La mayoría silenciosa

Si bien es cierto que mis posts no pretenden seguir la actualidad de manera estricta, también lo es que ésta resulta una fuente continua de estímulos para la reflexión. Por ejemplo, numerosas han sido las noticias, declaraciones y opiniones de todo tipo que durante los últimos días han copado el tiempo y el espacio de la mayoría de los medios de lo comunicación como consecuencia de la Diada y de la cadena humana independentista, que, al parecer, gozó de considerable apoyo popular. Sin embargo, de lo que a continuación hablaré no es del independentismo catalán en sí, asunto que da para mucho más que mil palabras. Hablaré, en cambio, de un término que surge de manera intermitente desde las instancias gubernamentales respecto de este y otros asuntos: la mayoría silenciosa.

A este respecto, una portavoz del gobierno español, interpelada por su opinión sobre dicha cadena humana y demás manifestaciones independentistas, declaró: "Escuchamos a todos, también a la mayoría silenciosa", con el evidente sentido de que el Gobierno atendía y velaba por los derechos de los que se quedaron en casa ese día en Cataluña y que, interpretaba, no eran proclives a la causa independentista. Anteriormente, en septiembre del año pasado, tras las movilizaciones y manifestaciones contra los recortes presupuestarios, el presidente del Gobierno prestó, de palabra, un homenaje "a la inmensa mayoría de los españoles que no se manifiesta". Aún hace más tiempo, un presidente de una comunidad autonómica  indicaba, a raíz de una presentación por colectivos ecologistas de 30.000 firmas para paralizar un proyecto urbanístico, que eran muchos más los que no habían firmado. 

La Diada: fiesta oficial de Cataluña. ¿Alguien no lo sabía?

En todos estos casos, los representantes del poder político y administrativo han intentado contrarrestar el éxito de movilización y de publicidad en la esfera pública de grupos que consideran hostiles o, al menos, contrarios a sus políticas, ya sean rivales ideológicos, partidistas o provenientes de la sociedad civil. Precisamente, los ciudadanos y colectivos que intervienen en la esfera pública pretenden influir en el Legislativo y en el Ejecutivo, pues la participación en democracia no se limita a ejercer el voto en las fechas señaladas. El esfuerzo de los portavoces de los partidos o del Ejecutivo por deslegitimar la intervención en la esfera pública de aquella parte de la ciudadanía que va en su contra se manifiesta, entre otras maneras, por atribuirse en exclusiva la acción política al haber resultado elegidos en unas elecciones o, en el caso que nos ocupa, por erigirse en portavoces exclusivos de la otra parte de la ciudadanía que no participa ni se manifiesta en el espacio público. Sin embargo, la falacia salta a la vista cuando no puede asegurarse de manera absoluta que la opinión o las simpatías de los que no participan son idénticas a la del poder político contra el que se ha alzado la voz en la calle. Resulta algo más que descabellado pensar que los que por diversas razones se reservan su opinión o no muestran su apoyo o rechazo de manera explícita conforman un bloque homogéneo, una especie de macrosujeto,  al que se le pueda, entonces, atribuir una posición en un sentido u otro.

Ni oír, ni hablar, ni ver (Wikipedia).

 Además, resulta cuando menos fascinante hacerse cargo de la posibilidad de que, de repente, el Gobierno (estatal o de una Comunidad) se haya convertido en el portavoz de los que hasta entonces no eran visibles ni audibles. Claro está que el matiz con el que se prende zanjar el debate es el de la superioridad de la "mayoría" contra la minoría problematizadora, reformadora o rebelde. La paradoja consiste en que se pretende silenciar a los ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse y expresarse apelando a su supuesta condición de minoría, como si eso fuera un argumento en sí mismo. Es singular, a este propósito, que la fuerza y la insistencia con la que los políticos nos animan a votar a las elecciones es inversamente proporcional a su interés por que nos manifestemos y expresemos nuestras opiniones críticas en la esfera pública en el interregno entre aquellas, salvo que sea mediante el inofensivo procedimiento de las encuestas. 

Por otro lado, la lucha en la arena política se libra en demasiadas ocasiones con una estrechez de miras y de conceptos que perjudica a la misma democracia. No resulta difícil imaginar que pueden blandirse buenos argumentos a favor y en contra de la independencia de Cataluña, tanto conceptuales a priori como evaluadores de las consecuencias políticas, económicas y sociales a posteriori. Igual que respecto de las medidas económicas con las que se pretende sortear la crisis, o con las decisiones más concretas como las de instalar un complejo gigante de casinos en la capital del Estado, o la de cambiar un terreno rústico a urbanizable. No obstante, la presencia de esos buenos argumentos suele ser escasa, y, al menos en los medios de comunicación y en las tribunas políticas, ceden terreno con facilidad al palabrerío, a la soflama, a la consigna y la retórica mal entendida, ejercida ésta como instrumento manipulador de mentes y voluntades. 

Algunos creen explicar la sociedad con la teoría de juegos

En este sentido, todos los actores que de manera estratégica juegan sus bazas en la esfera pública y aspiran a ser conformadores de opinión deberían encontrarse con una ciudadanía que hubiera interiorizado de manera fuerte no sólo los derechos de los modernos sino también de los antiguos, con los que no sólo aspiremos a que el Estado no se inmiscuya en nuestros asuntos privados sino a participar en los asuntos políticos de modo activo, en la promoción de los valores democráticos y en el ejercicio de la crítica. Pues es esa crítica como característica primordial en la acción de los ciudadanos, que no son sólo los receptores de las Leyes, sino el origen de su legitimidad, la que enriquece a la democracia y a la sociedad en su conjunto: gracias a ella, en particular, cuestionamos tradiciones que han dejado de sernos útiles o que ahora consideramos discriminatorias e injustas; visibilizamos grupos marginados y ayudamos a potenciar su dignidad y autonomía, mejoramos los procedimientos de toma de decisiones, luchamos por una mayor representatividad política, abogamos por la redistribución de la riqueza y evitamos polaridades sociales injustas, etc. Porque una sociedad democrática, como recuerda el filósofo John Dryzek, es en muchos aspectos importantes aquella que se esfuerza continuamente por mejorar la democracia misma, más que considerar esta un orden de cosas fijado de manera definitiva.

Concluyo señalando que si se cercena la posibilidad de que la ciudadanía exprese sus críticas, dejando la esfera pública como coto de los lobbies económicos y del poder político, si, además, no se posibilita una mínima transparencia de la administración pública y de partidos y sindicatos, y, finalmente, si no se ejerce un control de riesgos de la actividad de entidades financieras, bancos, grandes empresas y corporaciones transnacionales, podrán algunos voceros alardear todo lo que quieran de nuestro sistema político e, incluso, enumerar una larga lista de sus bondades, pero lo que de verdad no será nunca es una democracia.

Sondeo, luego existo

En  relación con los recientes acontecimientos que pugnan por atraer nuestra atención ciudadana,  ya sea la fallida tentativa de varias instituciones públicas por conseguir que Madrid fuera sede de los Juegos Olímpicos, ya la supuesta erosión de la confianza en el gobierno del país y del partido que lo sustenta o, incluso, el caso Bárcenas, un elemento omnipresente en la noticia es la presencia de la encuesta o sondeo de opinión. Empezando desde la más rudimentaria, en el sentido de una menor rigurosidad, casi cada periódico (al menos en su versión digital) pregunta diariamente a sus lectores sobre algún asunto de actualidad. No es infrecuente que nos encontremos con la pregunta: "¿Está Vd. a favor de ..? Sí/No". Incluso de asuntos que por su complejidad es difícil que pudieran tener una respuesta sensata de una persona no experta.

