Debatiendo en el chiringuito

Tras unos días digiriendo el éxito de mi último post, me he decidido a escribir de nuevo acerca de un asunto que no sólo estudio, sino (o porque) que me obsesiona: la formación de opiniones, el diálogo y el debate. Y no, no se apresuren a abandonar mi blog: ¡porque hoy no me meta con los artistas no significa que no tenga nada interesante que decir!

Como ya he señalado en varias de mis entradas anteriores, el debate político en los medios de comunicación es omnipresente, sin que eso signifique en la mayoría de los casos un enriquecimiento de la esfera pública. Ni los periodistas expertos ejercen de traductores de la complejidad de los asuntos a un lenguaje más comprensible al ciudadano no especialista, ni es habitual encontrar expertos académicos o profesionales de los asuntos en los medios de comunicación. Así, como hemos señalado, los debates-espectáculo no concretan ni dan forma a las preocupaciones de numerosos sectores de la ciudadanía y, como consecuencia, no los hacen llegar a los representantes legislativos o al Ejecutivo. Más bien, da la impresión de asistir a una representación con papeles bien asignados en la que, en una suerte de parodia del teatro ilustrado, se pretende educar entreteniendo. Se entiende educar, claro está,  como persuasión o disuasión sin apelación a la razón: más bien como la internalización por parte del público  de consignas o clichés mediante la emoción o la cantinela estratégica.

El Ejecutivo: ni más, ni menos.

Esperaríamos que las simplificaciones, los tópicos y las falacias más toscas permanecieran en el ámbito de la cafetería o de la barra de bar, donde se gestan de un modo casi natural. Sería mucho esperar, tanto por la Historia de España en general, como la de nuestro sistema educativo en particular, que las discusiones en ese nivel informal ciudadano cumplieran con las condiciones ideales del diálogo, tal y como las presenta Habermas (quien ha recogido y ampliado las aportaciones previas de Charles S. Peirce y George H. Mead).

Me llamo George y parezco simpático.

Sin embargo, no es insólito, ni mucho menos, que en este nivel quien esté a favor de alguna medida del Gobierno actual sea tildado de facha, y quien se defina como progresista, de tonto. En una fase más acalorada, al primero se le comparará con un nazi (aunque este adjetivo ya se emplea desde cualquier posición ideológica para denigrar a un adversario también de cualquier tendencia) y al segundo se le sugerirá que se vaya a vivir a Corea del Norte. Incluso en la conversación espontánea con ciudadanos de formación universitaria y carrera profesional consolidada, no es sencillo mantener la conversación a base de argumentos honrados, es decir, que los interlocutores no pretendan manipular al adversario a base de falacias, ni se sientan impelidos a echar mano de la descalificación personal. Esto no supone, empero, un desprecio de las emociones. Éstas, como guía del pensamiento, sirven para discernir lo que en nuestro código moral está bien o mal. El acaloramiento, la vehemencia, los sentimientos de simpatía o antipatía no deberían estar reñidos con la presentación de argumentos razonables y con la disposición a aprender o, al menos, a conocer puntos de vista diferentes u opuestos en asuntos de preocupación pública y respecto de los cuales no cabe esperar un consenso definitivo.

En este momento, podríamos observar que los medios de comunicación no hacen sino reflejar el nivel medio del debate político, al igual -suele argüirse- que la conducta de muchos políticos no es sino un trasunto de la moralidad del ciudadano medio. Aparte de las dificultades para encontrar o definir al ciudadano medio, el asunto es algo más complejo, por cuanto, al menos en un Estado democrático, tanto los medios de comunicación como los políticos y los partidos a los que pertenecen deben ser evaluados de manera constante y sistemática, pues  son elementos indispensables para su funcionamiento, al igual que la crítica, en cuanto supone detección de posibles errores o fallos y anhelo de perfeccionamiento. Por tanto, los argumentos descriptivos justificadores no contribuyen a mejorar el funcionamiento de las instituciones, algo que es propio de los argumentos prescriptivos. Es decir, no basta con decir que algo es, sino que es necesario señalar lo que debe ser. No es suficiente ni satisfactorio refugiarse en el argumento-espejo de la naturaleza de los medios de comunicación y de los políticos. Hay que ir más allá e imaginar modelos normativos tanto para unos como para otros.

El pragmatismo es lo mío.

Lo que evidentemente no debe ser es que los platós de televisión o las radios sean la traslación de la barra del bar de la esquina o del chiringuito de playa, con el calamar atragantado o blandiendo el mondadientes mientras a voz en cuello se suelta el "y tú más" o el "tú antes". Resulta curioso cómo las personas se afilian identitariamente con un partido político o con un periódico de determinado sesgo partidista sin recibir nada a cambio, salvo, quizá (y aquí saco a relucir mi psicología folk) la gratificación que resulta de pertenecer real o de modo imaginario a un conjunto humano mayor e identificar a un enemigo al que atribuirle las desgracias comunes y las personales. Si en este plano informal, tal forma de proceder es llamativa, curiosa, digna quizá de estudios psicológicos y sociológicos, en el plano de concreción más formal que debería ser el de los medios de comunicación es inaceptable. No olvidemos que incluso los medios de comunicación privados realizan sus emisiones en virtud de una concesión pública, y si estamos de acuerdo en que no sólo son elementos inherentes a una democracia sino vitalmente necesarios para su sostenimiento, no sería descabellado pensar que su protección es una prioridad. Protección, aclaro, contra la absoluta subordinación de su diseño y contenidos a la obtención de beneficios empresariales o a las especulaciones bursátiles. Dando por sentado que como empresas privadas deben ser rentables para su continuidad, no sería demasiado difícil justificar, no obstante, la legitimidad del Estado para reestructurarlos en aras de una democracia más perfeccionada que esta en la que vivimos.

Hay cierto consenso en el diagnóstico de los problemas de los medios de comunicación y de los partidos políticos, que tienen un cariz estructural, por lo que su rediseño implica también someter a crítica y cambio otros procedimientos, usos y costumbres de nuestro sistema político. Además, como sugerí en un post anterior, no esperemos que sean ellos mismos (los responsables de los partidos políticos y de los medios) los encargados de encontrar soluciones definitivas o, al menos, propuestas encaminadas a una transformación radical. En un plano más general, es hora de que personas con ánimo altruista, verdaderos patriotas constitucionales y expertos de distintos ámbitos (que no se reduzcan a periodistas deseosos de promocionar su último libro ni a empleados de fundaciones afines) colaboren entre sí, recogiendo las inquietudes que se manifiestan en la esfera pública, para idear nuevas estructuras y procedimientos democráticos que canalicen las demandas de los diversos sectores de la ciudadanía. El objetivo no es otro, en definitiva, que imaginar un país mejor en el que todos podamos vivir en pie de igualdad, libertad y dignidad.

