Absoluta normalidad

Este absurdo titular (resaltar la normalidad) solía encabezar la noticia comodín por antonomasia tanto de los medios de comunicación como de los portavoces políticos durante y tras una cita electoral. Imagino que en los albores de la democracia en nuestro país, ante la alargada sombra de los militares y las bombas de ETA, resaltar que la votación se llevaba a cabo sin sobresaltos constituía una buena noticia. Varios lustros después, el efecto me resultaba más bien siniestro. "¿Por qué no iba a a haber normalidad?", me preguntaba, cuando era más joven y todavía más ingenuo. Luego, por la tele, veía al anciano en silla de ruedas, a la monja, al pijo, a la punky, al rico y al pobre, todos en disciplinada fila hacia la ansiada urna: la fiesta de la democracia, para repetir otro tópico que, a fuerza de repetirlo, ha terminado por convertirse en una caricatura que ya sólo se pronuncia si es con ironía.

¿Anormalidad democrática?

En esta ocasión, y tras los resultados de estas elecciones para el Parlamento Europeo, justo lo que se destaca es la anormalidad, la irregularidad, la singularidad y el elemento estrambótico o friki. Pero no hubo amenazas de bomba, ni quema de urnas o de colegios electorales. No se produjeron altercados dignos de mención, salvo algún posible insulto, falta de papeletas o cosas así. Pero la absoluta normalidad no ha sido merecedora de titulares de ni ha servido de refugio retórico en la vacuidad del habitual discurso oficial. Como los partidos tradicionalmente mayoritarios han perdido la mitad de los votos y alrededor de un 25-30% de los diputados, los medios de comunicación (también tradicionalmente "grandes") no han considerado normal la cita electoral.

España tiene esencia, que lo sé yo (foto: El diario.es).

Por otro lado, la entrada (a los medios les gusta la palabra irrupción) en el Parlamento Europeo de fuerzas políticas que, al menos en España, quieren comenzar la discusión desde más atrás, es decir, que el debate no parta de premisas ya dadas como la moneda única, las instituciones que ya existen fuera del control democrático como los bancos centrales, o la obligación de pagar la deuda en primer lugar por mandato constitucional, por ejemplo, han provocado de inmediato su calificación como "populistas", "radicales", "extrema izquierda" y demás lindezas. Es llamativo, si se hace un ejercicio de extrañamiento, que la puesta en cuestión de los asuntos centrales que marcan el devenir de nuestras sociedades sea merecedora de epítetos de esa naturaleza. Ante todo, porque da la impresión de que proteger a los ciudadanos, no sólo en su dignidad y autonomía, sino incluso en su mera supervivencia orgánica, no resulta, para muchos, la prioridad de un Estado. Parecería, y aquí sin duda me aventuro, que para los portavoces políticos y los habituales caudillos mediáticos, España  consta de una esencia que debe perdurar, aun a costa de los miembros que la componen. Esa esencia de la españolidad sería un trasunto del Espíritu hegeliano que se desplegaría en la historia, y la vida de las personas que participan de esa esencia carecerían, naturalmente, de importancia. Ese espíritu se encarnaría en las cifras macroeconómicas, en el PIB o en las exportaciones, en la deuda del Tesoro, en el número de turistas que visitan el país, en el balance de los bancos o en la fiesta nacional, las matanzas de toros. Como dijo una conspicua política, "España tiene 3.000 años de historia". Por qué íbamos a preocuparnos, pues, de las personas, que viven tan poco.

Los que consideramos que España, o cualquier otra comunidad en general, carece de esencia y destino histórico alguno salvo el que decidamos colectiva y mayoritariamente los ciudadanos; los que nos oponemos a que una minoría imponga de modo más o menos velado su visión de la sociedad y su discurso político no podemos sino alegrarnos de que el descontento popular haya encontrado plataformas  en forma de partidos que, al menos en parte, representaran sus aspiraciones. Abogar por la democratización de las instituciones, por la participación de la ciudadanía en la política o por la transparencia de las cuentas publicas no deberían ser, a estas alturas, motivos de preocupación, sino de anhelo. A riesgo de volverme otro analista político más de batín y zapatillas, me inclino a pensar que, por el contrario, la subida de un partido como el Frente Nacional en Francia se debe a que los ciudadanos indignados y descontentos (y sí, con poca memoria histórica) no han encontrado ninguna opción mejor para expresar su rechazo al sistema político actual y sus reglas de juego. 

Nos hemos cansado estos meses de leer y oír a comentaristas políticos, periodistas de todo pelaje y sociólogos entusiastas del statu quo alertándonos del peligro del populismo, de la demagogia, de la amenaza a la estabilidad que supondría la quiebra del bipartidismo... Ellos mismos nos han glosado las bondades de la modélica transición, de la Constitución, del liberalismo (tal como entienden ellos), del sistema de partidos, de las instituciones de la democracia española y de la suerte que tenemos de vivir aquí, de tal modo que daban a entender que la actual crisis política, si entendemos por tal la desafección ciudadana hacia esos mismos partidos e instituciones, se debía casi de modo exclusivo a la incapacidad de la ciudadanía para entender el sistema político que nuestros padres de la patria habían tenido a bien regalarnos y que tanta estabilidad y prosperidad nos habían proporcionado. El idealismo de esta sociología de think tank de medio pelo y la miopía de estos expertos en marketing político se habían conjugado para intentar imponer resignación y conformidad, ya que no aprobación, en las mentes de los potenciales votantes. Ante las dimensiones de la crisis económica y la incapacidad de los sucesivos gobiernos para hacerle frente, la consiguiente crisis de legitimidad y las protestas ciudadanas, las direcciones de la mayoría de los partidos políticos y de los medios de comunicación se han mostrado, en esta línea, incapaces de entender la magnitud de los cambios en la concepción de la política y de la sociedad de gran parte de los españoles.  Sus propuestas se han limitado, en resumen, a proponer una abstracta "regeneración ética" y una "mejora en la comunicación con los ciudadanos".

Podríamos sugerirles que reformularan su idea de democracia; que ésta no es necesariamente sinónima de permanente estabilidad o de consenso. Democracia también es renovación, disenso, crítica hiperbólica, aspiraciones nunca colmadas, lucha por el reconocimiento, ideales contrafácticos, horizontes utópicos, incluso crisis, por qué no... Ni el bipartidismo conlleva plenitud democrática ni la fragmentación parlamentaria tiene que conducirnos a un Estado fallido más de lo que es ahora. Quizá deberíamos recordar que la democracia consiste en la participación ciudadana en los asuntos públicos, y urgir a los ciudadanos y a los así llamados líderes a imaginar un sistema que suponga más que la alternancia de ciertas élites en el poder y el ritual de unas elecciones periódicas que supuestamente indiquen las preferencias egoístas de los ciudadanos. Por qué no aspirar a una democracia en la que el interés y la manifestación de tales preferencias se guíen siempre por la idea del bien común, por muy diferentes que sean nuestras formas de pensar, sentir y creer. Aspiremos a la grandeza, sí, aspiremos a la democracia.

