La ira del pueblo

Dado el prestigio que gozo entre mi menguante número de lectores, y ante los reiterados silencios de mis amistades más próximas, me he visto obligado a dar en este post mi opinión ante los últimos acontecimientos políticos. Exacto: hablaré de Podemos por primera vez tras su irrupción en las elecciones europeas y en el escenario mediático-político de este desvencijado país.

Una cosa llevó a otra, ingenuamente, y aquí estoy...

Hace unos días, un sondeo encargado por un periódico de ámbito nacional colocaba a Podemos como primera organización en intención de voto de los españoles en unas elecciones generales. Conocida es por Vds. mi opinión sobre dichos sondeos: más herramienta de propaganda política que ciencia de las preferencias ciudadanas; más medio de manipulación que instrumento de análisis. Esta también lo es, sin duda, por no mencionar los comentarios a las cifras así como el editorial del mismo periódico, en los que se venía a decir que tal agregación de preferencias se debía a la "ira ciudadana". No es ingenua esta explicación. La ira, como pueden imaginar, no es la expresión de una opción razonada ni argumentada, sino la manifestación irracional hacia hechos reales o imaginados que indignan u ofenden al portador de ese sentimiento. Fue a Marat, por cierto, a quien se le denominó La ira del pueblo, en la Revolución Francesa, y así acabó. Sin embargo, y más allá de la tosca asociación histórica, de la conveniencia política o de la ingeniería social que se escondan detrás de la publicación de dicha encuesta, parece indudable que Podemos se muestra como una opción de voto sólida y en permanente ascenso para las próximas elecciones autonómicas y generales. 

¡A pragmático no me ha ganado nadie en la vida! (foto: Wikipedia).

Se podrán argüir numerosas y razonables objeciones respecto del programa económico de Podemos. Es notable, no obstante, que sea casi de modo exclusivo en ese ámbito donde se producen. Es decir, aun siendo de importancia fundamental el programa económico de un partido con aspiraciones de Gobierno, también resulta determinante su concepción del Estado y de la política, su antropología y su modo de intervención en la sociedad y en la cultura que ésta genera. En torno al programa económico, nada se gana, del lado de los detractores, con despacharlo como "utópico", "populista", "trasnochado" y adjetivos de ese jaez. Sin entrar en profundidad en un debate en el que no soy experto, es fácil comprobar que no todas las políticas pragmáticas y realistas llevadas a cabo (o intentado) por los gobiernos anteriores han cumplido sus objetivos y que, en la actualidad, además, nos encontramos en una profunda crisis económica con enormes cifras de paro, pobreza, desigualdad social y emigración (salvo que, en un sesgo tenebroso, nos atraviese el pensamiento de que sí se buscaba un aumento del índice del paro como excusa para precarizar el trabajo, que también implicaba eliminar o reducir a la casi insignificancia a los sindicatos; que, además, caigamos en la cuenta de que a las grandes empresas no les importe demasiado una disminución del consumo de parte de la población porque sus beneficios provienen de inversiones financieras no productivas, etc., y sus nichos de mercado no se resienten). No se le puede  reprochar a una formación política que, convenientemente asesorada, busque maneras diferentes  y justas de no sólo superar la crisis sino de proteger a los ciudadanos como prioridad, dado, sobre todo, el escaso entusiasmo que por este último objetivo ha mostrado el actual Ejecutivo. 

Es posible que algunas medidas de un futuro Gobierno Podemos fracasen: las veleidades de la fortuna y los errores de cálculo son inevitables, por no hablar de las presiones externas e internas de aquellos que se consideren perjudicados, pero lo que parece impensable por nadie, al menos a estas alturas, es que se les pudiera acusar de fomentar a sabiendas la desigualdad social, la injusticia o de favorecer la plutocracia. No es poco para unos ciudadanos que llevamos viviendo 36 años de democracia tutelada en régimen de visitas cada par de años para votar y en los que la corrupción político-empresarial se ha normalizado como si fuera ínsita al sistema; 36 años en los que el conformismo, el consumismo y el individualismo a costa de terceros eran la tríada de virtudes ciudadanas alabadas por políticos y medios de comunicación. Características que la ciudadanía absorbimos de manera mayoritaria sin pensarlo demasiado, también es verdad. Podríamos decir que la corrupción no solo fue económica  o política, sino, y es lo peor, también social.

"No es el momento de abrir el melón" (foto: Wiki).

Por otro lado, el fomento de la participación y de la crítica ciudadana, el reforzamiento de la sociedad civil, la reforma de los medios de comunicación, la eliminación y desprivatización (o nacionalización) de los oligopolios en los sectores esenciales para la economía como los de la energía o el agua demuestran, a mi manera de ver, la apuesta, no sólo de Podemos sino de otros partidos como Equo o la miscelánea de movimientos que representa, por ejemplo, Guanyem o los diversos Ganemos que brotan por doquier, por un Estado fuerte y por una ciudadanía robusta. En mi opinión, sería importante, como uno de los primeros pasos, una profunda reforma de las administraciones locales por las que se abrieran a la participación y fiscalización de los vecinos, en la medida y con las herramientas que el número de habitantes permitiera.

 Además, la antropología de estas nuevas organizaciones políticas no parece ser la del liberalismo: ser humano por naturaleza egoísta,  sólo preocupado por satisfacer sus preferencias y deseos fijados de antemano, como la que representa la teoría de la elección racional o la teoría de juegos. Ni tampoco la del neoliberalismo: la competencia como norma básica, la recompensa del mercado como indicador del éxito, el individuo flexible y disponible: empresa de sí mismo; los débiles y los ineficaces destinados por sus taras, debilidades o falta de eficiencia a la periferia económica y social del sistema. La impresión que me produce Podemos y los demás movimientos políticos mencionados es que no renuncian a las conquistas liberales de los derechos individuales (las libertades de los modernos), pero desean recuperar o, más bien en el caso de nuestro país, implantar el espíritu republicano de la voluntad popular y del bien común, y la implicación activa del ciudadano en la política (las libertades de los antiguos). Con conocer la concepción del ser humano que tengan los partidos políticos, tendremos una medida del espíritu que los guiará cuando ocupen el Gobierno.

Aunque ausente, estoy presente.

No es difícil imaginar, también, que la inercia apolítica de décadas actuará de rémora ante lo que parece una marea creciente de apoyo popular. En todos los estratos sociales, aquel conformismo o indiferencia hacia todo lo que no sean las propias necesidades no se ha diluido de la noche a la mañana. Ese desprecio por lo que se ignora, esa pereza a lo nuevo, y que, por tanto, resulta inquietante, terminan siempre constituyendo el apoyo más sólido del sistema,  lo que de verdad refuerza el statu quo. Tal inquietud se alienta de manera conveniente, hasta transformarla en miedo, por los medios de comunicación y por los partidos políticos tradicionales, embarcados desde hace unos meses en sus campañas de desprestigio contra esta nueva formación política y contra las plataformas ciudadanas de nuevo cuño. Es sintomático, sin embargo, que tanto Podemos como los movimientos sociales y los medios de comunicación alternativos han surgido en su mayor parte después del fenómeno colectivo del 15-M. Quizá sea temerario asegurar que se está produciendo un cambio de conciencia colectiva o gestándose un nuevo imaginario político.  Aún más, que dicho cambio sea  irreversible. La erosión o eliminación de los derechos que se habían conseguido en el último siglo y que, al creerlos naturales, nos pareció que no había necesidad de protegerlos activamente, nos convencen de la necesidad de no olvidar que siempre son contingentes, que la lucha, aunque soterrada, no concluye nunca. Como dijo hace poco un mediocre político local que nunca ganó unas elecciones: "Podemos promete un paraíso inexistente". Pues bienvenida sea esta época en la que, al menos, es posible soñar.