O, en el caso de las televisiones, esos programas cuyos reporteros salen a la calle, abordan a cualquier viandante y le preguntan cuál es su opinión sobre la noticia de turno en ese momento. Luego, se presentan esas opiniones como "la voz de la calle". La cadena "le toma el pulso" a la actualidad, etc., etc. Gracias al medio de comunicación, conocemos entonces, la "verdadera opinión" de la ciudadanía. En ambos casos, tanto la pregunta del diario digital como la grabación en la calle no está sujeta a ningún tipo de control mínimo con el que se pueda certificar la validez de la encuesta o, al menos, las condiciones en que se han planteado las preguntas. No se debería hacer pasar por la opinión de la ciudadanía lo que no son sino respuestas seleccionadas a preguntas a bocajarro. 

En segundo lugar, respecto de los sondeos serios, es decir, de los realizados por agencias especializadas, siempre nos queda la duda, en la mayoría de los casos, de conocer los datos relevantes en cuanto a su elaboración: quién la ha encargado, cuál es la metodología, qué características tienen los encuestados, qué se pretende con ella en realidad. Por ejemplo, la alcaldesa de Madrid en los días previos a la elección de la sede olímpica, manifestó que el 91% de los españoles estaban a favor de que Madrid se postulara. La mayoría de los medios repitieron sus palabras, y sólo en uno pude encontrar la empresa encargada de hacer el sondeo. Todo hay que decirlo, esa encuesta estaba encargada por la entidad que gestionaba la candidatura madrileña, por lo cual no es difícil suponer que su intención era reforzar la impresión de unanimidad que, a marchas forzadas y a última hora, debía suscitar en España dicha aspiración olímpica. Encuesta que, además, se sumaba al bombardeo de elogios en la televisión pública y en algunos periódicos de tirada nacional. No deja de ser significativa la nula cobertura de las opiniones en contra. De alguna manera, el ciudadano volvía a ser rehén de las consignas emanadas desde las instituciones y se limitaba, una vez más, a ser agente pasivo y mudo sorbedor de información sesgada, como es corriente.

La alcaldesa de Madrid (Wikipedia).

Por otro lado, entre filósofos, sociólogos y politólogos, los sondeos tienen una importancia relativa. Me explico: tienen un valor constatativo de opinión, a lo sumo; pero carecen de peso argumentativo. Con ello, quiero decir que al sondeado no se le confronta con sus propias opiniones, no se le exige argumentarlas, proceso mediante el cual podría verse impulsado a cambiarlas o a matizarlas. No obstante, los medios de comunicación y los políticos favorecidos en su caso por ellos tienden a considerarlas en calidad de juicios absolutos, como representativas. Así, en muchos casos se piden incluso dimisiones políticas, como si los procedimientos democráticos al uso, por insuficientes que podamos pensar que sean, debieran ceder paso a las encuestas hechas en tal o cual coyuntura.

De nuevo, la esfera pública es invadida por gabinetes de comunicación y especialistas en marketing que, en alianza con algunos medios informativos, pretenden constituir una opinión pública ad hoc que, en realidad, no representa a nadie, salvo a ellos mismos. Entonces, ¿qué peso debería tener todo este abigarrado conjunto de datos, barras, columnas y gráficos de colores varios en la esfera pública? Poco, aparte de aportar cifras cuyas interpretaciones  suelen ser muy variopintas (y pintorescas), y más si se entiende aquella esfera como el lugar donde debería producirse el entrecruzamiento y la competencia de argumentos. Y es que la encuesta refleja, en la gran mayoría de los casos, el momento prerreflexivo, a veces irracional, en el que predomina la intuición, la sensación o el simple capricho antes que la ponderación de argumentos y de buenas razones. 

¡A mí también me revientan los sondeos!

Además, no nos cansaremos de repetir que la esfera pública de un país con un régimen político democrático no debe ser cooptada por los partidos políticos ni abandonada al interés empresarial de los medios de comunicación o de otros conglomerados económicos, salvo que queramos arriesgarnos a que el impulso crítico y reformador que proviene de la problematización de los asuntos de diversa índole por parte de los ciudadanos quede ahogado y que, como consecuencia, la misma sociedad languidezca. Por otro lado, es posible que lo que se reprime en su espacio natural -la libre e igualitaria expresión de opiniones en la esfera pública-, bulla y rebose en otros ámbitos menos apropiados para ello. El peligro de querer controlar el espacio público puede tener  así el paradójico efecto de golpear la estabilidad del sistema. La famosa estabilidad de la que tanto hablan los políticos, y  en cuya defensa suelen enarbolarse las banderas de la unanimidad plebiscitaria y de la conformidad inducida, pone en peligro la esencia misma de la democracia, entendida esta como un régimen en el que los ciudadanos son libres e iguales.  Planteémonos, si no, la pregunta de cómo podríamos defender los derechos protegidos en la Constitución y en las leyes si tuviéramos vedado el acceso a un espacio público donde reivindicarlos o denunciar su vulneración. Es fácil prever que los derechos quedarían reducidos a una nominalidad inane, pues en la práctica se los podría atropellar con impunidad.

Para terminar: sin un espacio donde plantear demandas e inquietudes, sin un foro público donde el ciudadano pueda exponer sus razones en pie de igualdad con las grandes corporaciones, partidos políticos y demás lobbies, la democracia pierde su razón de ser. 

El Gran Embuste

No deja de resultar llamativo que, en medio de todo tipo de noticias, reportajes y explicaciones técnicas proferidas en los medios de comunicación por los expertos respecto de la crisis económica, dos asuntos de casi exclusivo valor simbólico hayan atraído por algún tiempo los focos y las portadas de aquellos, y, por ende, de gran parte de la opinión pública que todavía confía en que le estructuren la realidad. Estos dos asuntos, como ya habrán imaginado, son el contencioso de Gibraltar, tomando como excusa un asunto de menor enjundia, de tipo local, y lo que en mi ardor de bloguero he denominado la guerra de las banderas.

El dichoso peñón, ni más ni menos (Wikipedia).

Mi intención, no es en absoluto, en el primer caso, pretender mostrarme como lo que no soy, otro experto en asuntos internacionales o de pesca de bajura ni, en el segundo, hacer una defensa de símbolos patrios. Me explico: en realidad, lo que me interesa es poner de relieve el poder de arrastre de asuntos que, a pesar de vulnerar presuntamente costumbres o derechos unos ciudadanos, no poseen una dimensión tan extraordinaria como la que pretenden hacernos creer el Gobierno y los medios de comunicación. Sin embargo, es cierto que muchas personas sí sentirán una carga emocional considerable: en ambos casos, aquellas que posean como características constitutivas de su identidad el sentimiento nacionalista, una presunta ideología política  o una determinada visión del mundo, percibirán aquellos incidentes casi como un ataque personal. 

En el caso de Gibraltar, lo que era un problema menor a escala nacional (aunque comprendo que para los afectados el asunto es serio) respecto de un caladero, ha sido presentado, de nuevo, como un ultraje a la patria, un agravio a los españoles y una nueva muestra de arrogancia de la pérfida Albión. En el segundo caso, unos jóvenes aspirantes a políticos se han fotografiado con la bandera franquista. El asunto no tendría mayor enjundia que el mostrar cómo ciertos afiliados a ese partido consideran a éste (sin duda, de manera errónea) heredero natural de los valores de aquel régimen. En efecto, algunos ciudadanos de tendencia conservadora de este país creen que no es incompatible proclamarse demócrata y, al mismo, tiempo valorar de forma positiva la dictadura de Franco. A estas alturas, nos hemos acostumbrado a no considerar esto un escándalo cognitivo. Al fin y al cabo, democracia significa respetar visiones tradicionalistas, conservadoras e incluso pre-ilustradas, siempre que no conlleven un ataque efectivo (y no meramente una pose nostálgica) contra nuestro Estado constitucional. No obstante, hay que señalar que la exhibición de símbolos que se consideran atentatorios contra los principios constitucionales, como la bandera franquista, está prohibida.