Dame un castillo, pero págalo tú

Cuando era mucho más joven, sin duda más inexperto e ingenuo hasta casi rayar la estupidez, tenía una idea de la Historia que, a tenor de diversas experiencias como las que escribo aquí, ha devenido infundada. Creía, simple de mí, que la Historia era el relato de los sucesos que habían ocurrido antes. Así, las grandes mujeres y los grandes hombres que permanecían en el recuerdo habían conseguido grandes gestas o provocado terribles males; la historia de los pueblos, de las naciones y de los países transcurría por tan tortuosos meandros y repentinos avatares que sólo los historiadores con talento habían descrito con éxito su continuidad... La historia de la Ciencia, de la Filosofía, del Arte, de la Literatura reflejaba sus avances o sus cambios de paradigma. Consistía, a fin de cuentas, en una narración del pasado, del que se podía aprender o abjurar. La característica general de los personajes históricos consistía en que todos estaban muertos. Sólo en las últimas páginas de los libros se sugería la pálida semblanza de alguno vivo, pero sus reseñas, o al menos esa era mi impresión, no poseían la fuerza, el aura, de los anteriores ya difuntos y que habían pasado a formar parte, ellos o sus obras, de un canon, por muy discutible que pueda ser.

Nunca lloriqueó por falta de ayuda institucional.

Viene todo esto a colación de que en los últimos años he asistido, al principio con asombro y luego con la aceptación resignada que produce la repetición del mismo suceso, al afán de varias personas por inscribirse en la Historia de modo prematuro. Es decir, personas que pugnaban por convertirse en personalidades sin que diera tiempo a que se formara el poso histórico a partir del cual emerge lo que merece ser rescatado. No obstante, reconozco que tampoco es asunto de poca enjundia saber quién, cómo y desde qué perspectiva o interés se escribe la Historia. 

Recuerdo a un poeta nacional, profusamente laureado, que, en un prólogo a un poemario suyo, describía con todo detalle su evolución poética, con ciclos y periodos, con adecuados adjetivos y fechas precisas, sin dudas ni vacilaciones, como un testador que escribiese con minuciosidad un testamento que no diera lugar a ningún tipo de confusión sobre sus intenciones. También en el terreno literario, que por alguna razón parece ser un ámbito favorable a la proliferación de los personajes en busca de autor, recuerdo  en nuestra Comunidad agrias polémicas suscitadas por la falta de mención a ciertos escritores o poetas en tal o cual Enciclopedia de Escritores Canarios o similares. Polémica avivada por ellos mismos, quienes, al parecer, no querían caer en el olvido. Curiosa anticipación, por cuanto ni siquiera había dado tiempo a que se les conociera más allá de su círculo académico o de entrañables conocidos.

¡Ay, la condición humana!

En este sentido, la mayoría de nosotros hemos leído narraciones o visto películas o documentales en las que un escritor/músico/artista injustamente olvidado o no reconocido en su tiempo conseguía que, por obra y gracia de algún investigador o editor/comisario espabilado, la sociedad por fin le prodigara el aplauso que se merecía. Esos relatos eran tanto más impresionantes cuanto más tiempo llevara muerto, claro. No es extraña a nuestro imaginario la romántica visión del artista como genio; y como tal, incomprendido. Hoy en día, en un alarde de prudencia, no son pocos quienes se apresuran a evitar que ese destino se convierta en el suyo. Artistas, pero también deportistas, empresarios e incluso aspirantes al show de Gran Hermano, se afanan por hacer brillar su nombre, más que su obra (si la hubiera), en la conciencia colectiva. Muchos, en este sentido, no se conforman con imponer a discreción sus esculturas en  rotondas urbana o calles peatonales, con publicitar sus creaciones en todos los medios disponibles, con firmar ejemplares en la feria del libro o con participar en todo coloquio y conferencia que alguna administración pública, en la figura de su responsable de Cultura y Festejos, haya tenido a bien invitarles; además, muestran su enfado con desparpajo al no ser invitados a esos congresos, jornadas o encuentros financiados con fondos públicos, o incluso a una firma colectiva de escritores locales, como si esas exhibiciones les proporcionaran un barniz  de prestigio y les aseguraran subir otro escalón hacia el Parnaso. 

Como el más reciente ejemplo, tenemos el caso de un conocido escultor que, con una eficacia digna de otros menesteres más allá de los meramente artísticos, ha conseguido que, con la aprobación de los partidos políticos que en la última década han gobernado la ciudad, se le haya otorgado todo un castillo para que se instale un museo dedicado a él... ¡en vida! Y no satisfecho con disponer de semejante edificación para albergar el museo a su mayor gloria, anuncia que donará obras propias, pero que otras, al pertenecer a sus herederos, tendrán que ser compradas, tarde o temprano, por el Ayuntamiento. 

El Castillo de La Luz (foto de Wikipedia).

Es ese otro matrimonio feliz de nuestra democracia, el de los políticos y los artistas. Matrimonio cuyos miembros, juntos y por separado, habían justificado hasta ahora el dispendio del erario en sus obras haciendo referencias a conceptos como "cultura", "arte", "seña de identidad" y otros así. Sin embargo, no recuerdo que con dinero público se destinara una obra con tal propósito a un artista vivo, aunque es probable que mi ignorancia en este punto sobrepase a la cortedad de mis conocimientos, y que entre los planes de dicho artista estuviera que el Ayuntamiento tuviera que correr, tarde o temprano con los gastos de la adquisición de sus propias obras... Claro que si eso es una práctica habitual, me temo que son nuestra capacidad de sorpresa y de indignación las que se han embotado, por lo que aceptamos con normalidad lo que debería ser motivo de escándalo.

Insisto: estaba convencido de que, a causa de la crisis económica que padecemos, habíamos dejado atrás esa lamentable época en que para justificar dicho derroche (véase mi post Subvencióname por tu bien: soy artista) se aducía que las obras en cuestión, del género artístico que fueran, "irradiaban" cultura, a modo de ondas que de modo mágico nos volverían más cultos, más listos, mejores personas; pensaba que era una etapa superada aquella en la que un dirigente político, sin duda con un propósito pionero, pretendía dotar a la ciudad de una seña de identidad, sin caer en la cuenta de que tales señas no se imponen por decreto ni mediante ordenanza municipal, sino que en todo caso se gestan con el paso de las generaciones de sus conciudadanos. Una muestra más  de cómo se trata de imponer a la posteridad lo que solo ésta puede conceder.

En definitiva, al desprestigio de los políticos y de los medios de comunicación se ha sumado también el de los artistas (colectivos en los que existen, no obstante, individualidades que sí gozan de reconocimiento social). A la ciudadanía, a pesar de su indolencia y conformismo característicos, no se le puede forzar a que sienta admiración o cariño por nadie, y menos por aquellos que no sienten reparos en hacerle correr con los gastos de su fama.

Si eres un excluido, es por tu culpa

En su edición del día el 6 de junio, un periódico local nos informaba de que el Gobierno de Canarias no tenía más dinero para "paliar la pobreza". En esta coyuntura de recesión económica en la que los ingresos han disminuido de manera extraordinaria y los gastos se mantienen o aumentan, esta circunstancia de escasez no debería sorprendernos. No obstante, se nos plantea en este caso el papel de las administraciones públicas en relación con las necesidades de la población.