Sentido de Estado

No seré el primero en señalar que, en las Comunidades Autónomas y en las provincias, los partidos políticos, las diferentes élites locales en su ámbito de influencia y las plataformas ciudadanas rara vez proponen un proyecto político que abarque España entera. Lo común es que dichos proyectos se circunscriban a su ámbito geográfico, o bien que nacionalidad se entienda en clave nacionalista o independentista respecto de España. Situándonos en el primer caso, me pregunto si no estamos asumiendo acríticamente que esos proyectos regeneradores, reformadores o rupturistas de orden político son cosa de "los de Madrid". Como si las élites de la capital del Estado fueran y debieran ser las encargadas de idearlos, plantearlos y ejecutarlos, y nos quedara al resto de ciudadanos habitantes de las demás comunidades asistir en calidad de meros espectadores, con la carga de pasividad intrínseca que comporta representar tal papel. 

He hecho mis pinitos en eso de la democracia deliberativa.

Ignoro si en estos momentos en los que parecen percibirse cambios en la autocomprensión política e histórica de nuestro país, disponemos en Canarias de políticos con perspectiva estatal, no sólo preocupados por su puesto en la lista electoral local y su ámbito de influencia clientelar; si contamos con intelectuales para realizar análisis y diagnósticos políticos no mediados por intereses espurios y que, además, se atrevan a formular propuestas normativas, aportes teóricos que contribuyeran a desarrollar nuestra democracia, que parece vieja por mor del exagerado paternalismo político que hemos padecido y de la delirante mitificación de su génesis, que ha devenido en su parálisis; si, además, ha florecido una sociedad civil pujante que, independiente del Estado, de los partidos políticos y  de confederaciones empresariales y financieras varias (todos empeñados en convencernos de que saben lo que más nos conviene a pesar de nosotros mismos), esté comprometida con la democratización de los diferentes ámbitos de nuestra sociedad: la democracia como punto de partida, no como punto de llegada; proceso inconcluso e inconcluible.

¿Intelectuales en Canarias? No me lo creo.

Ahí radica la duda. O, si somos de natural pesimistas, más bien algo cercano a la certeza: los políticos locales no parecen contar entre la ciudadanía con demasiado predicamento. Su singular concepción de la cercanía (que se limita a la aparición casi diaria en los medios de comunicación), la incompetencia reconocida de muchos y la indigencia moral de otros, además de la larga lista de imputados y de la algo más corta de condenados por la Justicia, se combinan para que se pueda afirmar sin esperar excesiva contradicción que es general el desprecio ciudadano por la clase política canaria. Por otro lado, afirmar que existan intelectuales en nuestra Comunidad resulta aventurado. Al menos, si no los identificamos con los "líderes de opinión" o los columnistas de a destajo, cuya multiplicidad de esfuerzos es encomiable, ya que no la complejidad de sus análisis ni el altruismo de sus fines. Si atendemos a una definición, mucho más exigente, como la de Axel Honneth, la tarea se complica, pues éste introduce una distinción entre intelectuales normalizados y lo que denomina crítica de la sociedad:

"Mientras el intelectual  normativo está ligado al consenso político que se puede considerar expresión de todas las convicciones morales en las que se superponen las visiones del mundo plurales, la crítica de la sociedad está exenta de tales limitaciones porque pretende precisamente cuestionar las convicciones de fondo de ese consenso. Mientras que la crítica de la sociedad puede permitirse exageraciones y parcializaciones éticas, el intelectual de hoy se ve obligado a neutralizar todo lo que pueda sus vínculos ideológicos porque dentro de lo posible tiene que encontrar aprobación en el espacio público político. (...) el intelectual tiene que publicitar su opinión con argumentos hábiles, mientras que el crítico de la sociedad puede intentar convencernos de lo cuestionable que resulta la praxis establecida haciendo uso de una teoría impregnada de ética"(1) 

En este sentido, en nuestra Comunidad ni siquiera nos sobran intelectuales normalizados. Al menos, no aparecen en los medios de comunicación locales, mucho más propensos a proporcionar espacio a los ya mencionados "líderes de opinión" o a los expertos de turno. Ambos, al igual que el intelectual normalizado o mediático, jamás ponen en cuestión el marco  en el que se generan las polémicas del momento. Céteris páribus, encontrarnos a un crítico de la sociedad resulta, por tanto, improbable. 

"Ya estamos en el mapa mundial de..." (y añádase lo que proceda).

Por último, si hay un momento en que la sociedad civil, vía asociaciones ecologistas, plataformas ciudadanas y oenegés de diverso tipo, por ejemplo, estén desempeñando un papel activo y visible (sobre todo, desde el 15-M) es ahora. Otro asunto, sin embargo, es que tal fermento reivindicatorio de la sociedad civil sea trasladable a la mayoría de la ciudadanía canaria, que, como sabemos, fue al igual que la del resto de España instigada a abrazar valores individualistas y consumistas, en sintonía con el credo economicista y neoliberal (con sus valores, entre otros, de competencia, meritocracia y sospecha del Estado social) en estas décadas de democracia constitucional. A falta de comprobación empírica al respecto, tengo la impresión de que la proliferación de protestas por la crisis económica y por asuntos de ámbito más circunscrito como las prospecciones petrolíferas han generado mayor grado de conciencia de la política, en lo que parece haber sido una consecuencia positiva, que no es poco, de aquella crisis.

Me pregunto, en fin, si desde nuestras peculiaridades culturales, históricas y geográficas, si desde nuestra posición periférica política, somos capaces de imaginar nuevas posibilidades de convivencia, de desarrollar nuevos diseños democráticos, de plantear herramientas deliberativas aplicables en una multiplicidad de ámbitos, no solamente institucionales, que puedan tener dimensión nacional. Es posible que para dar una respuesta afirmativa a estas preguntas sea necesario reconfigurar de un modo radical nuestra visión personal y colectiva de la política: formación, participación, deliberación, compromiso. No son sólo los políticos los que deben tener sentido de Estado.


(1) "La idiosincrasia como medio de conocimiento. La crítica de la sociedad en la era del intelectual normalizado", en HONNETH, A. Patologías de la razón. Historia y actualidad de la teoría crítica, Madrid: Katz, 2009. 

De los libros a la participación política

Son días de soledades varias y de tardes inmensas, como avenidas moscovitas. Tardes para leer y para pensar. Algo menos para escribir, me temo...  Una entrada de blog, sencilla, podría ser la enumeración y breves comentarios de lo que llevo leyendo el último mes o año. Por si fuera de interés para alguien más, como para esos sufridos seres humanos que, a despecho de mi estilo y de los temas de los que me ocupo aquí, emplean parte de su tiempo en leerme. Se lo agradezco, y no sólo por vanidad. Respecto de mi capacidad de comprender todos los conceptos, diría que unos cuantos, sí, y, más de lo que creo, muchos no. En ocasiones uno está más receptivo para unos asuntos y enfoques que en otras; a veces, se disfruta de lucidez para abordar problemas complejos, y en cambio, con frecuencia, es imposible pasar más allá de una página sin preguntarse si uno se ha vuelto analfabeto funcional.

De mayor, quiero ser librero.