 Es posible que, a fin de cuidar las formas, una rápida expulsión de los fotografiados habría servido para apaciguar la supuesta conmoción social, magnificada, no obstante, por algunos medios de comunicación. Sin embargo, un portavoz de ese partido, imagino que con un discurso estudiado, contrapuso la bandera franquista -un símbolo- a la bandera republicana -otro símbolo- y arremetiendo contra la II República. Aparte del uso de falacias argumentativas varias y de una visión histórica sesgada en ambos casos, el Ejecutivo ha logrado que, al menos durante unos días, tanto la crisis de su partido como la económica (con la connivencia de unos medios de comunicación que se han prestado gustosos al espectáculo) pasaran a un segundo plano. No por ello quiero decir que ambos asuntos no constituyan expresión de problemas reales, pero sí que podrían haber sido despachadas en la esfera diplomática, por un lado, y en la disciplinaria del partido, por otro, sin tantas alharacas ni aspavientos.

Soy el que más sale aquí.

Pero más allá del simbolismo, siempre importante, me gustaría, siguiendo a Habermas, señalar que, si bien el nacionalismo ejerció en su momento histórico un importante papel cohesionador (en que unas comunidades y unos países se contraponían a otros con el buscado efecto homogeneizador de lenguas y costumbres), a estas alturas de interconexión mundial con la globalización económica, y la imparable permeabilización de nuestras sociedades, plurales en valores, creencias, lenguas y etnias, debería surgir en su lugar otro basado más bien en el orgullo de contar con un sistema de derechos y libertades que permite, al menos en teoría, que cada uno de nosotros lleve a cabo el plan de vida que considere mejor para sí mismo, que cada uno siga la idea del bien que por tradición o elección prefiera. Hay que señalar, no obstante, que ese patriotismo constitucional debería estar basado en premisas que no se dan, al menos de modo óptimo, en ningún país. Es más bien un ideal regulatorio: el liberalismo de corte más progresista denunció hace tiempo la imposibilidad de cumplir con un plan de vida mínimamente satisfactorio si no se daban las circunstancias económicas y sociales adecuadas que nivelaran e integraran a sectores de la población depauperados o marginados. De ahí, nació, entre otras cosas, el Estado Social después de la II Guerra Mundial.

Si no leemos, ¿a qué podemos aspirar? (Fuente: CIS)

Así que no es de extrañar que, tras el continuo desmantelamiento del Estado del Bienestar y, en todo este tiempo, el fracaso de los distintos gobiernos nacionales y locales en disminuir la polaridad social, eliminar la pobreza, amén del incumplimiento  en la promoción activa de la visibilidad y la voz de colectivos marginados, se recurra una y otra vez a ese nacionalismo basado en la comunidad, en la lengua y, a veces, en la genética para desviar la atención de la ciudadanía, que podría centrarse en su incompetencia e impostura. Porque tras el ejercicio de impotencia política tanto del anterior gobierno como del actual en materia económica y política, por no hablar del fracaso en la profundización de las libertades y de la promoción de valores democráticos y su aparente claudicación ante el poder financiero, uno tiende a pensar que vivimos (en palabras de Fernando Vallespín) pendientes de pequeñas mentiras, pero sin darnos cuenta del Gran Embuste.

Un Gran Embuste cuyo velo no podremos descorrer si no es mediante la democratización de la sociedad, del sistema político e, incluso, de muchos niveles de la economía (dando un paso atrás, por ejemplo, a la tendencia a eliminar a los sindicatos como actores en el diálogo social o de reducir al mínimo su papel). Es decir, deberíamos considerar que la Constitución no es el final, sino el principio de un largo proceso de continua reforma y crítica que haga de España un país del que sentirnos, entonces sí, en verdad orgullosos.

La sociedad civil

Como habrán advertido mis lectores, el asunto al que más tiempo y espacio  dedico en mis artículos es el de la esfera pública y dos de los actores que pretenden hacerla suya: políticos y medios de comunicación. Si los primeros la utilizan para transmitir su discurso, conseguir visibilidad y adquirir status de líderes, para los segundos es su campo de actuación intrínseco. Autoproclamados como los controladores del poder político, los medios se arrogan, en virtud del deficiente y cuestionado sistema de representación político actual, la verdadera representación de los ciudadanos. Gracias a ellos, dicen, la voz del ciudadano de a pie es escuchada, y de forma permanente. Mientras los partidos políticos que ocupen el poder necesitan la legitimación ciudadana, parece que los medios no necesitan ninguna. 

Soy la voz del pueblo.

Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Los medios de comunicación son, salvo la radio y televisión estatales o las diversas autonómicas (estos son en muchos casos, la vía por la que el poder político pretende desembarazarse de la presión de los medios de comunicación privados, al tener el suyo propio y librarse así, al menos en parte, de las exigencias de aquellos), empresas de comunicación privadas cuyo objetivos son, además de la comunicación en sí, la búsqueda de beneficio económico, el prestigio y la influencia para la buena marcha del negocio. En este sentido, sería ingenuo creer que los medios están guiados de manera exclusiva  por dar voz al ciudadano o criticar al poder político (y muchos menos al económico). Su connivencia con el partido político afín o con el más oportuno en cada momento es vital para la buena marcha de la empresa. Ya sea por la publicidad institucional, ya sea por las concesiones estatales para frecuencias de radio o televisión y demás negocios colaterales, muchos medios ejercen, en efecto, una vigilancia sobre los partidos y sobre el ejecutivo, pero no la que proclaman cada vez que tienen ocasión: profundización de la democracia, coto a los excesos del poder, expresión de la ciudadanía, etc., sino la más sibilina y menos altruista de calcular el efecto de la acción de aquellos sobre la buena marcha de los negocios propios. No creo que a nadie le asombre comprobar que las medios dan espacio a quien quieren, cuando quieren y respecto de los asuntos que quieren, y nunca rinden cuentas de sus decisiones. Por no hablar de la figura del "caudillo mediático" (en expresión del sociólogo Félix Ortega), normalmente periodista y supuesto líder de opinión, que dice saber cómo piensa la ciudadanía (así, en general, como si ésta fuera un ente homogéneo y singular y no una pluralidad de individuos y grupos con diferentes visiones del mundo) o, directamente, se erige en su portavoz natural. En muchas ocasiones da la impresión de que los medios consideran una pérdida de tiempo y de recursos manipular o moldear a la opinión pública. Es más sencillo considerarse la opinión pública, que así queda construida según sus propios intereses. El perjudicado, claro está, es el ciudadano, relegado a un papel pasivo tanto por los políticos como por los medios de comunicación: más consumidor y cliente que ciudadano.

¡A mí no me tose ningún caudillo mediático!

En numerosos casos,  además, y no creo que sorprenda a nadie al decirlo, se producen verdaderas coaliciones político-mediáticas con el objetivo de producir sinergias mutuamente beneficiosas. El político, los partidos, necesitan en la sociedad actual de los medios de comunicación no para recoger las inquietudes ciudadanas, sino más bien para fabricarse una imagen que les invista de carisma o, al menos, les proporcione una aureola de competencia que convenza a los ciudadanos a votarle en su momento. Además, cómo no, de inducir a la ciudadanía a que acepten determinadas decisiones en los diversos ámbitos de su competencia: la conocida impartición de consignas desde arriba hacia abajo. En todo caso, esta dependencia de los medios de comunicación se traduce en las herramientas que deben utilizar los políticos: modos, usos y reglas que no pertenecen a la política, sino a los medios de comunicación. La escenificación, los tiempos, la forma deben ser las adecuadas para su óptima difusión a través de los medios. Sin éstos, no hay proclama, mensaje o consigna que valga.