Cualquier Estado, sea de la naturaleza política que sea, necesita velar por el bienestar de sus ciudadanos. Tanto por legitimación como por mera supervivencia, ese Estado requiere que, si no toda, al menos la mayoría de la población viva de manera aceptable (aunque los patrones de bienestar y pobreza varían) y que la minoría depauperada o marginada se considere culpable de su situación o la acepte como inevitable. En general, en nuestros días, y con salvedades, la ciudadanía no está a favor de que el Estado deje abandonados a su suerte a todas aquellas personas que no dispongan de los recursos mínimos para alimentarse, ya que no para una vida digna. Como un resto de nuestro Estado de Bienestar, las autoridades políticas no se atreven todavía a dejar a la caridad eclesial o privada toda la gestión asistencial, como Cáritas u otras ONG, y proponen, sin dejar de resaltar el sacrificio que supone, crear o mantener prestaciones, como la PCI (Prestación Canaria de Inserción) o el plan de abrir comedores escolares en verano para asegurar a muchos niños al menos una comida al día. No obstante, incluso esta última medida ha suscitado rechazo en algunos sectores políticos y mediáticos, como el caso de un conocido periodista que en el caso de Andalucía la tildó de "demagógica y populista". Sin embargo, y como señalé en un post anterior, no deja de ser paradójico que en la jerarquía de prioridades de las diferentes administraciones en un Estado social, democrático, y de Derecho no sea, precisamente, la primera la de velar por la suerte de los más necesitados y de los excluidos. 

Sin palabras.

Los tiempos están cambiando, sin lugar a dudas. La ética de la responsabilidad individual se sigue imponiendo a machacamartillo mientras que al mismo tiempo se repite como un sonsonete la idea de que la crisis económica no tiene culpables sino que es producto de un "ciclo", o de la "especulación financiera", o de "los mercados". Actores invisibles a los que no se les pueden exigir obligaciones ni contra los que es posible ejercer acciones legales o hacer valer derechos. Otra manera de eliminar las responsabilidades concretas es culpar a la sociedad en su conjunto, plasmada en la frase: "Vivimos por encima de nuestras posibilidades", en la que insidiosamente el sujeto omitido no se refiere a los consejos de administración de bancos y cajas de ahorros, ni a los encargados de los organismos inspectores encargados de velar por las cuentas de los anteriores, ni a los políticos y constructores (y algún arquitecto de talla internacional) que en feliz connivencia alicataron España de arriba abajo. Porque negarnos a mirar al pasado nos privaría de señalar en la actualidad a aquellos que tuvieron y tienen responsabilidad en lo sucedido. Es lo que nos ocurriría si olvidáramos una "ley del suelo" como la que se promulgó bajo el mandato del PP, en la época en que Aznar era presidente del gobierno (que consistía, en esencia, en facilitar que el suelo público pasara a manos privados cuando se propusiesen proyectos viables de urbanización y en reducir las trabas administrativas para transformar terrenos rústicos y de otro tipo en urbanizables), o también si pasáramos por alto que en los felices años del gobierno de Zapatero nada se hizo por atajar la especulación del suelo y la inmobiliaria (aunque bien presente está en la Constitución, léase el art. 47) ni buscar alternativas con otros modelos productivos que no supeditasen el crecimiento económico y el empleo a un sector que por su propia lógica no podía durar de forma indefinida. Y qué decir de nuestra Comunidad, que a pesar de tantos años de crecimiento económico y de fondos europeos continúa siendo una de las regiones más pobres de España, sin que se haya reducido de forma significativa la polaridad social ni la marginalidad. Además, se ha seguido fiando casi todo el peso de la economía al monocultivo del turismo, y no se ha apostado en serio por la creación y fomento de otros sectores productivos. No es este el post para hablar de ello, pero la dependencia de una sola fuente de ingresos nos coloca en una situación de extrema debilidad, tanto por la posición de fuerza de algunos de los agentes foráneos intervinientes en el sector (touroperadores, líneas aéreas, etc.) como por la creciente fragilidad del ecosistema (cambio climático o el estallido de un volcán, como el de Islandia hace unos años, por ejemplo, que afectó a la navegación aérea).

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, el parado, el excluido y el pobre, siguen siendo mal considerados. En una variante nacional del culpar a la víctima, se les achaca el ser responsables de su situación, o, al menos, como  el de sujetos que no han puesto todo su empeño en no constituir una carga para la sociedad. Como dicen los filósofos Martin Hartmann y Axel Honneth: 

          Quien desea disfrutar de las prestaciones del Estado de bienestar tiene que brindar contraprestaciones -por ejemplo, la disposición de aceptar cualquier trabajo en caso de quedarse sin empleo- para siquiera ser considerado como derechohabiente. El paternalismo amenaza en todas aquellas partes donde el derecho en general de recurrir a servicios sociales, es decir, la posibilidad de reclamar prestaciones asistenciales, es sistemáticamente minado por un discurso de responsabilidad propia. (...) queda claro que los sujetos en las condiciones de una sociedad que se vuelve cada vez más compleja apenas pueden asumir responsabilidades en el sentido pleno de la palabra por muchos aspectos de su existencia, (...) tienen que responsabilizarse por circunstancias de las cuales de facto no son responsables.(1)

Así, en el caso canario, la PCI no significa el derecho de cualquier ciudadano en situación extrema a que la sociedad le proporcione los medios mínimos para poder subsistir, sino que es una deuda que debe pagar o, mirado de otra manera, un favor por el que uno debe responder, ya que, según el artículo de periódico al que aludimos al principio se señala: "(...) para percibirla se le obliga a realizar las actividades de inserción social y profesionales que los servicios sociales le marquen" (las cursivas son mías).

Salgo mucho en este blog...

No obstante, no sólo es culpa de los políticos. Más bien parece que es generalizada  la opinión de que el alcance de la responsabilidad personal es determinante en la posición social o en las circunstancias económicas de los individuos. Así, en el caso de las hipotecas se juzga ahora como irresponsabilidad que quien ahora no puede pagar comprase en su momento una vivienda que entonces sí podía. Que las circunstancias y efectos de la crisis lo hayan expulsado a esa persona (o parejas) del mercado laboral no merma un ápice su condena social ("Vivió por encima de sus posibilidades" o "sabía a lo que se arriesgaba"). Que los ciudadanos tienen derecho a un trabajo y a una vivienda (derechos recogidos en la Constitución), pero que no posean ninguno no parece ser una conculcación de la Carta Magna o una tara de nuestra sociedad, que es incapaz de satisfacer necesidades consideradas básicas, sino un fallo moral que sólo con renuencia la administración está dispuesta a paliar; y los demás ciudadanos que (todavía) vivimos en mejores condiciones, a tolerar.



(1) HARTMANN, M. y HONNETH, A. "Paradojas del capitalismo", en HONNETH, Axel, Crítica del agravio moral. Patologías de la sociedad contemporánea. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009.

¿A quién le damos la medalla?