Hacia otro modelo de medios de comunicación

No se puede  negar que el subtítulo de este blog haya tenido poco que ver con su contenido: salvo alguna excepción, la mayoría de los posts  han versado sobre política y sobre medios de comunicación. O, para ser más exactos, sobre política y medios de comunicación. Si bien estoy abierto a hablar de todo lo que me parezca, mis preocupaciones y mis lecturas me han llevado, de manera indefectible, a hablar sólo de lo que conozco un poco. Mi conocimiento de los asuntos que he tratado dista de ser exhaustivo, pero, al menos, creo que he contribuido, sin ser tampoco demasiado original o clarividente, a poner palabras a algunas de las intuiciones de mis lectores. Todo sea, en definitiva, por contribuir al debate en la esfera pública y a poner en práctica cierto ideal de civilidad y de ciudadanía, por el que me siento impelido a poner de manifiesto mis ideas en asuntos que considero son de interés de todos. El famoso ideal del bien público, puesto en cuestión de modo continuado por liberales y procedimentalistas políticos, que comparten una visión del mundo que privilegia el atomismo social y la persecución individual de los objetivos,  se resiste a desaparecer.

¡Las razones públicas son lo mío!

Sin duda, uno de los elementos constitutivos de la mentada esfera pública lo forman los medios de comunicación. Desde un punto de vista normativo, contribuirían a filtrar tanto por calidad como por pertinencia los asuntos de trascendencia política. Así, los medios realizarían esa traducción de los contenidos informales de aquellas discusiones y problematizaciones planteadas por los ciudadanos de tal modo que fueran recabados por aquellas instancias de discusión política formales, como los parlamentos. Del mismo modo, los medios no sólo ejercerían esa labor traductora, sino que ellos mismos, y desde la atalaya privilegiada que les proporciona su prestigio, visibilidad  o ubicuidad ejercerían aquellas críticas y reflexiones inherentes a cualquier sociedad plural y democrática. Asimismo, prestarían ese mismo espacio a aquellas personas o colectivos que, por fuerza de tradiciones o prejuicios hasta entonces incuestionados, se encontrasen marginados o invisibilizados y requiriesen de una plataforma desde la cual propugnar cambios sociales y políticos que los situaran en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía. Dentro de un marco sólido de protección a los derechos individuales, propio de cualquier sistema liberal, podrían de este modo fomentar el desarrollo de valores democráticos, entre ellos el de la participación ciudadana en el gobierno de los asuntos públicos.  Esta última afirmación es discutible, no obstante. Muchos podrían contentarse con la primera parte (marco de derechos y libertades individuales) sin entusiasmarse por la segunda (participación en los asuntos públicos). 

Es por ello por lo que centro la atención en los medios de comunicación. Si consideramos que los debate, las discusiones, las problematizaciones y las polémicas que se generan de manera informal en la sociedad resultan fundamentales para que las instancias más formales de legislación y ejecución se centren en los problemas de sus representados, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental, a modo de nodos distributivos de información sin los cuales la comunicación entre los ciudadanos y sus representantes políticos sería harto más problemática. Hasta aquí, sin embargo, el deber-ser. El es se presenta en conflicto con el ideal normativo de un modo que debería eliminar la condescendencia o resignación que se suelen mostrar cuando se compara la realidad con el ideal.

¿Se ven bien los libros..? (foto: Reuters)

Me explico: en épocas inestables como la actual, tanto a izquierda como a derecha, es decir, bien los partidos que representan valores políticos liberales (con sesgos tradicionalistas o sin ellos), bien los socialdemócratas (que enarbolan como bandera la preocupación social, con sinceridad o sin ella),  suele ser tendencia la postura que aboga por limitar los derechos de manifestación y expresión públicas, ya sea la manifestación callejera, ya sea el control más o menos evidente de los medios de comunicación. En este último caso, la historia de nuestro país muestra a las claras el papel central del Estado (y, por tanto, el del partido político que ocupa el Ejecutivo) ya no sólo en la repartición de frecuencias de radio y televisión sino la intromisión más o menos sutil en su gestión.  Así, los medios afines se empeñan en propagar los mensajes de arriba abajo, desde el poder estatal (y empresarial) a la ciudadanía. Son cómplices no sólo de políticas determinadas del gobierno de turno, sino de una concepción de la sociedad que dista mucho de ser justa e igualitaria. A su vez, aquellos medios dominados por la oposición política han desempeñado un papel de acoso y hostigamiento al gobierno no siempre fundamentado en buenas razones sino en perspectivas estratégicas de asalto al poder. 

Una de las explicaciones de este estado de cosas es que los grandes medios de comunicación, al ser intensivos en cuanto a capital son inevitablemente propiedad de grandes empresarios o de enormes e, incluso, transnacionales conglomerados corporativos cuyo interés es de modo primordial el beneficio económico y la influencia política, en cuanto esta última tiene de repercusión sobre el primero. El bien público, el interés general y la democracia son conceptos ajenos a la lógica empresarial y, en demasiadas ocasiones, a la partidista. El interés económico y la búsqueda de poder son objetivos de suma importancia, en aras de los cuales casi todo lo demás es sacrificable, según marquen las circunstancias y la conveniencia.

¡Oh, el poder!¡Oh, los medios..!

A este respecto, y a modo de contrapunto, es digna de señalar la proliferación de periódicos y radios digitales. La red evita esa enorme inversión de capital, con lo que hasta cierto punto se democratiza la comunicación periodística, entendiendo este proceso como una más amplia accesibilidad de ciudadanos en general y periodistas en particular a la fundación de medios de comunicación y a la creación de plataformas de expresión no sujetas a las imposiciones empresariales o políticas. No obstante, aunque menor, la inversión resulta siempre imprescindible. Además, la potencia de ese amplificador que es el medio de comunicación en Internet resulta, por el momento, mucho menor que la de los periódicos o radios tradicionales. Por otro lado, es difícil refutar aquella afirmación que sostiene que los nuevos medios no están interesados en hacer un periodismo nuevo, sino que perpetúan los clichés y los prejuicios de los tradicionales, pero en otro formato. Lo que se gana en pluralidad, se estanca en la visión del mundo, de la política y del periodismo. Siguen siendo excipientes de las riñas inter o intrapartidos y mantienen la búsqueda de espectacularidad por encima de otras perspectivas.

Con esto no quiero decir que haya una forma de interpretar el bien común. Distintas concepciones del mundo y diferentes valores, propios de las sociedades pluralistas, hacen imposible el consenso, y menos de manera permanente. Aun como referente normativo, resulta difícil imaginar esa situación ideal del diálogo habermasiano  y todavía menos ese consenso final obtenido por la prevalencia del mejor argumento, aunque le atribuyamos esa naturaleza falible a la que alude el filósofo alemán. Más intuitiva resulta la concepción agonística de la esfera pública, a la manera explicitada, por ejemplo, por Chantal Mouffè. Sin embargo, cada uno desde sus posiciones, sí que debería ser posible que hubiese un acuerdo de principios sobre los fines: la salvaguarda del bien común mediante una suerte de consenso traslapado o entretejido sobre los medios o procedimientos para ello. En fin, de igual modo se podría argüir que el debate podría comenzar un paso más atrás: ni siquiera el marco constitucional está libre, y con razón, de la polémica, por lo que parece que en primer lugar habría que llegar a un acuerdo sobre él. Acuerdo que no debería gestarse sólo en los despachos de los partidos políticos porque, de lo contrario, obtendríamos otra versión del mismo sistema que ha demostrado su insuficiencia.

Así las cosas, parece necesario replantear en gran medida el paradigma actual de los medios de comunicación. Es posible que su reforma o su creación sobre la base de principios bien diferentes se impongan como imprescindibles para salir de la confusión política existente, invertir la tendencia de desafección ciudadana hacia las instituciones y cuestionar las prioridades económicas que, en gran medida, explican las dos primeras.