Por otro lado, partimos de que la concepción de la democracia de la mayoría de los partidos políticos (sobre todo los mayoritarios) y de sus militantes es la elitista o procedimental. En ella, las élites se turnan en el ejercicio del poder y la única posibilidad de acción política que se concede a la ciudadanía es el voto. El programa, las líneas maestras, los argumentos políticos, en suma, se rebajan a un nivel que sea aceptable ideológicamente y comprensible para la mayoría de la población (el famoso centro político). Por tanto, lo que queda es un núcleo de ideas básicas, de directrices (que a nada obligan) con el que la mayoría pueda estar de acuerdo (es decir, un programa, en esencia, conservador). Queda, además, la imagen. Esto quiere decir que a los ciudadanos se les hurta el debate sobre ideas y se les ofrece en cambio, estética. El dirigente político, o líder, intenta proyectar una determinada imagen con la que los ciudadanos puedan identificarse. Priman la emoción y las sensaciones sin razonamientos. Así, diluidas las ideas y  emborronados los argumentos, los gabinetes de comunicación y los medios de comunicación explotan el lado humano de los políticos. Como si fuera interesante para los proyectos en común de nuestra sociedad que a tal ministro le guste jugar al dominó, a cual vicepresidente, Mahler; o a nuestro alcalde ir a la playa.

En España me hizo famoso un político.

Es aquí cuando debe surgir el elemento fundamental de una esfera pública fiel a su nombre: la sociedad civil. Ese conjunto de asociaciones, agrupaciones, movimientos, etc., cuyo interés no está guiado por la lógica del mercado ni por el deseo de acaparar poder político. La génesis de su existencia es el propósito  de defender intereses ciudadanos o visibilizar colectivos arrinconados por el poder político y ninguneados por los medios. Es en ese espacio  informal, la esfera pública, donde la sociedad civil ha de hacer valer su capacidad de movilización y, sobre todo, de exponer toda esa panoplia de ideas y argumentos que, después de ser discutidos y refinados, tengan que ser tenidos en cuenta, tarde o temprano, por el legislativo y el ejecutivo, vía, más vale tarde que nunca, medios de comunicación. Claro que esa sociedad civil, al mismo tiempo que problematiza pautas de acción, formas de pensar, costumbres o instituciones que hasta ese momento se tenían por aceptables, debe ser en sí misma un ejemplo de institucionalización democrática de la exposición de argumentos (democracia deliberativa a pequeña escala), donde no se excluya ni se reprima a nadie afectado y que tenga algo que decir. La sociedad civil, aunque florece de manera óptima en sociedades con democracias consolidadas y valores democráticos arraigados, puede ser la esperanza de regeneración democrática en nuestro país, aunque es dudoso que este cuente con lo primero y menos con lo segundo. Por supuesto, tal sociedad civil debe constar de ciudadanos comprometidos con la defensa de aquellos valores, con valentía (a esto hemos llegado) para dar a oír su voz y con capacidad de aprendizaje permanente, tanto de aquellos con visiones del mundo diferentes (una sociedad democrática es una sociedad plural) como en su propia formación personal. En definitiva, la legitimación institucional de los representantes políticos no tiene por qué ponerse en duda, así como tampoco el foro legislativo (Parlamento) en donde toman forma legal las futuras leyes, pero sin que ello signifique que el sujeto de la soberanía popular, esto es, nosotros, los ciudadanos, tengamos que conformarnos con las iniciativas de aquellos ni tampoco aceptar la representación vicaria de los medios de comunicación. La capacidad de expresión, reivindicación y crítica de los ciudadanos debe ejercitarse siempre que estos lo consideren necesario, sin aceptar exclusiones ni amenazas. Es así cómo se consolida una democracia, y no quedándonos en casa como una mayoría silenciosa.

Lo fatal

Entra uno en las vacaciones con el regusto amargo de un final de curso atroz: las periódicas revelaciones del caso Bárcenas, las escuchas de EE.UU. a sus aliados europeos o el accidente de tren de Santiago con su lamentable cobertura mediática no nos dejan reconciliarnos ni con el mundo ni con nosotros mismos, por ser incapaces de avistar una salida de este túnel de inmundicia moral.

Asimismo, uno no consigue tampoco volverse indiferente a la repetición de clichés y tópicos en la discusión política, así como a la jactancia de la propia ignorancia. Porque tan reprochable es que el participante en la esfera pública pretenda manipularnos con sus eslóganes construidos en una agencia de relaciones públicas como que nos arrojen a la cara un discurso anacrónico o simplista sin que importe que haya sido refutado mil veces. Despreciable es, también, que los otrora medios de comunicación serios compitan por la noticia más sinvergüenza y amoral, y que descontextualicen el pasado para explicar el presente. Una pelea impúdica y desgraciada que los hace peores y que nos obliga a muchos a darles la espalda.

Ojos y oídos por doquier.

Tenemos una esfera pública destrozada a base de representantes políticos que nos sermonean, pero no nos dicen nada que nos importe, cuando no nos mienten sin rubor. Partidos que dan toda la impresión de haber abandonado hace tiempo su conexión con el ciudadano común, su deseo de representarlo y darle voz y se limitan a luchar por ocupar los órganos de poder y mantenerse el mayor tiempo posible. En ese destrozo también han intervenido los medios de comunicación, que critican al partido político no afín, pero que tienen en común su servidumbre respecto de los poderes económicos. Medios de comunicación en cuya definición la palabra más importante es la de negocio. Y si se considera que es normal, ¿por qué no lo explicitan cada vez que pretenden informar sobre asuntos que les conciernen a ellos o a su accionistas? Además, ¿en qué medida unos medios de comunicación orientados en primer lugar a la rentabilidad económica pueden ser los intermediarios entre la ciudadanía y el poder político? ¿Es posible pensar que la composición del accionariado y el reparto de dividendos no constituyan un obstáculo a ese fluir de demandas  e inquietudes ciudadanas? En otros tiempos, quizá hace mucho, leer la prensa y ver/oír los informativos a diario era propio de un ciudadano culto, deseoso de estar bien informado, y con preocupaciones políticas. Hoy, es posible que lo más razonable sea, en muchas ocasiones, no prestarles atención en absoluto. Por ejemplo, del accidente ferroviario de Santiago nos han informado por exceso: en un esfuerzo casi que parece coordinado de señalar a un único responsable, gracias a los medios de comunicación conocemos la vida y milagros del maquinista, su cuenta en facebook, la opinión que tienen de él sus compañeros y hasta dónde vive, por no hablar de los testimonios de los héroes de la tragedia en sus múltiples variantes y ramificaciones. Me atrevo a pensar que del accidente habría querido saber, quizá, el número de víctimas (por conocer la magnitud del suceso) y por qué se produjo (falta de señalización, fallo mecánico, fallo humano). Lo demás, no me parece información ni periodismo, sino otra cosa.

Léete mi libro, anda.

No resulta arriesgado señalar, en esta línea, que muchos ciudadanos carecen de referentes políticos y de medios de comunicación dignos de su confianza. El hartazgo es tal que las palabras de cualquier político se ponen en duda por sistema, pero no por su contenido (aunque también), sino por provenir de un político, en una especie de falacia ad hominem generalizada. Y leyendo los titulares de un periódico son legión los que se preguntan: "¿Y será verdad?". Por no hablar de los editoriales, que suelen ser un ejemplo nada sutil de "Lo que me interesa, a quien corresponda". Desconozco si esta sensación, que creo percibir como generalizada (aunque puedo estar equivocado porque no soy el portavoz de la ciudadanía), es semejante a otras sociedades u otros momentos históricos. En este contexto, surgen las voces de aquellos que dicen que la apostasía partidista es "peligrosa" porque podría propiciar la aparición de líderes populistas o entes monstruosos parecidos. Podría ser el caso, aunque ahora mismo parece una posibilidad harto dudosa. No obstante, lo curioso del asunto es que la responsabilidad de que eso ocurra se le endilga por completo a la ciudadanía. Sí, a esa misma a la que se le deniega en la práctica cualquier posibilidad de iniciativa política y a la que se le suele espetar, vía mensajes institucionales, el "o lo tomas o lo dejas". En cambio, esos partidos y esa clase política se exoneran de toda responsabilidad a causa del supuesto pragmatismo inherente a la praxis de la gobernabilidad. En otras palabras, las consecuencias de la mala gestión gubernamental y legislativa, traducida en inestabilidad política, social y económica, se trasladan por completo a la ciudadanía, sometida a efectos prácticos a un chantaje que se revela en la falsa disyuntiva de elegir lo malo o lo peor.