Aunque algunos de mis lectores me han recriminado que me haya vuelto demasiado denso en el tratamiento de los asuntos que he sacado a colación en este blog (asuntos que por propia naturaleza  han suscitado agrias disputas y afiladas controversias entre ciudadanos que por lo demás vivían en aparente armonía), me atrevería a decir que los sucesos y fenómenos que nos salen al paso sólo con dificultad y mucho más ingenio del que soy capaz permitirían un enfoque más alegre. En este post, escribiré de uno de los dos asuntos acerca de los que había reflexionado con cierta periodicidad y que convergieron, no sé si felizmente, el pasado 30 de mayo: el Día de Canarias y la entrega de premios.

Bandera de Canarias

Así pues, con motivo de la  celebración del Día de Canarias, el gobierno de la Comunidad tuvo a bien, como todos los años en la misma fecha, entregar premios  (Literatura, Bellas Artes e Interpretación, Investigación e Innovación, Acervo y patrimonio histórico, Internacional, Comunicación, Acciones altruistas y solidarias y Deportes) a diversos ciudadanos que, en opinión del jurado creado a tal efecto, se lo merecían. Tales premios se llaman, cómo no, Premios Canarias.

Pero no es el gobierno canario el único: las administraciones públicas, a todos los niveles, parecen aquejadas de la compulsión por otorgar  premios, medallas, honores y distinciones. Haciendo una rápida recapitulación local, aunque puede extrapolarse a todos los municipios, provincias y comunidades, el Ayuntamiento de Las Palmas otorga, cada año también, honores y distinciones (Hijo predilecto, Hijo adoptivo y Medalla de oro); el Cabildo de Gran Canaria, por medio de su Comisión de Honores y Distinciones concede premios (Hijo predilecto, Hijo adoptivo, Can de oro y premios Roque Nublo, en 6 modalidades) y el Gobierno de Canarias los ya mencionados Premios Canarias. Por no hablar de los premios estatales a nivel nacional, de ministerios, de universidades y  de todo tipo de fundaciones semipúblicas. En realidad, hacer una lista completa de todos sería una tarea hercúlea y aún más si incluimos los premios otorgados por instituciones privadas.

Voy a partir de la base que la concesión de la distinción pública obedece, al menos en su origen, a que la sociedad, de la mano de sus representantes democráticamente elegidos, quiere otorgar reconocimiento a aquellos de sus conciudadanos o entidades (asociaciones, organizaciones no gubernamentales, empresas, etc.) que han contribuido de algún modo u otro a su bienestar o mejora. En principio, el asunto parece sencillo. Sin necesidad de hacer aquí un estudio antropológico profundo, podemos convenir en que los seres humanos en general necesitamos y deseamos el reconocimiento de los demás; lo cual parece ser una característica universal, pues cada cultura establece su propio baremo de honores y distinciones. A este respecto, Hegel o, en nuestros días, Axel Honneth han teorizado filosóficamente al respecto,  en sus planos íntimo (amoroso), jurídica y social. Además, el reconocimiento de nuestros conciudadanos nada tiene que ver con las recompensas del mercado: la admiración que podemos sentir por aquellos no depende de su caché profesional o de la venta de sus productos. En este sentido, los honores que la comunidad dispensa a uno de los suyos deberían conllevar una admiración específicamente moral o ética. Es, al fin y al cabo, una recompensa a la virtud.

Le reconozco, Sr. Honneth.

Sin embargo, es dudoso que tales premios que pretenden otorgar reconocimiento social por parte de las autoridades públicas sean reconocidos como tales por la ciudadanía. Me explico: año tras año se otorgan todos estos honores y distinciones o bien de manera discrecional por el partido en el poder o bien entre acuerdo de las fuerzas políticas. El ámbito en el que se deciden tales premios (salvo los que están delegados en jurados, que serían un subnivel) se encuentra en la parte superior en la toma de decisiones políticas o administrativas. Más bien, parece que es o a iniciativa del grupo político en el poder o a petición de los lobbies (en el mejor de los sentidos) culturales, académicos o empresariales como se consideran los nombres candidatos. Es decir, como en tantas otras esferas, la ciudadanía finalmente se encuentra con los premiados y distinguidos. En ningún momento (no tiene que ser necesariamente desde el principio en todos los ámbitos, pues hay algunos muy especializados, como los científicos cuyo conocimiento general será, en general, escaso) se le consulta, sino que desde un etéreo consenso o acuerdo nunca explicitado desde arriba se nos señala quienes son los tocados por la gloria. Es difícil concebir que un político sea hasta tal punto omnisciente del favor de la ciudadanía o que tales lobbies la representen de manera significativa. Así que, como no puede ser de otro modo, la ignorante ciudadanía o bien se encoge de hombros o se limita a no darse por enterada. Al final, el premio, el honor, la distinción se limitarán a ser un guión más en el currículo profesional o un agasajo institucional inter pares, por mucho que los medios de comunicación dediquen páginas y fotografías al festival de trofeos y discursos e intenten convencernos de su importancia. La ciudadanía puede sospechar que las razones para las medallas no obedezcan al  mero merecimiento, sino que influyan otras no explicitadas. Como señala el filósofo Michael Walzer: "Si los funcionarios estatales seleccionan de manera sistemática a mujeres y hombres a quienes era políticamente oportuno honrar, devalúan los honores que distribuyen. De ahí el fenómeno de la distribución mixta, en la que unos cuantos individuos con merecimientos son incorporados a la lista de honores a fin de disimular a quienes son honrados por razones políticas; el artificio no funciona casi nunca" (Walzer, M. Las esferas de la justicia).

El muy reconocido Michael Walzer.

Esa necesidad de ser reconocidos es la que lleva a muchos, sobre todo si además se recompensa con dinero, a reclamar para sí tal distinción. Si la ciudadanía fuera consultada, poco se podría argüir en contra de la decisión mayoritaria; pero si se tiene la certeza, o al menos la sospecha, de que uno puede trabajarse la candidatura y la distinción, no resulta extraño que los aspirantes desplieguen toda su capacidad de influencia política y mediática para asegurarse el resultado. Tampoco, de que se quejen con una amargura rayana en lo cómico que ellos sí se lo merecían. O de que se lo deberían haber dado (el premio) hace tiempo.

Tal como están las cosas hoy en día, el mejor reconocimiento que puede tener cualquier persona en su actividad profesional o social es el que no se concede institucionalmente sino el que parte de sus colegas, conciudadanos, pacientes o clientes. Hemos llegado a tal punto de disociación entre la clase política y la ciudadanía que en muchos casos, y no de modo tan paradójico, suscita más admiración el que rechaza un premio que quien lo acepta, como son los casos del escritor Miguel Marías o del artista Santiago Sierra. Y es que, como señala Walzer: "El honor público no es un regalo o un soborno sino un discurso veraz acerca de la distinción y el valor".