La desesperación de un lector maduro como yo no es sólo el tiempo que le queda por leer todo lo que querría, sino el tiempo perdido en que no se leyeron aquellos libros cuando más fructíferos podían haber sido. Con la política, pienso lo mismo. La interiorización del pensamiento consumista, individualista y, sí, neoliberal es asombrosa, y sólo se revela cuando se hace un ejercicio de extrañamiento a base de lecturas y conversaciones de cierto nivel intelectual. Debe haberse producido un desarrollo en los juicios y en los valores, un cuestionamiento de usos y costumbres que se haya vuelto sistemático. Al final, todo retorna a la lectura, al estudio y a la reflexión. A continuación, lo leído y lo reflexionado se utiliza en el debate y la discusión. Y volvemos al principio. No es complicado: es cuestión sólo de dos elementos no siempre disponibles: voluntad y tiempo. A estas alturas, uno no lee libros malos. Esa frivolidad no está permitida. Es más, ni llegan a la mesa. Debe de haber un amigo invisible que los tira por la ventana antes de que se perciba su presencia. Los libros son más o menos interesantes, más o menos complicados. Los únicos textos que leo a los que podría calificar de malos por su caída en falacias, errores, frases hechas o simple mala fe son las columnas de opinión de los periódicos, cómo no.

"¡Venga Vd. mañana, hombre!"

En la entrada anterior a esta, me atreví a señalar a algunos de los columnistas locales que me parecían malos (basándome en las características que he señalado), aun a sabiendas, o quizá por eso, que todos los que escribimos en el espacio público estamos expuestos a la crítica por la propia naturaleza de ese espacio. De todos modos, sólo seleccioné un par, a modo de ejemplo. En la prensa local hay unos cuantos más, ubicuos, pertinaces e insufribles, y con sus artículos se podría escribir una enciclopedia sobre falacias en la argumentación. Ahora bien, yendo más allá del artículo o columnista concretos, me arriesgo a afirmar que no es suficiente limitarnos al papel de lector. Me explico: encontrarnos ante un artículo de opinión, leerlo y juzgarlo no es suficiente. También deberíamos preguntarnos quién es esa persona, por qué escribe lo que escribe y, también, quién le ha permitido ese espacio y con qué intención. Esta última pregunta es especialmente relevante en los medios de comunicación tradicionales por su difusión y alcance, por la composición de su accionariado y del consejo de administración que los rige. Me atrevería a denominar este conjunto de preguntas como la desfetichización del columnista/articulista/líder de opinión/caudillo mediático.  Así, uno va abandonando la lectura de los periódicos nacionales por defraudación y se permite el de los locales sólo porque representan un campo de estudio menos normalizado, en el que el fraude intelectual y el contrabando moral son más visibles, como la hilera de hormigas a lo largo del tronco de un árbol. Esa visibilidad se produce, sin duda, por la incompetencia de sus instigadores y perpetradores. Sin embargo, en Internet, en los medios de autocomunicación de masas, esta relevancia se vuelve más tenue: para escribir un blog, por ejemplo, sólo se requieren ganas. Salvo excepciones, el blog individual no llega a tantos lectores como un medio de comunicación (tradicional o digital). Aunque las motivaciones sean inconfesables, el bloguero (y el twittero o instagramero o youtubero) no dispone del prestigio que eventualmente le presta el medio de comunicación a sus empleados y colaboradores.

Tú, cítame. Ya me leerás otro día.

Me atrevería a señalar, antes que lo hagan Vds., que, en la reflexión anterior, echo en falta el concepto de acción. A la lectura y la reflexión, al debate y a la discusión, debería seguir, en algún momento, la acción: la encarnación en el mundo social de aquella transformación moral e intelectual. La exposición en el espacio público es fundamental, condición necesaria. Dicha presencia o irrupción se lleva a cabo de diferentes formas:  sin pretensión de agotar su enumeración, pueden consistir en la presencia en una manifestación, en una toma de postura pública, si se tiene la oportunidad, vía medio de comunicación,  en el ocasional blog personal (como éste) y también en todas esas conversaciones informales con el conocido, la taxista, el portero, la vecina, el farmacéutico, la amiga jueza, el empresario... Sin desterrar todas esas conversaciones amables y corteses que lubrican las relaciones humanas, permitámonos también tiempo para el intercambio de argumentos (momento ideal) o para la discusión, aunque sea acalorada. Los gobernantes autoritarios detestan que la gente normal, la ciudadanía, hable de política. Les parece una especie de usurpación de roles inquietante. Aún mas les molesta,por tanto, que participe en política. Ese sería el siguiente paso.

Está por ver, no obstante, que la traslación a gran escala del debate al interior de los partidos políticos y de los nuevos "movimientos ciudadanos" sea eficaz en cuanto al planteamiento, tratamiento y solución de los problemas que preocupan a la mayoría de los ciudadanos (o no a la mayoría, pero que son relevantes porque afectan a derechos y deberes de minorías). La famosa tensión entre participación y representación, el problema de los grandes números, en definitiva. Las dificultades que surgen en el asamblearismo no son desdeñables, por lo que se requiere la creación de mecanismos y reglas que sin negar la voz al que lo desee (por lo que perdería su razón de ser una democracia deliberativa) sí que permita el filtrado de argumentos relevantes ajustados al caso en plazos razonables (que dependerán de la urgencia). A este respecto, es posible que en una primera fase de participación dichos problemas sean más ostensibles por cuanto que somos una ciudadanía poco acostumbrada a debatir y mucho menos a participar. Hasta hace poco, era de mal gusto hablar de política (y de religión) con extraños (e incluso entre familiares) y se consideraba de buen tono decir que uno "pasaba" de la política. Eso era el sentido común de entonces. La retirada del ciudadano a su vida privada, al ocio y al consumo y, quien tuviera ese espíritu, a los negocios, que se fomentó desde la mitificada Transición, ha conducido de un modo más o menos necesario a la decadencia de la clase política y al cuestionamiento de las instituciones desde el momento en que la economía (en sentido amplio) traicionó los "sueños de prosperidad" de la mayoría de los españoles. Albergo la esperanza de que transcurrido un tiempo, y ya más educados en el toma y daca de argumentos y buenas razones, más acostumbrados al diálogo, en definitiva, la dirección política sea más una cuestión de ajuste y organización de las contribuciones e inquietudes de los diferentes sectores populares que la de erigirse en vanguardia clarividente o paternalista. Queda un largo camino.

Periodismo del bueno

Si no fuera porque les haría una publicidad extra (aunque mínima) que no se merecen, consideraría la posibilidad de dedicar al menos un blog trimestral a aquellos artículos de opinión que, en mi irreductible subjetividad, me han parecido los más ridículos o los más estúpidos. Además,  el esfuerzo de leerlos de principio a fin supone un esfuerzo intelectual tan baldío que no puede llevarse a cabo sin consecuencias; y el tiempo se consume tan rápido que uno  lamentaría llegar a las puertas de la muerte con la consciencia de haberlo desperdiciado con tanta lectura inútil e insatisfactoria. 

Por sus palabras, los conocerán  (foto: Centro Filosófico).

Digo esto porque los dos últimos meses, que, por tradición veraniega, acaparan las noticias más banales y los enfoques más frescos, han sido, columnísticamente hablando (y disculpen el neologismo), bastante pobres. Aún peores que el resto del año, lo cual no deja de ser sorprendente. En mi opinión, el espacio público democrático debería ser variado, profuso, inclusivo y plural, por lo que no me entiendan mal: no propongo vetar a los malos columnistas sólo por no saber escribir, o por no ser capaces de hilvanar argumentos, de no tomarse la molestia de consultar datos ni por tener mala fe: todo lo contrario, propongo su estudio y ejemplo para las generaciones futuras. Éstas sabrán apreciar la multiplicidad de formas que parten de un pensamiento único, monocorde, unívoco, paternalista y arrogante hasta el hartazgo. En el otro extremo, el alternativo, que también existe, han aparecido, sobre todo en los medios de comunicación digitales, columnistas de izquierdas, cuyo discurso representa la otra cara del maniqueísmo  institucionalizado, que, aunque no lo quieran creer, refuerza el statu quo de las opiniones sensatas. El  espécimen que más me fastidia lo representa el sociólogo político progre, quien encubre su pereza intelectual con un andamiaje de pensamiento prefijado y que abjura del análisis del caso concreto. En los nuevos medios hay unos cuantos: les dejo a su elección cuál será para Vds. la Némesis del argumento lúcido.