¡Eh, que a mí me han llamado!

Y qué decir de aquello que "no conocemos y apenas sospechamos": las compañías transnacionales, tanto productoras de bienes como explotadoras de recursos naturales, la contaminación a escala mundial, las gigantescas entidades financieras que parecen mandar a su antojo, las élites mundiales que no rinden cuentas a nadie... El mundo parece encaminado hacia el precipicio y nosotros vamos con él con los ojos vendados.

Son malos tiempos, en definitiva, aunque sea verano. Mientras la mentira y el exabrupto de los políticos y de los consejeros delegados sea repetida, amplificada y publicada sin crítica ni control por los medios de comunicación, me temo que los ciudadanos deberemos buscar vías alternativas de información y de expresión. Parte de nuestra responsabilidad consiste precisamente en criticar aquello que nos parezca mal y lo que se podría mejorar. No creo que sea necesario dedicarnos la totalidad de nuestro tiempo a estas tareas, pero sí deberíamos, al menos, hacer examen de conciencia cada vez que percibamos la injusticia y, como mínimo, no permanecer callados ante ella. Además, por qué no, formarnos. Nadie se ha hecho un experto en un asunto leyendo periódicos ni viendo el telediario. La información cotidiana debe contrastarse con un conocimiento más general de Historia, Economía, Filosofía o cualquier otra rama del saber que los enmarque con mayor precisión. Sí, es aquí cuando debemos llevarnos las manos a la cabeza por la educación básica que hemos sufrido los españoles durante generaciones, y por la apatía congénita o inducida en la que de forma tan placentera hemos retozado tanto tiempo.

El político carismático

Es difícil permanecer impasible ante los numerosos acontecimientos que irrumpen en forma de titulares y noticias en los medios de comunicación y en las redes sociales. A veces, hasta se siente uno obligado a tener una opinión. Sin embargo, en ocasiones, es mejor hablar o cuestionar el marco en que se desarrollan tales fenómenos que polemizar sobre los fenómenos mismos. Así pues, me resisto por el momento a hablar de la supuesta financiación ilegal de un partido concreto, pero me remito a un futuro post sobre la posibilidad de ofrecer alternativas al actual sistema de financiación. Hoy, en cambio, escribiré sobre uno de los conceptos más utilizados en los últimos tiempos: la/el líder.

Desde el momento en que la crisis comenzó a afectar a España, numerosas voces, tanto de comentaristas de los medios de comunicación como, todo hay que decirlo, de la gente común, reclamaron la presencia de verdaderos líderes. Y no solo a nivel nacional, sino europeo (es decir, de la Unión Europea). Dada la ruina en la que había caído el liderazgo del anterior presidente del Gobierno al negar de forma reiterada la existencia de la misma crisis, como de su incapacidad (intrínseca o sobrevenida) de explicar a la ciudadanía el origen de la crisis, su profundidad y alcance, y las consecuencias de los recortes económicos, se echó en falta a líderes que tomaran las riendas de la situación. Se discutió mucho de esa falta de liderazgo, que en absoluto fue resuelta por el nuevo partido político que ocupó el poder a partir de 2011 con mayoría absoluta tras unas elecciones en las que participó cerca del 72% del electorado.

En España. las circunscripciones son provinciales.

Esta vana búsqueda de líderes que, con su discurso y energía reunirían a la nación (hasta entonces dispersa, atomizada y anomiada) y, aun con duros sacrificios, nos conduciría por la senda de la recuperación económica, es, a mi manera de ver, menos una carencia que un síntoma; menos una tara del español (y del unioneuropeo) que una flagrancia sociológica. Si nos alejamos del pensamiento de las teorías elitistas de la democracia (o, como Ortega y Gasset, de la sociedad en general), no es la mediocridad de las élites políticas lo que debería preocuparnos, incapaces de proporcionar recambios convincentes en la forma de dirigentes políticos que resultaran atractivos a la ciudadanía, o carismáticos, en el sentido de Weber. Es más bien la actitud de gran parte de ésta la que debería incitarnos a la reflexión urgente: precisamente, esa necesidad de un líder carismático que le devolviera la tranquilidad perdida o le proporcionara ilusión en los tiempos difíciles. Porque, ¿a cuenta de qué, un ciudadano autónomo, en plena posesión de sus derechos y consciente de ellos necesitaría una figura como esa?

¡Yo escribí de esto antes!

Claro que, a fin de cuentas, con el abandono de la política a los especialistas (políticos profesionales) y a los grupos políticos organizados (partidos políticos) y el celebrado refugio en la vida privada, lo que la ciudadanía ha propiciado, incentivada, eso sí, por la clase política, es el estancamiento de la actividad política y la osificación de estructuras que deberían haber permitido un flujo más dinámico entre la esfera pública y la esfera política. Si el debate político a gran escala había sido ninguneado, si el cuestionamiento de los procedimientos democráticos (por deficientes) había sido silenciado o arrinconado, si los canales de comunicación estaban bloqueados por lobbies, think tanks y grandes corporaciones y sólo hablaban intelectuales orgánicos y periodistas a sueldo (o simplemente ignorantes), si como representantes de una supuesta sociedad civil sólo intervenían los dueños o consejeros delegados de grandes empresas, ¿cómo podía esperarse que de suelo tan yermo surgieran de la noche a la mañana líderes políticos que tuviesen la capacidad de sustraerse a los usos, vicios e intereses de esas élites?

Además, si había algo que en los años de vino y rosas se criticaba con ferocidad desde las tribunas periodísticas y partidistas era la de la oposición ciudadana a los proyectos que emanaban desde esas instancias estatales (o de la Comunidad/Ayuntamiento) y empresariales. "Los del no a todo", decían nuestros políticos, si algún grupo ecologista o vecinal se oponía a algún megaproyecto urbanístico, recalificación del suelo o cualquier otra ocurrencia. "Están en contra del progreso", añadían. La desmovilización de la sociedad y su encauzamiento a actividades políticamente inocuas parecían el no va más de la estabilidad. Tampoco resulta tan extraño, si consideramos nuestro pasado, que la sociedad civil española, salvo excepciones, nunca haya sido un actor fuerte en la arena política. Creímos en una suerte de funcionamiento automático y sistémico de la democracia, como si pensáramos (los que no vivimos la dictadura) que era algo naturalmente dado y no una lucha diaria por evitar la dominación y en pro de la igualdad y de la libertad. El paternalismo franquista se transformó en un Estado benefactor democrático que nos convirtió en clientes y consumidores en vez de ciudadanos comprometidos con un régimen de libertades. Ahora, cuando el Estado se retira y abandona no sólo el tutelaje innecesario, sino la prestación de los servicios más elementales, sí que es cierto que parte de la ciudadanía ha tomado conciencia de la fragilidad de la democracia y de su cooptación por fuerzas que la han parasitado hasta desfigurarla.

Un expresidente.

En este contexto de depresión económica y escándalos permanentes que afectan a casi todas las esferas sociales, han resurgido, de repente, aquellos otrora líderes que parecían haberse retirado de la escena para siempre. Antiguos presidentes del gobierno, aparentemente felices en consejos de administración o trabajando de asesores para empresas transnacionales, han vuelto a regalarnos su carisma, y una antigua presidenta de la Comunidad de Madrid se ha postulado como abanderada de la regeneración democrática, ofreciéndose como portavoz del ciudadano de a pie. La clase política, en una especie de horror vacui, se empeña en ofrecer uno tras otro a la vista del público, con la entusiasta colaboración de los medios de comunicación, personajes de supuesta variedad ideológica, como si temieran que de la misma sociedad civil pudiera surgir un movimiento que amenazara la estabilidad del sistema o, en otras palabras, que agudizara la desafección aguda que ya sufren los partidos políticos y el cuestionamiento de su modo de hacer política.