Nacionalismos canarios

En Canarias, nadie lo duda, existe un importante sentimiento nacionalista. Importante en una doble vertiente: la de los números (personas que declaran serlo) y la de la intensidad. Mucha gente se declara canaria por encima de otras adscripciones identitarias, y mucha gente también lo manifiesta cada vez que puede, acompañándose con la imaginería al uso: bandera con siete estrellas verdes, canciones de amor a la tierra, apología de las costumbres que se consideren tradicionales y la forma de hablar en Canarias, por ejemplo. Sin embargo, ese sentimiento nacionalista discurre a través de líneas ideológicas diferentes, cuando no incompatibles entre sí. 

Bandera independentista canaria (Wikipedia).

Por ejemplo, en primer lugar, existe un nacionalismo, que, salvada la distancia histórica, recuerda al criollo sudamericano, liderado por un conglomerado político-empresarial que pugna, sobre todo, por ocupar los puestos de poder de la estructura administrativa estatal y en su desarrollo autonómico, es decir, el gobierno y la administración de la Comunidad. Este es un nacionalismo pragmático, a veces denominado regionalista porque no parece pretender ir más allá de su instalación y afianzamiento en el espacio político-administrativo cedido por el Estado. La independencia no se menciona jamás salvo como amenaza velada en la esfera pública cuando se negocian presupuestos y transferencias medidas por la aportación estatal al presupuesto de la Comunidad. Hay que señalar que en su composición intervinieron partidos y corrientes de izquierda y de derecha, siendo los primeros fagocitados por los segundos con el transcurrir de los años y las exigencias de llegar a acuerdos de gobierno en un territorio tan fragmentado geográfica, social y económicamente. En segundo lugar, tenemos el nacionalismo clásico canario, de tendencias marxistas e incluso, en algunos casos, estalinistas, maoístas y africanistas. Está formado por grupos marginales de la vida política, en los bordes de las arena política institucionalizada, atomizados, y que sólo son visibles cuando aprovechan manifestaciones organizadas por sindicatos y otros movimientos, y con ocasionales notas de prensa que muy rara vez encuentran eco en los medios de comunicación más importantes. Los miembros de estos grupos se suelen centrar una vez que, por conveniencia, son atraídos por el partido pragmático y se integran de pleno en el nuevo entorno.

Para muchos, el padre del nacionalismo canario

Su plasmación más dramática fue el MPAIAC, hasta ahora el único grupo que ha ejercido la acción violenta organizada por motivos políticos en Canarias, si no contamos la Guerra Civil y la represión franquista. En tercer lugar, nos encontramos con la posición defendida por el dueño de un periódico de gran tirada y muy leído (en términos relativos, claro está, dada la aguda crisis de la prensa), sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que combinaría la pasión independentista de los nacionalistas clásicos de izquierdas con la ideología conservadora de gran parte de los cargos del partido pragmático en el poder. En la medida que este último nacionalismo y el primero pueden conjugarse (y de hecho, así ha sido durante varias etapas de la vida política canaria) se puede hablar de un predominio nacionalista extremadamente conservador, al menos en la política institucionalizada. Que dicho nacionalismo sea reflejo del de los ciudadanos de a pie es un asunto discutible. Por otro lado, las veleidades independentistas de los grupos más radicalizados están vigiladas por el Estado, y es poco probable que, salvo  en coyunturas de extrema fractura social y política,  dichos grupos se corporeicen en estructuras y movimientos lo bastante importantes para convertirse en actores políticos con los que haya que contar.

En este sentido, ya sea de manera pretendida o no, la celebración de lo propio y lo folclórico fomentada desde el partido pragmático que ocupa el poder sin interrupción desde hace más de veinte años ha desactivado la radicalización de la ciudadanía nacionalista, que parece haber sido contentada con la propagación de los motivos simbólicos  más conspicuos, con los que se intenta focalizar los supuestos valores y virtudes de la cultura local y, cómo no, con las etapas de bonanza económica que permitieron incluso a las clases más desfavorecidas cierto nivel de consumo inimaginable décadas atrás. Así, la exaltación de las fiestas locales, la propagación del uso en ellas de la vestimenta supuestamente típica, cierta veneración por el pasado aborigen y la defensa de la variante dialectal del español, que es la denominada habla canaria (al prohibir de facto cualquier otro acento en la televisión autonómica), etc., han resultado medidas efectivas. Digamos que se ha canalizado el sentimiento de ajenidad a la españolidad hacia expresiones inocuas que no ponen en cuestión el actual statu quo. Es el nacionalismo ligero, de conveniencia, que contenta a casi todos por ser políticamente inane.

Celebración de lo nuestro (foto: Ayto. de Teror).

El concepto básico del nacionalismo es claro: un estado propio para una comunidad homogénea. Sin embargo, sostener hoy la homogeneidad étnica y cultural en el tipo de sociedades plurales en las que vivimos es tan problemática como lo es también la sostenibilidad de una estructura político-administrativa independiente tanto de España como de terceros países. La viabilidad económica del nuevo Estado, así como la seguridad militar representan problemas de tal magnitud, al menos en el imaginario popular, que reprimen cualquier acción nacionalista que vaya más allá de la ocasional exhibición de la bandera independentista o del murmullo antiespañolista en el Día de Canarias. Sea por propia reflexión o por el resultado de la propaganda estatal, el independentismo canario está poco seguro de sus propias fuerzas.

Por otro lado, más allá del nacionalismo pragmático-conservador y del idealista mitificador de izquierdas, se pregunta uno si, a estas alturas, la construcción de un estado propio debería obedecer a otros principios distintos a la mera imitación y reproducción de estructuras liberal-capitalistas de Occidente sin añadir un mecanismo fuertemente redistribuidor de la riqueza. Es decir, el nacionalismo, podría considerarse, en sí, políticamente neutro: un nacionalista puede ser conservador-tradicional, liberal, marxista o ecologista, puede ser autoritario o demócrata. La pregunta clave es, a mi parecer, qué tipo de Estado se pretende erigir una vez conseguida la desvinculación del cuerpo político del que hasta entonces formaba parte. Así, tal y como señala Habermas, podríamos considerar el ir más allá de la valorada unidad étnica o del pasado mítico fundacional y apostar por una comunidad política que se sienta vinculada por su respeto a las leyes, a los derechos humanos, a la democracia y por su deseo conjunto de alcanzar una vida lograda, más allá de la diversidad de sus cosmovisiones o ideas de la vida buena. Un proyecto conjunto establecido por el deseo de querer ser una comunidad justa e igualitaria. Al menos, esa es la única idea de nacionalismo que me parece puede ser defendida con convicción a estas alturas de la Historia. 

¿Este bloguero no puede citar a otro? (foto:Wikipedia)

El discurso victimista, la genética, la lengua e incluso la defensa a ultranza de una cultura más o menos tradicional son elementos que empobrecen el discurso nacionalista y redundan en su falta de credibilidad y aceptación. Claro que, como bien se le ha señalado a Habermas, podríamos preguntarnos si es el mero respeto a las leyes un elemento aglutinador suficiente para cohesionar a los miembros y grupos de una comunidad, para que se sientan partícipes del proyecto en común, para que se imaginen incluidos en él. ¿Es el patriotismo de la Constitución el amalgamador que se requiere para anular el efecto de las fuerzas centrífugas del capitalismo globalizado, la anomia social provocada por la polarización de riqueza y renta, las ideologías excluyentes que fían el valor de las personas a su valor en el mercado, los fundamentalismos religiosos de todo signo, etc? ¿Cómo lidiar con la interiorización de aquellos valores que, precisamente, minan la posibilidad de una comunidad constituida por ciudadanos y no por simples consumidores egoístas? Un debate necesario no sólo para el nacionalismo, sino para cualquier corriente o partido que pretenda actualizar el debate político, pues son asuntos que atraviesan todas las posiciones ideológicas. Sin embargo, al menos en Canarias, ese debate está ausente, y, por el nivel de los actores políticos y sociales, dudo que ni siquiera sea capaz de concebirse.