En los medios tradicionales de ámbito provincial, como los que se editan, sin ir más lejos, en Canarias, es chocante leer a Catedráticos de Filosofía asegurando que los españoles tienen una esencia y que en nuestra idiosincracia duerme, al menos, una de las dos Españas, lista para despertar y abalanzarse con ánimo iracundo sobre la otra. O a un ex director de periódico pontificando sobre los nuevos partidos, que, a su docta mirada, no son sino "berlusconismo bolivariano", o improvisando sobre cualquier otra cosa con la misma mirada miope y con la misma torpeza impotente. ¿Se pregunta uno cómo fue posible que dirigiera alguna vez un periódico? No, más bien constata que el autodidactismo está sobrevalorado. Otro periodista de radio y prensa otea el horizonte y se pregunta en qué asunto va a dignarse a inocularnos una dosis de periodismo de investigación del bueno. Ya llegará a las conclusiones que hagan falta. En otro medio local, esta vez una emisora de televisión, un individuo alcanza fama nacional por insultar a todo aquel que le apriete el resorte de la indignación patriotera. Ejemplos los hay por decenas. En todo caso, no debería resultar chocante ni irrespetuoso el exigir que, como principio básico ético, ese periodista, columnista, tertualiano o analista político sobrevenido que se muestra a favor de tal o cual asunto, diera a conocer, primero, su grado de mediatización. No se puede apoyar el Womad, el Festival de Música, de Teatro o de Cine, subrayando lo bueno que son para la Cultura y blablá, sin explicitar que se ha tenido o se tiene relación laboral con la organización, o que ésta le paga los gastos de viaje y hotel y, además, le proporciona entradas VIP. No vale, en términos democráticos, que se intente construir un consenso ficticio en los medios acerca de las bondades de un Mundial de baloncesto o de la necesidad de un pabellón de deportes de 50 millones de euros porque nos va a situar en el mapa mundial del deporte sin que aparezca ninguna opinión disidente. Tampoco, salvo unanimidad nunca vista en sociedades humanas, que ese supuesto consenso oculte las miserias de los grandes proyectos empresariales: parques recreativos, acuarios, zoológicos, casinos, etc., esa disneyficación del territorio que disfraza la falta de provisión de servicios al tercio de la población que nunca cuenta. 

Te están disneyficando, y lo sabes.

El periodismo no es re-publicar una nota de prensa, ni reproducir la frase del político o del empresario que pone publicidad en el medio de comunicación, sino preguntarse qué hay detrás de aquellos proyectos, de las repercusiones en el territorio y en los ciudadanos, del rédito político y económico... En definitiva, que un periódico apoye o no a un Ejecutivo en función de la asignación de emisoras de radio o televisión o de la subvención encubierta vía publicidad, que se exalten las bondades del visionario empresario que se sienta el consejo de administración del medio no deja de ser engaño, fraude y manipulación en y del espacio público. No seré original al hablar de un verdadero "secuestro". No digamos nada de las grandes batallas ideológicas o de lucha por la hegemonía política en las que los medios de comunicación desempeñan un papel de primer orden que, acudamos a la Historia, no ha sido por lo general el de apoyar a los pobres, a los excluidos, a las minorías, sino, salvo excepciones, el de reforzar el sistema imperante de poder. El dinero y el poder lo son todo para gran parte de los actores del espacio comunicativo de nuestro país.

Soy una eminencia: salgo en este blog (Wiki).

Hablo en serio: el espacio del libre intercambio de ideas en Democracia debería ser mejor que eso. No es necesario tanto la sabiduría como la humildad, tanto la arrogancia del especialista como la propensión al aprendizaje. Seguro que tenemos derecho a dar a conocer nuestras opiniones, pero mucho mejor sería escuchar y ofrecer argumentos razonados y coherentes. No abogo por implantar a despecho de la realidad las condiciones ideales del diálogo habermasiano, ni pasar por alto las relaciones de poder, dominio y explotación, ni hacer abstracción de los diferentes valores y visiones del mundo que luchan por la supremacía en nuestra sociedad. Es, si el interés del bien común constituye el eje que vertebra nuestra concepción de lo político, luchar por que las aportaciones de todos los sectores de la sociedad puedan expresarse y oírse. No soy ni mucho menos el primero que considere que la univocidad del discurso no sólo redunda en el empobrecimiento político y moral de la comunidad, sino que puede llevarnos a un callejón de salida epistémico, por el que buenas soluciones a problemas nuevos están condenadas a su invisibilidad, sofocadas por la densa red de medios de comunicación serviles con el régimen y por los intelectuales, expertos y periodistas acríticos a los que se les dota de ubicuidad expresiva en el seno de aquellos. 

Cuando uno oye hablar tanto de la necesidad de "un nuevo proceso constituyente", es difícil evitar la tentación de querer otro paralelo para los medios en España. En ese sentido, no deja de parecerme positiva la aparición, ya hace unos años, de lo que Manuel Castells denomina "medios de autocomunicación de masas": todos esos contenidos de texto, audio o vídeo que cualquier persona puede volcar en la red y difundir a su lista de contactos o de manera masiva, sirviéndose de redes sociales o de sitios web de volcado y compartición. Aunque algunos periodistas (incluyendo a sus directores) se quejen del "intrusismo" o del "amateurismo", lo que parece claro es que en este "Babel polifónico", la confusión y la dispersión son el menor precio a pagar por la libertad de expresión y de información. No es la tradición del periodismo en nuestro país, salvo las obligadas excepciones de rigor, una a la que pueda apelarse para que sirva de norma ética y democrática ni para que estructure nuestra realidad, a la vista de lo que leemos y padecemos cada día.

El caballo de Troya en los medios de comunicación

Al menos un dilema de carácter moral debe formularse de entrada todo aquel que aspire a participar en la esfera pública en calidad de experto o de intelectual. Un dilema que surge, sobre todo, cuando pretende participar de modo regular en uno o más medios de comunicación. ¿Debe cobrar por participar en un debate o tertulia en un medio comercial o, por el contrario, debe limitarse a exponer su visión de la sociedad y su -en el caso de que la haya- crítica, despreciando todo tipo de remuneración? 

Por un lado, el medio de comunicación comercial, es decir, no público, con accionariado privado y, al menos en teoría, independiente tiene varios objetivos no excluyentes: ganar dinero para retribuir la inversión de sus accionistas y asegurarse su supervivencia, conquistar una posición influyente en la esfera pública que le otorgue capacidad negociadora con el gobierno de turno (este objetivo no es obligatorio, pero sí común entre los grandes medios, que suelen pertenecer a grandes holdings) y propagar una cierta visión del mundo de acuerdo con sus intereses o su ideología (la de los dueños). Es una empresa con ánimo de lucro y que, por tanto, opera con la lógica competitiva que le es propia. Por otro lado, y ya introduciéndonos en la retribución monetaria de empleados y colaboradores, no es extraño que en la parrilla de programación de una radio, por ejemplo, el conductor de un programa cobre un "extra" por gestionar la publicidad que se emita en él. Así, el periodista cobra, los técnicos cobran (salvo los becarios en su nueva modalidad de indigencia) y la empresa gana dinero (al menos, idealmente), pero quien aporta un  diferencial, quien en este caso ya sea experto o intelectual aporta un contenido más allá de la mera opinión, suele ser el único que no cobra, a pesar del enorme costo y esfuerzo que dicha formación ha supuesto a lo largo de la vida. 
(Nota: en el nuevo paradigma económico-mediático, no es raro encontrar a periodistas que no cobren, o que cobren por debajo del salario mínimo.)

