Limosnas y derechos

En esta agitada época en la que todo tipo de propuestas reformistas o revolucionarias blandidas por políticos profesionales en activo desde hace décadas irrumpen en forma de titulares en los principales periódicos de España y de nuestra Comunidad, resulta difícil no reflexionar sobre las consecuencias que de su implantación podrían derivarse. Es más, incluso se me podría reprochar que opinase sobre asuntos de menor enjundia y dejase pasar de largo estos, en apariencia más importantes y urgentes. Así, adelantándome a tales reproches (quizá porque ya me los he hecho yo en mi interior), y aunque no soy un especialista en Filosofía del Derecho ni en Derecho Constitucional ni en Educación, al menos pretendo exponer  de modo razonado los interrogantes y reflexiones que me han suscitado los pros y los contras del último (por ahora) capítulo de las reformas  del Gobierno: las becas universitarias. Espero no incurrir en charla de chiringuito y que mis deficiencias conceptuales sean percibidas con generosidad por los que entienden más que yo de este asunto. En cualquier caso, es del todo imposible incluir aquí todas sus posibilidades y ramificaciones.

Este señor sí que sabía de Filosofía del Derecho

La educación de los ciudadanos es reconocida como derecho fundamental en la Constitución (véase el art. 27 para ponerse en contexto) por su importancia para el desenvolvimiento de la personalidad y el respeto de los valores democráticos. Aunque no viene recogida de manera explícita, el espíritu que anima este y otros artículos es el de promover la autonomía y la dignidad del ciudadano, características cuyo fomento y extensión son necesarias para la solidez a largo plazo de un Estado democrático. No olvidemos que, además, en la misma constitución se define al Estado como "social, democrático y de Derecho". Aparte de democrático y de imperio de la Ley, el otro adjetivo, el de "social" nos dirige a la protección del ciudadano a fin de no que sea discriminado o conculcados sus derechos por razones económicas. Es decir, se considera que no es suficiente establecer una lista de derechos, algunos de ellos considerados fundamentales, protegidos por la ley, sino que además, para que sean  efectivos de verdad, es necesario dotar al ciudadano de la capacidad de ejercerlos.

El ministro de Educación (Wikipedia).

Viene esto a cuento de la polémica suscitada por la propuesta del ministro de Educación de elevar la nota mínima para las becas universitarias. En principio, se me ocurre que dos pueden ser las razones para tal medida,  en absoluto excluyentes: a) Ante la falta de recursos del Estado, se considera necesario hacer recortes en todas las áreas. Así, el endurecimiento de los requisitos para acceder a las becas ocasionaría una disminución de los gastos estatales; b) Desde el punto de vista ideológico se pretende primar el acceso a la Universidad sólo a los más capacitados. Así, la puntuación obtenida por el estudiante en los años previos constituiría el baremo para proporcionarle la beca. Por ahora, la ha fijado en un 6,5 para varias modalidades de becas (como la de residencia). Hay que señalar, no obstante, que sí que había una nota mínima antes, un 5,5, que es la que se mantiene para las becas comunes.  En esta línea, hay que reseñar la aportación al debate de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien opina que las becas sólo deberían otorgarse a los "mejores". Esos "mejores" no lo serían por alcanzar una puntuación determinada, sino "por comparación" con los demás estudiantes...

Lo que debería plantearse es cuáles son los fines de la Educación: simplemente proporcionar al ciudadano unos conocimientos mínimos para ejercer un oficio o profesión o, además, como señala la Constitución: "(...) el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y de respeto a los derechos fundamentales". Aunque la interpretación incluso de esta frase puede ser objeto de controversia (qué constituye "el pleno desarrollo de la personalidad", por ejemplo) no parece arriesgado afirmar que va más allá de otorgar a cada cual según su capacidad la posibilidad de aspirar a la educación. Si nos atuviéramos, en cambio, a la primera hipótesis, parece indudable que la racionalización del gasto público nos llevaría a sufragar la educación más allá de la etapa básica (obligatoria para todos) sólo a a aquellos con capacidad suficiente para realizar sus futuros estudios universitarios de modo óptimo y convertirse después en excelentes profesionales. 

No obstante, la tesis del mérito puede ser discutible desde varios puntos de vista. El primero, por ejemplo, es el de la disparidad entre la nota mínima con la que se aprueba y la nota mínima para la beca. Si partimos de la base que el 5 te califica para dar por concluidos los estudios de la ESO, dándose por aprobados, y que ya desde hace décadas muchas Universidades y Facultades exigen una nota mínima que actúe de filtro para la matriculación en tal o cual carrera, no se entiende del todo que se precise además una nota mínima para la beca.  ¿Por qué si uno es calificado como poseedor de los conocimientos necesarios para aprobar y, por tanto, previa prueba final de bachillerato (selectividad), apto para ingresar en la Universidad se le penaliza si no alcanza otra nota mínima? Y esta nota, ¿establecida con qué criterios?

Imbuyéndose de valores democráticos, quizá.