No obstante, soy de la opinión que de la crisis de los partidos políticos y de la erosión de la legitimidad de los gobernantes no debe inferirse que la democracia esté, necesariamente, en peligro, siempre y cuando la ciudadanía y las asociaciones y movimientos que conforman la incipiente sociedad civil asuman de una vez para siempre que forma parte de su responsabilidad la vigilancia permanente de sus representantes y de las instituciones públicas. La apatía no es una opción, salvo que nos complazca asistir como espectadores a la destrucción de lo que podíamos haber salvado si nos hubiésemos decidido a convertirnos en actores.

Democracia cooptada

Cuando hay tantas cosas que leer, poco estímulo queda para escribir. En mi caso, los libros se acumulan en la mesa y en las estanterías. Aun empeñado en su lectura, cierta parte de mi atención se la lleva la actual tormenta partidista que, a cuenta de casos de corrupción varios y financiaciones ilegales poligenéticas, viene monopolizando el espacio de los medios de comunicación y de las redes sociales. Es difícil, por tanto, refugiarse en una cáscara de nuez, porque las pesadillas las produce uno en su propia mente y las malas noticias penetran cualquier obstáculo que uno quiera interponerles.

¿Ética de la responsabilidad? ¿O es otra cosa?

No llegamos a cuarenta años de democracia constitucional en nuestro país, pero en ese espacio, corto en términos históricos, un par de generaciones de españoles han madurado lo bastante para reconocer en la trayectoria de los partidos políticos un movimiento moralmente descendente. En aras de un pragmatismo institucional, o en términos de Weber, de una "ética de la responsabilidad", los partidos (grandes y pequeños, nacionales o circunscritos a una sola localidad) han devenido en estructuras cuyas características primeras recogidas por la Constitución resultan hoy impugnables, pues ante el estado actual de cosas, seríamos más que reticentes a aceptar que aquellos "concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". En gran medida, los partidos se han alienado de la confianza de la mayoría de la población. No es sólo que la apropiación de la actividad política ha sido aplastante hace pocos años, y que su mismo funcionamiento interno ha disuadido a muchos ciudadanos válidos y con inquietudes de acercarse a ellos, sino que ya se ha convertido en algo más que dudosa la posibilidad de que los partidos sean capaces de recoger la pluralidad y ser el famoso cauce de expresión política. Más bien tiene este artículo de la Constitución todas las trazas de ser un mito fundacional en el que hemos creído a pesar de la sucesión de escándalos durante todos estos años.

Quizá la desmedida importancia institucional de los partidos políticos nos ha conducido al estado actual de anomia política. El dominio absoluto de estos en la repartición del poder administrativo los ha convertido en enormes estructuras destinadas casi principalmente al acaparamiento de áreas de poder previo examen en las elecciones de diverso ámbito que se realizan en nuestro país cada dos años, aproximadamente. Es muy probable que el problema sea sistémico, y al respecto se ha escrito mucha literatura filosófica y sociológica. Los partidos cazavotos, los partidos de masas, etc. Existen sobre la Democracia concepciones elitistas y meramente procedimentales, y otras más radicales. En cualquier caso, los ciudadanos, o, al menos, aquellos que no resuelven sus preocupaciones políticas con el voto, nunca deberían haber concedido tanto a aquellos que dan tan poco. No nos engañemos, tanto a un lado como al otro del espectro político, sobre todo aquellos de mayor peso electoral (hasta ahora), los partidos se han arrogado en exclusiva el derecho no sólo de representación, sino también de expresión política. Ante una esfera pública controlada y adormecida por el interregno dictatorial, partidos y medios de comunicación, en feliz maridaje, han copado los tiempos y los temas de los asuntos que debían debatirse públicamente. Por no hablar de los asuntos que se han hurtado al escrutinio ciudadano.

¿Democracia? Seamos realistas...

Movimientos como el 15-M o Democracia Real Ya, a pesar del éxito relativo de sus objetivos (o su fracaso), demuestran que estos tiempos son diferentes a los anteriores. Podríamos ver el lado positivo de la crisis de legitimidad de los partidos políticos, y de las instituciones cooptadas por ellos, en que ha galvanizado ese prurito político ciudadano que en otros tiempos de alegría consumista y conformismo social sólo anidaba en individuos o grupos aislados, sin voluntad consciente de conformar demandas de gran alcance. Además de oenegés caritativas o asistenciales, o fundaciones y think tanks sesgados ideológicamente, ahora han surgido movimientos y asociaciones con objetivos políticos, sociales y culturales que desbordan el espectro de votantes al que se dirigía la mayoría de los partidos. Parece que en un número significativo, existen los ciudadanos cuyo sueño ya no es el de las vacaciones al extranjero y el consumo de bienes y servicios como razón de ser en el mundo, mientras cede sus expectativas políticas al partido cuyo líder sea más carismático. Son mujeres y hombres que aspiran a hacer oír su voz, que protestan tanto en la calle como en las redes sociales, una vez que el altavoz o el espacio de los medios de comunicación sólo se concede a los que por su posición institucional o empresarial ya disponen de ellos.

Hay un término con el que se designa a todos estos grupos y asociaciones con afanes democratizadores que no pertenecen a la política institucionalizada ni al sector económico: sociedad civil. Hay que lamentar, no obstante, que bajo ese concepto se han ocultado tanto en nuestra Comunidad como en el resto de España, diversos grupos de presión empresariales o satélites de los partidos cuyo objetivo es adquirir una pátina de legitimidad en sus demandas particulares o trasvasar al partido de turno la confianza de sus simpatizantes. Una sociedad civil fuerte en nuestro tiempo debería implicar una afirmación de los derechos liberales clásicos, como son los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, y una buena dosis de republicanismo, que conlleva una implicación decidida de la ciudadanía en la política y una esfera pública realmente abierta en la que los medios públicos constituyan una tribuna para los que no tienen otra y que han sido históricamente marginados.

De la sociedad civil, sé un rato largo.

No significa lo anterior que la sociedad civil deba invadir todo el espacio de lo político ni que se convierta en un órgano legislativo de facto. No obstante, no esperemos que los mismos partidos que han ocupado el poder en los ámbitos estatal y autonómico desde hace décadas se reformen desde dentro. La inutilidad de sus esfuerzos (y seguramente su incapacidad) parece demostrada. Más bien, la alternativa reformista debe provenir desde esa sociedad civil que, con su impulso democratizador, obligue a los partidos y al Estado a profundizar en los principios constitucionales, muchos de los cuales en la actualidad invitan, lo más, a una sonrisa irónica.

Limosnas y derechos

En esta agitada época en la que todo tipo de propuestas reformistas o revolucionarias blandidas por políticos profesionales en activo desde hace décadas irrumpen en forma de titulares en los principales periódicos de España y de nuestra Comunidad, resulta difícil no reflexionar sobre las consecuencias que de su implantación podrían derivarse. Es más, incluso se me podría reprochar que opinase sobre asuntos de menor enjundia y dejase pasar de largo estos, en apariencia más importantes y urgentes. Así, adelantándome a tales reproches (quizá porque ya me los he hecho yo en mi interior), y aunque no soy un especialista en Filosofía del Derecho ni en Derecho Constitucional ni en Educación, al menos pretendo exponer  de modo razonado los interrogantes y reflexiones que me han suscitado los pros y los contras del último (por ahora) capítulo de las reformas  del Gobierno: las becas universitarias. Espero no incurrir en charla de chiringuito y que mis deficiencias conceptuales sean percibidas con generosidad por los que entienden más que yo de este asunto. En cualquier caso, es del todo imposible incluir aquí todas sus posibilidades y ramificaciones.

