Consenso por arriba, resignación por abajo

Parece que ha llegado la hora de que todos nos convirtamos en sociólogos de barra de bar a cuenta de las pasadas elecciones en Andalucía y de las futuras dentro de menos de dos meses en las autonómicas, insulares y locales. Podemos pensar que ha habido un progreso en la historia de nuestro país: de ser todos entrenadores de fútbol sin licencia, ahora somos todos politólogos sin título. Alguno incluso es adoptado por el periódico local de turno para que nos regale sus reflexiones diarias acerca del panorama político y cualquier otra cosilla que sea tema del día. De todos modos, este no es un artículo sobre el intrusismo y la ignorancia: defectos que todos poseemos en mayor o menor medida, aunque sólo algunos se empeñan en hacerlos públicos, con gran regocijo de deudos y allegados.

Equipamiento básico, según algunos (foto: diario.es).

Querría centrarme, más bien, en asuntos que, a pesar de pertenecer al ámbito local, son de carácter universal, en el sentido filosófico, digamos, de la palabra. En este caso, que tenga validez o pueda aplicarse/extrapolarse a muchos lugares diferentes al nuestro ; y no "universal", por ejemplo, en el sentido que se aplica, con cierta pomposidad, a artistas que gozan del favor de alguien, normalmente con capacidad de imponérnoslo cada vez que quiere en un titular o en un telediario. Adelanto que hablo de democracia y de la participación de los ciudadanos en las decisiones de su pueblo o ciudad. 

Al grano: hemos sido testigos en nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de la puesta en marcha de proyectos que, al parecer, han gozado del consenso político y mediático. Huelga decir que una vez que políticos y responsables de medios de comunicación han  llegado a ese consenso se da por descontado que toda la sociedad está de acuerdo. Tanto los representantes políticos legalmente constituidos como los periodistas y editores (que se arrogan también un papel de representación) consideran, pues, que tal consenso es legítimo: unos en su calidad de representantes de los ciudadanos en las instituciones en que se deciden las medidas; otros como controladores de los primeros debido a supuesto un compromiso tácito con la ciudadanía. Esta, en sí, rara vez es consultada, pues con el consenso alcanzado entre los dos primeros grupos se cree agotada esa vía.

El acuario aún no construido (foto: eldiario.es).

Así pues, y sin irnos muy atrás en el tiempo, tenemos el nuevo pabellón de baloncesto, el llamado Gran Canaria Arena. En lo que respecta a obras de gran calado, seguimos con el futuro acuario de la ciudad. Por último, el Castillo de la Luz, destinado a una fundación privada. En los tres casos, un acuerdo político entre bambalinas, legitimado posteriormente por la votación oportuna, y anunciado con gran fanfarria y toque de corneta en los medios de comunicación locales, se ha trasladado, de arriba a abajo, a la ciudadanía. Esta solo cuenta con dos opciones: seguir su vida más o menos indiferente al nuevo proyecto urbano o expresar su conformidad resignada con las decisiones de los que manejan los asuntos públicos.

No todo parece consenso (foto: eldiario.es).

En el primer caso, la construcción del nuevo pabellón de baloncesto se justificó como necesario para alojar al equipo de baloncesto profesional de la ciudad (cuyo dueño es también el Cabildo de Gran Canaria), y ser sede de futuros eventos como el Mundobasket (que atraería a aficionados y turistas de todo el planeta) amén de ser un recinto que podría ser destinado a otros eventos, como así ha ocurrido, con conciertos de cantantes como Raphael o espectáculos de Walt Disney. Además, su construcción activaría (por un tiempo) el sector de la construcción, crearía puestos de trabajo (aunque fueran eventuales) y tendría un efecto de arrastre sobre otros sectores. El coste: alrededor de 70  millones de euros pagados por instituciones públicas (50 millones pagados por el Cabildo), es decir, costeado por los ciudadanos.

En el segundo caso, la aportación de las instituciones públicas ha consistido en la cesión de suelo, la disminución de impuestos y la aceleración de la tramitación de los permisos. La inversión millonaria, la creación de puestos de trabajo y su inserción en la construcción de una imagen urbana vendible a los potenciales turistas (y a los touroperadores, que son los que, sobre todo, harán negocio) parecen las principales razones para, a despecho de la ecología, la ética de respeto por los animales y la consulta ciudadana, dar vía libre a este proyecto, aún por realizar.

Otro proyecto brillante (foto: eldiario.es).

El último ejemplo resulta aún más sangrante: en el caso del Castillo de la Luz, no se trata simplemente de un proyecto ideado y llevado a cabo a espaldas de los habitantes, que, en todo caso, no manifiestan en el peor de los casos más que indiferencia y, en el mejor, cierto apoyo lánguido. Aquí nos encontramos que parte de la ciudadanía, en concreto la del barrio donde está enclavado el castillo, se opone a que este se destine a alojar una fundación de un artista y a sus obras escultóricas. Consideran muchos residentes en el barrio de La Isleta que dicho castillo podría destinarse a usos alternativos. En todo caso, sin profundizar en estas propuestas, el Ayuntamiento, que se supone que representa los intereses de los vecinos, considera que defiende mejor los intereses de la ciudad no sólo destinando el inmueble a una fundación privada sino, además, contribuyendo a su financiación y comprometiéndose a adquirir a plazos (a razón de 100.000 euros al año) al mismo artista y a sus herederos más obras, que pasaran a formar parte del patrimonio de aquella. Sin duda, una operación redonda para el escultor y su parentela. Para la ciudad, algo más discutible. Además, todo un despliegue mediático de apoyo al escultor y a la fundación aspira a presentar al resto de la ciudadanía un consenso social unánime. Unanimidad, me arriesgo a señalar, que sólo existe en ciertos despachos y reservados de restaurantes.

Tiempo atrás hubo otras ideas galvanizadoras como una noria gigante en el Parque Santa Catalina, cerca de la zona de atraque de cruceros, o un teleférico en la cumbre de la isla. Como siempre, intereses empresariales, chisporroteo de neuronas de algún iluminado político y acogida entusiasta, a veces hasta el empalago, de los medios de comunicación son todo uno. La ciudadanía es un figurante destinado solo a leer el pequeño texto que le escriban. Más allá del éxito o del fracaso de estos proyectos y obras, lo que resulta evidente es el déficit democrático que resulta de que la sistemática toma de decisiones que afectan a la ciudad jamás toma en cuenta la opinión de los vecinos. El sistema de delegación y representación políticas no excluye de forma necesaria dicha consulta y toma en consideración, pero el imaginario político que enmarca la actuación de los partidos, empresarios y medios de comunicación excluye siempre a la ciudadanía.