Elegía a nosotros mismos

Confieso que me asaltó la misma tentación que a muchos otros. La muerte del poeta parecía una ocasión propicia para deleitarme en el ensayo literario, líricamente ribeteado, acompañado quizá por alguna anécdota personal u oída a terceros que nos acercase al personaje. Podría haber evocado aquellos recitales en los que el poeta lanzaba a su escaso público versos y ocurrencias, referencias insólitas e intertextualidades trilingües, y guiños personales casi siempre incomprensibles. Entre paredes húmedas, proyectaba sobre nosotros la sombra benjaminiana del Ángel de la Historia...

 ¿Lo ven? Uno traiciona sus propias expectativas y los propósitos de redención. No tenemos palabra ni voluntad. La vanidad que todo lo corroe nos empuja con brazos de piedra a arrojarnos en la vanagloria mientras nos engañamos escribiendo cantos fúnebres, elegías y panegíricos, haciendo creer que rendimos homenaje. Todos querríamos ser, de algún modo, Miguel Hernández, pero como "el hachazo invisible y homicida" ya está escrito nos vemos obligados a perfeccionar la prosa, a buscar un asomo de originalidad sea en la cola de los saldos, sea en la nocturnidad de un desguace. Buscamos el manto del poeta para que nos abrigue en nuestra orfandad artística, cuando ni siquiera somos capaces de subirnos a hombros de gigantes para ver mejor y más lejos.  Nuestra mediocridad insultaría al mismo dios que nos hubiese creado, y cuando personas especiales aparecen en nuestro mundo lo hacen tirados en el banco de un parque.  Incapaces de reconocer la grandeza ajena, permanecemos ciegos a nuestras miserias.

Angelus Novus, de Paul Klee (Wikipedia).

Una vez muerto el poeta, proseguimos con nuestra lectura de la sección de Cultura de los diarios. Nos encandilan el bazar y el zoco, la mercadería y los precios, las luces de neón de un 24 horas que, en el fondo, sabemos que sólo puede ofrecernos un fugaz alivio para nuestra hambre de madrugada. Qué frío hace, déjennos arroparnos con la capa de la esperanza infundada, de la lisonja inmerecida, del tributo de tinta corrida. Y qué decir de aquellos que lloriquean por los premios oficiales y mendigan la aprobación de los jurados, de los que dicen: "¡Es que me lo merezco!" y cuentan a todo el que quiera escucharlo que la vida se ha cebado con él, que si viviera en Londres o en Nueva York sería reconocido. Vivan los artistas subvencionados, vivan los llorones y los miserables, vivan las sinecuras y los gastos pagados. Pero el lector es aún peor: busca redimirse de la culpa y trascender sus carencias sin esfuerzo, tendiendo las manos yertas y temblorosas al calor de ese fuego ajeno que nunca podrá poseer. Ese lector que parasita la música y la letra, el óleo y el movimiento. Tú, lector, ¿a qué aspiras? ¿Qué pretendes hacer con el cuchillo y la pistola? Sí, cierra el libro, apaga la música, hazte un ovillo y sueña con otra vida. Qué frío y qué asco.

Los versos se agotan, la capacidad de nominar se debilita, cada cosa tiene un nombre y casi nunca es el adecuado. ¿Cuándo perdimos la esperanza? ¿Cuándo decidimos rendirnos, al fin? Nuestro mundo está teñido de sangre y de miedo, y la tristeza se filtra por las comisuras de la sonrisa. Las nobles calaveras no se dejan besar ya por labios pretenciosos. Sigamos con nuestra vida y conformémonos con la felicidad de tresillo y televisión mientras dure. Dejemos de buscar y de aprender y corramos las cortinas para no ver el abismo al que nos precipitaremos tarde o temprano. Nuestra única elección, deberíamos saberlo a estas alturas, consiste en caer con ignominia o sin ella.

Madison y Pericles

Según algunos comentaristas de periódicos nacionales, de nuevo un fantasma recorre Europa: el fantasma del populismo. Dicho término, aplicado en nuestro país en los últimos años, parece la prevención político-periodística ante una enfermedad cuyos síntomas, al menos de momento, no se han evidenciado de manera conspicua a ojos de este observador. Además, tal y como se viene empleando, populismo se ha convertido en uno de esos conceptos-comodín cuyo proliferación es proporcional a la ambigüedad o amplitud de su significado. En general, se usa de modo despectivo, y viene a denostar toda aquella medida que iniciativa que esté en contra de los propios intereses o convicciones y se aprecie que puede suscitar apoyo popular. 

Así, no es de extrañar que los políticos de todas las tendencias acusen a los de las contrarias de incurrir en el dichoso populismo. Además, cuando se utiliza como improperio, viene a acompañar muy a menudo a otro sustantivo triunfante: demagogo, y el correspondiente adjetivo demagógico. Como adjetivo y sustantivo, son intercambiables, además, lo que facilita su empleo en tertulias, columnas de opinión, charletas de café, tweets, etc. por líderes de opinión y caudillos mediáticos varios, por no hablar, claro, de nuestra clase política: Zapatero acusó a Rajoy de populista; y viceversa. Aguirre, a la presidenta de Argentina, una ex secretaria de Estado y ex ministra a Aguirre, el PSOE a un ministro y muchos más por el estilo, fácilmente encontrables a golpe de Google. También es muy recurrente el empleo de utópico o utopía. Una tríada de conceptos casi imbatible.

Acusada y acusadora de populismo. Según ella, liberal (foto: diarioprogresista).

Lo que se manifiesta en todas estas acusaciones es la desconfianza, nada nueva, de los partidos políticos y sus dirigentes respecto de todo lo que suponga conexión, consulta o escucha a la ciudadanía. La mala conciencia que les suponemos está fundada por su poca costumbre en prestar atención a los problemas de aquella, salvo en sondeos de coyuntura o en periodos electorales, en los que las promesas, golpes de pecho y propósitos de enmienda resultan habituales. Es por eso por lo que su apelación al pueblo emerge como estrambótica y estentórea. Consultas y referendos son tildados de manera sistemática como populistas, y sus promotores, demagogos. En el caso de los últimos referéndums propuestos (Cataluña y Canarias), no deja de parecer razonable la acusación de "oportunismo" político a quienes los han promovido. No obstante, no deja de ser una obviedad, pues las decisiones políticas siempre obedecen a cuestiones de oportunidad, además de otras razones. Que tanto el presidente de la Generalitat como del Gobierno de Canarias aboguen por consultas ciudadanas no debería, en cualquier caso, ser motivo de polémica ni de reproche jurídico positivista, pues en principio nada parece más democrático que la ciudadanía tenga voz y voto en cuestiones importantes para su Comunidad. Que aparte de los motivos puramente consultivos intervengan otros factores políticos (como la cercanía de unas elecciones, consolidación del poder dentro del partido, etc.) es algo que no podemos rechazar a priori, pero que no debería deslegitimar aquellas consultas. Además, quienes se pusieron de acuerdo en 24 horas para cambiar la Constitución e introducir en ella la prioridad del pago de la deuda externa no deberían insistir tanto en que tal o cual modalidad de referéndum no es constitucional/legal. Ya sabemos que sólo es cuestión de voluntad política, y otros cambios, quizá más pertinentes, contribuirán a rasgar el velo del templo de la Carta Magna.

