No querría despedirme de este año sin compartir con Vds. mis intuiciones más sombrías. Parafraseando a Gerardo Pisarello, diría que la reacción constitucional termidoriana proyecta su fría y mezquina sombra sobre nosotros. La acomodación de las instituciones nacionales a las de la Unión Europea y la armonía legislativa de esta institución de instituciones con la exigencia de irrestrictibilidad de movimientos del capital financiero y de las grandes corporaciones transnacionales auguran un espacio político minúsculo a cualquier movimiento que se diga emancipador. Es decir, que promueva la autonomía personal y el autogobierno colectivo.
Por otro lado, y recordando a Roberto Gargarella, no es sólo que en la sala de máquinas de la Constitución se encuentren alojadas todas aquellas disposiciones contramayoritarias que subrayan el carácter representativo del sistema y aseguran el predominio del poder del Ejecutivo sobre el del Legislativo, sino que incluso ante un proceso (re)constituyente en el que se invirtieran esos predominios (un sistema más democrático, mayor inclusividad y proporcionalidad; mayor poder del Legislativo) es bastante posible que quedara sin efectos prácticos, pues la soberanía nacional se ha vaciado de significado y un sinnúmero de competencias estatales se han transferido a instituciones internacionales tales como la mentada UE, cuya legislación predomina sobre la nacional. Asimismo, la pertenencia a otras organizaciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, delimita, por sus obligaciones como firmante, gran parte de su actuación en la esfera de la economía, por no hablar de la OTAN, en el plano militar.
En este sentido, las proclamas electorales de los partidos políticos carecen, en gran medida, de valor real alguno, salvo la de introducir en el Gobierno, en el mejor de los casos, paliativos ad hoc y sin posibilidad de modificar la estructura de relaciones de poder político y, sobre todo, económico. Siguiendo con esta línea de razonamiento, si las ofertas políticas de los partidos sólo son posibles en la medida que se encuadren dentro del sistema de políticas gestados en otros ámbitos como los reseñados, deberíamos preguntarnos hasta qué punto las elecciones generales son decisivas. Puede que lo sean sólo para implementar decisiones tomadas en otros organismos, estos sí no sometidos a elección democrática ni a fiscalización ciudadana. Son las instituciones conocidas de modo eufemístico como "no mayoritarias". Así pues, dado el debilitamiento de la soberanía nacional por transferencias (lo cual también sirve de excusa al Ejecutivo de turno para no tomar medidas de carácter social o de redistribución de la riqueza), cabe preguntarse si el ruido mediático de las discusiones y polémicas políticas en clave nacional no serán inversamente proporcionales a su importancia real, y precisamente por eso.
Es llamativo observar en cierta parte de la literatura académica un esfuerzo por justificar todas esas medidas tomadas por dichas instituciones no mayoritarias, cuya legitimidad radica no en el procedimiento democrático de su composición ni en su rendición de cuentas, sino en su eficiencia. La pregunta que sale al paso sobre la marcha es cómo se define dicho concepto y, no menos importante, quién se encarga de realizar dicha definición y de valorarla. Las políticas tecnocráticas, cuya aura científica (y, por tanto, neutral) todavía ejerce cierta fascinación sobre políticos profesionales y ciudadanos comunes, resultan, si uno se toma la molestia de recorrer su génesis, desarrollo y cumplimiento, marcadamente ideológicas, aunque sus portavoces se tomen muchas molestias en proclamar no sólo lo contrario sino, quizás de modo no paradójico, en asegurar que son "las únicas posibles".
En la jerga periodística sobre la Unión Europea, se suele tildar que su funcionamiento sufre de "déficit democrático". Caigamos en la cuenta, no obstante, que para muchos teóricos, funcionarios de la Unión y políticos, la clave está en que la UE no "sufre", sino que goza de dicho déficit, lo que es vital para su funcionamiento. Avisados estamos de que los motivos que se aducen para ello como la complejidad de las decisiones, la urgencia de tomarlas, la preservación de los intereses de la UE respecto de las veleidades electorales de los políticos y, sobre todo, de la presión o tiranía de las mayorías, que ya se habían instalado en las Constituciones europeas, servirán para la progresiva famelización de lo que queda del principio democrático en estas.
Sírvanos la oleada de lamentaciones y jeremiadas en boca de los políticos más conspicuos y de los medios de comunicación más importantes (respecto de su supuesta influencia en la opinión pública) tras el resultado de diversos referéndums en Europa (Brexit, por un lado, Italia, por otro) y en Colombia (acuerdo Estado-guerrilla) para constatar cómo arrecia el desprecio por la opinión de los ciudadanos cuando ésta no se transmuta en el resultado correcto. Dicha deslegitimación de la voluntad popular, vinculada a una presunta irracionalidad colectiva, a la inevitable ignorancia de asuntos complejos o al simple desinterés por la política (la denominada objeción de la ignorancia pública) sólo puede desembocar (por si el actual sistema representativo mayoritario no es suficiente en un futuro próximo por la agudización de la desigualdad ciudadana y la anomia social) en una versión aún más reducida de la participación política ciudadana, en la justificación tecnocrática de cuantas medidas económicas perjudiciales para la mayoría de la ciudadanía se quieran imponer y en el reforzamiento de la legislación punitiva y carcelaria que recaerá sobre los excluidos y desafectos.
Sombrío panorama.
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