Si eres un excluido, es por tu culpa

En su edición del día el 6 de junio, un periódico local nos informaba de que el Gobierno de Canarias no tenía más dinero para "paliar la pobreza". En esta coyuntura de recesión económica en la que los ingresos han disminuido de manera extraordinaria y los gastos se mantienen o aumentan, esta circunstancia de escasez no debería sorprendernos. No obstante, se nos plantea en este caso el papel de las administraciones públicas en relación con las necesidades de la población.

Cualquier Estado, sea de la naturaleza política que sea, necesita velar por el bienestar de sus ciudadanos. Tanto por legitimación como por mera supervivencia, ese Estado requiere que, si no toda, al menos la mayoría de la población viva de manera aceptable (aunque los patrones de bienestar y pobreza varían) y que la minoría depauperada o marginada se considere culpable de su situación o la acepte como inevitable. En general, en nuestros días, y con salvedades, la ciudadanía no está a favor de que el Estado deje abandonados a su suerte a todas aquellas personas que no dispongan de los recursos mínimos para alimentarse, ya que no para una vida digna. Como un resto de nuestro Estado de Bienestar, las autoridades políticas no se atreven todavía a dejar a la caridad eclesial o privada toda la gestión asistencial, como Cáritas u otras ONG, y proponen, sin dejar de resaltar el sacrificio que supone, crear o mantener prestaciones, como la PCI (Prestación Canaria de Inserción) o el plan de abrir comedores escolares en verano para asegurar a muchos niños al menos una comida al día. No obstante, incluso esta última medida ha suscitado rechazo en algunos sectores políticos y mediáticos, como el caso de un conocido periodista que en el caso de Andalucía la tildó de "demagógica y populista". Sin embargo, y como señalé en un post anterior, no deja de ser paradójico que en la jerarquía de prioridades de las diferentes administraciones en un Estado social, democrático, y de Derecho no sea, precisamente, la primera la de velar por la suerte de los más necesitados y de los excluidos. 

Sin palabras.

Los tiempos están cambiando, sin lugar a dudas. La ética de la responsabilidad individual se sigue imponiendo a machacamartillo mientras que al mismo tiempo se repite como un sonsonete la idea de que la crisis económica no tiene culpables sino que es producto de un "ciclo", o de la "especulación financiera", o de "los mercados". Actores invisibles a los que no se les pueden exigir obligaciones ni contra los que es posible ejercer acciones legales o hacer valer derechos. Otra manera de eliminar las responsabilidades concretas es culpar a la sociedad en su conjunto, plasmada en la frase: "Vivimos por encima de nuestras posibilidades", en la que insidiosamente el sujeto omitido no se refiere a los consejos de administración de bancos y cajas de ahorros, ni a los encargados de los organismos inspectores encargados de velar por las cuentas de los anteriores, ni a los políticos y constructores (y algún arquitecto de talla internacional) que en feliz connivencia alicataron España de arriba abajo. Porque negarnos a mirar al pasado nos privaría de señalar en la actualidad a aquellos que tuvieron y tienen responsabilidad en lo sucedido. Es lo que nos ocurriría si olvidáramos una "ley del suelo" como la que se promulgó bajo el mandato del PP, en la época en que Aznar era presidente del gobierno (que consistía, en esencia, en facilitar que el suelo público pasara a manos privados cuando se propusiesen proyectos viables de urbanización y en reducir las trabas administrativas para transformar terrenos rústicos y de otro tipo en urbanizables), o también si pasáramos por alto que en los felices años del gobierno de Zapatero nada se hizo por atajar la especulación del suelo y la inmobiliaria (aunque bien presente está en la Constitución, léase el art. 47) ni buscar alternativas con otros modelos productivos que no supeditasen el crecimiento económico y el empleo a un sector que por su propia lógica no podía durar de forma indefinida. Y qué decir de nuestra Comunidad, que a pesar de tantos años de crecimiento económico y de fondos europeos continúa siendo una de las regiones más pobres de España, sin que se haya reducido de forma significativa la polaridad social ni la marginalidad. Además, se ha seguido fiando casi todo el peso de la economía al monocultivo del turismo, y no se ha apostado en serio por la creación y fomento de otros sectores productivos. No es este el post para hablar de ello, pero la dependencia de una sola fuente de ingresos nos coloca en una situación de extrema debilidad, tanto por la posición de fuerza de algunos de los agentes foráneos intervinientes en el sector (touroperadores, líneas aéreas, etc.) como por la creciente fragilidad del ecosistema (cambio climático o el estallido de un volcán, como el de Islandia hace unos años, por ejemplo, que afectó a la navegación aérea).

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, el parado, el excluido y el pobre, siguen siendo mal considerados. En una variante nacional del culpar a la víctima, se les achaca el ser responsables de su situación, o, al menos, como  el de sujetos que no han puesto todo su empeño en no constituir una carga para la sociedad. Como dicen los filósofos Martin Hartmann y Axel Honneth: 

          Quien desea disfrutar de las prestaciones del Estado de bienestar tiene que brindar contraprestaciones -por ejemplo, la disposición de aceptar cualquier trabajo en caso de quedarse sin empleo- para siquiera ser considerado como derechohabiente. El paternalismo amenaza en todas aquellas partes donde el derecho en general de recurrir a servicios sociales, es decir, la posibilidad de reclamar prestaciones asistenciales, es sistemáticamente minado por un discurso de responsabilidad propia. (...) queda claro que los sujetos en las condiciones de una sociedad que se vuelve cada vez más compleja apenas pueden asumir responsabilidades en el sentido pleno de la palabra por muchos aspectos de su existencia, (...) tienen que responsabilizarse por circunstancias de las cuales de facto no son responsables.(1)

Así, en el caso canario, la PCI no significa el derecho de cualquier ciudadano en situación extrema a que la sociedad le proporcione los medios mínimos para poder subsistir, sino que es una deuda que debe pagar o, mirado de otra manera, un favor por el que uno debe responder, ya que, según el artículo de periódico al que aludimos al principio se señala: "(...) para percibirla se le obliga a realizar las actividades de inserción social y profesionales que los servicios sociales le marquen" (las cursivas son mías).

Salgo mucho en este blog...

No obstante, no sólo es culpa de los políticos. Más bien parece que es generalizada  la opinión de que el alcance de la responsabilidad personal es determinante en la posición social o en las circunstancias económicas de los individuos. Así, en el caso de las hipotecas se juzga ahora como irresponsabilidad que quien ahora no puede pagar comprase en su momento una vivienda que entonces sí podía. Que las circunstancias y efectos de la crisis lo hayan expulsado a esa persona (o parejas) del mercado laboral no merma un ápice su condena social ("Vivió por encima de sus posibilidades" o "sabía a lo que se arriesgaba"). Que los ciudadanos tienen derecho a un trabajo y a una vivienda (derechos recogidos en la Constitución), pero que no posean ninguno no parece ser una conculcación de la Carta Magna o una tara de nuestra sociedad, que es incapaz de satisfacer necesidades consideradas básicas, sino un fallo moral que sólo con renuencia la administración está dispuesta a paliar; y los demás ciudadanos que (todavía) vivimos en mejores condiciones, a tolerar.



(1) HARTMANN, M. y HONNETH, A. "Paradojas del capitalismo", en HONNETH, Axel, Crítica del agravio moral. Patologías de la sociedad contemporánea. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009.