Por otro lado, por definición, la beca se otorga a aquellas personas pertenecientes a familias que dispongan de ingresos económicos anuales bajos. Se supone que, de otro modo, muchos estudiantes pertenecientes a aquellas no podrían acceder a la educación superior. Dicho de otro modo, en un sistema de becas  meritocrático, si uno puede pagarse la matrícula no importa lo inteligente o esforzado que se sea; en cambio, si se es pobre, a menos que haya demostrado con las calificaciones que descuella, no tendrá esa opción.

En todo caso, lo más justo, y dado que como según se dice, las mátrículas universitarias públicas no cubren ni el 30% del coste, sería una meritocracia absoluta: nadie tendría derecho a entrar en una universidad pública si no fuese sobresaliente en su currículum escolar (¿por qué un 6,5? ¿Por qué no un 8, o un 9,5?). Así, aparte de primar a los más brillantes, reduciríamos el gasto universitario público en una proporción gigantesca y contribuiríamos a hacer sostenible el sistema público de enseñanza superior. Como consecuencia, además, podrían destinarse más recursos a la formación de estos estudiantes. Claro que, mientras siguieran existiendo universidades privadas, la meritocracia absoluta podría regatearse: los más adinerados podrían seguir formándose a despecho de sus notas anteriores. El corolario sería que la primera discriminación respecto de las clases bajas se extendería ahora hasta la mayor parte de la clase media. Podríamos convenir en denominar a este hipotético fenómeno la democratización de la desigualdad...

Otro inconveniente respecto del sistema meritocrático para acceder a las becas es el desarrollo particular de los individuos. Como todos sabemos, hay jóvenes que destacan por su madurez y otros por lo contrario, por ejemplo. Y qué decir del desarrollo de sus diferentes aptitudes. Diferentes personas, diferentes ritmos en la evolución de la personalidad. Todos conocemos ejemplos en distintas áreas de la vida que destacaron por su precoz talento; y también conocemos a muchos cuyas obras más importantes se gestaron en su madurez bien avanzada. Además, las circunstancias familiares y personales son infinitas. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, un individuo inteligente y motivado que, aparte de estudiar, tuviera que ayudar a su madre/padre en la tienda por las tardes, después de venir del colegio. O cuya familia lo necesitara para echar una mano en las labores del campo, o para recoger chatarra. O que, a pesar de estar motivado por estudiar, su entorno familiar fuese adverso (madre/padre alcohólicos/drogadictos, o presos de algún tipo de ludopatía o patología, en la cárcel, etc.). Sin embargo, logra aprobar, con su 5 raspado. ¿Qué se hace con él? ¿Se le dice que debería plantearse "si está bien encaminado o debería estar estudiando otra cosa", que con esa nota lo suyo no es entrar en la universidad? ¿Que no se merece que se le apoye para seguir estudiando? 

Alguien que se toma los derechos en serio...

Por último (pero seguro que hay más objeciones), habría que considerar qué es eso de merecer un derecho. Los derechos se conquistan, en primer lugar; después, se tienen; no son una recompensa. En este punto, habría que ver qué extensión tiene el derecho a la educación, y en qué medida delimitarlo o restringirlo producirá efectos de estratificación social y de desigualdad, debido a la disparidad en los ingresos en el posterior ejercicio (si se consigue) profesional. Como siempre, en discusiones de agudo sesgo ideológico hay que hacerse dos preguntas como mínimo: qué concepción se tiene de las personas y en qué sociedad se pretende vivir.

Podríamos estar de acuerdo, empero, en que muchos estudiantes entran en la Universidad sin la menor motivación ni interés. No obstante, habría que demostrar que entre ellas se encuentran las personas becadas de menor renta familiar. Aprovechados y gorrones hay en todos lados, y todas las leyes tienen resquicios por los cuales los desalmados e insolidarios se cuelan para su propio provecho, pero no por ello son menos necesarias. Sería incurrir en una falacia lógica y en una injusticia suprimir las becas porque alguien ha cogido el dinero de la beca y no ha estudiado por desidia o porque lo utilizó para pagarse una operación estética o irse de botellón todas las noches; o derogar la ley de violencia de género porque alguna mujer ha puesto una denuncia falsa para fastidiar a su (ex) cónyuge; o suprimir las subvenciones aéreas a los residentes en las islas porque algunos cometen fraude para beneficiarse, o la Ley de Partidos porque algunos políticos han entrado en política "por la pasta"...

Por supuesto, también es discutible que la Educación en España previa a la Universidad (ESO y Bachillerato) haya contribuido a crear ciudadanos con sólidos conocimientos en las   Ciencias y en las Humanidades y, mucho menos, imbuidos de ética democrática. Siete reformas educativas en treinta y cuatro años de democracia parecen un síntoma claro, a primera vista, del fracaso en ese objetivo, si es que este fue tomado en serio alguna vez por los sucesivos gobiernos que en nuestra España han sido. Pero eso es tema para otro post.