No obstante, y como ya señale en mi último post (El Día de la Deliberación), un referéndum al uso es insuficiente porque se limita a reflejar la opinión del ciudadano, no a valorar su reflexión, alimentada por datos técnicos, aportaciones de expertos, interpelaciones ciudadanas a los políticos, debates entre los que postulan una postura con los que están en contra, etc. Es decir, ya que la institución política de turno ha convocado un referéndum, debería también esforzarse por suministrar la máxima información posible a los potenciales votantes, al igual que estos también deberían tomarse la molestia de analizarla. La cuestión debería consistir no tanto en votar lo que se piensa en un momento dado (en muchas ocasiones, ni siquiera se tiene opinión al respecto) sino en lo que se votaría si se tuviese la mayor información posible. 

¡Cuidado con la tiranía de la mayoría! (Wikipedia)

No olvidemos, por otro lado, que la democracia representativa de la que disfrutamos ha arrinconado a otras formas más deliberativas, no sólo por el problema que representa el número (cómo hacer deliberar en el mismo espacio a miles, millones de personas y tomar una decisión), sino por la profunda desconfianza que han sentido siempre las élites políticas hacia la participación masiva del pueblo. La tesis de que unos representantes filtrarían las opiniones del pueblo y las refinarían debatiendo entre ellos es, en su variante de sistema de partidos, la que ha perdurado y ha llegado hasta nosotros. Recordemos, además, que en la época de James Madison (uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos) y tras la Revolución Francesa, lo que llamamos ahora democracia representativa se consideraba un sistema diferente a la democracia, entendida como democracia directa. En rigor, la primera se denominaba República, y la segunda, Democracia. La posterior ampliación del derecho a voto, lo que finalmente devendría como sufragio universal, y el progresivo prestigio del término democracia, convergieron para denominar al sistema de representación como democracia representativa, que es la que rige en actualidad en España y en la mayoría de los países de tradición liberal-capitalista. Así, en la república (ya sea presidencial o monárquico-constitucional) nunca ha gobernado el pueblo, sino sus representantes, que ni son el pueblo ni actúan por delegación, sino que son autónomos respecto a aquél (otro asunto es la sujeción a la disciplina de partido). El discurso fúnebre de Pericles (véase Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides) es un texto fundamental de la democracia que la mayoría de nuestros políticos (los que lo conocen) preferirían pasar por alto. Además, basta echar un vistazo a muchos de nuestros diputados y senadores para darnos cuenta de que ellos mismos no pasarían un filtro de sabiduría o raciocinio mínimos. Muchos se limitan, de hecho, a aplaudir o a dar voces de apoyo, tal como aquellos entrañables animales de Rebelión en la Granja.

Estoy de moda en el socialismo español.

Es, por lo tanto, dudoso que gocemos de verdadera libertad política, si la entendemos a la manera de Hannah Arendt, quien señalaba en su obra Sobre la revolución: "O la libertad política, en su acepción más amplia, significa el derecho "a participar en el gobierno" o no significa nada". Podemos imaginar un régimen en el que estén recogidos en una constitución y protegidos los derechos civiles, pero que, al mismo tiempo, la inmensa mayoría de la ciudadanía no participe en la esfera política, que no participe en las decisiones de carácter público. ¿Llamaríamos a este régimen demócrata? Decía, en un artículo reciente, el politólogo Fernando Vallespín que la esencia de la democracia era poder optar entre candidaturas. Ni rastro de la participación de la ciudadanía, ni de la deliberación, ni de la difusión de valores democráticos. Por supuesto, también es posible imaginar una oligarquía cuyos miembros disputasen entre sí la ocupación de los cargos institucionales mediante elección popular. Es posible que dicha opción entre candidatos sea una condición necesaria, pero no suficiente para aceptarla como sinónima de democracia.

Con frecuencia me pregunto cuál será el pecado original del pueblo para que sea objeto de tanto desprecio.

El Día de la Deliberación

Pensaba escribir algo diferente: dejar a un lado la política y los medios de comunicación y tocar cualquier otro asunto. Me temo que la consecuencia previsible sería que no escribiría en absoluto. En estos tiempos de crisis, la verdad, no estoy dispuesto a ser crítico de inocuidades, como de la última novela de Fulanito o la de la película de Menganito, aunque dispusiese de los conocimientos para hacerlo. La libertad de escribir cualquier cosa en este blog no puede ser una excusa para torturar a los lectores que decidan pasar por aquí, sometiéndolos a mis caprichos creativos.

Por cierto, algunos de estos lectores me han señalado, con respecto a mi anterior entrada, que los reproches que le dirigí al principal partido en escaños de la oposición podrían aplicarse también al del Gobierno estatal o a los de las comunidades no gobernadas por ellos. Sin duda, me apresuro a contestar. Mientras que en la discusión política se orilla el modelo de economía, pues la mayoría de los partidos de España, y en especial los que suelen turnarse en el gobierno, apoyan sin reservas el sistema de mercado y capitalista, hay que señalar que a las formaciones de derechas se les puede reprochar sus valores y objetivos, que no suelen esconder: organicismo, jerarquía, tradicionalismo, conservadurismo y clasismo. Alguna vez me he preguntado hacia dónde dirigirán sus simpatías los liberales, porque muchos estarán lejos de encuadrarse en este marco. A los partidos de izquierdas se les reprocha, sobre todo, su hipocresía y doble lenguaje: dicen que luchan por la igualdad y por la redistribución de la riqueza, abogan por la autonomía del ciudadano y por la participación política, pero en la praxis se vuelven paternalistas, prefieren una ciudadanía pasiva, que no se implique en política, y se contentan con mantener el statu quo económico, todo en aras de la famosa estabilidad. Así se entiende, por ejemplo, que las oscilaciones de voto sean tan diferentes en los partidos mayoritarios: uno tiene más incondicionales que otro; el otro tiene más votantes despechados que el uno.

¡Ya era hora de que me sacaran en este blog!

Como ya señalé en otro post (y como está reflejado en literatura sociológica de mucha mayor calidad y profundidad que la mía), los partidos que gobiernan el Estado del Bienestar, ya sea en su versión fuerte o en la actual que se propugna y se recorta, son presos de las contradicciones sistémicas que lo aquejan. La impotencia y debilidad de los sucesivos gobiernos (también los de las Comunidades) en el plano económico se enmascaran haciéndose pasar al primer plano asuntos sociales, morales o identitarios. Así, no es sorprendente que el famoso referéndum catalán haya ocupado la atención de los medios informativos las últimas semanas (en un cambio de clima político que beneficia tanto al gobierno de España como al de Cataluña), desplazando  las cifras macroeconómicas y las microtragedias ciudadanas a un segundo plano, menos dañino para sus proyecciones electoralistas. La nación y la nacionalidad siguen suscitando pasiones que parecían hasta no hace mucho obliteradas en las sociedades europeas, postmetafísicas y plurales (en España, sin embargo, no ha dejado de estar presente, todo hay que decirlo). Al menos, esa era la reflexión, de matiz evolucionista, de muchos pensadores. La secularización y la laicidad no han acabado con la religión en Occidente. Más bien,  en los últimos años se asiste a cierto resurgir en la esfera pública (Jürgen Habermas considera que este fenómeno es propio de las sociedades postseculares, básicamente las democracias liberales de Europa). Además, la lealtad sentimental a ese constructo imaginado (véase Benedict Anderson, Comunidades imaginadas) que es la nación no se ha dejado atrás. El famoso patriotismo de la Constitución (véase Habermas) está muy lejos de ser la norma, más allá de alguna élite intelectual o académica sin peso significativo en el espacio público.

Abogo por el Día de la Deliberación.