Los presentes griegos no pasan de moda (Foto: Wikipedia)

Es evidente que no toda remuneración ha de ser monetaria. Hay otras retribuciones intangibles que también cuentan: la visibilidad en la esfera mediático-pública y los contactos con otros expertos, políticos y periodistas, sobre todo. Pero, ¿cuál es el fin, en todo caso, del intelectual que participa en la esfera pública? ¿No es, acaso, poner en duda el mismo marco político en el que actúa políticamente, el mismo marco comunicativo en el que interviene? No, si aceptamos la diferenciación que hace el filósofo Axel Honneth entre intelectual y crítico social. Resumiendo, el primero se encargaría de opinar sobre temas de actualidad, más o menos acuciantes, sobre los que se le pide su opinión ya en calidad de técnico experto, ya en calidad de su prestigio académico sociológico o periodístico. Es, en todo caso, una crítica en el sistema. El segundo bien puede hacer lo mismo, pero está más preocupado por poner en cuestión los mismos fundamentos del sistema en que se ha generado dicha polémica o asunto. Intenta hacer visibles, y así los pone en el disparadero, los valores, pensamientos y hábitos inconscientes sobre los que elaboramos nuestros juicios, ese habitus del que hablaba Bordieu.  Si hablamos, entonces, del crítico social, ¿no debería llevar a cabo su actividad crítica de modo, si no altruista, sí despreocupado por la remuneración y cualesquiera otros beneficios de tipo personal que pudieran derivarse de esa intervención en la esfera pública? 

La posibilidad de ser un caballo de Troya que, desde el interior de los medios, pudiera reventar el sistema aparece como una posibilidad tentadora, aunque quizá un tanto megalómana, por la dificultad de la empresa, sobre todo para una sola persona. Además, ¿acaso el percibir una remuneración por una actividad intelectual crítica es en sí mismo una mancha en el prestigio del crítico social o del mensaje que se intenta transmitir? Se podría pensar, por un lado, que si dicho crítico social cobra de un medio por participar, no es ilógico pensar que su discurso podría resultar sesgado o manipulado. Sin embargo, eso que puede ocurrir con un empleado de la empresa o incluso para un intelectual de la casa no rige para alguien a quien se le paga precisamente para que dé una opinión como sólo el crítico social puede dar. Por otro lado, también podría justificarse la aceptación del pago por la doble ironía que ejercería ese crítico: ¡no sólo procura dinamitar el sistema desde dentro sino que cobra por ello!

Intelectuales, críticos sociales... ¡No son lo mismo! (Wikipedia)

Sea como fuere, a nadie se le escapa que la actual eclosión de debates y tertulias políticas en los medios de comunicación responde, por un lado, a la difícil situación de nuestro país en todas las áreas y, por otro, a la gestión mediática que del conflicto ideológico se hace, en forma de espectáculo. Los debates tienen audiencia y, por tanto, terceras empresas están dispuestas a pagar por insertar sus anuncios. Salvo que se disponga de un medio de comunicación propio o, al menos, de un programa, el intelectual y el crítico social se acomodan al marco mediático existente, sobre el que no tienen control ni dirección algunos, salvo en los momentos en que se les concede la palabra. Por ello, de alguna manera, por muy caballo de Troya que uno pretenda ser, de algún modo está colaborando en el mantenimiento del statu quo. Su misma presencia -crítica incluida- tiene esa doble faz.

Ni consenso ni nada: democracia agonística.

¿Cuál es entonces la alternativa? Una posibilidad que debe introducirse en las discusiones es la de facilitar a la sociedad civil los instrumentos comunicativos básicos para que ciudadanos particulares y colectivos tuvieran también oportunidad de exponer sus ideas y reivindicaciones. Eso podría hacerse mediante la creación de plataformas de comunicación públicas, pero sin intervención estatal de contenidos (salvo, quizá, las atentatorias contra los derechos humanos o manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales de la Carta Magna) en el que los colectivos más invisibilizados tuvieran presencia; espacios en los que ciudadanos competentes en su materia pudieran también hacerse oír. Que todo ciudadano preocupado por la política pudiera, en definitiva, expresarse y ser escuchado. El panorama actual es que sólo unos pocos pueden participar en la esfera pública y ejercer cierta influencia. Se da el caso que los mismos que tienen tribuna propia, como los directores de periódicos, además disfrutan de la posibilidad de participar en otros medios como en las radios y en las televisiones. Además, los columnistas de a diario nos sermonean desde sus púlpitos, y los así llamados líderes mediáticos pontifican de todo sin posibilidad de ser cuestionados.

En un sistema democrático-deliberativo, sin ninguna aspiración a llegar a un consenso político definitivo, pero precisamente por ello, resulta indispensable no circunscribir el debate a unos cuantos elegidos. La aportación de voces, visiones, conocimientos y valores hasta ahora fuera de la esfera pública no puede sino tener por consecuencia un enriquecimiento de la democracia. Dicho sistema tendría una doble vertiente epistémica y moral que lo  legitimaría de un modo que nuestro actual sistema liberal representativa nunca alcanzará. Quizá entonces, la discusión de cobrar o no cobrar carecerá de sentido.

La redemocratización de España

Hace unos diez años, en los dorados días del primer gobierno de Zapatero, se podía tener la impresión de que España, por fin, había encontrado la paz social e institucional: los partidos mayoritarios eran mayoritarios, las instituciones vertebradoras del régimen eran, en general, respetadas, y la economía iba bien, o eso nos decían. Aunque el índice de Gini durante esa época no se redujo de manera sustancial, la clase media de nuestro país se iba a hacer compras a Dublín o pagaba a plazos su viaje exótico a Tailandia. En aquel entonces, aunque las bolsas de pobreza ya eran ampollas, a nosotros, los miembros de la clase media, nos resultaban más bien indiferentes. Se coleccionaban vivencias sin reflexión y comprar joyas de lujo por Navidad era casi una obligación. Hasta la selección española de fútbol ganaba Eurocopas y luego un Mundial. Los más atrevidos, compraban pisos a créditos y los revendían poco después con una importante plusvalía. A las clases medias les habían proporcionado crédito, y a las bajas, empleo en la construcción. Sin duda es un dibujo apresurado, pero ¿quién no era feliz?

Sin embargo, llegó 2008 y la crisis. Y luego, 2010: el presidente del Gobierno bajó los sueldos de los funcionarios. En 2011, en 24 horas pactó con el líder de la oposición la modificación de la Constitución por la que se incluía la prioridad del pago de la deuda pública. Según él, para calmar a los mercados, pero, afirmó, sin que nadie le presionase. Cosas más fáciles de creer, hay, no obstante. Un año después, el nuevo presidente provocó, a través de la reforma laboral, la rebaja de salarios, o, en su jerga, "devaluación competitiva". El caso es que entre uno y otro, entre bajada de sueldos y subida de impuestos directos e indirectos, la inmensa mayoría de los españoles vio disminuida su capacidad adquisitiva, si es que no había perdido su puesto de trabajo. Rozar el 30% de paro o el que uno de cuatro niños se encuentre en situación de riesgo, mismo porcentaje que las familias por debajo del umbral de la pobreza, son datos macroeconómicos que sólo con palidez reflejan la desgraciada situación de esa parte de la ciudadanía excluida y abandonada. La democracia liberal representativa parece incapaz de dar cauce a las demandas ciudadanas de solución de problemas y de expresión de inquietudes.

