ese carácter asfixiante que el mero recuento de votos provoca en los derrotados.