Y he aquí que el más reciente foco de conflicto político en España, el famoso referéndum de Cataluña, que a veces parece desleírse sin ruido y otras se hincha como un eccema rabioso, cobra protagonismo merced a la disputa de las élites políticas, que primero dirimen sus diferencias en la esfera pública, vía medios de comunicación, para después ganar fuerza negociadora. 

En mi opinión, la consulta ciudadana no debería considerarse una singularidad o un elemento extraño a la política democrática. En todo caso, no parece irrazonable pensar que podría modificarse el artículo 92 de la Constitución para darle la cabida que se merece y mediante una reforma de la actual Ley Orgánica legislar de modo que las consultas ciudadanas pudieran realizarse con mayor frecuencia y a todos los niveles. No obstante, un referéndum debería ir precedido de una intensa actividad deliberativa ciudadana, promovida por las instituciones públicas. Porque ¿qué significa dar una opinión, un voto, o una respuesta a una encuesta basándose simplemente en ideas superficiales o sensaciones confusas salvo expresar un estereotipo o un prejuicio? Los referendos no pueden limitarse a ser una encuesta política típica, que busca, como suelen decir los comentaristas de los medios, "una foto" de la opinión pública. En asuntos políticos de enjundia, es decir, en todos, no se debería preguntar la mera opinión que se tiene, sino aquella opinión que se tendría después obtener la información necesaria y sopesar los argumentos de uno, otro y del de más allá. La diferencia es algo más que notable. En los experimentos deliberativos o encuestas deliberativas realizadas, entre otros, por el filósofo político James S. Fishkin, se observa cómo las personas que tomaban parte en ellas cambiaban en gran medida sus opiniones (se les hacía una encuesta antes de las deliberaciones y otra, después) y las fundamentaban mucho mejor. Trasladándolo a la gran encuesta nacional que pueden ser unas elecciones o, en el caso que nos ocupa, un referéndum, Fishkin aboga por implantar un Día de la Deliberación en el que el Estado proporcionara espacios e información para que los representantes de los partidos (a nivel local, por todo el territorio del Estado) explicasen a la ciudadanía su programa, medidas o propuestas, y pudieran ser interpelados por los ciudadanos que participaran (no se descarta implantar incentivos). Como consecuencia, éstos abandonarían su ignorancia racional (para qué va uno a molestarse en informarse si, total, un voto no vale nada entre tantos millones) y estarían más dispuestos a participar en la consulta o en las elecciones de turno.

¿Consenso? ¡Estoy en contra!

A pesar de las evidentes dificultades logísticas y el gasto (uno se pregunta si no valdría más ese que el que se incurre en cada campaña electoral y que tiene las consecuencias perversas en los partidos que todos conocemos), el resultado electoral o el del referéndum estaría cargado de valor cognitivo y político, lo que claramente repercutiría en la legitimidad del gobierno de turno y de las instituciones públicas, y evitaría en gran medida fenómenos como la actual desafección, de la que tanto se quejan, asimismo, nuestros representantes políticos y los autonombrados líderes de opinión. No se trata, por tanto, de llegar a ningún consenso. Puedo estar de acuerdo con la filósofa Chantal Mouffe en su visión agonística de la política y de la esfera pública. En muchos casos, es sencillamente imposible, y es posible que ni siquiera deseable, alcanzar tal consenso por la disparidad de visiones morales y políticas existentes en nuestra sociedad plural. No obstante, nuestra democracia ganaría en calidad al incluir mayor deliberación y participación, y el principio de la mayoría perdería ese carácter asfixiante que el mero recuento de votos provoca en los derrotados.

Los actores de la izquierda

Como es probable que este sea mi último post del año, quería escribir algo distinto a señalar las falacias argumentativas de los políticos o la sesgada visión del espacio público de los medios de comunicación. Sin embargo, el poder, la influencia y el dinero no dejan de aparecer de forma conspicua como los tres elementos que, al menos en apariencia, mueven a la acción a aquellos. Por sí mismos, estos elementos no son negativos para una sociedad más justa e igualitaria. Utilizados como medios para alcanzar los propios fines a expensas de los posibles perjudicados y sin que se hayan utilizado medios democráticos, sí lo son.

Soy leyenda.

Por tanto,  he postergado para una época menos agitada la decisión de escribir de algún otro asunto que no sea estrictamente político: arte (en sentido amplio), cultura (en sentido amplio, también)... Comprendan que es difícil resistirse a señalar las campañas mediático-políticas cuando las percibe uno, que todavía dispone de capacidad de indignación. Así que allá vamos.

El último congreso del principal partido en la oposición resultó todo un espectáculo, en el sentido recto de la palabra: actores, guión, coreografía y atrezzo. Como en una obra de teatro antigua, los viejos sabios tuvieron su papel, y hasta algún muerto resucitó para darnos consejos desde el más allá. Desde las lejanas provincias, futuros césares se subieron al escenario para representar la renovación. Al mismo tiempo, los medios de comunicación afines dedicaban gran número de páginas a narrar la obra a la ciudadanía y a hacernos conscientes de su gran importancia. "No se la puede perder", parecía leerse entre líneas. No contentos con esto, dichos medios, cuyo nicho de mercado es el centro-izquierda (o lo que entiendan por eso), suministran desde entonces, día sí y al otro también, entrevistas y artículos de opinión de sociólogos y juristas que nos alertan del "peligro del populismo". Da la impresión de que las cabezas pensantes que quedan en ese partido están alarmadas porque no capitalizan el amplio descontento ciudadano con el Gobierno. Por consiguiente, ejercen un ataque preventivo contra la posible tendencia de su electorado natural a elegir o a articular otras opciones políticas más ambiciosas. Más bien, cabría decirles que se puede señalar lo opuesto: el peligro del conformismo o del partidismo totalizador que conduce a la parálisis política.

No obstante lo anterior, esos líderes y los miembros de sus fundaciones anejas no parecen darse cuenta de que para muchos ciudadanos la idea de la izquierda no está tan asociada a la estabilidad política a cualquier precio como a la democratización en tanto tarea permanente y siempre inacabada. Ejercer esa suerte de pragmatismo estratégico y evitar la confrontación en áreas sensibles no resuelve problemas, sino que posterga su solución. No abordar reformas democratizadoras por cálculo electoralista priva a medio plazo a sus potenciales votantes de razones para votarles. Son las paradojas de la izquierda, que, al menos en España, han madurado de forma acelerada hasta reventar en su crisis actual.

Nunca me he ido del todo.

Quizá pueda pensarse que a dicha izquierda, al menos a la que se le proporciona espacio, micrófono y plano, le falta vocabulario, consecuencia de su idea estrecha de la democracia y de la sociedad. Lo anterior resulta evidente cuando dicen: "Lo que quiere la ciudadanía es...", "lo que le importa a los españoles es...", "lo que la gente espera es...", como si el líder o caudillo mediático de turno poseyese esa omnisciencia divina o ejerciese esa representación schmittiana cuasi mística que le capacitase para ejercer el poder sin ataduras. Sería deseable, en mi opinión, que dejara en el museo de los errores el paternalismo (aunque bienintencionado) y la hybris.