El actual presidente del Gobierno, sin duda (foto:ABC).

A partir de entonces, para aquellos como yo que abogan por la implantación de la democracia deliberativa en las instancias políticas de decisión,  se abre una nueva época: los ciudadanos, hasta entonces en una gran proporción apáticos y desinteresados de la política, dedicados a sus asuntos privados y al consumo como forma de relacionarse con el mundo, comenzaron a interesarse por ella. Se pasó del elogiado "la política no me interesa" al cuestionamiento de todo lo que apareciese en su horizonte: número de diputados, sueldo de los diputados, número de funcionarios, el clientelismo político, las comisiones ilegales, los grupos de interés, los pagos en diferido a compañeros de partido que después no lo eran, los sindicatos, los liberados, los cursos de formación, las cajas de ahorro, el sistema electoral, el sistema bancario, el sistema de mercado, el trabajo remunerado de los expresidentes del gobierno de España, los consejos de administración de las empresas energéticas, la monarquía, la campechanía, etc., etc. Es decir, pasamos de ser, en su mayoría, ciudadanos satisfechos con la sociedad en la que vivíamos y con el régimen político en el que nos desenvolvíamos a ser una mayoría empobrecida, cuando no desgraciada, permanentemente irritada y enfadada, de súbito consciente del sistema, del régimen y del gobierno.  En 2010, el 15-M había sorprendido por la aparición espontánea de un asamblearismo callejero y juvenil que arrastró en su indignación a ciudadanos de todas las generaciones e, incluso, de diferentes tendencias políticas. En 2011, el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta. Después, aparte del desencanto, el pasmo por el cinismo de la actuación de los políticos de los diferentes partidos y la repentina conciencia de que Europa había pasado de ser una ilusión a convertirse en una amenaza. 

Defienden la estabilidad institucional.

Esta última época, además, se ha caracterizado España por la llegada del posmodernismo a la democracia. La época de los grandes metarrelatos histórico-políticos acabó. Sobre todo, el de la "modélica transición". El relato paternalista de los grandes partidos (PSOE y PP) sobre la época de transición del tardofranquismo a la temprana democracia ha dado de sí todo lo que podía. Gran parte de la ciudadanía, ya sea por prurito intelectual propio, ya sea por el descreimiento que se produce tras el incumplimiento de tantas promesas, ha dado por amortizada las justificaciones del sistema político provenientes de los acuerdos de aquellas fechas. La ciudadanía de hoy, mucha de la cual ni siquiera había nacido entonces, tiene, sociológicamente, poco que ver con la del sexenio 1975-1981. El prestigio de los padres de la Constitución, si alguna vez lo tuvo, resulta hoy en un día poco más que un tópico casi inutilizable, al igual que el concepto de consenso. Los Pactos de la Moncloa, antaño casi un hito histórico revestido de un aura sagrada se han convertido en sinónimo de renuncia. Lo que en su momento se hizo pasar por pragmatismo y generosidad de los principales partidos de izquierda (PCE y PSOE), a la luz de la nueva historiografía nos hemos dado cuenta de que no era más que tacticismo egoísta y miope, por el que los propósitos de ruptura democrática quedaron orillados por anhelos de gobierno, en un caso, y pesadillas de marginalidad, por otro.

Los medios de comunicación: momento típico (foto: Banksy).

En la actualidad, la aparición de nuevos partidos coincide con la decrepitud de los antiguos. La democracia representativa ya no se considera el culmen de la democracia sino que se esgrimen propuestas de democracia directa y deliberativa. Resurge con fuerza la frase de Hannah Arendt: "O la libertad política, en su acepción más amplia, significa el derecho "a participar en el gobierno", o no significa nada". República o Democracia, Madison o Pericles, Monarquía Constitucional o cualquier otra cosa. Los intelectuales ad hoc, los sociólogos a sueldo de las empresas de sondeos de opinión, los columnistas del sentido común de los grandes diarios, los novelistas metidos a intelectuales porque sí y los caudillos mediáticos están desconcertados: los nuevos fenómenos políticos se escapan a sus conceptos heredados y a su visión retrospectiva. El bipartidismo se antoja sinónimo de acuerdos entre bambalinas y de asfixia de la democracia. Además, todos aquellos que consideraban que llevaban en su mano la antorcha del estadismo constatan que, de repente, sus otrora respetados mensajes y galvanizadoras proclamas se consideran antiguos, cuando no sesgados. Por otro lado, es curioso observar cómo el declive de las instituciones políticas clásicas corre paralelo a la decadencia de los grandes medios de comunicación  escritos. El modelo mediterráneo, en su versión española, del sistema mediático agoniza por la estrecha imbricación de aquellos. Medios públicos y privados compiten por la degradación intelectual, la manipulación política y la falta de vergüenza por la calidad de sus espacios. Las sinergias aparejan, a veces, el contagio. Muchos se refugian en explicaciones estéticas o de modales, en la condena de la mala calidad de la esfera pública o en la estabilidad que se supone la transmisión hereditaria de la jefatura del Estado. El discurso institucional está viejo y raído. Esta época, si se caracteriza por algo, es por la voladura de conceptos y de consensos impuestos por las élites. 

No tardemos tanto.

Es difícil imaginar por qué algunos siguen apostando por la continuidad casi sin matices de la actual forma de resolver los problemas colectivos, es decir del actual sistema político y de sus usos y costumbres, por qué otros siguen considerando que los escrúpulos morales no son más que la servilleta con la que uno se limpia tras el banquete, por qué líderes y referentes políticos siguen empeñados en sostener ideas que día a día demuestran su inoperancia, si no es por el mero ejercicio del poder. Por qué, si el paisaje que se vislumbra tras la política de continuismo y supuesta estabilidad es un país degradado, una ciudadanía desarmada y un estado casi fallido. Corremos el riesgo de que las débiles estructuras democráticas con las que contamos se conviertan en estatuas de arena que desmenuzará el viento de la Historia.

 No pretendo que se me entienda todo lo anterior como la enunciación de un decurso fatal de acontecimientos, en una suerte de hegelianismo inverso en el que el espíritu de los tiempos, en vez de reencontrarse consigo mismo queda aniquilado. Es, más bien, señalar que vivimos un momento que representa un hito histórico, en cuanto viejas formas de la política podrían verse sustituidas por otras más democráticas, es decir, más participativas y deliberativas. Nuevas formas de asociacionismo político y social comienzan a ensayarse: seamos osados. Podríamos tomarnos el trabajo, dada su trascendencia, de llevar a la práctica ensayos en todos los niveles posibles para resolver la tensión entre representación y participación, entre deliberación y eficiencia en la dirección y ejecución, ya sea desde la concejalía de un ayuntamiento hasta la consejería de un gobierno autónomo,  ya desde el grupo de gobierno de la alcaldía hasta el Ejecutivo del país. El empoderamiento intelectual y político de la ciudadanía resulta, además, imprescindible si queremos afrontar con ciertas posibilidades de éxito la oposición de aquellos grupos de poder que hasta ahora han tutelado el sistema para que funcionara a su conveniencia. Un sistema en el que se ha cronificado la desigualdad interna, la marginalidad y la precariedad, y ha permitido que una parte de la población esté permanentemente excluida de la vida política y otra sobrerrepresentada en la toma decisiones y que disfruta de la mayor parte de la riqueza. Hay alternativas, demandémoslas.