Subvencióname por tu bien: soy artista

Cuando parecía que a raíz y como consecuencia de la tremenda crisis económica que estamos sufriendo, el asunto se había finiquitado, he aquí que reaparece una y otra vez. No de manera virulenta, sino a la manera de esos catarros de entretiempo tan propios de nuestra canariedad. Ese tema, como no podía ser otro, es el de la cultura, o CULTURA, con mayúsculas, como gustan de decir algunos. Pero no teman, lo que publican los medios no es que haya una crisis de la cultura española, canaria o del barrio, es decir, no es que de repente dejemos de tomarnos el cafelito a media mañana, ni que la gente haya dejado de discutir por los fueras de juego, ni siquiera que los políticos se hayan vuelto, de repente, competentes en su área. Tampoco es que hayamos abandonado los zapatos  y caminemos descalzos, ni que hayamos decidido renunciar a los pisos fabricados por las empresas constructoras y hubiésemos optado, a la manera de Thoreau, por construir nuestra propia cabaña.

Soy un desobediente civil.

 A donde quiero llegar es que lo que errónea, pero insidiosamente, se quiere pasar por cultura no es más, ni menos, que lo todos conocemos por arte y espectáculos. Para centrarnos, algunas voces que periódicamente tienen cabida en los medios de comunicación, además de las redes sociales, critican o lamentan el estado actual de la Cultura. ¿Acaso hablan de que los españoles o canarios hemos perdido la capacidad creadora? ¿De que los artistas padecen una crisis de creatividad que amenaza con durar ad eternum? No, al parecer la mayoría de las quejas provienen de que el Estado o las instituciones públicas en sus infinitas encarnaciones ya no subvencionan la amplia gama de actividades y producciones artísticas como hacía antes, en la época de las vacas gordas. Además de que el caudal de dinero público se ha reducido, el Gobierno se ha atrevido a subir al 21% el impuesto a las actividades que se aglutinan bajo el rótulo de cultura (no olvidemos que España tiene un ministerio de Cultura). ¡Es el fin de la cultura!, exclaman.

Es tan sencillo como evidente señalar que en esta época de recortes a ultranza,  en comparación con las prestaciones que parecen básicas como la Sanidad o la Educación o la de desempleo, palidecen en importancia social las que ofrecen las demás áreas. Parecería que no debería haber demasiada discusión al respecto. Pues si bien pocos discuten (pero sí, los hay) que la Sanidad pública es cara y que hay que mantenerla con impuestos (de todos); o que la Educación, si se quiere universal, también; muchos menos habrá que consideren lógico o necesario subvencionar la producción artística, porque su utilidad es mucho menos obvia. Afilando el argumento, si ya se está poniendo en tela de juicio que el Estado asuma la Sanidad o la Educación, que hasta ahora formaban parte indispensable de lo que se consideraba el Estado del Bienestar, tanto más será discutible que el erario sostenga una actividad no esencial para la reproducción social como es la actividad artística.

¿Cuándo una manifa por la Cultura? (Foto de Reuters)

 Claro que podría discutirse los límites del campo semántico del concepto esencial. Al menos, convendrán conmigo, en que se podría establecer una escala jerárquica básico. Al no ser este el espacio para un análisis profundo, me limitaré a dar apuntes para la reflexión: No podemos vivir sin alimentarnos (agua y comida); la vida es miserable y casi imposible sin techo (vivienda); necesitamos adquirir los anteriores con dinero; y, al menos en esta cultura, salvo que uno sea un afortunado heredero, necesita ganarlo con el trabajo (Empleo); para lo anterior es necesario cierto grado de instrucción (saber leer, escribir, contar, etc.: Educación); somos frágiles hasta la exageración, por lo que continuamente necesitamos atención médica (Sanidad). A partir de aquí, lo que se quiera: la elevación del espíritu mediante la contemplación de una pintura, el arrebolamiento al escuchar una sinfonía, la fascinación ante un documental o una película, la singular huella en el ánimo tras la lectura de una novela o de un poema... O el fascinante laberinto del ajedrez, o la sensación de camaradería con los compañeros de petanca, el compañerismo que se propaga entre compañeros de escalada, la beatífica contemplación del paisaje... El ser humano se despliega en innumerables direcciones cuando no tiene que dedicar la totalidad de su tiempo a satisfacer sus necesidades primarias. Digamos que se desprende de la servidumbre meramente biológica y busca satisfacer otras, producto de su incansable cerebro, siempre ávido de nuevas emociones.

Si no sabes quién es, no eres culto.

Por otro lado, ante una depauperada situación económica, parece lógico que cualquier individuo prime sus necesidades básicas. Primará comer todos los días a gastarse el dinero en una entrada para la ópera, el teatro o el cine. Primará mantener a los dependientes que tenga a su cargo a pagarse unas vacaciones en el Caribe. Así son las cosas por mor de la supervivencia, que no obedecen a ninguna conjura cósmica. Simplemente, los seres humanos organizan su mundo con prioridades y jerarquías: primero, las necesidades; después, la diversión y el goce.

El contraargumento más socorrido en este caso por los afectados por los recortes estatales y el descenso en la taquilla es el de calificar todo lo anterior como demagogia, lo cual no nos aclara nada al respecto. Los que quieren ir más allá, sitúan en pie de igualdad la Sanidad o la Educación con la Cultura, porque, según ellos, la última es tan necesaria para vivir como la primera o tan útil para la sociedad como la segunda. Aparte de que es fácilmente demostrable de que la gente no suele morirse por perderse un estreno de cine ni de que el hambre se cura con la Quinta Sinfonía de Beethoven, se requiere cierta tozudez teórica para querer equiparar la recepción de las creaciones artísticas a las necesidades que se pretende satisfacer con la Sanidad, Educación, etc. Una equiparación que, bien mirada, le hace un flaco favor a las demandas en favor de una mayor contribución de fondos estatales a la promoción artística. En realidad, cualquier justificación en esta línea suele ser una mezcla de frases hechas, lugares comunes, argumentos pseudocientíficos y razonamientos paternalistas. Cualquiera de las anteriores que se utilice para apoyar las subvenciones a los festivales de música clásica, ópera o el Womad podría utilizarse, asimismo, para fomentar la petanca, el dominó o cualquier juego de cartas: promueve valores valiosos, cohesiona socialmente, es bueno para la agilidad mental, etc. La línea economicista, que es la más sólida, suele ser la baza escondida, por vergonzosa, una vez que la anterior, la espiritual, deja de ser convincente. En este sentido, los datos que se aportan como la parte del PIB que genera la industria cultural (en la que cabe casi todo), los puestos de trabajo que emplea, el retorno, etc., aparte de pecar de vagos y excesivamente generosos sí que, al menos, la ponen en pie de igualdad con las demandas de subvenciones al tomate, a la energía eólica, etc., pero no en un plano superior. Deberá, entonces, competir por los subsidios como cualquier otra industria o sector productivo de la economía española y demostrar no sólo que los necesite, sino que de algún modo beneficiará a la sociedad. 

Así las cosas, desde el lado del receptor, o como suele llamárseles (creo con cierto desprecio) consumidores culturales, es típico en la argumentación igualar los gustos propios a necesidades; y desde el lado del artista, o de la empresa cultural, es también habitual igualar la creación o negocio a necesidad social.