Yendo más allá, puede que nunca sea demasiado tarde para considerar la idea de que la ciudadanía no debería ser una excusa o una coartada, ni un mero objeto de seducción, comprensible mediante sondeos de opinión, sino el principal sujeto político en su poliédrica constitución: múltiples grupos sociales de diferentes tendencias políticas y diversas situaciones de riqueza e ingresos, heteróclito conjunto de creencias y cosmovisiones. Precisamente por esta diversidad, los procedimientos democráticos, siempre en proceso de mejora, para no sólo conocer sino también fundamentar la opinión de los ciudadanos, deberían dejar de ser la excepción, tal como ocurre hoy en día, y convertirse en la norma. En vez de abjurar, por ejemplo, de las consultas ciudadanas periódicas como los referéndums, aduciendo un nivel de participación por debajo del 50% (parece ser el caso suizo, aunque depende de lo que se pregunte), se podría señalar que ojalá viviéramos en un país en el que se requiriera nuestra opinión con tanta frecuencia, aun a riesgo de que no quisiéramos participar siempre. En esta línea, produce, en el peor de los casos, pasmo, y, en el mejor, cierto bochorno oír a algún miembro del partido en la oposición que deberían "abrirse" a la sociedad/ciudadanía, dando a entender, de esta manera, que estaban cerrados a ella, precisamente sus representantes en el Parlamento y demás instituciones del Estado... 

En definitiva, habría que preguntarles a esos dirigentes, a esos analistas y expertos en marketing político cuál es su concepción del ser humano y cuál es su idea de lo que debería ser una sociedad bien ordenada (en términos de Rawls). Quizán no quieren reconocerlo, pero, a tenor de sus manifestaciones y acciones, su idea de la democracia  es más elitista que deliberativa, mucho más próxima a Schumpeter que a Habermas, lo que puede satisfacer a algunos y frustrar a muchos más.

Riesgo cero

Tres noticias referidas a crisis medioambientales han confluido en las últimas fechas como elementos de debate en la esfera pública: la sentencia del Prestige, las catas de petróleo en las cercanías de Canarias y los terremotos de Castor, en Castellón, por una técnica extractiva (gas y petróleo) denominada fracking. Todos recordamos cómo el accidente de un barco petrolero cerca de las costas de Galicia acabó con el desastre ecológico que ahora la Audiencia Provincial de A Coruña ha considerado sin responsabilidad penal.

Efectos del derrame del Prestige (foto: Juan Vicent)

La sentencia, aun siendo contestada por instituciones y grupos de lo más dispar, como la Fiscalía General del Estado o la plataforma Nunca Mais, ejemplifica los riesgos y amenazas a la ecología en general, y a los seres humanos, en particular, en la Modernidad. Pueden ser el derrame de petróleo, o la fuga radioactiva de una central nuclear (Three Mile Island, Chernobyl, Fukushima, por ejemplo), las prácticas de la industria alimentaria o las experimentaciones genéticas (encefalopatía espongiforme bovina, alimentos transgénicos) los síntomas, en palabras del sociólogo alemán Ulrich Beck, de una sociedad del riesgo. Y no sólo del riesgo, sino del riesgo global, pues los vertidos, efectos y accidentes de la industria de nuestra época han dejado de tener repercusiones locales:  atraviesan fronteras y permanenecen durante  generaciones. Además, como elemento iluminador, llama la atención la particularidad de que no hay seguro privado que asuma el riesgo que suponen una central nuclear, la introducción en la cadena alimentaria de productos modificados genéticamente o las consecuencias de una fuga radioactiva a gran escala. Ni se puede compensar en dinero ni reparar todo el impacto de un derrame de petróleo en la flora, fauna y vida de los habitantes de la costa gallega, por ejemplo. 

Fukushima: 160.000 desplazados de sus hogares.

Además, y dado que el planeta no puede ser en sí mismo un laboratorio que se pueda observar desde fuera, no se puede asegurar que no se produzca un accidente o una consecuencia inesperada. Es imposible conocer todos los peligros, prever todos los fallos. La misma ciencia que nos coloca en el disparadero nos avisa de su peligro. En este sentido, sólo se puede hablar de índices de probabilidad y de estadísticas, pero lo que nunca se puede asegurar es que no exista riesgo alguno, o como ha dicho algún político respecto de las prospecciones petrolíferas en Canarias: "riesgo cero". En realidad, este político, experto petrolífero sobrevenido, señalaba que la posibilidad de derrame era "una entre cien mil", pero que si eso ocurriese, "la corriente se lo llevaría hacia las costas de África". Lo cual, evidentemente, debería tranquilizar a los canarios, pues si tal accidente ocurriera, lo sufrirían los habitantes de aquellas tierras ignotas. En todo caso, ni siquiera este diputado estaba capacitado para asegurar de modo absoluto que el accidente no pudiese ocurrir y que no contaminase Canarias. 

Chernobyl (AP).

Porque si efectivamente y riéndose de las infinitesimales probabilidades se produjera un vertido de petróleo y si, a pesar de las corrientes marinas amigas, dicho vertido alcanzase las costas de las islas, ¿quién asumiría la responsabilidad del vertido? ¿cómo se podría hacer frente a las consecuencias, no sólo medioambientales, sino económicas (pesca y turismo, por ejemplo) y sanitarias?  No olvidemos que el cálculo de probabilidades no excluye completamente el suceso determinado.

Por otro lado, y ya centrándonos en esta Comunidad, recordemos el ramillete de argumentaciones falaces que se blanden para ganar la batalla por la opinión pública: la delegada del Gobierno utilizó la de la competencia, al señalar que Marruecos se había adelantado en poner en marcha las catas prospectivas. Es decir, que en la pugna internacional por los recursos y las inversiones, los demás argumentos deberían orillarse. En esa línea, el delegado de la compañía petrolífera convocó hace unos días una rueda informativa en Gran Canaria y utilizó la falacia del puesto de trabajo, por la que cualquier acción o iniciativa está justificada si crea empleo, que fue justo lo que prometió. Asimismo, el ministro de Industria, uno de los principales valedores de las prospecciones petrolíferas, ha optado por enmarcar el asunto en una perspectiva economicista a corto plazo, pasando por alto el riesgo de las repercusiones medioambientales y tachando de "ideología" los argumentos basados en estos.

Vivimos en la sociedad del riesgo.

Hay que recordar en este momento que, una vez producido el desastre, los representantes políticos y los directivos de las empresas en cuestión se apresuran a minimizar lo ocurrido. Todos recordamos, en las explicaciones gubernamentales en torno al Prestige, los famosos "hilos de plastilina" o, hace unos meses, la insólita afirmación del presidente del Gobierno respecto de Fukushima. Aunque esas declaraciones no tardan en ser desmentidas por los hechos, políticos y directivos no parecen desanimarse en su empeño por desorientar a la ciudadanía. Como dice Beck: "En la cadena de catástrofes y cuasicatástrofes, fallos encubiertos de seguridad y escándalos que han llegado a conocimiento público se tambalea la pretensión de control, centrada en la técnica, de las autoridades gubernamentales e industriales; y eso con independencia del parámetro que se haya establecido para los peligros: número de muertos, peligro de contaminación, etc."

Partamos, entonces, para un análisis cabal, de la asunción de los riesgos inherentes a determinado tipo de tecnología y de industria, y en abierto y democrático diálogo con la ciudadanía sopesemos posibilidades y alternativas, barajemos ganancias y perjuicios, y, finalmente, consensuemos una decisión en beneficio de todos: es el único modo posible de legitimar una decisión de ese tipo. Lo que parece indudable es que no existe el "riesgo cero" y que hacer pasar por interés social lo que parece, sobre todo, interés de lobbies, es el pasaporte sellado para el desastre. En este sentido, una participación activa de la sociedad civil resulta imprescindible para poner en marcha políticas ecológicas de este tipo, pues los grandes temas, como señala Beck, "nunca se han originado en la capacidad de anticipación de los gobernantes o del combate parlamentario".