Este señor sí que sabía de Filosofía del Derecho

La educación de los ciudadanos es reconocida como derecho fundamental en la Constitución (véase el art. 27 para ponerse en contexto) por su importancia para el desenvolvimiento de la personalidad y el respeto de los valores democráticos. Aunque no viene recogida de manera explícita, el espíritu que anima este y otros artículos es el de promover la autonomía y la dignidad del ciudadano, características cuyo fomento y extensión son necesarias para la solidez a largo plazo de un Estado democrático. No olvidemos que, además, en la misma constitución se define al Estado como "social, democrático y de Derecho". Aparte de democrático y de imperio de la Ley, el otro adjetivo, el de "social" nos dirige a la protección del ciudadano a fin de no que sea discriminado o conculcados sus derechos por razones económicas. Es decir, se considera que no es suficiente establecer una lista de derechos, algunos de ellos considerados fundamentales, protegidos por la ley, sino que además, para que sean  efectivos de verdad, es necesario dotar al ciudadano de la capacidad de ejercerlos.

El ministro de Educación (Wikipedia).

Viene esto a cuento de la polémica suscitada por la propuesta del ministro de Educación de elevar la nota mínima para las becas universitarias. En principio, se me ocurre que dos pueden ser las razones para tal medida,  en absoluto excluyentes: a) Ante la falta de recursos del Estado, se considera necesario hacer recortes en todas las áreas. Así, el endurecimiento de los requisitos para acceder a las becas ocasionaría una disminución de los gastos estatales; b) Desde el punto de vista ideológico se pretende primar el acceso a la Universidad sólo a los más capacitados. Así, la puntuación obtenida por el estudiante en los años previos constituiría el baremo para proporcionarle la beca. Por ahora, la ha fijado en un 6,5 para varias modalidades de becas (como la de residencia). Hay que señalar, no obstante, que sí que había una nota mínima antes, un 5,5, que es la que se mantiene para las becas comunes.  En esta línea, hay que reseñar la aportación al debate de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien opina que las becas sólo deberían otorgarse a los "mejores". Esos "mejores" no lo serían por alcanzar una puntuación determinada, sino "por comparación" con los demás estudiantes...

Lo que debería plantearse es cuáles son los fines de la Educación: simplemente proporcionar al ciudadano unos conocimientos mínimos para ejercer un oficio o profesión o, además, como señala la Constitución: "(...) el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y de respeto a los derechos fundamentales". Aunque la interpretación incluso de esta frase puede ser objeto de controversia (qué constituye "el pleno desarrollo de la personalidad", por ejemplo) no parece arriesgado afirmar que va más allá de otorgar a cada cual según su capacidad la posibilidad de aspirar a la educación. Si nos atuviéramos, en cambio, a la primera hipótesis, parece indudable que la racionalización del gasto público nos llevaría a sufragar la educación más allá de la etapa básica (obligatoria para todos) sólo a a aquellos con capacidad suficiente para realizar sus futuros estudios universitarios de modo óptimo y convertirse después en excelentes profesionales. 

No obstante, la tesis del mérito puede ser discutible desde varios puntos de vista. El primero, por ejemplo, es el de la disparidad entre la nota mínima con la que se aprueba y la nota mínima para la beca. Si partimos de la base que el 5 te califica para dar por concluidos los estudios de la ESO, dándose por aprobados, y que ya desde hace décadas muchas Universidades y Facultades exigen una nota mínima que actúe de filtro para la matriculación en tal o cual carrera, no se entiende del todo que se precise además una nota mínima para la beca.  ¿Por qué si uno es calificado como poseedor de los conocimientos necesarios para aprobar y, por tanto, previa prueba final de bachillerato (selectividad), apto para ingresar en la Universidad se le penaliza si no alcanza otra nota mínima? Y esta nota, ¿establecida con qué criterios?

Imbuyéndose de valores democráticos, quizá.

Por otro lado, por definición, la beca se otorga a aquellas personas pertenecientes a familias que dispongan de ingresos económicos anuales bajos. Se supone que, de otro modo, muchos estudiantes pertenecientes a aquellas no podrían acceder a la educación superior. Dicho de otro modo, en un sistema de becas  meritocrático, si uno puede pagarse la matrícula no importa lo inteligente o esforzado que se sea; en cambio, si se es pobre, a menos que haya demostrado con las calificaciones que descuella, no tendrá esa opción.

En todo caso, lo más justo, y dado que como según se dice, las mátrículas universitarias públicas no cubren ni el 30% del coste, sería una meritocracia absoluta: nadie tendría derecho a entrar en una universidad pública si no fuese sobresaliente en su currículum escolar (¿por qué un 6,5? ¿Por qué no un 8, o un 9,5?). Así, aparte de primar a los más brillantes, reduciríamos el gasto universitario público en una proporción gigantesca y contribuiríamos a hacer sostenible el sistema público de enseñanza superior. Como consecuencia, además, podrían destinarse más recursos a la formación de estos estudiantes. Claro que, mientras siguieran existiendo universidades privadas, la meritocracia absoluta podría regatearse: los más adinerados podrían seguir formándose a despecho de sus notas anteriores. El corolario sería que la primera discriminación respecto de las clases bajas se extendería ahora hasta la mayor parte de la clase media. Podríamos convenir en denominar a este hipotético fenómeno la democratización de la desigualdad...

Otro inconveniente respecto del sistema meritocrático para acceder a las becas es el desarrollo particular de los individuos. Como todos sabemos, hay jóvenes que destacan por su madurez y otros por lo contrario, por ejemplo. Y qué decir del desarrollo de sus diferentes aptitudes. Diferentes personas, diferentes ritmos en la evolución de la personalidad. Todos conocemos ejemplos en distintas áreas de la vida que destacaron por su precoz talento; y también conocemos a muchos cuyas obras más importantes se gestaron en su madurez bien avanzada. Además, las circunstancias familiares y personales son infinitas. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, un individuo inteligente y motivado que, aparte de estudiar, tuviera que ayudar a su madre/padre en la tienda por las tardes, después de venir del colegio. O cuya familia lo necesitara para echar una mano en las labores del campo, o para recoger chatarra. O que, a pesar de estar motivado por estudiar, su entorno familiar fuese adverso (madre/padre alcohólicos/drogadictos, o presos de algún tipo de ludopatía o patología, en la cárcel, etc.). Sin embargo, logra aprobar, con su 5 raspado. ¿Qué se hace con él? ¿Se le dice que debería plantearse "si está bien encaminado o debería estar estudiando otra cosa", que con esa nota lo suyo no es entrar en la universidad? ¿Que no se merece que se le apoye para seguir estudiando? 

Alguien que se toma los derechos en serio...

Por último (pero seguro que hay más objeciones), habría que considerar qué es eso de merecer un derecho. Los derechos se conquistan, en primer lugar; después, se tienen; no son una recompensa. En este punto, habría que ver qué extensión tiene el derecho a la educación, y en qué medida delimitarlo o restringirlo producirá efectos de estratificación social y de desigualdad, debido a la disparidad en los ingresos en el posterior ejercicio (si se consigue) profesional. Como siempre, en discusiones de agudo sesgo ideológico hay que hacerse dos preguntas como mínimo: qué concepción se tiene de las personas y en qué sociedad se pretende vivir.