¡Cohesionamos como las que más!

Por otro lado, En España y en Canarias, las cantidades que se destinaron al equipamiento cultural, en forma de auditorios, teatros, museos, salas de exposiciones y demás ha sido ingente; como también lo ha sido la destinada a las subvenciones directas. Resultado: muchos de estos edificios permanecen vacíos, sin programación que los dote de sentido, quizá porque nunca hubo un publico que fuese a llenarlos ni tantos artistas o compañías para ocupar el escenario. Y respecto de los artistas, parece que sólo unos cuantos se beneficiaron de las dádivas del partido que ocupase el poder en España, en la Comunidad, en la Diputación o Cabildo, en el Ayuntamiento... Eran tiempos en que el Estado se gastaba una millonada en pagar a un artista para que decorara una cúpula en la sede de las Naciones Unidas y se justificaba el gasto porque proporcionaba prestigio; aquí, a nivel local, un pintor agradecía públicamente a determinado político que lo ayudase a  montar su exposición en un país nórdico; una época dorada en que los políticos como aquel gustaban de hablar de la CULTURA con mayúsculas, porque con minúsculas era poca cosa; en que las Comunidades gastaban millones de euros en programar festivales de música, de cine, de teatro o de lo que se les ocurriera para ocupar el lugar que por historia (o tradición, o lo que fuera) les correspondía; en que un alcalde afirmaba que si los ciudadanos no entendían que se gastase un simple par de millones de euros en una obra de Galdós, habría que "cerrar la ciudad"; una época, en fin, en la que hasta los pueblos más pequeños querían tener su propio auditorio para no ser menos que el de al lado.

8 millones de euros. Dicen que proporcionó prestigio.

Y por el lado de los artistas, qué podríamos decir para justificar su peregrinaje por las instituciones para lograr la ansiada subvención; sus requiebros y contorsiones para no herir la susceptibilidad del partido político que pudiera alcanzar el poder en las siguientes elecciones (esas listas negras de artistas, que pasaban al ostracismo). Salvo excepciones, se perfiló un escenario artístico conformista, contemporizador, chato, sin aristas, incapaz de ofrecer alternativas estético-políticas al sistema. Un sistema, recordemos, que ni en sus mejores momentos fue capaz de erradicar la miseria ni la marginación ni la desigualdad social. Un sistema que, como ya dijimos en un post anterior, transformó a los ciudadanos (con la aquiescencia de estos) en clientes y a los artistas en suministradores de contenidos. 

Claro que se podría argumentar que un artista no tiene por qué ser, necesariamente, anti-sistema, o transgresor, o rebelde, o reivindicativo. Ni siquiera tiene por qué dar voz a los oprimidos, ni reflejarlos en su arte. Puede uno ser artista y no ser nada de eso: puede llenar las rotondas de la ciudad con sus esculturas y pretender también que, en vida, la ciudad costee un museo en su honor, pero para nuestro beneficio. Beneficio espiritual, se entiende. Se puede ser artista y pretender que la obra pagada con dinero público constituya una seña de identidad de la que, en un futuro, estaremos orgullosos...  Así, con su ejemplo nos ilustran lo que nunca deberíamos haber olvidado: que ser artista no implica ser solidario ni compasivo, sólo que se posee talento expresivo; que ser culto no significa ser honrado ni justo, sólo que se poseen conocimientos específicos. Que arte y moral no son campos contiguos ni conforman una relación necesaria.

La reocupación del espacio público

Es complicado no hablar de periodismo y de política en estos tiempos difíciles. Inextricablemente enlazados desde los albores de la reinstauración de la democracia en nuestro país, su decadencia conjunta es otro síntoma de las crisis social y política, que de manera menos evidente se habían gestado mucho antes del reventón económico. Las tres crisis: la económica, la política y la de la esfera pública han confluido de tal modo que el deterioro de las dos últimas han conducido a lo que parece una pésima gestión de la primera, que, a su vez, revierte en ellas. Me explico: el diseño constitucional por el que los partidos políticos eran los encargados casi monopolistas de la iniciativa política y el posterior desarrollo de diseños institucionales que fomentaban la especialización de la gestión política y el retiro de los ciudadanos particulares a sus asuntos privados dejaron la esfera pública maltrecha y casi inservible. Porque la esfera pública es ese espacio informal, no modelado ni estructurado por el Estado, en el que se gestan las iniciativas ciudadanas, en el que se problematizan asuntos hasta entonces incuestionados y, de ese modo, se amplía el horizonte social en todas direcciones y se aportan ideas y soluciones hasta entonces inimaginadas a los nuevos retos. Claro que si de esa esfera pública se barre a la ciudadanía y es copada por medios de comunicación que responden a intereses empresariales y partidistas, (anteponiendo así intereses estratégicos económicos o de otra índole al bien común y al interés general de la ciudadanía), por grupos de presión, expertos en márketing y aspirantes a ingenieros sociales, es poco probable  que las decisiones que se tomen cuenten con el respaldo de la población, e incluso se pondrá en duda su legitimidad, por mucho que se invoque el derecho a tomarlas por estar refrendados los encargados de ello por unas elecciones democráticas. 

Ocupando el espacio público
(cortesía de Luisa del Rosario)

No obstante, en épocas de bonanza, gran parte de la ciudadanía aceptaba, incluso con gozo, el papel que se le había otorgado: el de consumidor. Así, la única crítica que tenía aceptabilidad era la que se esgrimía contra los objetos de consumo o de ocio. Pedir la hoja de reclamaciones constituía la máxima expresión de la autonomía. La libertad parecía quedar reducida sólo a la de elegir en qué gastar el dinero. El Estado del Bienestar tuvo, como efecto negativo (como ya ha señalado Habermas) convertir a los ciudadanos (con su aquiescencia) en clientes de servicios. Así, mi impresión es que los años perdidos no son los actuales, sino todos aquellos en los que el crecimiento del PIB y de la renta per cápita no vino acompañado de la ampliación de espacios de participación política, de la profundización de los valores democráticos, de la mejora de las relaciones laborales y de la eliminación de las bolsas de pobreza que ni en los mejores años se redujo de modo significativo.

Por el lado de los medios de comunicación, la caída constante de venta de ejemplares y de lectores no parece que haya venido acompañada del debido cuestionamiento de su función social y política.  Más bien, su particular crisis la ha intando solventar sólo en el aspecto económico, a base de reducciones de plantilla  y búsqueda de nuevos inversores, orillando el afrontamiento de lo que constituye, en mi opinión, su problema principal: la creciente falta de credibilidad que los aleja de amplios sectores de la ciudadanía que anteriormente conformaban su masa lectora. Su modelo de negocio parece abocado a desaparecer o a experimentar una mutación estructural. De ahí que no extrañe la proliferación en Internet de medios digitales, blogs, etc.  que no requieren de la enorme inversión de capital que necesita el soporte físico, sólo disponible, por consiguiente, para conglomerados empresariales cuyos intereses no se alinean necesariamente con los de la ciudadanía. Como ya dijimos en otro post, si los medios no trasladan las problematizaciones suscitadas en la esfera informal a las instituciones encargadas de resolverlas o de plasmarlas en iniciativas legislativas, si se limitan a cumplir tareas de encargo, de difusión de consignas o de propaganda provenientes de las élites para su propagación entre la ciudadanía, aparte de incumplir con su tarea funcional en una democracia y de contribuir a erosionar ésta, me temo que acabarán por destruirse a sí mismos.