Absoluta normalidad

Este absurdo titular (resaltar la normalidad) solía encabezar la noticia comodín por antonomasia tanto de los medios de comunicación como de los portavoces políticos durante y tras una cita electoral. Imagino que en los albores de la democracia en nuestro país, ante la alargada sombra de los militares y las bombas de ETA, resaltar que la votación se llevaba a cabo sin sobresaltos constituía una buena noticia. Varios lustros después, el efecto me resultaba más bien siniestro. "¿Por qué no iba a a haber normalidad?", me preguntaba, cuando era más joven y todavía más ingenuo. Luego, por la tele, veía al anciano en silla de ruedas, a la monja, al pijo, a la punky, al rico y al pobre, todos en disciplinada fila hacia la ansiada urna: la fiesta de la democracia, para repetir otro tópico que, a fuerza de repetirlo, ha terminado por convertirse en una caricatura que ya sólo se pronuncia si es con ironía.

¿Anormalidad democrática?

En esta ocasión, y tras los resultados de estas elecciones para el Parlamento Europeo, justo lo que se destaca es la anormalidad, la irregularidad, la singularidad y el elemento estrambótico o friki. Pero no hubo amenazas de bomba, ni quema de urnas o de colegios electorales. No se produjeron altercados dignos de mención, salvo algún posible insulto, falta de papeletas o cosas así. Pero la absoluta normalidad no ha sido merecedora de titulares de ni ha servido de refugio retórico en la vacuidad del habitual discurso oficial. Como los partidos tradicionalmente mayoritarios han perdido la mitad de los votos y alrededor de un 25-30% de los diputados, los medios de comunicación (también tradicionalmente "grandes") no han considerado normal la cita electoral.

España tiene esencia, que lo sé yo (foto: El diario.es).

Por otro lado, la entrada (a los medios les gusta la palabra irrupción) en el Parlamento Europeo de fuerzas políticas que, al menos en España, quieren comenzar la discusión desde más atrás, es decir, que el debate no parta de premisas ya dadas como la moneda única, las instituciones que ya existen fuera del control democrático como los bancos centrales, o la obligación de pagar la deuda en primer lugar por mandato constitucional, por ejemplo, han provocado de inmediato su calificación como "populistas", "radicales", "extrema izquierda" y demás lindezas. Es llamativo, si se hace un ejercicio de extrañamiento, que la puesta en cuestión de los asuntos centrales que marcan el devenir de nuestras sociedades sea merecedora de epítetos de esa naturaleza. Ante todo, porque da la impresión de que proteger a los ciudadanos, no sólo en su dignidad y autonomía, sino incluso en su mera supervivencia orgánica, no resulta, para muchos, la prioridad de un Estado. Parecería, y aquí sin duda me aventuro, que para los portavoces políticos y los habituales caudillos mediáticos, España  consta de una esencia que debe perdurar, aun a costa de los miembros que la componen. Esa esencia de la españolidad sería un trasunto del Espíritu hegeliano que se desplegaría en la historia, y la vida de las personas que participan de esa esencia carecerían, naturalmente, de importancia. Ese espíritu se encarnaría en las cifras macroeconómicas, en el PIB o en las exportaciones, en la deuda del Tesoro, en el número de turistas que visitan el país, en el balance de los bancos o en la fiesta nacional, las matanzas de toros. Como dijo una conspicua política, "España tiene 3.000 años de historia". Por qué íbamos a preocuparnos, pues, de las personas, que viven tan poco.

Los que consideramos que España, o cualquier otra comunidad en general, carece de esencia y destino histórico alguno salvo el que decidamos colectiva y mayoritariamente los ciudadanos; los que nos oponemos a que una minoría imponga de modo más o menos velado su visión de la sociedad y su discurso político no podemos sino alegrarnos de que el descontento popular haya encontrado plataformas  en forma de partidos que, al menos en parte, representaran sus aspiraciones. Abogar por la democratización de las instituciones, por la participación de la ciudadanía en la política o por la transparencia de las cuentas publicas no deberían ser, a estas alturas, motivos de preocupación, sino de anhelo. A riesgo de volverme otro analista político más de batín y zapatillas, me inclino a pensar que, por el contrario, la subida de un partido como el Frente Nacional en Francia se debe a que los ciudadanos indignados y descontentos (y sí, con poca memoria histórica) no han encontrado ninguna opción mejor para expresar su rechazo al sistema político actual y sus reglas de juego. 

Nos hemos cansado estos meses de leer y oír a comentaristas políticos, periodistas de todo pelaje y sociólogos entusiastas del statu quo alertándonos del peligro del populismo, de la demagogia, de la amenaza a la estabilidad que supondría la quiebra del bipartidismo... Ellos mismos nos han glosado las bondades de la modélica transición, de la Constitución, del liberalismo (tal como entienden ellos), del sistema de partidos, de las instituciones de la democracia española y de la suerte que tenemos de vivir aquí, de tal modo que daban a entender que la actual crisis política, si entendemos por tal la desafección ciudadana hacia esos mismos partidos e instituciones, se debía casi de modo exclusivo a la incapacidad de la ciudadanía para entender el sistema político que nuestros padres de la patria habían tenido a bien regalarnos y que tanta estabilidad y prosperidad nos habían proporcionado. El idealismo de esta sociología de think tank de medio pelo y la miopía de estos expertos en marketing político se habían conjugado para intentar imponer resignación y conformidad, ya que no aprobación, en las mentes de los potenciales votantes. Ante las dimensiones de la crisis económica y la incapacidad de los sucesivos gobiernos para hacerle frente, la consiguiente crisis de legitimidad y las protestas ciudadanas, las direcciones de la mayoría de los partidos políticos y de los medios de comunicación se han mostrado, en esta línea, incapaces de entender la magnitud de los cambios en la concepción de la política y de la sociedad de gran parte de los españoles.  Sus propuestas se han limitado, en resumen, a proponer una abstracta "regeneración ética" y una "mejora en la comunicación con los ciudadanos".

Podríamos sugerirles que reformularan su idea de democracia; que ésta no es necesariamente sinónima de permanente estabilidad o de consenso. Democracia también es renovación, disenso, crítica hiperbólica, aspiraciones nunca colmadas, lucha por el reconocimiento, ideales contrafácticos, horizontes utópicos, incluso crisis, por qué no... Ni el bipartidismo conlleva plenitud democrática ni la fragmentación parlamentaria tiene que conducirnos a un Estado fallido más de lo que es ahora. Quizá deberíamos recordar que la democracia consiste en la participación ciudadana en los asuntos públicos, y urgir a los ciudadanos y a los así llamados líderes a imaginar un sistema que suponga más que la alternancia de ciertas élites en el poder y el ritual de unas elecciones periódicas que supuestamente indiquen las preferencias egoístas de los ciudadanos. Por qué no aspirar a una democracia en la que el interés y la manifestación de tales preferencias se guíen siempre por la idea del bien común, por muy diferentes que sean nuestras formas de pensar, sentir y creer. Aspiremos a la grandeza, sí, aspiremos a la democracia.