Podríamos estar de acuerdo, empero, en que muchos estudiantes entran en la Universidad sin la menor motivación ni interés. No obstante, habría que demostrar que entre ellas se encuentran las personas becadas de menor renta familiar. Aprovechados y gorrones hay en todos lados, y todas las leyes tienen resquicios por los cuales los desalmados e insolidarios se cuelan para su propio provecho, pero no por ello son menos necesarias. Sería incurrir en una falacia lógica y en una injusticia suprimir las becas porque alguien ha cogido el dinero de la beca y no ha estudiado por desidia o porque lo utilizó para pagarse una operación estética o irse de botellón todas las noches; o derogar la ley de violencia de género porque alguna mujer ha puesto una denuncia falsa para fastidiar a su (ex) cónyuge; o suprimir las subvenciones aéreas a los residentes en las islas porque algunos cometen fraude para beneficiarse, o la Ley de Partidos porque algunos políticos han entrado en política "por la pasta"...

Por supuesto, también es discutible que la Educación en España previa a la Universidad (ESO y Bachillerato) haya contribuido a crear ciudadanos con sólidos conocimientos en las   Ciencias y en las Humanidades y, mucho menos, imbuidos de ética democrática. Siete reformas educativas en treinta y cuatro años de democracia parecen un síntoma claro, a primera vista, del fracaso en ese objetivo, si es que este fue tomado en serio alguna vez por los sucesivos gobiernos que en nuestra España han sido. Pero eso es tema para otro post.

Debatiendo en el chiringuito

Tras unos días digiriendo el éxito de mi último post, me he decidido a escribir de nuevo acerca de un asunto que no sólo estudio, sino (o porque) que me obsesiona: la formación de opiniones, el diálogo y el debate. Y no, no se apresuren a abandonar mi blog: ¡porque hoy no me meta con los artistas no significa que no tenga nada interesante que decir!

Como ya he señalado en varias de mis entradas anteriores, el debate político en los medios de comunicación es omnipresente, sin que eso signifique en la mayoría de los casos un enriquecimiento de la esfera pública. Ni los periodistas expertos ejercen de traductores de la complejidad de los asuntos a un lenguaje más comprensible al ciudadano no especialista, ni es habitual encontrar expertos académicos o profesionales de los asuntos en los medios de comunicación. Así, como hemos señalado, los debates-espectáculo no concretan ni dan forma a las preocupaciones de numerosos sectores de la ciudadanía y, como consecuencia, no los hacen llegar a los representantes legislativos o al Ejecutivo. Más bien, da la impresión de asistir a una representación con papeles bien asignados en la que, en una suerte de parodia del teatro ilustrado, se pretende educar entreteniendo. Se entiende educar, claro está,  como persuasión o disuasión sin apelación a la razón: más bien como la internalización por parte del público  de consignas o clichés mediante la emoción o la cantinela estratégica.

El Ejecutivo: ni más, ni menos.

Esperaríamos que las simplificaciones, los tópicos y las falacias más toscas permanecieran en el ámbito de la cafetería o de la barra de bar, donde se gestan de un modo casi natural. Sería mucho esperar, tanto por la Historia de España en general, como la de nuestro sistema educativo en particular, que las discusiones en ese nivel informal ciudadano cumplieran con las condiciones ideales del diálogo, tal y como las presenta Habermas (quien ha recogido y ampliado las aportaciones previas de Charles S. Peirce y George H. Mead).

Me llamo George y parezco simpático.

Sin embargo, no es insólito, ni mucho menos, que en este nivel quien esté a favor de alguna medida del Gobierno actual sea tildado de facha, y quien se defina como progresista, de tonto. En una fase más acalorada, al primero se le comparará con un nazi (aunque este adjetivo ya se emplea desde cualquier posición ideológica para denigrar a un adversario también de cualquier tendencia) y al segundo se le sugerirá que se vaya a vivir a Corea del Norte. Incluso en la conversación espontánea con ciudadanos de formación universitaria y carrera profesional consolidada, no es sencillo mantener la conversación a base de argumentos honrados, es decir, que los interlocutores no pretendan manipular al adversario a base de falacias, ni se sientan impelidos a echar mano de la descalificación personal. Esto no supone, empero, un desprecio de las emociones. Éstas, como guía del pensamiento, sirven para discernir lo que en nuestro código moral está bien o mal. El acaloramiento, la vehemencia, los sentimientos de simpatía o antipatía no deberían estar reñidos con la presentación de argumentos razonables y con la disposición a aprender o, al menos, a conocer puntos de vista diferentes u opuestos en asuntos de preocupación pública y respecto de los cuales no cabe esperar un consenso definitivo.

En este momento, podríamos observar que los medios de comunicación no hacen sino reflejar el nivel medio del debate político, al igual -suele argüirse- que la conducta de muchos políticos no es sino un trasunto de la moralidad del ciudadano medio. Aparte de las dificultades para encontrar o definir al ciudadano medio, el asunto es algo más complejo, por cuanto, al menos en un Estado democrático, tanto los medios de comunicación como los políticos y los partidos a los que pertenecen deben ser evaluados de manera constante y sistemática, pues  son elementos indispensables para su funcionamiento, al igual que la crítica, en cuanto supone detección de posibles errores o fallos y anhelo de perfeccionamiento. Por tanto, los argumentos descriptivos justificadores no contribuyen a mejorar el funcionamiento de las instituciones, algo que es propio de los argumentos prescriptivos. Es decir, no basta con decir que algo es, sino que es necesario señalar lo que debe ser. No es suficiente ni satisfactorio refugiarse en el argumento-espejo de la naturaleza de los medios de comunicación y de los políticos. Hay que ir más allá e imaginar modelos normativos tanto para unos como para otros.

El pragmatismo es lo mío.

Lo que evidentemente no debe ser es que los platós de televisión o las radios sean la traslación de la barra del bar de la esquina o del chiringuito de playa, con el calamar atragantado o blandiendo el mondadientes mientras a voz en cuello se suelta el "y tú más" o el "tú antes". Resulta curioso cómo las personas se afilian identitariamente con un partido político o con un periódico de determinado sesgo partidista sin recibir nada a cambio, salvo, quizá (y aquí saco a relucir mi psicología folk) la gratificación que resulta de pertenecer real o de modo imaginario a un conjunto humano mayor e identificar a un enemigo al que atribuirle las desgracias comunes y las personales. Si en este plano informal, tal forma de proceder es llamativa, curiosa, digna quizá de estudios psicológicos y sociológicos, en el plano de concreción más formal que debería ser el de los medios de comunicación es inaceptable. No olvidemos que incluso los medios de comunicación privados realizan sus emisiones en virtud de una concesión pública, y si estamos de acuerdo en que no sólo son elementos inherentes a una democracia sino vitalmente necesarios para su sostenimiento, no sería descabellado pensar que su protección es una prioridad. Protección, aclaro, contra la absoluta subordinación de su diseño y contenidos a la obtención de beneficios empresariales o a las especulaciones bursátiles. Dando por sentado que como empresas privadas deben ser rentables para su continuidad, no sería demasiado difícil justificar, no obstante, la legitimidad del Estado para reestructurarlos en aras de una democracia más perfeccionada que esta en la que vivimos.

Hay cierto consenso en el diagnóstico de los problemas de los medios de comunicación y de los partidos políticos, que tienen un cariz estructural, por lo que su rediseño implica también someter a crítica y cambio otros procedimientos, usos y costumbres de nuestro sistema político. Además, como sugerí en un post anterior, no esperemos que sean ellos mismos (los responsables de los partidos políticos y de los medios) los encargados de encontrar soluciones definitivas o, al menos, propuestas encaminadas a una transformación radical. En un plano más general, es hora de que personas con ánimo altruista, verdaderos patriotas constitucionales y expertos de distintos ámbitos (que no se reduzcan a periodistas deseosos de promocionar su último libro ni a empleados de fundaciones afines) colaboren entre sí, recogiendo las inquietudes que se manifiestan en la esfera pública, para idear nuevas estructuras y procedimientos democráticos que canalicen las demandas de los diversos sectores de la ciudadanía. El objetivo no es otro, en definitiva, que imaginar un país mejor en el que todos podamos vivir en pie de igualdad, libertad y dignidad.