Una tendencia similar se percibe en los dos principales partidos políticos. Ante el hecho de la desafección de amplias capas de la ciudadanía que antes se inclinaba por votarles dentro de un sistema electoral que promueve el bipartidismo y la estabilidad política antes que la pluralidad de la representación, aquellos muestran una actitud contemporizadora, de resistencia, esperando que la crisis económica escampe y todo vuelva a la situación (política) anterior. 

Datos de Metroscopia

Sin embargo, en un nuevo escenario de precariedad laboral y, por consiguiente, social por el recorte de los derechos de los trabajadores y empleados, en un escenario informativo des-autorizado y des-monopolizado, no parece probable que eso ocurra. Aunque sus think tanks y fundaciones varias se estrujen los sesos para absorber y canalizar las nuevas protestas y modos de expresión de la ciudadanía, su óptica de los acontecimientos parece demasiado estrecha para las nuevas realidades. No obstante, más allá de la fragmentación de la representación política en las cámaras, está por ver que el concepto mismo de partido político permanezca inalterado sin su consiguiente quebranto.

Partidos políticos y medios de comunicación han sido cooperadores en el anestesiamiento político de la esfera pública. La política parecía haber quedado reducida a la resolución de problemas administrativos o técnicos que no parecían tener conexión con la pluralidad de valores o de cosmovisiones. El énfasis en la gestión  y no en el planeamiento de la sociedad en la que querríamos vivir, como si ya morásemos en la mejor posible (olvidando así a los sectores más depauperados y marginados de la ciudadanía,por ejemplo), reforzó ese vaciamiento de la política en la esfera pública e incentivó, como hemos dicho al principio, el desinterés de la mayoría de los ciudadanos con respecto de las preocupaciones por el bien común.

Fotografía de Democracia Real Ya

En la actualidad, tras el surgimiento de la crisis y la bajada del nivel de vida general, la precarización de las relaciones laborales, la crisis de legitimidad y representación, y, por tanto, la aguda crisis de confianza en el sistema, parte de la ciudadanía ha vuelto a reivindicar su necesario papel en la iniciativa política. Ya sea por los efectos directos de la crisis, ya sea por solidaridad o por reflexión personal, la política no institucionalizada ha vuelto a la esfera pública. Movimientos como el 15-M u otros colectivos de ciudadanos de a pie que han adquirido protagonismo en los últimos tiempos han contribuido a cambiar la conciencia colectiva. Bien sea para denigrarlo o subestimarlo, bien sea para ensalzarlo o exagerarlo, el fenómeno del 15-M  marca un punto de inflexión en la valoración y análisis de la política española, además de servir de ejemplo, inspiración y punto de partida para otros futuros movimientos ciudadanos. El nuevo escenario, más convulso e inestable, pero también más plural y abarcador ha dejado de estar monopolizado por los partidos y medios de comunicación tradicionales. Las crisis son oportunidades para el cambio, y no todos los cambios tienen que ser a peor.

Opino, luego nada

Una de las figuras más conspicuas, pero menos relevantes en los medios de comunicación es la del columnista en la prensa y la del tertuliano en la radio o en la televisión. Digo conspicua porque su presencia no sólo es visible, sino que se hace notar. En la prensa: colores, tipografía y formato especiales; en la radio, no hay parrilla en la que cada programa no cuente con un debate político, deportivo o cultural. En la tele, grandes escenarios, decorados star-trek, cronómetros que miden el tiempo de intervención; en algunos casos, público para el aplauso o  el jaleo... Esta pasión por el debate podría en principio ser una buena señal respecto de la salud de nuestra democracia. En la tele, sobre todo en los últimos tiempos, el debate político se ha convertido en una de las estrellas de la programación de las cadenas. Puede uno llegar a pensar que lo político se ha reintroducido en los hábitos sociales, cuando parecía que la ciudadanía se había alejado para dedicarse a sus asuntos privados y dejado la gestión pública en manos de los especialistas. 

El que gane se queda con la rubia

Digo también menos relevantes porque está por ver que en estos espacios se debata. Es decir, no digo que no se produzca intercambio de opiniones, pero cuando las opiniones se limitan a intercambiarse, de poco sirven. De hecho, cuando asistimos a debates electorales podemos corroborarlo. Como si fueran agua y aceite, no parece que haya modo de que los argumentos de un candidato influyan en la mejora, matización o renovación de los argumentos del otro. Podemos situarnos en un plano menos ideal y más estratégico y reparar en que en ningún momento los contendientes lo pretendieron. De hecho, su interés no estaba en obtener una ganancia gnoseológica sino en suscitar la aprobación o adhesión de un público situado más allá del plató, frente al televisor, una masa informe que bien moldeada podría transfigurarse en votos. No es de extrañar que no suscite escándalo que se pregunte a los ciudadanos quién ha ganado. Y tampoco que los ciudadanos acepten responder a este tipo de preguntas que, miradas con cierto extrañamiento, están cercanas al absurdo. 

De sobra está estudiada la teatralización de la política,  examinada la consideración de la política como espectáculo, pero no por ello deja de resultar irritante constatar que asumimos con naturalidad que votemos a un partido o a otro si nos sentimos identificados o no con él.  En realidad, más que vincular mi identidad a otra persona o partido, preferiría que me ofrecieran buenas razones respecto del tratamiento de los diferentes problemas que encaramos como sociedad y ciudadanos. Buenas razones que no pertenecen en exclusiva a nadie, y buenas razones que sólo pueden surgir tras la apreciación de las opiniones, motivos y objetivos de otras personas y colectivos. Dejar  el trazado de las líneas presentes y futuras de nuestra comunidad en manos sólo de las meras emociones o de su representación no parece el mejor modo de conseguirlo.

Gente que decidió sentirse identificada

Lo mismo podemos decir de los debates entre periodistas. Como si fueran caballeros que militan bajo distintos pendones, se baten entre sí casi sin oírse. No es de extrañar que parezcan luchar en soledad, propinando mandobles al aire, pues en realidad nunca quisieron de-batir en un espacio común. Así, el periodista A profiere su crítica acerba contra el Gobierno, el B lo defiende a capa y espada, el C  hace alarde de su particular erudición histórica para defender la identidad milenaria de su pueblo/nación, y el D se sitúa entre A y B, a lo que añade una leve ironía respecto de C, lo que le convierte en moderado. Acabado el debate todos siguen pensando absolutamente lo mismo, defendiendo exactamente los mismos puntos de vista. Ni un matiz, ni una concesión salvo que sea para reforzar la posición propia. Por ello, su relevancia en el espacio público es conspicua, pegajosa, insoportable a veces, pero al mismo tiempo irrelevante, vacua y prescindible. Al espectador u oyente sólo le queda adherirse o identificarse, sólo le queda sentir quién le cayó mejor o peor...