Hacia otro modelo de medios de comunicación

No se puede  negar que el subtítulo de este blog haya tenido poco que ver con su contenido: salvo alguna excepción, la mayoría de los posts  han versado sobre política y sobre medios de comunicación. O, para ser más exactos, sobre política y medios de comunicación. Si bien estoy abierto a hablar de todo lo que me parezca, mis preocupaciones y mis lecturas me han llevado, de manera indefectible, a hablar sólo de lo que conozco un poco. Mi conocimiento de los asuntos que he tratado dista de ser exhaustivo, pero, al menos, creo que he contribuido, sin ser tampoco demasiado original o clarividente, a poner palabras a algunas de las intuiciones de mis lectores. Todo sea, en definitiva, por contribuir al debate en la esfera pública y a poner en práctica cierto ideal de civilidad y de ciudadanía, por el que me siento impelido a poner de manifiesto mis ideas en asuntos que considero son de interés de todos. El famoso ideal del bien público, puesto en cuestión de modo continuado por liberales y procedimentalistas políticos, que comparten una visión del mundo que privilegia el atomismo social y la persecución individual de los objetivos,  se resiste a desaparecer.

¡Las razones públicas son lo mío!

Sin duda, uno de los elementos constitutivos de la mentada esfera pública lo forman los medios de comunicación. Desde un punto de vista normativo, contribuirían a filtrar tanto por calidad como por pertinencia los asuntos de trascendencia política. Así, los medios realizarían esa traducción de los contenidos informales de aquellas discusiones y problematizaciones planteadas por los ciudadanos de tal modo que fueran recabados por aquellas instancias de discusión política formales, como los parlamentos. Del mismo modo, los medios no sólo ejercerían esa labor traductora, sino que ellos mismos, y desde la atalaya privilegiada que les proporciona su prestigio, visibilidad  o ubicuidad ejercerían aquellas críticas y reflexiones inherentes a cualquier sociedad plural y democrática. Asimismo, prestarían ese mismo espacio a aquellas personas o colectivos que, por fuerza de tradiciones o prejuicios hasta entonces incuestionados, se encontrasen marginados o invisibilizados y requiriesen de una plataforma desde la cual propugnar cambios sociales y políticos que los situaran en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía. Dentro de un marco sólido de protección a los derechos individuales, propio de cualquier sistema liberal, podrían de este modo fomentar el desarrollo de valores democráticos, entre ellos el de la participación ciudadana en el gobierno de los asuntos públicos.  Esta última afirmación es discutible, no obstante. Muchos podrían contentarse con la primera parte (marco de derechos y libertades individuales) sin entusiasmarse por la segunda (participación en los asuntos públicos). 

Es por ello por lo que centro la atención en los medios de comunicación. Si consideramos que los debate, las discusiones, las problematizaciones y las polémicas que se generan de manera informal en la sociedad resultan fundamentales para que las instancias más formales de legislación y ejecución se centren en los problemas de sus representados, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental, a modo de nodos distributivos de información sin los cuales la comunicación entre los ciudadanos y sus representantes políticos sería harto más problemática. Hasta aquí, sin embargo, el deber-ser. El es se presenta en conflicto con el ideal normativo de un modo que debería eliminar la condescendencia o resignación que se suelen mostrar cuando se compara la realidad con el ideal.

¿Se ven bien los libros..? (foto: Reuters)

Me explico: en épocas inestables como la actual, tanto a izquierda como a derecha, es decir, bien los partidos que representan valores políticos liberales (con sesgos tradicionalistas o sin ellos), bien los socialdemócratas (que enarbolan como bandera la preocupación social, con sinceridad o sin ella),  suele ser tendencia la postura que aboga por limitar los derechos de manifestación y expresión públicas, ya sea la manifestación callejera, ya sea el control más o menos evidente de los medios de comunicación. En este último caso, la historia de nuestro país muestra a las claras el papel central del Estado (y, por tanto, el del partido político que ocupa el Ejecutivo) ya no sólo en la repartición de frecuencias de radio y televisión sino la intromisión más o menos sutil en su gestión.  Así, los medios afines se empeñan en propagar los mensajes de arriba abajo, desde el poder estatal (y empresarial) a la ciudadanía. Son cómplices no sólo de políticas determinadas del gobierno de turno, sino de una concepción de la sociedad que dista mucho de ser justa e igualitaria. A su vez, aquellos medios dominados por la oposición política han desempeñado un papel de acoso y hostigamiento al gobierno no siempre fundamentado en buenas razones sino en perspectivas estratégicas de asalto al poder. 

Una de las explicaciones de este estado de cosas es que los grandes medios de comunicación, al ser intensivos en cuanto a capital son inevitablemente propiedad de grandes empresarios o de enormes e, incluso, transnacionales conglomerados corporativos cuyo interés es de modo primordial el beneficio económico y la influencia política, en cuanto esta última tiene de repercusión sobre el primero. El bien público, el interés general y la democracia son conceptos ajenos a la lógica empresarial y, en demasiadas ocasiones, a la partidista. El interés económico y la búsqueda de poder son objetivos de suma importancia, en aras de los cuales casi todo lo demás es sacrificable, según marquen las circunstancias y la conveniencia.

¡Oh, el poder!¡Oh, los medios..!

A este respecto, y a modo de contrapunto, es digna de señalar la proliferación de periódicos y radios digitales. La red evita esa enorme inversión de capital, con lo que hasta cierto punto se democratiza la comunicación periodística, entendiendo este proceso como una más amplia accesibilidad de ciudadanos en general y periodistas en particular a la fundación de medios de comunicación y a la creación de plataformas de expresión no sujetas a las imposiciones empresariales o políticas. No obstante, aunque menor, la inversión resulta siempre imprescindible. Además, la potencia de ese amplificador que es el medio de comunicación en Internet resulta, por el momento, mucho menor que la de los periódicos o radios tradicionales. Por otro lado, es difícil refutar aquella afirmación que sostiene que los nuevos medios no están interesados en hacer un periodismo nuevo, sino que perpetúan los clichés y los prejuicios de los tradicionales, pero en otro formato. Lo que se gana en pluralidad, se estanca en la visión del mundo, de la política y del periodismo. Siguen siendo excipientes de las riñas inter o intrapartidos y mantienen la búsqueda de espectacularidad por encima de otras perspectivas.

Con esto no quiero decir que haya una forma de interpretar el bien común. Distintas concepciones del mundo y diferentes valores, propios de las sociedades pluralistas, hacen imposible el consenso, y menos de manera permanente. Aun como referente normativo, resulta difícil imaginar esa situación ideal del diálogo habermasiano  y todavía menos ese consenso final obtenido por la prevalencia del mejor argumento, aunque le atribuyamos esa naturaleza falible a la que alude el filósofo alemán. Más intuitiva resulta la concepción agonística de la esfera pública, a la manera explicitada, por ejemplo, por Chantal Mouffè. Sin embargo, cada uno desde sus posiciones, sí que debería ser posible que hubiese un acuerdo de principios sobre los fines: la salvaguarda del bien común mediante una suerte de consenso traslapado o entretejido sobre los medios o procedimientos para ello. En fin, de igual modo se podría argüir que el debate podría comenzar un paso más atrás: ni siquiera el marco constitucional está libre, y con razón, de la polémica, por lo que parece que en primer lugar habría que llegar a un acuerdo sobre él. Acuerdo que no debería gestarse sólo en los despachos de los partidos políticos porque, de lo contrario, obtendríamos otra versión del mismo sistema que ha demostrado su insuficiencia.

Así las cosas, parece necesario replantear en gran medida el paradigma actual de los medios de comunicación. Es posible que su reforma o su creación sobre la base de principios bien diferentes se impongan como imprescindibles para salir de la confusión política existente, invertir la tendencia de desafección ciudadana hacia las instituciones y cuestionar las prioridades económicas que, en gran medida, explican las dos primeras.