Partidos dichosos, dichosos partidos

El artículo 6º de la constitución española reza: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política (...)". Treinta y cinco años después, podríamos decir que sí, pero en cierto modo. Expresan pluralismo político, pero no todo el pluralismo político. Desde un punto de vista conceptual, es imposible que a cada partido político corresponda una manera distinta de concebir la política y la gestión de los recursos colectivos. Son manifestación de la voluntad popular, pero no de modo exclusivo, aunque quieran convencernos de lo contrario. Respecto a la tercera parte, a la hora de la representatividad institucional es posible concebir a representantes independientes (es decir, sin partido) de la ciudadanía. En todo caso, los partidos no deben aspirar a convertirse en un instrumento omniabarcador, esto es, que conquistase o cooptase todos los modos de participación y expresión políticas.

Algunos la cambian en 24 horas.

La situación histórica en la que se redactó la Constitución resulta determinante para comprender el papel tan importante que se les confirió. La necesidad de canalizar institucionalmente la transición de la dictadura a la democracia y de encontrar interlocutores políticos de peso para que dicho proceso no descarrilara lo explica en gran medida. Además, el deseo de estabilidad política también contribuye a explicar la ley electoral que se escogió, cuyo efecto previsto eran las ventajas comparativas que tendrían los grandes partidos y las formaciones nacionalistas. En fin, es un asunto bastante trillado al que no voy a aportar aquí nada nuevo.

No obstante, en medio de la marejada política desencadenada a raíz de la crisis económica y sus efectos en las áreas social y política, se ha puesto en cuestión el papel de los políticos, el de los partidos y el de la ley electoral. Iniciativas, documentos de estudio, propuestas varias han circulado aquí y allá, ya sea en lo que se refiere a la correspondencia de votos con escaños (vía escogida por los partidos minoritarios) como otras que pretenden una reforma general de la Ley de Partidos (intelectuales, foros varios) . Un aspecto que hasta ahora se ha tocado con cierto descuido, a pesar de las trapisondas del antiguo tesorero del partido del gobierno, es el de la financiación. Entre otros aspectos, se asumen como dogmas que los partidos pueden recibir donaciones (aunque se matice el cómo y el de quién) y que deben recibir subvención estatal según su representación. Podríamos considerar la segunda incompatible con la primera, por ejemplo. O si es saludable que puedan pedir crédito o préstamos a instituciones financieras. Podríamos analizar, en definitiva, por qué los partidos políticos cuestan tanto.

Solo me falta el think para gozar de prestigio.

Además, en las campañas electorales no se pone en cuestión el gasto casi sin medida en que incurren los partidos políticos para propagar sus ideas y dar a conocer a sus líderes, ni (salvo las protestas testimoniales de turno de los perjudicados) el grado de intervención en los medios de comunicación en las campañas electorales. Hemos internalizado que los partidos políticos cuenten con una estructura gigantesca y muy costosa, con su patrimonio inmobiliario, su propio personal y demás. También, que reciban subvenciones las fundaciones y think tanks que apoyan. Y a pesar del aura de podredumbre moral y cinismo político que los envuelven, parece que no podemos imaginarnos el mundo sin ellos. Hace pocos días, un ex magistrado de fama internacional y unos cuantos sindicalistas y ex miembros de otro partido más escorado a la izquierda pidieron participar en la llamada Conferencia Política del principal partido de la oposición "para hacer frente a la derecha". Imagino que la impotencia política y la falta de imaginación programática es tan grande en la socialdemocracia y resto de la izquierda en general en España que consideran que el escenario político se compone de dos actores y la trama es maniquea. "Lo demás es silencio".

¡Derecha mala!

Sin embargo, podríamos al menos esbozar un escenario en el que los partidos políticos fueran más ligeros, cuya necesidad de financiación fuese mucho menor. Si, en un mundo ingenuo, los gastos de funcionamiento del partido se limitasen a sus oficinas provinciales y el grueso del gasto se lo llevasen las campañas electorales, podríamos proponer soluciones alternativas a sistema actual. Por ejemplo, y dado que las elecciones, según los mismos políticos nos insisten, son la "fiesta de la democracia" y fundamentales para ella, podrían programarse horarios extensos en las radios y televisiones (sí, también en las privadas, no olvidemos que son concesiones públicas) para que los distintos partidos expusiesen sus programas y debatieran entre sí sus ideas. En los periódicos, espacio para que los candidatos articulasen su posición sobre diferentes asuntos de importancia. Dado este acceso a los medios de comunicación, podría reducirse o incluso eliminarse la cartelería y la publicidad. Y puesto que los partidos políticos "son instrumento fundamental para la participación política" sería difícil de discutir que, en la quincena previa a las elecciones del tipo que sean, disfrutaran de ese amplio espacio gratuito en los medios de comunicación, por mucho que los propietarios de dichos medios protestaran. Al fin y al cabo, también a estos se les considera  vitales para cualquier democracia que se precie de serlo, por lo que se les supone y se les exige mayor compromiso con su mantenimiento.

Por otro lado, y al hilo de lo anterior, también quiero señalar que está lejos de ser autoevidente que los partidos que hayan conseguido más escaños o votos deban disfrutar de más tiempo en los medios ante unas nuevas elecciones. Si gracias a su éxito electoral anterior ya disponen de altavoz propio en la esfera política y en la pública en general, y si además se les ha premiado con la subvención pública, si ya sus diputados, senadores, concejales, etc., ya cobran con cargo al erario, ¿para qué, además, se les debería primar con mayor presencia mediática? Hoy en día, el esfuerzo que tienen que hacer terceros partidos a escala nacional (podría hacerse también el análisis en la escala autonómica) para superar el bipartidismo rampante es más que titánico, y sólo pueden florecer (o medrar) en tiempos de aguda crisis económica o política como la actual. Así, los partidos nunca comienzan de cero ni en igualdad de oportunidades. Los partidos mayoritarios seguirán siéndolo por pura inercia mediática y financiera. Mayor capacidad financiera y mediática les proporciona mayor conocimiento ciudadano y, a la postre, mayor representación, lo que, a su vez, les proporciona mayor poder institucional, mayor subvención estatal y vuelta otra vez a lo mismo. Un círculo vicioso que ha hecho que partidos y políticos hayan caído en el vicio de la soberbia política y enfermado de miopía social.

Háganme más caso: soy un estadista.

En este momento histórico, quizá lo que menos nos haga falta es ese bipartidismo (que, en caso de destrucción, algunos auguran que echaremos de menos) al que estamos acostumbrados. Dados a imaginar, no es descartable que mayor pluralidad política  no ocasione como consecuencia necesaria un Maelstrom social que se lo lleve todo por delante. Partidos políticos más fáciles de constituir, con mayor capacidad de transmitir sus ideas a la ciudadanía, menos costosos, con menor interés por cooptar las instituciones que gobiernen, que no aspiren a representar en exclusiva la pluralidad política ni a ser los únicos depositarios de la voluntad popular, más abiertos a la influencia de movimientos sociales y reivindicativos, más porosos en definitiva a las demandas de la sociedad civil y a los ciudadanos en general constituirían una alternativa harto más interesante que el mantenimiento del statu quo actual. Por otro lado, esa estructura más ligera les haría más resistentes,  sobre todo por falta de necesidad, a las tentaciones de la corrupción y la financiación ilegal (que suelen venir juntas). 

La creatividad, la originalidad y el atrevimiento teóricos no deberían estar reñidos con la praxis política ni con el llamado pragmatismo que se le supone a aquella.  Se necesita más imaginación y más solidaridad que nunca para hacer frente a las amenazas de todo tipo que nos aguardan a la vuelta de la esquina.