Y qué decir de los columnistas de los grandes periódicos.  Y de los columnistas de periódico local. Salvo raras excepciones (y hay alguna), es difícil imaginar como se puede desaprovechar con tanta eficacia ese pequeño altavoz público con el que se pueden comunicar tantas cosas a (potencialmente) tanta gente. Hay columnistas que, seguramente ahítos de escribir, nos cuentan los cotilleos de salón respecto de políticos o empresarios. Otros, nos atosigan con sus postureos literarios o anécdotas de costumbres. No digo yo que uno no pueda tener debilidades, sobre todo si denotan cierto ingenio o agudeza. Lo malo es cuando tal debilidad se convierte en seña de identidad, de la que incluso se enorgullecen. Cuando la anédocta trivial o el chascarrillo, por un lado, o la transmisión de consignas desde centros de poder se convierten en el único contenido. No es por nada que el tránsito desde los primeros periódicos de la incipiente sociedad burguesa de finales del siglo XVI hasta mediados del XVII, pasando por los periódicos de masas hasta la actual nadería ha ido paralelo a la evolución o, más bien, decadencia de la esfera pública (Cf. Habermas,  Historia y crítica de la opinión pública).

¿Por qué será que me citan tanto?

Es evidente que no vivimos en una sociedad bien ordenada, ni que se dan, siquiera de manera aproximada, las condiciones ideales para el diálogo ni mucho menos para una esfera pública sin distorsiones, dominada como está por grupos de presión, especialistas en marketing y publicidad, psicólogos sociales, etc.
No soy tan ingenuo para creer que las luchas por poder, la defensa de los intereses propios y la intolerancia no formen parte importante de nuestro mundo y creer que la mayoría de los ciudadanos cambiarían su modo de actuar, normalmente quietista, conformista y pasivo, para ejercer de individuales motores de evolución y cambio sólo con que supieran. No obstante, qué menos que opinar y actuar en conformidad con lo que uno cree justo.

Bueno, ya me despido. Como se puede ver a simple vista, no es este un blog teórico, con citas a pie de página y abundante bibliografía. Es más bien un espacio en el que reflejo y comparto mis inquietudes. Al principio, pretendía ser más ligero aún, pero es difícil expresarse en un medio público con potenciales lectores desconocidos y no intentar, de alguna manera, que influya. Lo cierto es que en la vida cotidiana sobran motivos para la indignación, para la crítica, para la irritación y para el asombro.  

Las esfinges han vuelto

A requerimiento de mi conciencia, que no de mis escasos lectores (salvo uno), he decidido que el asunto de hoy sería uno serio: nada de frivolidades estilísticas, es decir, que no toca discutir de los modales en la mesa, las frases hechas, la anécdota trivial de los gritos de mi vecina los domingos, etc. No, hoy vamos a hablar de las esfinges. 

¡Que se postren todos los que no me han votado!

Haciendo memoria, creo que la primera vez que supe algo de una esfinge fue leyendo el mito de Edipo en una enciclopedia infantil como las que se editaban antes del advenimiento de los ordenadores personales. Todavía me acuerdo de los acertijos que le planteó aquella criatura a Edipo, cerca de Tebas. Y es que las esfinges tienen algo terrible, que se resiste a la mirada humana: una naturaleza demoníaca o divina insondable. En cualquier caso, Edipo dio con las respuestas y, como ya saben, el monstruo se suicidó.

Hoy, las esfinges han vuelto, pero secularizadas. Despojadas de su aura, desencantadas (a la manera de Weber), siguen, no obstante, lanzando anatemas sin que su interlocutor tenga la posibilidad de preguntarles por qué, para qué ni qué hacen. Así, algunos de nuestros políticos son como la esfinge de Gizeh (Guiza, según el panhispánico): imponen su presencia, pero no escuchan. Pocas cosas he visto tan ridículas como esos periodistas tomando notas frente a una pantalla, sin poder preguntar ni cuestionar las palabras del orador. Tanto esos políticos que no admiten preguntas o sólo permiten que se visualice su figura como los responsables de los medios de comunicación que mandan a sus reporteros a ese teatrillo en el que sólo se representan farsas o sainetes están incumpliendo su deber: el de promover una esfera pública libre de distorsiones en la que argumentos y contraargumentos se batan en una lucha sin coacciones a fin de que las inquietudes y problematizaciones de los ciudadanos se trasladen, vía medios de comunicación, a las instituciones encargadas de la promulgación de las leyes (Cf. Jürgen Habermas: Facticidad y validez, por ejemplo).

 Aunque no vivimos en una sociedad bien ordenada, como diría John Rawls, ni nuestra esfera pública se parece a la habermasiana, no por ello debemos de dejar de señalar que el continuo minado del espacio público de discusión contribuye a devaluar todavía más la calidad de nuestra democracia, si no a su hundimiento.

Una esfinge proponiendo acertijos

Porque ¿puede entenderse una democracia sin que sea efectivo el principio de publicidad de la actuación de las instituciones políticas? ¿No es un contrasentido para un responsable político en una democracia no querer oír las preguntas de los periodistas ni de los ciudadanos sino limitarse a mandar consignas al pueblo? No se dan cuenta de que amordazar o canalizar la información y el debate públicos sólo contribuyen a depauperar la calidad de las soluciones para los retos de nuestra época.

Y respecto de los medios de comunicación: ¿No se han preguntado por qué cada día que pasan pierden sin remedio credibilidad? ¿No será que han perdido la autoridad moral concedida por los ciudadanos por su función de crítica del poder? Parecen ciegos al efecto desmoralizador causado a la confianza de la ciudadanía por todas esas servidumbres respecto de políticos, empresarios, banqueros, etc. Lo peor es que, cuando pretenden reflexionar al respecto, hablan de la crisis del modelo de negocio y de cosas así. Uno habla de función democrática y otros, de la pasta. Así, hace gracia (aunque poca) que el director de uno de los periódicos más leídos afirme la importancia de la prensa para "ordenar la realidad frente a la desinformación" (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/07/valencia/1367919993_108165.html).

En fin, es este un curioso retorno a un período mitológico, en donde las esfinges y los oráculos forman parte del orden natural de las cosas. Por ello, cuando los intelectuales orgánicos y los periodistas de la derecha pretenden apabullar a sus colegas de la izquierda con la frase: "Seguro que querrás estar como en Corea del Norte", con sus estatuas, efigies, tótems erigidos en honor al Líder, etc., deberían, en buena lógica, advertir que ese fenómeno esfíngico está echando raíces aquí bajo un gobierno al que son afines.

Buscando una esfera pública para lanzarle un misilazo

P.D. Al terminar de escribir el último párrafo se me ocurrió un nuevo asunto presente en ciertas discusiones, a saber: qué le debe la izquierda democráta europea a aquellos regímenes en los que no se respetan los derechos fundamentales. Se admiten propuestas.